viernes, 13 de mayo de 2011

"¡Que inventen ellos!"

El exabrupto, pronunciado por Miguel de Unamuno a principios del siglo pasado, vuelve a cobrar actualidad por la agria e increíble disputa que enfrentan al Director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el doctor Mariano Barbacid, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ante la negativa del Ministerio (MICINN) a que el Centro, que en realidad es una fundación pública, acceda a recursos privados que le ayuden a financiar sus trabajos de investigación.

Es una polémica agria por el tono que han adquirido los reproches que se han intercambiado los contendientes, en el que uno acusa a la ministra de no garantizar la continuidad de los trabajos que desarrolla el CNIO y la otra afea al primero el no guardar la ética y la deontología profesional en la actividad investigadora. Pero, junto a su gravedad, el enfrentamiento se torna increíble desde el mismo instante en que la controversia se exhibe a la opinión pública sin la más mínima reserva.

El propio Barbacid, en un artículo publicado el 10 de mayo en El País (“Descubrir fármacos, una actividad arriesgada”), no se recata a la hora de señalar a la ministra Garmendia de impedir que el CNIO genere medicamentos contra el cáncer, haciendo patente de esta manera su enfrentamiento frontal con ella. Este doctor en ciencias químicas y oncólogo de reconocido prestigio, que fue atraído con todo tipo de facilidades y promesas desde los Estados Unidos para que dirigiera el CNIO, ha roto así su habitual discreción y el silencio concentrado de los laboratorios.

Tampoco hay que ignorar que Cristina Garmendia, aparte de encargarse de la gestión política de su departamento, es experta en biomedicina y biofarmacia, y que hasta su entrada en el Ministerio presidía Genetrix, una empresa de biotecnología -fundada por ella- dedicada a conseguir resultados comerciales de la investigación científica y que, en ese aspecto, fue pionera en la producción de fármacos derivados de células madres adultas.

Es decir, tanto Barbacid como Garmendia saben perfectamente por lo que polemizan, a pesar de que ambos, en teoría, se suponen alineados en el “bando” de un sector público que debían potenciar con respecto a la investigación, desarrollo y descubrimiento de nuevas terapias basadas en la biotecnología. Los dos son profesionales científicos acreditados, actualmente dedican sus esfuerzos al ámbito público y ambos, también, provienen y mantienen lazos con la industria y el sector privado en que desarrollan su actividad. ¿Por qué surge, entonces, el conflicto?

El director de CNIO había propuesto la creación de una Agrupación de Interés Económico (AIE) para captar fondos privados que posibiliten las investigaciones encaminadas a descubrir fármacos contra el cáncer de pulmón, común entre los fumadores. Ya tenía apalabrados, al parecer, compromisos para recibir 10 millones de euros anuales, durante cinco años, que garantizarían la consecución de sus proyectos. Dada la trascendencia del trabajo, Barbacid tenía prisas porque las grandes multinacionales farmacológicas compiten por unas patentes que proporcionan rentabilidad a los descubrimientos, pues no en balde había sido, durante los 25 años que trabajó en EE.UU , director de los Institutos de Bethesda y Squibb de Princeton, y conoce la fuerte competencia con que la industria busca resultados, llegando incluso al espionaje industrial.

El MICINN, en un comunicado hecho público el 4 de mayo, destaca que “España es uno de los 10 primeros países del mundo en producción científica” y que el trabajo en terapias experimentales objeto de la disputa cuenta con una financiación de más de 43 millones de euros, por lo que ningún proyecto de interés prioritario corre peligro de verse frustrado por falta de financiación.

La nota del Ministerio aclara que lo que impide la creación de una AIE, como propone Barbacid, es la propia ley que regula estas fundaciones públicas. Según informes de la Abogacía del Estado, sería “ilegal” la participación del CNIO en “sociedades mercantiles en las que se responda personalmente de las deudas sociales”, ya que la legislación busca la mayor protección para las fundaciones, entendidas como entidades sin ánimo de lucro, por lo que trata de evitar la asunción de posibles deudas que puedan socavar el patrimonio de las mismas. ¿Quién tiene razón?

Son visiones distintas de una realidad en la que me gustaría suponer se discuten aspectos burocráticos con criterios estrictos o laxos. Y quiero suponerlo porque existen mecanismos en la propia normativa que permiten la creación de sociedades mercantiles estatales u otras medidas financieras, si de verdad se persiguen objetivos de indudable interés público. Deseo tener la certeza de que este increíble enfrentamiento obedece a posturas ofuscadas en quienes procuran hacer lo mejor posible en su cometido y se ciegan en el empecinamiento. Ojalá ello sea así, tan humano, pues sobran ingredientes para sospechar un conflicto de intereses no confesados en toda esta trama.

La frase de Unamuno era un desplante del escritor en su polémica con Ortega y Gasset sobre la brecha existente entre la realidad social y el mundo de la ciencia y la tecnología en la España de 1906. Parece que todavía hoy continúa ese enfrentamiento a la hora de combatir el atraso científico y tecnológico de nuestro país. Quienquiera que tenga razón, es demasiado el tiempo perdido.

___________
Actualización:
Debido a problemas en Blogger, esta entrada desapareció de Lienzo de Babel tras haber sido publicada el jueves 12 de mayo. Pido disculpas por las molestias que esta pérdida de información, por completo ajena al blog, haya podido causar a los babilonios invisibles que rastrean la página..

1 comentario:

Maribel dijo...

Muy buen artículo.

Gracias y un saludo.