lunes, 30 de marzo de 2015

Grilletes para la despedida

Casi a punto de despedirse, en los últimos meses de la legislatura, el Gobierno del Partido Popular aprueba en el Congreso de los Diputados, donde goza de mayoría absoluta, las leyes que culminan el período más restrictivo en derechos fundamentales de la democracia. Ya no se recurre a la manida excusa de la crisis económica para recortar prestaciones y libertades, como ocurre con los “ajustes” perpetrados en educación, sanidad, becas, ayudas por desempleo, dependencia, etc., sino que se esgrimen criterios de seguridad para estrechar aún más los márgenes de libertad de que gozábamos en España. El Gobierno consigue poner grilletes a la libertad de expresión e información, en el tramo final de la legislatura, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El “estado policial”, tan del agrado del actual ministro de Interior –el que manda “cargar” contra estudiantes, desahuciados, lanchas de Greenpeace o cualquiera que proteste, y el que legaliza las “devoluciones en caliente”-, queda así completado con una reforma legal que penaliza las manifestaciones y las protestas públicas, impidiendo, por ejemplo, que se grabe a las Fuerzas de Orden Público aún cuando estén cometiendo abusos de autoridad y pisoteando –nunca mejor dicho- derechos de los ciudadanos. Y como colofón, el Código Penal reinstaura la cadena perpetua, abolida por Miguel Primo de Rivera en 1928. Regresamos, pues, a los tiempos en que una “mordaza” nos impedía opinar y actuar para reclamar derechos y libertades. Este Gobierno prefiere el “orden” a la libertad, ignorando que sin libertad no hay orden estable ni mucho menos respetado.
 
Con los votos en contra de toda la oposición, el Congreso ha validado varios proyectos legislativos que, en su conjunto, suponen una importante limitación de derechos reconocidos en la Constitución. Sin apenas aceptar enmiendas, el Partido del Gobierno, gracias a su mayoría parlamentaria, ha conseguido aprobar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a pesar del rechazo de un amplio sector de la sociedad, la oposición de todas las demás fuerzas políticas, la contestación de numerosos jueces y catedráticos de Derecho y la indignación de la práctica totalidad de los colectivos sociales. Nadie, salvo los integrantes del Partido Popular, estima necesarias unas medidas tan autoritarias y restrictivas que sólo hallan justificación en que sirven para frenar la protesta ciudadana a la gestión “austericida” del gobierno de Mariano Rajoy. Sólo así puede valorarse que se penalicen como “delitos” participar en una acción de protesta que aspira impedir un desahucio u organizar manifestaciones no comunicadas ni autorizadas por la Delegación del Gobierno, salirse del recorrido autorizado o insultar a la Policía, y grabar las cargas policiales y colgarlas en Internet. Pero hay algo aún más grave, si cabe: estas “faltas”, castigadas con multas de 100 hasta 10.400 euros, no serán impuestas por ningún juez, sino por la propia Policía, que actuará de juez y parte. Esta ley convierte en sanciones administrativas, sin tutela judicial, las faltas que la Justicia se encargaba de dictaminar. Así se consigue que los ciudadanos queden a merced de quienes reprimen sus derechos y coartan sus libertades, en cuanto a manifestación y expresión, sin posibilidad de que un juez esclarezca los hechos.

A partir del próximo 1 de julio, también entrará en vigor la nueva reforma del Código Penal que, aparte de reintroducir la pena de cadena perpetua revisable para delitos de especial gravedad, supone otro recorte a estos derechos, al tipificar como delitos contra la propiedad intelectual las webs de enlaces a obras protegidas y la manipulación de soportes o dispositivos electrónicos (consolas de videojuegos). Asimismo, serán castigadas la difusión pública de mensajes o consignas que puedan “perturbar la paz social”, el “hacking ético” (entrar en un sistema o red informáticos para denunciar su vulnerabilidad), etc. Esta reforma del Código Penal representa, según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), “un retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en el año 1995”, puesto que “criminaliza el ciberactivismo en redes sociales y pretende situar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.” Para evitar el abuso de unos pocos, se limita la libertad de todos y se controla el acceso a la información en el ciberespacio, aún cuando ya existen leyes que castigan la piratería y el crimen en Internet. Un simple tuit puede ser considerado apología del terrorismo o, cuando menos, demostrativo de ser “simpatizante” de los violentos, sean estos etarras, yihadistas o ultras-lo-que-sea. 

Pero es que, por si fuera poco, esta reforma del Código Penal establece que determinadas “filtraciones periodísticas serán consideradas como delitos de terrorismo”. Es lo que se deriva del artículo 197 bis de la norma, que castiga a quien “acceda o facilite el acceso” a una información que busca “alterar gravemente la paz pública”, “ desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional” o “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. Penas de seis meses a dos años de cárcel pide el nuevo Código Penal por facilitar información a periodistas. Se amplía el concepto de terrorismo, que antes estaba circunscrito a aquellas acciones que pretendían subvertir el orden constitucional por métodos violentos, a la información periodística que da a conocer lo que los terroristas o la autoridad desean mantener oculto. Se obstaculiza justamente la esencia del periodismo: su función de vigilancia de cualquier poder y el cuestionamiento de sus argumentos y discursos que caracteriza al auténtico periodismo. Todo ello en nombre de la supuesta seguridad.

Esta reforma punitiva busca impedir, incluso, las acciones de denuncia que realizan algunas ONG. Porque encaramarse pacíficamente a un central nuclear obsoleta con ánimo de hacer público los riesgos a los que se somete a la población manteniendo su apertura, como hicieron Greenpeace y Ecologistas en Acción en la central de Garoña (Burgos), será castigado con elevadas sanciones económicas que ninguna ONG podrá afrontar. La intimidación de los activistas que denuncian los atropellos al medio ambiente, el expolio de la naturaleza, los abusos industriales o la contaminación de los recursos que necesitamos para vivir, como el agua, el aire, la tierra y la energía, será a partir de ahora, con esta ley mordaza, mucho más eficaz, porque criminaliza, castiga y penaliza la protesta pacífica contra los saqueadores del mundo. ¿Qué “seguridad” es la que protege el Gobierno? ¿La del consejo de administración de esas empresas que exprimen la naturaleza o la de los ciudadanos a quienes les hacen insostenible el futuro con tales prácticas? El Gobierno lo tiene claro y legisla en consecuencia.

En la recta final para las próximas elecciones, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy dispone, al fin, de una ley “mordaza” con la que puede poner grilletes a la libertad de los ciudadanos. Si este paquete de leyes represoras hubiera estado vigente cuando se cometieron los atentados de Atocha, difícilmente podría desmontarse la mentira gubernamental sobre la autoría etarra de los mismos, pues habría impedido y castigado toda manifestación pública de los ciudadanos que exigían la verdad. Tampoco se hubiera podido esclarecer la muerte de algunos detenidos en sus enfrentamientos con las Fuerzas del Orden, cuya detención con violencia había sido grabada por ciudadanos anónimos, ya que habría estado prohibido grabar esas imágenes y aportarlas al juez. Esta es la “seguridad” que desea el Gobierno, aquella que extiende los derechos del poder pero debilita las garantías de los ciudadanos, como advertía Bertrand de Jouvenel. La deriva que conduce la democracia hacia un estado cuasi policial es sumamente peligrosa por cuanto posibilita, en aras de la seguridad, una negación de derechos y libertades más propia de un régimen autoritario o una dictadura, aunque esté periódicamente refrendado con miedo en las urnas. Eso es lo que nos espera si dejamos que nos pongan los grilletes.

viernes, 27 de marzo de 2015

Más que dolores, viernes

Hoy es un día señalado para los cristianos, pero para mí es un viernes tan especial como cualquier otro del año, revestido de la liturgia del fin de semana. Aquellos conmemoran los sufrimientos de una Madre; yo, las alegrías de todos los hijos, que ya tienen hijos y nietos, y que al fin descansan de una dura semana de trabajo. Los creyentes evocan los dolores de quien creen virgen; yo, olvidar las estrecheces de los que sufren por culpa de las desigualdades y las injusticias. Unos se aprestan a vivir una semana de Pasión; yo, aprovechar unos días de relajación y asueto. Si para muchos es el final de la Cuaresma con sus restricciones de carne, para otros es la continuidad de las dificultades y las penurias. Hoy es viernes de Concilio para los católicos; para mí, un viernes de tranquilidad y ocio. Yo no celebro dolores ni sufrimientos ni pasiones, sino las ocasiones para la expansión del espíritu y el regocijo con la familia y los amigos. Por eso, más que de dolores, debería ser de gozo. Pero respeto que todos lo disfruten como les plazca. Al fin y al cabo, es eso: viernes. Razón de más para evadirse con Miles Davis.

miércoles, 25 de marzo de 2015

Papanatas ofendidos


Nos rasgábamos las vestiduras porque el fanatismo islámico no perdona la representación de sus dioses, lo que impulsa a los más cetrinos de sus radicales seguidores a empuñar las armas para vengar lo que consideran ofensas a su fe, y resulta que en esta España -tan moderna, occidental y libérrima donde las haya- también somos capaces de recurrir, cuando menos, a la censura para evitar “ofender”, no a los dioses, sino a los soberanos que nos gobiernan con la bendición de la divinidad y la impunidad de los privilegiados.

Es lo que ha estado a punto de suceder con una muestra colectiva del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), al vetar el director del museo la exposición de una escultura que consideraba “poco digna”. A Bartomeu Marí le pareció “inapropiado” que se expusiera la escultura de la artista austriaca Inés Doujak, titulada “No vestida para conquistar”, y que formaba parte de la muestra “La bestia y el soberano” que organizaba el propio `Macba´ y el museo WKV de Stuttgard. Ante la negativa de los comisarios a retirar cualquier obra de la exposición, el director del museo barcelonés decidió cancelar la totalidad de la muestra.

La obra, que pretende provocar una respuesta crítica en el público, representa a un perro pastor alemán que sodomiza a una mujer cubierta con casco minero –inspirada en la sindicalista boliviana Domitila Barrios- que a su vez sodomiza al anterior rey español, Juan Carlos I, quien vomita flores sobre cascos de las SS nazi.


Para los autores, la obra “no pretendía insultar a una persona privada, sino reformular críticamente una representación colectiva del poder soberano”, como señalaron en un comunicado publicado por el WKV. Es fácil hacer una lectura crítica de la capacidad que dispone una élite social de “joder” a los desfavorecidos, como esa representante de los trabajadores que, siendo mujer, soporta doble marginación por pobre y por mujer, hasta reducirlos casi a la condición de simples “animales de compañía” para su poder soberano. Que se inviertan los términos no resulta una reacción descabellada que bien puede ser representada y sublimada por medio del arte.

Los comisarios de la exposición justifican su negativa a retirar la pieza por, no sólo comprometer el concepto de la exhibición, sino porque cuestionaría su “visión del arte, la libertad de expresión y el rol del museo en la sociedad contemporánea”. Para ellos, “el acto de cancelar la exposición es un acto de censura”.

Tanto las viñetas y las caricaturas, y todo tipo de expresiones plásticas, literarias y artísticas, como estas obras escultóricas, son ejemplos de crítica iconoclasta, de aquella crítica sátira que, como expone Manuel Barrero en un artículo reciente1, sirve para “poner en evidencia las fisuras sociales, las pésimas gestiones de los alcaldes, las pobres decisiones de los militares y de los ministros, la falibilidad constante de los monarcas y la ridiculez ancilar de los pontífices”. Su “incongruencia” o irreverencia nos ayudan asociar “una instancia moral con su contraria para ponerla en evidencia”.

De ahí que satirizar a un dios, un profeta o un rey sirvan para criticar los desmanes que se cometen en su nombre, para cuestionar las aberraciones que se imponen por su causa y para someter al raciocinio de la inteligencia más sarcástica toda manifestación humana con la que se pretende dominar al hombre y cercenar su libertad de crítica y de expresión. Nada hay más ofensivo que las supuestas “ofensas” de los papanatas, pero son sumamente peligrosas y poderosas. Un papanatas ofendido es capaz de censurar, encarcelar y hasta matar.

Afortunadamente, la exposición “La bestia y el soberano” del `Macba´, dada la repercusión que tuvo en los medios de comunicación y en las redes sociales, se ha podido inaugurar, eso sí, casi a escondidas, sin rueda de prensa y sin los actos de presentación previstos. Esta vez, los papanatas no han podido imponer sus criterios de intransigencia, con los que consideran “sagrado” al anterior Jefe del Estado. Al final, ha dimitido el papanatas del director.

Ya sabíamos que el Jefe del Estado, rey por más señas, es una figura que simboliza la unidad y permanencia del Estado, aunque lo encarne una persona que goza de inmunidad e inviolabilidad legal. Pero tan irracional es atribuir supuestas ofensas a conceptos religiosos como a símbolos institucionales, por mucho que el Código Penal contemple como delitos las injurias al Jefe del Estado o las blasfemias que ofenden los sentimientos religiosos. Nada de ello debería coartar la libertad de expresión, derecho constitucional que, en el supuesto de colisionar con otros derechos, debería prevalecer porque de él derivan los demás derechos y libertades que posibilitan la conformación de la opinión pública y la representación política de la soberanía popular. Es decir, la libertad de expresión ha de estar por encima de reyes, religiones y demás ideas, creencias o conceptos supuestamente sacrosantos e intocables. Su ejercicio, a través de textos, viñetas u obras de arte, debería estar limitado sólo por la ley y la jurisprudencia, y no fiscalizado por políticos, burócratas de cualquier institución o el poder religioso.
 
Mientras no se tenga esto claro, siempre existirán papanatas que se sentirán ofendidos y tenderán a cercenar la libertad de expresión. Lo del `Macba´ es sólo la enésima contienda que se libra en este país entre la intransigencia y la libertad. Hay que seguir atentos.
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Nota:
1: Manuel Barrero, La sagrada sátira, revista Claves de razón práctica, nº 239, págs. 48 a 55. Marzo/Abril 2015.

lunes, 23 de marzo de 2015

Cambio político en Andalucía: PSOE sigue gobernando desde hace 33 años

Las urnas ya han revelado en Andalucía, durante la primera consulta a los ciudadanos en un año de saturación electoral, el sentir de los votantes. El enfrentamiento entre todos los contrincantes dispuestos a ganar este asalto ha ofrecido un resultado, aunque repetidamente anunciado no por ello apetecido, de diversidad. Nadie ha ganado el combate, excepto el Partido Socialista que mantiene sus 47 escaños, aunque todos vendan su participación como un triunfo. El convencional bipartidismo a que estábamos acostumbrados entre el PP y el PSOE de mayorías absolutas deviene en un bipartidismo imperfecto, constituido por minorías, en el que otras formaciones entran en el juego de facilitar con su apoyo el bipartidismo añoso que pretendían derribar. Cinco partidos compondrán el nuevo Parlamento andaluz, en el que estarán presentes dos nuevas formaciones que irrumpen con fuerza: Podemos y Ciudadanos, con 15 y 9 escaños, respectivamente. Los grandes derrotados son el Partido Popular, que sufre un gran batacazo con la pérdida de 17 escaños, e Izquierda Unida, que reduce su presencia al mínimo exigido para formar grupo parlamentario: 5 diputados. Este es el resultado de las elecciones autonómicas celebradas ayer en Andalucía.

A partir de ahora se abre un nuevo panorama político, mucho más fragmentado, como vaticinaban las encuestas, que revela la pluralidad existente en la sociedad. Es sintomático que esa nueva realidad se base en la continuidad del PSOE en el gobierno de una Comunidad en la que nunca ha habido alternancia política durante todo el actual período democrático. Sin embargo, los ciudadanos han optado por un “cambio” tan tranquilo que deberá promoverlo las viejas siglas de una socialdemocracia a la que se le da la espalda en el resto del Continente europeo. La recuperación económica, la creación de empleo, el mantenimiento de las políticas sociales, la transparencia en la gestión y la erradicación de la corrupción serán los retos a los que se enfrentará el nuevo-viejo gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, la primera mujer que gana unas elecciones en Andalucía.

Habrá que ver qué aritmética parlamentaria realiza para asegurar la estabilidad de su gobierno, cuando ya había advertido en campaña que jamás buscaría el apoyo del PP y Podemos. La irrupción de Ciudadanos, con 9 diputados, podría facilitarte la mayoría suficiente con la que transitar con tranquilidad este nuevo tiempo de minorías diversas. La abstención de la oposición posibilitará su investidura aunque no consiga ningún acuerdo de gobierno. En principio, por tanto, la fragmentación parlamentaria no conlleva necesariamente la inestabilidad de la Junta de Andalucía, sino la obligación de practicar con más intensidad el diálogo, de alcanzar acuerdos y de buscar el consenso en las políticas a implementar.
 
Elecciones Andalucía 2015
Partido           Escaños   % Votos
PSOE             47            35%
PP                  33            27%
Podemos        15            15%
Ciudadanos      9              9%
IU                     5             7%

sábado, 21 de marzo de 2015

Bancos bajo sospecha


Hubo un tiempo en que España se permitió presumir de tener un sistema financiero intachable, uno de los más solventes del mundo, hasta que se descubrió el pastel gracias a una crisis económica que todavía nos afecta y empobrece. Este sistema bancario ni era intachable, estaba expuesto como el que más y no hacía ascos a prácticas de dudosa legalidad, como Lehman Brothers nos hizo comprobar. Descubrimos que la banca española era cualquier cosa menos modélica en su comportamiento y manirrota en su funcionamiento. Desde gestores que abochornarían al ladrón más descarado, hasta engaños que comparten con la estafa aprovecharse de la buena fe de los clientes, pasando por amparar y lucrarse con el dinero de sospechosa procedencia. De todo ello hemos tenido sobrados ejemplos en nuestro sistema financiero, el único sector de la actividad económica del país que ha merecido ser “rescatado” por el Gobierno con el dinero de los contribuyentes. Todos los demás, incluyendo los que afectan a pensionistas, enfermos y parados, han sufrido ajustes, recortes y precariedad para contribuir a ayudar a la banca.

Ya es doloroso tener que aceptar esta realidad impuesta por la lógica del dinero, que prioriza sus intereses frente a la prestación de servicios públicos, como para asumir, además, que todos los mecanismos existentes de control del sistema financiero no sirven para nada. La “puntilla” a tanto desbarajuste la ha ofrecido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al demandar la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) –cuarta entidad andorrana por volumen de activos- y su filial española, Banco de Madrid, por posible blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y de la petrolera venezolana PDVSA.

El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) han brillado por su inoperancia e incompetencia a la hora de detectar la comisión de actividades fraudulentas en, al menos, la sucursal radicada en la Capital del Reino. Sus mecanismos de supervisión y vigilancia, funciones que estatutariamente tienen encomendadas, han resultado inútiles, y únicamente por indicación de las autoridades norteamericanas, instando a la intervención, se ha procedido a la suspensión del Banco, la destitución de su cúpula directiva y a la apertura del expediente sancionador que se traslada a la Fiscalía Anticorrupción y al juez. Es decir, hasta que los americanos no mandan parar, el Banco de Madrid habría seguido blanqueando dinero ante las mismas barbas de todas las instituciones que vigilan y promueven el buen funcionamiento del sistema financiero español y de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la legalidad de estas entidades.

Y es que la banca española no es de fiar. Cada día ofrece nuevos escándalos que llevan a los ciudadanos a desconfiar de un sistema financiero que participó activamente, y con pleno conocimiento de causa, del “desmadre” de la burbuja inmobiliaria, de las acciones preferentes con las que engañaron a miles de ahorradores, y de las tarjetas “black”, para gastos sin control y sin declarar, con las que se remuneraba adicionalmente a determinados directivos de algunos bancos y cajas.

En cuanto ha habido que ejercer un control más estricto a estas entidades, controles solicitados por instancias europeas, más anomalías aparecían. Lo que marca una inflexión en este marasmo de arbitrariedad financiera es la intervención de Caja Castilla La Mancha, en 2009, a causa del “agujero” de pérdidas que acumulaba al vulnerar irresponsablemente la normativa de riesgos. Necesitó 4.125 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, más otros 1.493 del FROB cuando fue absorbida por Cajastur.

Otra entidad, Cajasur, la caja de la Iglesia con sede en Córdoba, también tuvo que ser intervenida tras encontrarse al borde de la bancarrota, sin que ningún administrador de la misma, ni religioso ni seglar, rindiera cuentas de la nefasta situación en la que dejaron a una entidad que precisó de millonarias ayudas a fondo perdido. Como ella, otras muchas -tales como CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Catalunyacaixa, Unnim, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Bankia- evidencian lo ficticio de la supuesta solidez de un sistema financiero, cuya reordenación necesitó más de 100.000 millones de dinero público, entre avales, compra de activos y ayudas directas, para adaptarlo a los nuevos requerimientos exigidos por Europa.

Ni siquiera buques insignias de mayor prestigio y solvencia, como el Santander, se libran de presentar algún “marrón” en su gestión o en sus gestores. Altos directivos de la entidad, incluido el fallecido presidente Emilio Botín y otros miembros de su familia, han sido imputados y condenados por disponer de cuentas no declaradas en Suiza y por cometer fraude fiscal y falsedad documental, entre otros delitos. Un alto ejecutivo del banco, Alfredo Sáenz, fue condenado e inhabilitado por delitos de acusación y denuncia falsa, siendo finalmente indultado por el anterior Gobierno socialista. En cualquier caso, tanto es el “poder” del “mejor banco del mundo” que, como consecuencia del sobreseimiento de uno de los casos en los que estuvo involucrado, se ha acuñado el término de “doctrina de Botín”, que actualmente reclama la infanta dona Cristina en su defensa en el caso Nóos, cuando dicho sobreseimiento se origina por la falta de acusación del Ministerio Fiscal. No se trata de ninguna jurisprudencia establecida, sino de simple trato de favor a una élite en su relación con la Justicia.

Con tales antecedentes, no es de extrañar que la vigilancia de los “trapicheos” de los bancos la realicen instancias foráneas que velan por sus intereses, no por la honradez y la limpieza del sistema financiero, ya que el Banco andorrano y su filial madrileño no son, ni por asomo, los mayores blanqueadores de dinero del mundo. Las cantidades manejadas fraudulentamente por estos bancos intervenidos apenas representan una ínfima parte de los más de 600.000 millones de dólares que, según el FMI y Naciones Unidas, se blanquean anualmente en el mundo, entre los cerca de 2,5 billones de euros que escapan al fisco, sin que nadie intervenga para impedirlo. Es más, ningún país se ha interesado en adoptar medidas eficaces para cerrar, o al menos regular, los paraísos fiscales existentes en la faz de la Tierra, sabiendo que son sedes para la evasión de capitales y el blanqueo de dinero. Y es que el poder del dinero es inmenso y puede comprarlo todo.

Los motivos por los que Estados Unidos insta la intervención del Banco de Andorra y del Banco de Madrid son más políticos que económicos, pero, en su proceder, ponen de relieve la inutilidad de nuestro servicio de supervisión y vigilancia del sistema financiero y del seguidismo con el que actúa a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Un seguidismo que, no obstante, permitió que algunos clientes pudieran retirar sus fondos antes de que la intervención suspendiera las actividades del banco español, dada la “tranquilidad” con la que se ejecutaron estas decisiones.

Si esto es actuar con diligencia y eficacia, que venga Obama a certificarlo y el Banco de España a demostrarlo, porque antes de que hubiera motivos públicos para la alerta, ya había “volado” un volumen nada despreciable de los fondos del Banco. En el “corralito” quedaron atrapados los ahorradores menos espabilados. Así las gasta la banca española, una banca bajo sospecha. Téngalo en cuenta a la hora de domiciliar su nómina.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Desasosiegos de la muerte

Desasosiega pensar en la muerte, en la muerte de uno, naturalmente, no en la de los otros, que es la única que se da por segura, inevitable siempre en los demás. Pero el desasosiego surge no por morir, sino por cómo moriremos, cómo nos sorprenderá ese instante postrero, a veces imprevisto y, otras, relegado por una enfermedad que poco a poco nos apaga hasta hacernos anhelar un final excesivamente demorado. Desasosiega imaginar cuál será el último pensamiento que nos acompañará justo antes de integrarnos en la nada, incluso si seremos conscientes del último aliento de una vida que, en ese momento, podrá parecernos tan breve como un suspiro o cruelmente larga como una agonía inacabable. Desasosiega pensar, en ese trance definitivo, que toda tu existencia apenas ocupará el recuerdo en quienes te aprecian y sobreviven, y que también ellos y su memoria acabarán perdiéndose en el olvido. Que tus luchas, ambiciones y derrotas desaparecerán cuando tus ojos no perciban ninguna luz y tu boca se ennegrezca insensible a cualquier deseo. Desasosiega la muerte por el tránsito que nos conduce a ella más que por el destino al que inexorablemente nos aboca. Desasosiega enfrentarse al lívido rostro de la muerte con la incertidumbre de una lucidez postrimera y desde la consciencia de la propia existencia. Desasosiegan los desasosiegos de la muerte.

lunes, 16 de marzo de 2015

¡A callar, señor Morenés!


Es lo mejor que puede hacer y lo mejor que sabe hacer: guardar silencio. Debe callar porque cuando habla pone de manifiesto su protección a los que abusan de su autoridad en las Fuerzas Armadas para pisotear la dignidad de sus subordinados y, peor aún, para no respetar a la mujer -militar, por supuesto- simplemente por ser mujer y porque le sale de sus galones al oficial de turno. En vez de refugiarse en protocolos e investigaciones que siempre desembocan en la prescripción de cualquier “falta” o en la inoperancia de toda respuesta –por tardía, por insuficiente, por inútil-, lo que puede hacer el señor ministro de Defensa -¿a quién defiende?- es callarse, asumir en su persona y cargo la misma recomendación que hace a la diputada que le recrimina en el Congreso su actitud, pero que podría haber recriminado también su aptitud, sólo valorada por el que lo nombró para el cargo.

Y es que no es un asunto intrascendente que una comandante del Ejército denuncie a un superior por abusos sexuales y laborales y luego sufra acoso por parte del condenado y sus compañeros, en solidaridad corporativista mal entendida, sin que usted, supuesto garante de la legalidad a la que se atiene el cuerpo militar y máximo responsable de su funcionamiento, no mueva ni un dedo al tener conocimiento de los hechos. Usted se limita a mandar callar a la diputada de la oposición que le afea su conducta, demostrando con ello la fealdad con la que efectivamente usted gradúa su escala de valores. Si tan poco vale la mujer en el Ejército que ni su dignidad es respetada frente al “honor” de los oficiales, ¿por qué permite su incorporación al mismo y posibilita su ascenso en una jerarquía tan exclusivamente viril? Evítese estos tragos, señor ministro, e impida la carrera militar al sexo femenino de manera clara y franca. Su ideología y su moral se lo facilitan, pues le brindan argumentos paternalistas para ello, recurriendo al manido rol de la mujer en el cuidado de la familia, la crianza de los niños y fuente espiritual en la que puede encontrar consuelo el agotado y sufrido macho, séase militar o civil: un ser dotado por la divinidad con la fuerza, la inteligencia y los cojones para proveer el sostén, la seguridad y la supervivencia de la especie humana. La mujer, hembra al fin y al cabo, ya se sabe, está destinada desde que Dios la creó a ser compañera indispensable para el amor, el sentimentalismo y la reproducción. Y punto.

El único obstáculo que puede hallar el señor ministro a su silencio cómplice con ese machismo caqui es la Constitución, que nos reconoce como un Estado Social, Democrático y de Derecho. Es la ley de leyes la que establece la igualdad de derechos de los españoles, sin discriminación de ningún tipo, tampoco sexual. Y si una mujer –española, faltaría más- cumple los requisitos para acceder a las Fuerzas Armadas, habrá que respetarla como a cualquier militar varón de ese cuerpo jerarquizado y disciplinado, cuyo primer cometido es defender nuestra legalidad y atenerse a nuestras leyes, a las que ha de servir con disciplina y jerarquía. Si no, ¿para qué está?

Comprenderá don Pedro Morenés, empresario y político a partes iguales, que el Ejército no es sólo una oportunidad para que haga negocios desde mucho antes de ser designado al cargo gubernamental. El departamento que dirige es el instrumento que garantiza físicamente nuestra protección y seguridad frente a terceros países. Su funcionamiento interno, sus normas y el escrupuloso cumplimento de nuestras leyes, han de ser no sólo impecables en lo formal, sino sobre todo en lo real, práctico y ejemplar. El caso de la comandante acosada por atreverse denunciar a un superior por abusos sexuales y laborales no merecía su silencio, menos aún sus gestos barriobajeros mandando callar a la diputada. Que se disculpe posteriormente de semejante comportamiento tan improcedente en cualquier hombre, máxime si es una alta personalidad, no tranquiliza a los ciudadanos y en nada resuelve el problema. Porque usted enmienda el gesto, no la voluntad que lo expresa ni su proceder ante este asunto que evidencia la existencia de abusos de autoridad inaceptables en una institución del Estado, como es el Ejército. El señor ministro no ha mostrado ninguna voluntad por atajar estas graves irregularidades que lastran, desprestigian y enfangan la noble labor del Ejército, custodio de nuestra paz, nuestra convivencia y nuestra seguridad. Si grave es la posibilidad de acoso sexual en sus filas, más grave aún es la ineptitud y el silencio del ministro responsable de dirigirlo políticamente y velar por su óptima organización.

Por ello, señor Morenés, haga lo mejor que sabe hacer: cállese y, si sus negocios se lo permiten, váyase. ¡Ar!  

domingo, 15 de marzo de 2015

El Torcal

Antequera es un pueblo malagueño que tiene la singularidad de hallarse en el centro geográfico de Andalucía y de albergar en su término municipal un paisaje geológico único en Europa: el Torcal. El Torcal de Antequera es un paisaje cárstico formado por rocas a las que la acción erosiva de la lluvia, la nieve y el viento han dado forma circular, como galletas de caliza amontonadas unas sobre otras. Su belleza es impresionante, pero su origen, que se remonta al periodo jurásico, es aún más impresionante: es fantástico, increíble, curioso.

Se trata de un Paraje Natural que debe su nombre a las torcas o dolinas, depresiones redondeadas originadas por el hundimiento de salas subterráneas que el agua ha excavado en el subsuelo y rellanadas por residuos de caliza. Estos sedimentos proceden del fondo de un mar prehistórico, llamado Tethys, que se levaron hace millones de años hasta más de mil metros de altura por la presión de las fuerzas tectónicas que dieron origen a estas cumbres de la serranía subbética. El Torcal es el primer espacio de Andalucía que se protegió al declararlo Sitio Natural de Interés Nacional en el año 1020, antes de ser catalogado como Paisaje Natural por su interés geológico, botánico y paisajístico.

Una nueva visita nos lleva otra vez a adentrarnos por un sendero, el más fácil para los “torpes” en el alpinismo, que nos conduce entre unas piedras que no dejan de sorprendernos por sus formas y disposición, capaces de guardar un equilibrio inaudito sobre altas agujas pétreas o atesorando el secreto fósil de su pasado marino. Paredes y tajos surgen para sobrecogernos por la espectacularidad de sus formaciones erosivas.

Tras la excursión por el “Torcal alto”, nos asomamos al mirador de “Las ventanillas”, desde donde se aprecian unas vistas de la comarca del río Campanillas, al sur de Antequera, hasta la costa de Málaga en la lejanía. En días claros puede incluso visualizarse el continente africano difuminado tras las brumas del horizonte.
 
Merece la pena, pues, conocer estos rincones de nuestra tierra y admirar sus encantos para tomar conciencia de la riqueza que poseemos y apenas valoramos. El Torcal de Antequera es una de las joyas más valiosas de nuestro patrimonio cultural que bien merece una visita para medirnos frente aquellos farallones que nos empequeñecen, pero también nos regocijan al permitirnos admirarlos, sabiendo que, desde el neolítico, el ser humano ha encontrado en ellos refugio o material para sus construcciones. Hoy, constituyen un regalo para los ojos.



jueves, 12 de marzo de 2015

Insultos de señoritingo


Ana Mato saluda a Rafael Hernando
La verdadera jaez de la derecha caciquil, elitista y despreciativa española brota cuando, en momentos en los que entran en juego sus intereses o ante situaciones en que cree verse amenazada, se quita la máscara, pierde la compostura y se muestra tan insolente y procaz como en realidad es. En tales casos, las ofensas y los insultos constituyen los argumentos extemporáneos que llenan su boca para zaherir y criticar a quien se opone o se resiste a sus pretensiones. Esa derecha que en los tiempos predemocráticos dejó a Andalucía sumida en el más profundo subdesarrollo, sin más industria que una agricultura latifundista, sin más infraestructuras que una carretera radial por la que evacuar las rentas del botín hacia la corte donde residen los terratenientes y los aristócratas, y sin más porvenir que el de servir de abundante mano de obra barata, palmear el folclor en ferias y fiestas y el de convertirse en paraje virginal para el ocio y las juergas de los afortunados, es la misma derecha que después, con el advenimiento de la democracia, conserva en sus hijos y nietos el desdén por los humildes y la soberbia con los débiles que se sublevan.

Monserrat Nebrera
Hay sobradas muestras de esa actitud insolente de la derecha zafia cuando se encabrona con una Andalucía que no se fía de unos señores faltones en la ira, desvergonzados en la avaricia e hipócritas en las relaciones a que se ven obligados por los nuevos tiempos. Así es la derecha jactanciosa de sus lujos, sus colegios, su jerga y sus atropellos, la que se mofa del acento andaluz al que tilda “de chiste” porque aspira las eses y no se avergüenza del ceceo, como el que pronuncia la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, considerada la “cosa” por la diputada del Partido Popular Monserrat Nebrera, tan fina y culta ella. O la de los improperios de toda una ministra de Sanidad, Ana Mato, antes de ser ninguneada por incompetente frente a la crisis del ébola por la vicepresidenta del Gobierno y ser imputada por el juez del caso Gürtel, cuando aseguraba procaz que “los niños andaluces son prácticamente analfabetos” y “dan clase en el suelo”. Se deja llevar tan excelsa señora por sus prejuicios con la educación pública y su indisimulada tendencia a los buenos colegios privados que sólo pueden costearse los de su clase social.

Feijoó y el contrabandista
No son descalificaciones antiguas y puntuales, sino que siguen produciéndose cada vez que esa derecha se impacienta con la realidad. Aquel diputado por Almería que escupía aquello de que “Andalucía es como Etiopía” es el mismo Rafael Hernando que, ahora como portavoz del PP en el Congreso, anima a los suyos en la actual campaña electoral a “sacar a Andalucía del pelotón de los torpes” porque, al parecer, no votar al PP es cosa de torpes y cortos de entendederas. Aquí, la Transición no se ha completado, según un excelentísimo representante de esa derecha obtusa que gobierna Galicia desde los tiempos de Fraga, hasta que “en Andalucía gobierne un partido distinto al que ha gobernado siempre”. Lo que decidan los andaluces con su voto no es suficiente para Alberto Núñez Feijoó, ínclito presidente gallego que se pasea en barco de conocidos narcotraficantes de su región.

Desde esa condición que les caracteriza, incrustada en los genes de la derecha, no es de extrañar que una y otra vez recurran a los viejos estereotipos y a las vejaciones con Andalucía cuando creen que así pueden conseguir algunos réditos electorales. Es el caso, también de actualidad, del enamoradizo presidente extremeño José Antonio Monago, que acude a un vídeo para, desde su catadura moral, comparar los “dos sures”, el de su idílica y modélica Extremadura y el cargado de tópicos y chanzas de Andalucía. Se cree muy gracioso el “sureño” Monago cuando esgrime que “hay que tener más sentido del humor” para negarse a retirar una ofensa gratuita e injusta a toda una región que si algo tiene es memoria: no olvida quienes han sido y son los impiden su desarrollo y su avance, en pie de igualdad con las demás, incluidas aquellas comunidades a las que una burguesía histórica ha enriquecido gracias a la transformación de las materias primas que obtenía en Andalucía.

Albert Rivera
Hasta las nuevas hornadas de la derecha con piel de cordero, las que presumen de tolerancia, transparencia y sobrada preparación como las que vienen ahora a “repoblar” esta tierra con el conservadurismo moderno de Ciudadanos, también se dejan llevar por las salidas de tono y la arrogancia. Albert Rivera, el líder catalán de esta novísima formación, no se arredra en afirmar que viene a Andalucía a “enseñar a pescar”, cuando debería venir a no quitarnos el pescado, ni el algodón ni el aceite, para dejar aquí el valor añadido de nuestras riquezas. Procede este joven cachorro de la nueva derecha de una comunidad que no ceja en presentarse agraviada por aquellas regiones que reciben estímulos para superar un atraso secular y que no duda en descalificar a los jornaleros del PER de “estar todo el día en el bar del pueblo”, como dijo Durán i Lleida, muy en la línea del “pitas, pitas” de Esperanza Aguirre, o aventurar que “en Andalucía no paga impuestos ni Dios”, proferido por Joan Puigcercós.

Las fábricas alemanas, los campos franceses y los barcos de todos los mares conocen a los emigrantes andaluces, hombres y mujeres forzados a buscar un trabajo que en su país le niegan los mismos que hoy los acusan de indolentes y vagos, de empecinados en impedir que la derecha imponga su criterio y sus intereses, además desde las tradiciones y una historia de opresión, también ahora desde el poder civil regional. Lo que no consigue con los votos pretende alcanzarlo a fuerza de ofensas y descalificaciones. Pero es incapaz de engaña a nadie. Andalucía sabe distinguir el insulto del señoritingo.

martes, 10 de marzo de 2015

Su día


Era su día, ese del que siempre hablaba con sus amigas, y su marido quiso celebrarlo para demostrar que compartía sus inquietudes. La llevó a comer a un restaurante para que no tuviera que guisar ni recoger la cocina. Disfrutaron de unos platos muy bien elaborados y apetecibles, pero se sentía un tanto incómoda por las atenciones amables de los camareros. No estaba acostumbrada ver a su marido dar las gracias cada vez que le llenaban el vaso ni sonreír por una servilleta. Se sentía confusa y sorprendida porque cada día le ponía la mesa y retiraba la vajilla sin que nunca exteriorizara tantos gestos de gratitud. Como mucho, llevaba su plato y cubiertos al fregadero para que ella acabara de limpiarlos. Cuando al finalizar el almuerzo su marido fue a pagar la factura, un pensamiento fugaz la turbó e intentó disimularlo con una sonrisa. Fue sólo un instante que de inmediato alteró la placidez de aquella conmemoración. Su marido pagaba con dinero de una cuenta que tenían en común, por lo que, al ver entregar la tarjeta del banco, de súbito pensó que nadie la invitaba a nada, sino que cada cual abonada lo que consumía. De vuelta a casa y mientras ponía la lavadora, decidió no celebrar nunca más el día de la mujer trabajadora. Ya era suficiente con ser explotada como para tomar consciencia de ello y participar del simulacro.

lunes, 9 de marzo de 2015

Año electoral, primer asalto: andaluzas (y 4)


Las elecciones andaluzas representan el inicio de un cambio, el punto de inflexión que nos hace transitar hacia una realidad insólita en el escenario político no sólo regional, sino también nacional: el fin de la hegemonía de dos únicas ofertas que se alternaban el poder. Estos comicios nos traen el fin del bipartidismo en España y la instauración de la fragmentación en el Parlamento andaluz. Nos abocan a otra forma de hacer política, menos monolítica y más dialogante, actitudes obligadas por la necesidad de alcanzar acuerdos para poder llevar a cabo la acción de gobierno.

Nuevos partidos emergen con fuerza suficiente para desplazar a las grandes formaciones tradicionales en el monopolio del poder y con capacidad para arrebatarles la confianza de los ciudadanos, hartos de una alternancia que mantiene intacto el modelo económico y social que privilegia a los poderosos y pudientes. Será Andalucía, primer asalto electoral, donde se  podrá constatar lo que las encuestas vienen anunciando reiteradamente: la formación de un Parlamento multicolor, un arcoiris parlamentario constituido por, al menos, cinco partidos sin que ninguno detente la mayoría absoluta. PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD son los candidatos a estar representados entre los 109 diputados regionales que se elegirán dentro de dos semanas. Hoy toca hacer algunas valoraciones de esos nuevos partidos emergentes que también utilizan estas elecciones como campo de pruebas de su implantación entre las preferencias políticas de la ciudadanía. Aquí miden su musculatura electoral.

El partido que en las encuestas aparece con mayores posibilidades entre los emergentes es Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias y que de manera imparable ha sabido atraer el aprecio de los desencantados e indignados con una forma de ejercer la política de espaldas a la gente y como medio de vida de los profesionales que la parasitan, lo que Podemos denomina “casta”. La devastación producida por la crisis económica entre las capas más vulnerables de la población y los escándalos de corrupción que, como una gangrena, corroe el sistema de partidos y las instituciones, han facilitado el surgimiento de nuevos referentes para una población hastiada, desconcertada, frustrada, desilusionada y huérfana de proyectos y esperanzas. Esas carencias y necesidades explican en parte el fenómeno populista, sumamente atrayente, de Podemos y, en menor medida, de Ciudadanos.

Casi sin tiempo para organizar su estructura en la Comunidad, Podemos logra presentar una candidatura encabezada por Teresa Rodríguez-Rubio, integrante de Anticapitalistas, la formación trostkista que apoyó a Podemos en las pasadas elecciones europeas. Con un ideario apenas esbozado, esta formación consigue aglutinar la atención de muchos de los votantes que muestran desapego de los dos grandes partidos tradicionales y de aquella izquierda dispuesta a conformarse con figurar como atrezzo en el decorado. No es de extrañar, por tanto, que las encuestas pronostiquen una cuota del 21 por ciento de los votos, lo que convierte a Podemos en la segunda fuerza del futuro Parlamento andaluz, por delante el Partido Popular. El gran perjudicado de esta irrupción sería Izquierda Unida, cuyos seguidores y votantes más “radicales” optan por los nuevos cantos de sirena del nuevo partido antes que por la fidelidad al comunismo más pragmático de su antigua morada. También el PSOE, pero en menor medida, pierde votantes a favor de Podemos.

Ciudadanos, en cambio, más que utopías ofrece mesura, sensatez y modernidad al votante de centro-derecha, incómodo con un PP intransigente en lo moral, retrógrado en lo social y liberal en lo económico. Esta formación busca ser alternativa al populismo y el bipartidismo. Sin apenas infraestructura en la región, Ciudadanos se ve beneficiado por los deseos de cambio que desatan estas elecciones anticipadas y su candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín, un concejal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que apoya el gobierno municipal del PSOE, se declara “sin programa y sin ideología”. Dice perseguir que las cosas funcionen y guiarse por el sentido común. Los sondeos le adjudican un 7 por ciento de sufragios, con el que lograría entre 6 y 8 escaños en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía. Quien peligra con la creciente tendencia al ascenso de Ciudadanos es el Partido Popular, al que las encuestas señalan como el más perjudicado en estas elecciones, con una pérdida de más de 10 puntos porcentuales. Esta formación, que lidera Albert Rivera con un mensaje regeneracionista, tiene a diferencia de Podemos “experiencia” política, pues dispone de representación en el Parlamento de Cataluña, donde surgió hace nueve años, y en la Cámara europea. Es un partido emergente, pero no tan nuevo, y que ahora, desde Andalucía, persigue su consolidación nacional.

Justamente Ciudadanos también ha desbordado a Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido de Rosa Díez que desea un Estado simétrico en el que todas las regiones tengan los mismos derechos y deberes, y al que las previsiones demoscópicas otorgan una presencia testimonial, de uno o dos diputados, en el Parlamento andaluz. Su candidato, elegido en primarias con más del 60 por ciento de las papeletas, el abogado Martín de la Herrán, es el único que repite cartel, pues ya fue candidato en las elecciones de 2012. Su empeño es que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase política y echar a los corruptos de las instituciones.       

Todos ellos tienen en sus manos responder a las demandas de la gente, que la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) dejaba meridianamente claras: el paro, la economía, la corrupción, la sanidad, la educación y la vivienda. Por ese orden. Todos ellos prometen medidas de transparencia, regeneración y limpieza. Todos abogan por el empleo y la recuperación económica. Todos se comprometen acabar con la corrupción y los chanchullos, a dejar de mirarse el ombligo y atender a quienes les pagan el sueldo, los ciudadanos. Parece ser que se acabaron los rodillos de las mayorías absolutas y todos dependerán de todos, vigilándose mutuamente, controlándose entre ellos, para dar cumplida cuenta de lo pactado, servir a la ciudadanía y dedicar todo el tiempo de su actividad para lo que fueron elegidos, resolver los problemas que bien saben diagnosticar (como demuestran en campaña) y tan mal solucionar. Ahora se abre un tiempo nuevo en que todos estos partidos y sus candidatos podrán demostrar ser merecedores de la confianza y el voto de los andaluces, demostrarnos la sinceridad de sus promesas y la honestidad y valía de una función: la del político dedicado al servicio público. Es la hora de los ciudadanos en este primer asalto de un año electoral denso e incierto. Exijámosles y exijámonos responsabilidad.

domingo, 8 de marzo de 2015

¡Mujer por un día!

Hoy conmemoramos lo que se nos olvida el resto del año, que la mujer es igual al hombre en derechos y libertades, que comparte las mismas obligaciones y que tiene idéntica consideración que cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, religión y cultura, pero que gracias a ella, a su sensibilidad y biología, estamos todos juntos en este mundo formando una sola Humanidad. ¡Ojalá llegue el día en que dejemos de recordar que sufren discriminación simplemente por ser mujer y podamos celebrar todo el año vivir en su compañía!

viernes, 6 de marzo de 2015

Año electoral, primer asalto: andaluzas (3)


El tercer grupo “estable” del Parlamento de Andalucía, no por pequeño menos importante, es Izquierda Unida (UI), la coalición formada por un puñado de partidos que giran en torno al Partido Comunista de España, el astro que alumbra la vida política que germina más allá, al fondo a la izquierda, de los predios en los que arraiga el PSOE. Esa posición es, precisamente, la razón de ser y el peligro de una formación que constantemente define su identidad y sus estrategias en virtud de su relación con el gran “sol” socialista. Todos los momentos álgidos de IU, así como sus grandes tropiezos, siempre han estado motivados, directa o indirectamente, por esa relación de atracción/repulsión que profesan los dos entes que representan la izquierda en este país. También en Andalucía.

IU se enfrenta a las próximas elecciones autonómicas con la “cruz” de haber formado gobierno de coalición con el PSOE en la Junta de Andalucía, siendo por tanto co-responsable de las políticas que se han aplicado en esta legislatura, y con la “penitencia” de prometer no volver ayudar a los socialistas a formar gobiernos de los que siempre sale esquilmado y señalado como desleales. Esa es, al menos, la impresión que ambos exsocios intentan extender en estos comicios ante unos votantes que, en buena medida, se disputan y comparten. De hecho, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, recurrió a la desconfianza que le causaba la actitud de su socio de Gobierno para disolver el Parlamento y convocar estas elecciones, cuya campaña arranca hoy, de manera anticipada. Todo muy propio de una típica riña en una relación de amor/odio: hoy te quiero, mañana, no; y pasado mañana, ya veremos.

De una forma u otra, la izquierda allende el PSOE siempre ha estado representada en el Parlamento regional, donde de manera constante ha asumido el papel de tercero en discordia entre las dos “patas” del bipartidismo andaluz. Pero la trayectoria de IU nunca ha sido diáfana desde que fuera fundada hace más de 20 años. Hubo una época, bajo la batuta de Julio Anguita como Coordinador General (1990), en la que IU consiguió compendiar su propuesta de “sorpasso” con el lema: “programa, programa, programa”. Era la forma de asegurar que, frente a los “chalaneos” de otros partidos, capaces de pactar orillando sus idearios, IU perseguía desbancar al PSOE aplicando sólo su programa político. Esa “pureza” ideológica catapultó a la formación hasta la cota de los 2,5 millones de votos, que se tradujeron en 20 escaños en el Parlamento andaluz, a costa, también hay que decirlo, de una crisis del PSOE, en 1994, en la que se produce una inflexión del voto socialista, como ya hemos apuntado en un capítulo anterior de estos comentarios.

En aquellos tiempos eufóricos, Izquierda Unida -ya apellidada Convocatoria por Andalucía-Los Verdes (IUCA-Los Verdes)- estaba comandada por Luis Carlos Rejón, que niega todo apoyo al Gobierno de Cháves, impidiéndole incluso aprobar los Presupuestos de la Comunidad, razón por la que se prorrogaron los del año anterior. Ante un PSOE en minoría, IU impone a Diego Valderas como presidente de la Cámara andaluza. Eran los años de la famosa “pinza”, la tenaza parlamentaria formada entre el PP e IU para doblegar al PSOE. Sin embargo, alcanzar todo ese poder para luego estrellarse fue cosa seguida. Las directrices de Anguita de no pactar con el PSOE no sólo obstaculizaron la acción del Gobierno, sino que les hizo perder muchas alcaldías regidas gracias a acuerdos entre ambas fuerzas progresistas. Pero las consecuencias para los “comunistas” fueron todavía mucho más graves. Del “sorpaso”, que se materializaría en una férrea oposición a los socialistas sorprendentemente más virulenta que contra la derecha, se deriva un importante retroceso de IU en las elecciones de 1996. Así, de 20 diputados en el Parlamento andaluz se pasa a tener sólo 13, una derrota que hace dimitir a Rejón y que devuelve la mayoría absoluta al PSOE. Los votantes no comprendieron que IU se obsesionara con negar todo apoyo a los socialistas y prefirieran dejar que la derecha gobernase gracias al  desencuentro entre las formaciones de izquierdas. Una actitud repetida en otros lugares y otros tiempos, como cuando IU gobernó el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) gracias al apoyo del PP para desalojar a los socialistas, y actualmente en Extremadura, comunidad en la que permite con sus votos que el PP asuma la dirección de la Junta con tal de “apear” al PSOE de ella.

Todas las elecciones posteriores seguirían castigando fuertemente a los comunistas, que se mantienen en el Parlamento como tercera fuerza residual e intentando recobrar la confianza de los ciudadanos. Hasta esta última legislatura, cuando un PSOE otra vez en minoría consigue el apoyo de IU para gobernar en coalición. Sendos referendos deciden en la formación comunista facilitar gobiernos de progreso, accediendo al de Andalucía y apoyando desde el Parlamento al de Asturias, únicas comunidades que resistieron con gobiernos de izquierdas el poder avasallador del PP en 2012. Y justo eso, como mínimo, es lo que está en juego en las próximas elecciones, empezando por Andalucía.

Antonio Maíllo es ahora el candidato que se presenta por IU a la presidencia de la Junta de Andalucía. Será la primera vez que abandera este reto desde que asumió en 2013 la coordinación regional, con el bagaje de haber sido concejal en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en Aracena (Huelva). Este joven profesor de Filología Clásica participa del recelo que le produce un PSOE con el que no se encuentra a gusto. A pesar de haber permitido el gobierno de coalición, nunca quiso “fraternizar” con Susana Díaz y ha tensado en más de una ocasión las cuerdas de la coalición en determinados asuntos considerados clave. Así, ha mantenido “encontronazos” con la presidenta a causa del realojo de los “ocupas” de un edificio de Sevilla, dando lugar a que se visualicen unas discrepancias entre los socios de gobierno que fueron aprovechadas por la oposición conservadora. También un viaje del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) fue otro momento de crisis,  ante la oposición de la presidenta andaluza a que esa visita se realice con carácter institucional, por considerarlo perjudicial para las relaciones que mantienen España y la Unión Europea con Marruecos, adonde ella había ido de visita oficial semanas antes.

Esa trayectoria poco diáfana de IU en relación con el PSOE vuelve a mostrar, nuevamente, la ambigüedad de su política y su comportamiento, dando lugar a erráticos e incoherentes pactos a derecha e izquierda. Es, justamente, en este contexto en el que estas elecciones andaluzas suponen para IU una cuestión existencial. No hay más que ver los cismas producidos en Madrid, donde la candidata elegida en primarias tuvo que abandonar el partido ante la presión de los “puros” del aparato, para constatar el trauma que la desgarra por dentro. Pero ahora con más razón: o acaba engullida por el PSOE, la devora Podemos, o queda reducida a su mínima expresión, a esa residual presencia parlamentaria que conserva las esencias de una pureza ideológica. Una difícil disyuntiva que sólo estas elecciones caníbales podrán discernir.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Año electoral, primer asalto: andaluzas (2)

La derecha obtuvo mayoría de votos en las últimas elecciones autonómicas andaluzas, bajo el timón de Javier Arenas, pero no consiguió gobernar. No alcanzó, por muy poco, la mayoría absoluta. El Partido Popular fue víctima del sistema electoral y de su propia voluntad ideológica: el bipartidismo y ser el único referente para toda la derecha, desde la ultra hasta el centro-derecha. Así que, tras el reparto de escaños establecido por la Ley D´Hondt (50 escaños) y sin nadie con quien negociar acuerdos, los conservadores no pudieron hacer otra cosa que acomodarse en la oposición y lamentarse de haber vendido la piel del oso antes de cazarlo. La frustración fue dolorosa y humillante, hasta el extremo de que Arenas, eterno candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, optó por tirar la toalla y retirarse a los cuarteles de invierno del Partido en Madrid. Cuatro oportunidades había tenido para lograr sus propósitos y cuatro derrotas había cosechado en su propia tierra. La última de ellas, incomprensible porque en teoría reunía todas las posibilidades a su favor, fue la más grave: el PSOE estaba acorralado por los escándalos de corrupción, la crisis económica hacía mella en los partidos gobernantes, obligados a tomar medidas impopulares, y el PP arrasaba en el resto del país. El triunfo, por tanto, estaba cantado. Eso es lo que creía Javier Arenas y su equipo. Pero se confiaron y tropezaron con los escaños y la soledad de su discurso.

El PP ha procurado siempre aglutinar, en Andalucía y resto de España, todo el pensamiento conservador y de hecho ha trabajado para representar en exclusiva a la derecha política. Eso es un hecho que por un lado le beneficia, al recibir todo el voto que en un primer momento se repartía entre liberales (UL), demócratas cristianos (PDP) y centristas (UCD), rápidamente fagocitados por una Alianza Popular (AP) que se transformaría en el actual PP, pero que por otro le perjudica al representar los intereses de una clase social, en la que se integran terratenientes, caciques y una alta burguesía, que causa repudio entre los trabajadores y en áreas rurales. Combatir esa imagen sin dejar de monopolizar el voto de derechas es lo que marca la evolución en escaños del Partido Popular, hasta casi rozar la mayoría absoluta en la última legislatura.

El sistema de partidos en Andalucía muestra un claro bipartidismo, lo que en principio le favorece, aunque hasta la fecha sólo haya permitido gobiernos socialistas. Ese sistema presenta dos grandes etapas: Una primera, de 1982 a 1990, con claro predominio del PSOE, que conseguía amplias mayorías absolutas, salvo excepciones; y una segunda etapa, de 1994 hasta la actualidad, en que dos grandes partidos concentran la mayoría del voto, sin mayorías absolutas, y también con excepciones. Es en esta segunda etapa cuando el PP empieza a incrementar su representación parlamentaria en paralelo a la pérdida de confianza de los ciudadanos en el PSOE. A partir de las elecciones de 1994, el PP experimenta un salto cualitativo que le hace duplicar prácticamente su número de escaños. No fue fácil convertirse en alternativa de gobierno y para ello tuvo que cambiar de cartel electoral casi en cada legislatura. En las nueve elecciones autonómicas celebradas en Andalucía, el PP ha presentado hasta cinco candidatos distintos: Antonio Hernández Mancha, Gabino Puche, Javier Arenas (en cuatro ocasiones), Teófila Martínez y, ahora, Juan Manuel Moreno. Este último, casi un recién llegado, es el que disputa la presidencia de la Junta de Andalucía a la actual gobernante socialista, Susana Díaz. Pero lo tiene difícil.

Para empezar, el PP encara estas elecciones desde los cimientos de su actual mayoría parlamentaria -55 escaños- que debe, cuanto menos, revalidar. Todo lo que no sea repetir resultados será considerado como derrota, aunque luego se edulcore y matice con todas las justificaciones que se quiera. Si ni siquiera Javier Arenas, conocido hasta en el último rincón de Andalucía, pudo arrebatar el Gobierno a los socialistas empleando cuantas “artes” tenía a au alcance, el actual “rostro” de los Populares poco podrá hacer como no sea el empeño de intentarlo con la “devoción” con que lo hace. Está obligado a responder a la confianza depositada en él por quien lo señala con el dedo.

Juan Manuel Moreno es tan desconocido que ha servido para hacer una encuesta humorística en El Intermedio, un programa televisivo nada afín a los populares, con una persona que se hacía pasar por él en Córdoba. Le hicieron un favor, pues muchos cordobeses ya saben quién es el candidato del PP en estas elecciones. Y es que no le han dado tiempo para darse a conocer. Hace sólo un año que fue impuesto por Mariano Rajoy en la presidencia del partido en Andalucía en contra del criterio de la Secretaria General, Dolores de Cospedal, y de Juan Ignacio Zoido, presidente “interino” del PP andaluz, quienes habían elegido a José Luis Sanz, a la sazón secretario general en Andalucía, alcalde de Tomares (Sevilla), senador en Cortes e imputado por el Supremo en un caso de supuesta malversación y prevaricación cometido en su Ayuntamiento. Juanma Moreno carece de oportunidad para fabricarse una imagen curtida en la dialéctica parlamentaria, donde se miden los verdaderos candidatos, ya que tampoco es diputado autonómico, sino simple “líder” buscado en Madrid para componer un nuevo cartel electoral, a ver si a ésta va la vencida.

Ese “rostro” casi desconocido es el que tiene que convencer a los andaluces de que el partido que gobierna la Nación, el que impuso los recortes salvajes en educación, sanidad, pensiones y dependencia, y el que ha impulsado “reformas” que han laminado la clase media, instalado la precariedad en el trabajo, los salarios y las condiciones laborales, y hundido en el empobrecimiento a la mayoría de la población del país, es el partido que mejor defiende los intereses de los andaluces y el que merece gobernar la región. Cuando esas políticas han asfixiado a los trabajadores, dejado sin recursos los servicios públicos, reducido o eliminado prestaciones sociales y negado financiación suficiente a la propia Junta para acometer su función, es muy difícil que ese partido consiga el respaldo mayoritario de los votantes en Andalucía. Y aunque el Gobierno andaluz no se queda atrás en la responsabilidad de una austeridad a rajatabla, los ciudadanos saben que los criterios vienen impuestos por el Gobierno de España, que elabora los presupuestos del Estado, distribuye la financiación de las autonomías, establece el margen del déficit que se debe cumplir y legisla las políticas a aplicar. Es verdaderamente improbable que, en la autonomía más poblada del país y en la que la tasa de paro es más elevada, pueda el partido responsable de todas esas medidas impopulares, subrayadas con iniciativas de confrontación adoptadas por la Junta de Andalucía, conseguir el suficiente respaldo de votos como para obtener la mayoría absoluta. Es una tarea titánica.

Y es que, no sólo ha de superar el problema del desconocimiento de su candidato y la impronta negativa de su gestión a nivel nacional, el PP debe además, por primera vez en su historia, luchar para que no le arrebaten votos otras formaciones que compiten por su electorado. Nos referimos a Ciudadanos, el nuevo partido emergente, junto a Podemos, que aparece con pujanza en el escenario político. Demasiados obstáculos como para que el Partido Popular, por mucho que baje Rajoy todas las semanas a apoyar a su candidato, pueda auparse en el poder en Andalucía. ¿O es posible?

lunes, 2 de marzo de 2015

Año electoral, primer asalto: andaluzas (1)

La lid electoral que afrontarán las formaciones políticas españolas durará todo este año de 2015, pero estará dividida en cuatro asaltos. El primero de ellos se disputará en Andalucía, donde el 22 de marzo se celebrarán comicios para elegir a los 109 diputados que conforman el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Estas elecciones servirán no sólo para inaugurar de manera adelantada la X Legislatura y formar el decimotercer Gobierno en más de 30 años de democracia en Andalucía -siempre en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1982-, sino también para “constatar” las profundas transformaciones que se están incubando en el paisaje político nacional, donde aparecen nuevos partidos con voluntad de liquidar el monopolio del bipartidismo en el que se han instalado los dos grandes partidos que se alternan en el Gobierno de España y en la mayoría de las Autonomías y Ayuntamientos del país.

Andalucía, ante ese panorama convulso, anticipa la convocatoria a las urnas para evitar verse afectada por el vendaval de cambios y transformaciones, no dando oportunidad a que los nuevos partidos organicen sus estructuras en la región ni concreten sus programas y candidatos. Se propicia, de esta manera, la campanada del primer asalto de un año electoral que obligará a los españoles acudir hasta en cuatro ocasiones a las urnas.

Decía un entrañable amigo, gran filósofo y mejor poeta, ya desgraciadamente desaparecido, que le gustaba la democracia cuando representada la diversidad. No era partidario de las mayorías absolutas porque tienden, en su opinión, a “patrimonializar” las instituciones y dejarse tentar por los “bajos instintos” de manejar lo público con propósitos partidistas o lucrativos. Las perspectivas que depara este año electoral a buen seguro le habrían alegrado la existencia, si la vida no hubiera sido tan rácana con él. La “atomización” de los parlamentos, según vislumbran todos los sondeos, marca la señal de unos tiempos venideros en los que ya nada será negro o blanco -o si se prefiere: azul o rojo- dominados por el Partido Popular (PP) o el PSOE. La política, al fin, reflejará la pluralidad existente en la sociedad y estará obligada a dialogar, negociar y pactar para responder a la voluntad popular cuando quiera constituir gobiernos. Gobiernos de coalición o gobiernos en minoría que deberán aprender a consensuar políticas y compartir iniciativas si aspiran a conseguir el respaldo necesario para poder llevarlas a cabo.

Ese es el resultado que se prevé en las elecciones andaluzas, que se convierten, por lo pronto, en el laboratorio donde se ensayan las posibilidades reales de cada tendencia. Hasta cinco partidos compondrán el arco parlamentario andaluz, hasta la fecha ocupado mayoritariamente por PSOE y PP, junto a la presencia testimonial de los comunistas de Izquierda Unida (IU). Aunque sin tiempo para consolidarse, Podemos y Ciudadanos, las nuevas formaciones que atraen actualmente la confianza de los ciudadanos, accederán a un fragmentado Parlamento andaluz con tal fuerza como para disponer de la llave de la gobernabilidad. Se abre con ello un abanico de posibilidades que inquieta a todos, sobre todo a los acostumbrados a imponer su santa voluntad mediante el “rodillo” parlamentario de la mayoría absoluta.

En cualquier caso, los socialistas parten con la ventaja de batirse en un feudo que controlan y donde tienen establecida una red clientelar que les garantiza un “suelo” de votos nada despreciable. La desafección que sufre el PSOE en la región todavía no parece ser tan grave como para condenarlo a la irrelevancia, como sucede con los socialismos de otras latitudes. De ahí que persigan recuperar la hegemonía que perdieron, por última vez, en 2012 y que les obligó a formar coalición con IU para impedir que gobernara la minoría mayoritaria obtenida por PP. Las múltiples encuestas que pulsan la opinión de la autonomía más poblada de España señalan que, una vez más, los socialistas ganarán estas elecciones, pero sin alcanzar la soñada mayoría absoluta. De confirmarse tales pronósticos, se trataría de un triunfo (insuficiente, pero triunfo) que permitiría al PSOE mantener el timón de la Junta de Andalucía, afrontar desde el Ejecutivo la culminación de la instrucción del sumario de los ERE que investiga con ahínco la juez Alaya y que tiene “señalados”, entre otros altos cargos, a los expresidentes anteriores del Gobierno andaluz (Manuel Cháves y José Antonio Griñán), ya imputados por el Tribunal Supremo (por su condición de aforados) para que presten declaración sin acusarlos aún de ningún delito, y lo que aún es más importante, ofrecer una relativa sensación de recuperación y fortalecimiento a un PSOE que busca desesperadamente volver a congraciarse con su electorado.

Desde que Susana Díaz accediera a la presidencia de Andalucía, al sustituir a José Antonio Griñán después que éste abandonara el cargo para ocupar un puesto de senador en las Cortes Españolas, no ha hecho otra cosa que distanciarse y diferenciarse de los hábitos y escándalos que han sacudido al Gobierno andaluz y al partido que lo sustenta. El caso de los ERE y el de los cursos de formación, más allá de la corrupción que evidencian en determinadas personas, entidades y empresas, cuestionan sobremanera la forma de administrar unos recursos públicos sin el debido rigor y con una inaceptable arbitrariedad. No es de extrañar, por tanto, que la inquilina de San Telmo afirme en cualquier circunstancia que la corrupción le avergüenza y que será implacable en la lucha contra ella. Su gestión a lo largo de esta media legislatura larga que lleva al frente de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por ese afán de no verse salpicada por una corrupción que parece sistémica y por intentar adoptar iniciativas económicas y sociales que puedan contraponerse a las implementadas por el Gobierno de la nación desde Madrid. Esa actitud la ha posicionado como referente del PSOE a escala nacional, posibilitando el rumor, ampliamente extendido desde la oposición de manera interesada, de que su objetivo real es ser candidata a la presidencia del Gobierno de España, intención que ella niega por activa y pasiva. Tanto una cosa (nueva forma de gobernar) como la otra (sus ambiciones) van a dilucidarse en las próximas elecciones andaluzas.

Pero una cosa es clara, Susana es esclava de sus palabras: ha prometido que jamás gobernará ni con el Partido Popular ni con Podemos. Le quedan, entonces, pocas opciones si consigue validar los resultados de las encuestas. O gobierna en minoría, apoyándose en pactos puntuales con las demás fuerzas políticas, en función de la materia, poniéndose a merced de las contraprestaciones que exijan unos y otros, o alcanza un acuerdo de coalición con IU y Ciudadanos, si los resultados permiten forjar una mayoría entre ellos. Ya ha experimentado un gobierno de coalición con IU en esta legislatura sin mayores problemas, salvo puntuales roces rápidamente sofocados, aunque para diferenciarse de cara al electorado ambos coaligados han acusado mutuamente al contrario de ser culpable del adelanto electoral. Si Ciudadanos es todavía una incógnita por descubrir en Andalucía, digan lo que digan los sondeos, IU se desangra ante la acometida de Podemos y las intrigas estratégicas que buscan preservar al menos los logotipos de la formación. El desgarro que le provoca el CUT, el partido rural de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, al unirse a Podemos, ni siquiera inquieta a esta izquierda arrinconada por la historia, los bandazos y los empellones del PSOE y, ahora también, de Podemos, que le arrebata programa y simpatizantes a diestra y siniestra

Claro que la derecha no está mejor. Pero eso será materia para otro artículo.