jueves, 31 de enero de 2013

Resistir enero


El año consume su primer mes con prisa, con ganas de agotar un tiempo estigmatizado por agoreros de toda ralea que avisan malos augurios y dificultades. Los calendarios han deshojado una página tiznada de incertidumbres como quien se libra de una pena injusta. Por eso enero brinda, cuando hoy acaba, el respiro de dejar atrás un bache, un alivio momentáneo por superar el primer obstáculo que se levanta en un período de calamidades en el que abundan las lluvias empeñadas en inundarnos de recortes y vientos furiosos que quiebran derechos sociales. Se marcha un enero oscuro y frío para dejar paso a días en los que la luz es más generosa y clara, como la esperanza o una tregua. Resistir enero es abrigar el deseo de un tiempo mejor, aunque nada que lo presagie.

lunes, 28 de enero de 2013

El País se equivoca

El diario El País, que nació con la pretensión de convertirse en referente del periodismo de calidad en España, ha estado acariciando ese objetivo durante mucho tiempo, desde cuando los albores de la democracia asomaban tras la muerte del dictador y la gente estaba ávida de información, de verdadera información. Por aquel entonces había poca posibilidad de conseguirla ya que los medios existentes o estaban maniatados por la censura o seguían con el síndrome de Estocolmo por no importunar al poder. El País vino a aportar un poco de aire fresco al mundo de la prensa en este país.

Después de algunas décadas en que, realmente, supo situarse entre las cabeceras más prestigiosas no sólo de España, sino del mundo, el periódico de la madrileña calle Miguel Yuste, perteneciente a un conglomerado empresarial de comunicación –PRISA-, ha tenido que ahormarse a lo que es, una empresa que edita un diario. Ya conocemos el fin supremo de cualquier empresa: ganar dinero. Algunas ganan dinero amasando pan, otras vendiendo enaguas y unas pocas elaborando información que distribuyen, previo pago, en papel u otros soportes. Y como empresa, El País está viéndose zarandeado por una crisis que lo empuja a echar a muchos de sus mejores periodistas a la calle para reducir costes y de paso, claro está, adelgazar la plantilla, pero sin desprenderse de ninguno de sus altos jerifaltes que ganan más que cien periodistas juntos.

También debe competir más reñidamente en un mercado donde abundan tiburones que le arrebatan aquellas piezas que nutrían sus exclusivas. Alineado con cierto poder que, en resumidas cuentas, sólo reconoce como igual a sí mismo, se ha visto desposeído de la atalaya privilegiada en la que hallaba favores y protección y que ahora debe compartir con otros medios de igual jaez, aunque tal vez menos exigentes y acaparadores. Lo cierto es que El País se va pareciendo más a un escuálido periódico de provincias, escaso en papel y pasta gansa, pero más pobre aún en información, datos y opiniones que señalen una orientación fiable a la opinión pública. Está malgastando confianza y perdiendo credibilidad. Hasta el extremo de olvidar sus propias reglas deontológicas cuando imagina poseer una “exclusiva mundial” con la que podría recuperar su antiguo esplendor y congraciarse con propios y extraños. Así se da “el gran patinazo”.

El País publica en portada una foto falsa de Hugo Chávez, en la que aparece intubado y en una sala de operaciones. En ningún momento se pudo certificar su autenticidad y, según el director adjunto, “nadie planteó su oposición” [a publicarla]. Ni siquiera se la enseñan al colaborador en Venezuela para evitar filtraciones, tan sólo le previenen de que publicarán una “información sensible”. Cuando se dan cuenta del error, ya es tarde. Las redes sociales echan humo advirtiendo del ”error de El País” cuando la edición impresa del diario ya se estaba distribuyendo en Latinoamérica.

Pero si grave ha sido fallo periodístico, peor ha sido la disculpa: “Consideramos que la fotografía era buena y seguimos de forma natural”. ¿Y qué es lo natural?  Apreciar a simple vista que la persona de la imagen se parece a Chávez y que nadie pone reparos a la intención del director adjunto, salvo otro subdirector quisquilloso que duda de la ética de publicar la imagen de un enfermo. Tenían prisa por adelantarse a El Mundo, a quien también le habían ofrecido la fotografía. En plenas negociaciones con la agencia (20 mil; no, 10 mil; ni pa ti ni pa mi, 15 mil; vale, trato hecho), tampoco su director puede atestiguar la fiabilidad de la foto ni de la fuente: “me la han podido colar”, responde ante la posibilidad de un engaño. Todo el mundo confía en la sinceridad del vendedor de la fotografía porque no quieren ni pensar en perder la primicia de “una noticia relevante” acerca de un Gobierno que no informa sobre la salud de su Presidente. Desdecir a la república bolivariana bien merece jugársela.

Parafraseando la cita de Hearst, se podría decir que en El País estaban siguiendo la máxima de no permitir que la realidad les estropeara... una primicia. Sólo así se explica que consideren “verificada una fotografía que no habíamos verificado”, como reconoce Javier Moreno, director del diario, en el artículo en que reconstruyen el relato del “gran patinazo”. Una metedura de pata descomunal de la que sólo aciertan a explicar que la verificación de la autenticidad de la fotografía fue abandonada en aras de la primicia. Con ella abandonaron, también, toda la elevada pretensión de ubicarse en la cúspide de la prensa seria y rigurosa, aquella que no pierde los nervios ante ningún dato (o foto) no contrastado y verificado de manera diligente. Eso es lo que exigen los lectores de la prensa que sirve de referencia y lo que se esperaba de El País.

Pero no hay mal que por bien no venga. En todas las facultades de periodismo están tomando el insólito patinazo de El País para impartir una lección práctica de cómo la soberbia de los poderosos los lleva a franquear sus propias reglas y a rebajar la guardia de la profesionalidad. Creerse una referencia del periodismo no los exime de que se la metan doblada.

domingo, 27 de enero de 2013

La corrupción (y 3)

Hemos comentado, en las dos entradas precedentes, que la corrupción está afectando de modo gravísimo a la esfera política (tanto a los partidos como a la gestión pública) y la hemos intentado encuadrar en un contexto social que explica no sólo su tolerancia y justificación, sino también su propagación a partir de determinados hábitos arraigados en el comportamiento de una parte significativa de la sociedad española. Parece que la coexistencia de múltiples formas de chanchullos e irregularidades en lo cotidiano, de cualquier graduación, abona o facilita también la corrupción entre los estamentos más elevados y cualificados de la sociedad, dando lugar a esos escándalos por saqueo de las arcas públicas mediante la expoliación de las instituciones que protagoniza la casi totalidad de las formaciones políticas que integran el arco parlamentario de este país, arco que en realidad se reduce a cuatro o cinco partidos con posibilidad de gobernar alguna instancia de la Administración (local, comunitaria o central). Y concluíamos esos comentarios apelando a la implicación de todos los ciudadanos a la hora de combatir tan nefasto mal de nuestro modo de convivencia, ya que sin la participación de todos los componentes del cuerpo social sería imposible la erradicación de la corrupción de forma absoluta.

Además de la transparencia en la gestión pública (publicidad sin restricción de todos los procedimientos) y del control riguroso de cuantas cuentas administren fondos procedentes del dinero de los contribuyentes (constantes auditorías internas y externas y conocimiento público de ingresos y gastos reales), quedaba claro que sin una profunda regeneración cívica el problema no quedaría resuelto completamente. Era imprescindible –insistíamos- una “tolerancia cero” frente a cualquier forma de corrupción, independientemente su tamaño, si la voluntad es la de extirpar definitivamente ese mal de nuestra sociedad. Sorprenderse y alarmarse por la “alta” corrupción y consentir y silenciar la de “baja” intensidad (pecata minuta) como si fuera, por su insignificancia, algo inevitable y normal, es “engordar” un fenómeno que crece en descaro y avaricia, precisamente por esa “complicidad” con que es tolerada en nuestro entorno más cercano. Cortar de raíz lo que alimenta desde su nacimiento la corrupción en el tejido social es cercenar las posibilidades de que esta hidra crezca insaciable hasta alcanzar el tamaño de esos casos de corrupción que hoy tanto nos preocupan y alarman.

Debemos asumir individualmente nuestra responsabilidad ante el fenómeno de la corrupción. Su envergadura y extensión ya no permiten la indiferencia de nadie, y menos de los honestos y honrados ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y son respetuosos con las leyes, a los que la corrupción o bien les detrae recursos o bien les suprime servicios por el saqueo que comete en las instituciones que deberían prestarlos.

Justo en estos tiempos en los que la austeridad es una necesidad vital para la prestación de los servicios públicos a que estábamos acostumbrados, debemos extremar la vigilancia ante las sospechas de corrupción y exigir la transparencia y el control que venimos reclamando.

Pero queda un paso más. Resta nuestra responsabilidad en la elección de nuestros representantes en la política. No podemos ni debemos confiar ciegamente en personas que ni siquiera ocultan su intención de aprovecharse de las instituciones cuando las conquisten en virtud de su trayectoria histórica y personal. Entre tanto no se permitan las listas abiertas de candidatos, deberemos ser exigentes y escrupulosos a la hora de votar en unas elecciones, sean generales o parciales. Si ningún candidato merece nuestro respaldo, el voto en blanco –no la abstención- sería la opción apropiada para expresar nuestro rechazo y nuestra desconfianza por la oferta electoral. Una mayoría de votos en blanco obligaría a repetir las elecciones y sustituir a los candidatos.

El amparo de unas siglas no garantiza la idoneidad de ningún candidato, aunque parezca responder a la opción política que preferimos. Votar requiere conocer, aunque sea someramente, a las personas que se prestan a representarnos, y asegurarnos de que, de antemano, no albergan más intención que la de ejercer de servidores públicos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Su biografía y la trayectoria profesional nos brindan esa oportunidad de conocimiento mínimo necesario de quienes nos piden el voto y solicitan nuestra confianza. Siendo tan trascendente el “contrato” que rubricamos cuando votamos, no se entiende que entreguemos las “llaves” de los dineros públicos y el “poder” para manejar las instituciones a su antojo a personas como Jesús Gil, José Mª Ruiz Mateos o -por poner un ejemplo reciente, aunque fallido- Mario Conde en sus aventuras políticas, refrendadas por los ciudadanos que los auspiciaron. O esos otros que, a pesar de estar imputados por la justicia, siguen mereciendo nuestra credibilidad. Ninguno de ellos provenía con un historial que careciera de “avisos” de lo que iban a hacer cuando administraran nuestros recursos: esquilmarlos en su sólo beneficio.

De ahí que, en conclusión, debamos exigir mayor control y absoluta transparencia en la esfera de la política y la gestión pública, regeneración cívica en la manera en que nos comportamos colectivamente y responsabilidad individual en la elección de las personas en quienes depositamos nuestra confianza en las urnas. Del compromiso que asumamos en cada uno de estos niveles de responsabilidad, dependerá la permanencia o erradicación de la corrupción de nuestra sociedad. Es un asunto complejo y difícil que demanda nuestra atención. No miremos hacia otro lado y luego nos sorprendamos con la aparición de un nuevo caso. Usted será tan responsable como el que vacía sus bolsillos.  

viernes, 25 de enero de 2013

La corrupción (2)

Cabría hacerse una pregunta cuando observamos los casos de corrupción que afloran en la política: ¿Es sólo en ese ámbito donde germinan este tipo de irregularidades y abusos? Debería plantearse la pregunta porque, para abordar el combate contra la corrupción, sería preciso determinar la extensión de ésta y las condiciones que abonan su existencia, a fin de zanjar de raíz este mal que parece aquejar a la sociedad española.


Y es que, a pesar de lo expresado en el capítulo anterior, la corrupción no está arraigada únicamente en la “cosa pública” como parece, ni es exclusiva de ella. El fenómeno de la corrupción obedece a condicionantes sociales, culturales y morales que hacen que se tolere hasta cierto punto su existencia no sólo con benevolencia, sino incluso como reacción defensiva (ahora me toca a mi) cuando las circunstancias lo permiten. Además, la tendencia al incumplimiento de las normas y las irregularidades que comportan muchos actos proceden de hábitos extendidos en la población, hasta el extremo de poder afirmar que surgen políticos corruptos porque la sociedad es corrupta. También hasta cierto punto, vuelvo a repetir.

Para convencerse de ello basta con analizar las experiencias que continuamente vivimos en nuestras relaciones cotidianas. Saltarse un semáforo, conducir a mayor velocidad de la permitida o aparcar en doble fila son ejemplos de “irregularidades” que realizamos con la convicción de estar sorteando obstáculos que dificultan la “fluidez” de la circulación. No son graves hasta que provocan un accidente, entorpecen la actuación de bomberos o ambulancias y generan el caos en el tráfico rodado. Y es que ese mismo “listillo” que cree comportarse con resolución ante lo que impide su libertad de desplazamiento, también, dada la ocasión, es renuente a guardar su turno en las colas, alardea de no pagar alguna factura y de “escaquearse” de sus obligaciones cuando puede. No olvidemos que, efectivamente, España es la patria de la picaresca, no sólo novelesca, sino también por la abundancia de estos personajes en la vida real.

Raro es el estamento o clase social que no cobija “pícaros” que piensan que los demás son tontos. Sisar en la compra, no declarar ingresos al fisco o permitir “obsequios” de proveedores que, en algunas actividades, aseguran así la adquisición de su producto, son otros ejemplos de conductas que, llegado el caso, podrían no hacerle ascos a las prácticas penalmente corruptas. Cualquiera de los que cometen estas faltas, si accediera a la actividad política, consideraría “normal” saltarse determinadas reglas con tal de lograr los objetivos perseguidos. Y eso en el mejor de los casos, cuando sólo procuran “acelerar” iniciativas más o menos beneficiosas al conjunto de la sociedad. Porque hay también a los que les tienta la avaricia. ¿Cuántos conoce usted en su ambiente? El médico al que determinados laboratorios “financian” la asistencia a un congreso, el taxista que hace un recorrido innecesario que incrementa el coste de la carrera o el taller que cobra piezas no sustituidas por recambios originares, son otras muestras de esa particular idiosincrasia española hacia la picaresca.

La política, por tanto, es mero reflejo de la sociedad en la que se halla inserta. El político corrupto es una persona que se comporta de igual forma en la vida diaria, esquivando con irregularidades y “atajos” lo que considera impedimentos para el desarrollo de su actividad o cometido. Lo único que cambia es la “cantidad” de la tropelía que comete, no la “calidad”. Ya no es un boli que no paga en unos grandes almacenes, sino una cuenta en Suiza con millones de euros que ha detraído del dinero que debía administrar con discreción y… sin control. Pero la catadura moral de quien realiza ambas sustracciones es la misma, así como la falta de honradez y la carencia de cualquier sujeción ética. La corrupción florece gracias a ese substrato árido en principios que parece conformar la conducta de estos individuos difíciles de avezar a la legalidad.

En puridad, no existe más corrupción en el gremio de la política que en el de fontaneros o médicos, por señalar ejemplos distintos y distantes. En todos ellos conviven sinvergüenzas que aprovechan cualquier oportunidad para enriquecerse u obtener ventajas (económicas, laborales, etc.) sin respetar la igualdad de oportunidades ni las normas que regulan su actividad. Lo que sí es cierto es que la magnitud de los casos de corrupción que estamos conociendo en la política es tremendamente grave e importante, tanto por el volumen de lo defraudado como por las consecuencias negativas que acarrean en la percepción de la democracia por parte de los ciudadanos. Siendo intolerable el dinero robado a los contribuyentes, más inaceptable es aún el daño que ocasiona en la confianza que la sociedad debe guardar del sistema político y sus instituciones. Una desconfianza que no sólo provoca la desafección política y la abstención de los votantes, sino que alimenta los “populismos” de uno y otro signo que fragmentan la voluntad popular mediante apelaciones emocionales, no racionales.

La denuncia de la corrupción política no debe, sin embargo, hacernos perder la perspectiva a la hora de erradicar su práctica en cualquier escenario. Una sociedad sana no consiente “trampas” en ningún nivel ni a ninguna escala. Debe erradicarlas todas. Más que una regeneración de la política, necesitamos una regeneración cívica, en la que la rectitud de las personas, cualesquiera las circunstancias en que se desenvuelvan, sea la impronta de sus conductas. Sólo así se instalaría una “tolerancia cero” a la corrupción que impediría su arraigo entre los hábitos sociales. Para ello, aparte de la transparencia y el control ya citados, se hace preciso la asunción de valores que repudien estas prácticas por parte de todos los ciudadanos. Combatir la corrupción empieza en uno mismo.

miércoles, 23 de enero de 2013

La corrupción (1)

Hay sensación de hartazgo entre la población por el cúmulo de noticias que, día sí y día también, revelan que las prácticas de corrupción afectan, como una pandemia intratable, a todos los partidos políticos de España, en los que la gravedad de la infección indica no sólo la carencia de una salud honrosa, sino la disponibilidad de manejar fondos públicos, o dicho más claramente, la capacidad de gobernar cualquier administración de la que se puedan “garrapiñar” ingresos opacos. Es decir, los partidos que están menos contaminados por corrupción lo son porque aún no se les ha confiado la “caja” de los caudales públicos. A tal nivel ha llegado la insoportable inmoralidad que parece caracterizar el ejercicio de la política en España, que ha llevado al convencimiento de la opinión pública que, hoy por hoy, el político que no roba es porque no puede, no porque no quiere, hecho que se sustancia en la conclusión: “todos son iguales”. La guinda la pone ahora el encargado de finanzas del Partido Popular hasta ayer mismo, Luis Bárcenas, a quien el juez le ha descubierto cuentas secretas en Suiza con un saldo de, al menos, 22 millones de euros: para entendernos, cerca de 4.000 millones de pesetas. Se dice pronto. Por mucho menos le han suprimido la paga extra de Navidad a los funcionarios, por ejemplo.

El caso del extesorero del PP es particularmente grave. No se trata sólo de un señor al que la avaricia le empuja a engañar a su propio partido para su enriquecimiento personal. Es algo peor: es la sospecha de determinadas “prácticas” fraudulentas que permiten la financiación de las actividades de los partidos, irregularidades de las que se aprovechan desaprensivos de toda índole para el lucro personal. Siempre se ha dicho que los partidos no pueden cubrir sus gastos con las simples cuotas de sus afiliados ni con las subvenciones oficiales. Por ello crean fundaciones y elaboran diversas estratagemas para recaudar fondos que posibiliten una financiación insuficiente. Gastos astronómicos que, al conocerlos, causan pavor. Téngase en cuenta que los emolumentos de muchos altos dirigentes superan, con creces, los sueldos de los grandes ejecutivos de cualquier empresa. Y todo ello es dinero público, de una u otra forma.

Donaciones anónimas, patrocinios, concursos públicos “preconcedidos”, comisiones de empresas que aseguran su relacionan con la Administración, actos partidistas que se disfrazan de institucionales para que los sufrague el organismo oficial de turno y mil “chanchullos” más que sirven para lograr esa “liquidez” que posibilita el funcionamiento de los partidos. Mil oportunidades a disposición de quien, sin  escrúpulos legales o morales, se halla en medio de un caudal de dinero en el que sólo tiene que sumergir la mano para “mojarse” de las “ganancias”, máxime si todo ello escapa a cualquier control, por su propia naturaleza irregular. De esas prácticas que destruyen el sistema inmune (defensivo) de las formaciones, brotan los gürtels que, cual enfermedades oportunistas, aprovechan para “chupar” hasta la última gota sangre que alimente, a base de euros, la vida de los partidos. La multiplicación de estos casos delata la existencia de un cáncer que interesa a órganos vitales de la democracia, poniendo en serio peligro la convivencia ordenada y pacífica de la Sociedad. Las metástasis de este cáncer ya infectan los límites de la propia Jefatura del Estado, los partidos políticos y las administraciones públicas. No se trata, por tanto, de un mal menor, sino una enfermedad “mortal” que hay que abordar de forma contundente e inmediata, como algo que nos concierne a todos.

La “medicina” que se debe aplicar es de sobra conocida, aunque los “pacientes” sean reacios a tomarla. Para empezar, los partidos políticos y el Gobierno deben adoptar medidas para que la transparencia absoluta se imponga -voluntariamente o mediante la ley- en la contabilidad de sus finanzas y no dejen ningún resquicio a la opacidad, haciendo público cualquier ingreso, de la naturaleza que sea, y todos los gastos (salarios incluidos) que se realicen con el dinero de los contribuyentes. En realidad, no existe ningún impedimento para llevar esto a cabo, salvo la voluntad expresa de no hacerlo. Ya no vale la excusa de que la financiación está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas porque, hasta la fecha, ese organismo no ha podido, sabido o querido detectar ninguna de las “irregularidades” que terminan “evolucionando” hacia los casos de corrupción que salpican la política nacional. Ni siquiera Hacienda o la Agencia Tributaria, con toda su facultad para descubrir fraudes, ha advertido los denominados “sobres” que presuntamente se repartían determinados dirigentes para engrasar una maquinaria de favores que tejen una red clientelar en la que todos acaban “atrapados”, de manera activa o pasiva. La transparencia y el control rigurosos tal vez no habrían evitado la comisión de estas prácticas, pero las hubieran dificultado en gran medida..

La publicidad en su funcionamiento y la obligación de hacer público todos los ingresos y gastos en los que incurra todo organismo que conste con financiación pública (Estado, Gobierno, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones, partidos, sindicatos y demás entidades subvencionadas), en cualesquiera de los momentos procedimentales que se deseen consultar por los ciudadanos, impedirían la proliferación de estos graves y bochornosos casos de corrupción que tanto socavan la credibilidad de la actividad política y, en general, del sistema democrático en España.

Pero yendo un paso más allá del mero control administrativo de los dineros de los contribuyentes, sería urgente la modificación de la normativa electoral, en el sentido de permitir que sean los electores los que elijan, a través de listas abiertas, los candidatos que prefieran de entre los que se presentan por cada opción política. De esta manera, los elegidos deberían su confianza a los votantes de cada circunscripción y su reelección no vendría determinada por los intereses de los aparatos del partido. Su trabajo y su dedicación estarían orientados a satisfacer las demandas de quienes los votaron y no a seguir ciegamente las directrices partidistas.

Junto a las listas abiertas, sería imprescindible la limitación de mandatos. Todas las “camarillas” y familias que se forjan en los partidos políticos nacen del sentido patrimonialista que emerge en quienes desempeñan durante tiempo ilimitado cualquier función orgánica o institucional, ya sea en las formaciones políticas como en los cargos públicos. La conveniente renovación de personas, tras un período tasado para el ejercicio de un cargo político (desde Presidente de Gobierno a simple concejal municipal), evitaría el enraizamiento de intereses que conforman esa red clientelar que sirve de caldo de cultivo a la corrupción.

Y es que, con cerca de medio siglo de democracia, ésta forma de gobierno requiere de una actualización en sus procedimientos para que continúe, gracias a la confianza que inspira en los ciudadanos, brindando el mejor modelo de participación colectiva que se conoce y el mayor periodo de paz, progreso y justicia jamás disfrutado en España. Lo que nos jugamos, pues, es mucho, y ello exige compromiso: a todos.

viernes, 18 de enero de 2013

Una corona obsoleta

La Jefatura de Estado es una figura simbólica que representa, en su singularidad, al conjunto de la Nación ante los propios ciudadanos y frente a otras naciones o estados con los que guarda relación en su proyección internacional. Un Presidente de república o un Rey son, en la actualidad, los cargos que asumen esa función representativa de la cúspide estatal en las democracias modernas, que depositan, en cambio, la acción de gobierno real en los elegidos para tal fin por el pueblo soberano en cada proceso electoral. De ambos modelos (república/monarquía), el más democrático es el Jefe de Estado elegido directamente en unas elecciones ex profeso. No es el caso de España.


El rey de España no fue elegido más que por el dictador Francisco Franco para que le sucediera cuando falleciera. Para ello, lo nombró sucesor de su Régimen y declaró a España reino, reinstaurando la monarquía, pero saltándose la histórica sucesión hereditaria que correspondía al padre del actual rey, Don Juan de Borbón, quien de manera renuente renunció a sus derechos, en favor de su hijo Juan Carlos, cuando los hechos consumados eran irreversibles.

Es mérito del rey Juan Carlos propiciar la evolución de la democracia en España, que se dota de una Constitución que avala la Corona como la institución que asume la Jefatura del Estado con el título de Rey de España, como símbolo de unidad y permanencia del Estado. El refrendo de la Constitución legitima aquella designación franquista del Rey y la reinstauración de la monarquía en España, aunque nunca hubo posibilidad de una elección alternativa al modelo de Estado. El “paquete constitucional” votado en referéndum venía con la opción monárquica o nada.

No obstante, ese rey elegido indirectamente supo asumir sus funciones constitucionales y representó una garantía de estabilidad democrática, en especial cuando rechazó las pretensiones de los que intentaron un Golpe de Estado, secuestrando al Gobierno y a los parlamentarios en la intentona del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante la sesión de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, el 23 de febrero de 1981.

El proceso modernizador que trajo apareada la democracia en España favoreció la confianza y el respeto por la Corona durante lustros, hasta el extremo de ser la institución mejor valorada por los españoles. La Familia Real representaba un ejemplo de austeridad y comedimiento en comparación con otras realezas contemporáneas, acostumbradas al boato y el dispendio. Ello, en parte, era consecuencia de la discreción con la que el Rey conducía sus asuntos de índole privada (aficiones) y el oscurantismo que ha impedido el conocimiento al detalle de la partida presupuestaria que se le asignaba.

Hoy, sin embargo, la Corona está en cuestión por múltiples causas. En primer lugar, por el conocimiento de “excesos” cometidos tanto por el Rey como por miembros de su familia. La “urna de cristal” que protegía a los habitantes de La Zarzuela se ha roto con los problemas matrimoniales y los escándalos de corrupción que envuelven a las princesas, además de ese poco “elegante” safari en África del Rey para cazar elefantes cuando su país sufría una de las peores crisis económicas que se recuerdan y que aboca al paro a millones de personas.

Los que nunca fueron súbditos descubren que los ciudadanos tienen derecho a saber y controlar las instituciones con que se dotan para regular la convivencia en común. Empiezan a exigir transparencia y explicaciones de actitudes que debían ser, en el caso del Rey, refrendadas por el Gobierno en nombre de la soberanía popular. El “aura” que ligaba a los reyes con la divinidad en sus orígenes desaparece definitivamente en unas democracias que permiten a los pueblos fiscalizar, en teoría, todas sus instituciones, aunque consientan a la monarquía algunas de esas rancias atribuciones, como la inviolabilidad e inmunidad absolutas y la sucesión hereditaria de su titular.

Ninguno de los méritos que atesora al Rey le ha eximido de ese interés ciudadano por sus actos ni de la necesidad de verse obligado a pedir perdón por los sucedido en Botsuana, donde se desconocía que hubiera acudido invitado por millonarios extranjeros a una cacería, junto a acompañantes privados, país del que tuvo que ser trasladado con urgencia a España por romperse una pierna. Pedir disculpas y ofrecer votos de enmienda no han frenado el descrédito de la monarquía.

Ni siquiera el simulacro de entrevista que le hiciera Jesús Hermida en prime time en Televisión Española, ni la actualización de la página web de la Casa del Rey, en la que excluye de la Familia Real al yerno imputado por corrupción, ni el desglose todavía no pormenorizado de sus gastos, evitan el cuestionamiento de la Corona en España. Un cuestionamiento que todavía no terminan por comprender que no se debe sólo a los escándalos que conciernen a sus Altezas, tan humanas como las demás, sino a causas más profundas.

El motivo más importante de la desafección ciudadana de la monarquía es su obsolescencia. Los problemas de sus miembros sólo han evidenciado la naturaleza nada especial con la que se arrogaban privilegios y prebendas, cuando en realidad debían ser altísimos funcionarios expuestos a la responsabilidad de sus actos. La institución monárquica, como la religión, se adapta con dificultad a sociedades regidas por la racionalidad y la democracia, que relegan al ámbito de lo particular las creencias y los hábitos que perduran sólo por tradición.


La democracia y los escándalos llevan a los españoles a someter a enjuiciamiento crítico una Jefatura de Estado sin apenas control y de sucesión hereditaria, tal como contemplaban los egipcios a sus faraones hace miles de años. Si la propia Constitución establece la igualdad de los españolas sin distinción, ¿qué hace distinto al Rey?

Una Jefatura de Estado, encarnada por una personalidad de reconocido y contrastado prestigio y rectitud personal, elegida de forma democrática por un plazo de tiempo previamente establecido, y que no suponga el mantenimiento de toda una pléyade aristocrática, seguro que representaría dignamente la elevada función simbólica que le estaría encomendada, con el añadido de que sus abusos y escándalos serían reprobados por los ciudadanos en cada elección y vigilados y castigados por la justicia sin la coraza de una impunidad e inviolabilidad vitalicia. Este “despertar” de los ciudadanos a “otra” realidad (sin miedo al nombre) republicana, es el mayor peligro de la Corona española, una corona obsoleta. Y la culpa la tiene la propia monarquía.

jueves, 17 de enero de 2013

Esperanza Aguirre, una política amateur

Con 61 años, Esperanza Aguirre deja la política activa para probar suerte en la empresa privada. Y para justificarse, afirma que siempre había pensado que la dedicación política no podía convertirse en una profesión, sino que debía considerarse una prestación temporal de servicio a la sociedad. Y sonríe, dibujando en su rostro ese medio círculo que caracteriza su imagen simpática. Esto es, precisamente, lo mejor que sabe hacer: decir lo que se le ocurre, aunque sea lo contrario de lo que hace, y mostrar a continuación una cara ingenua de inocencia. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el personaje se las trae.


La expresidenta de la Comunidad de Madrid lleva toda su vida dedicada a la política, aunque ella se considere una amateur no profesional. Condesa consorte de Murillo y Grande de España, es licenciada en Derecho aunque nunca ejerció como tal, sino que prefirió la carrera funcionarial, accediendo como técnica, en 1976, al Ministerio de Información y Turismo, ocupando diversos puestos hasta 1979, en que da el salto a la política. Adscrita a la corriente de pensamiento aglutinada en torno al Club Liberal de Madrid, perteneció al extinto Partido Liberal hasta que, en 1983, formando parte de la Coalición Popular, es elegida concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces no para de ocupar cargos públicos, pero siempre desde una consideración “temporal”. El “Pepito Grillo” de la oposición no era ella, sino Alberto Ruiz-Gallardón, al que desde entonces se la tiene jurada por impedirle brillar con su simpática luz de mediocridad intelectual.

Una luminosidad tan atractiva entre la gente que llama la atención de José María Aznar, que la nombra Ministra de Educación de su primer Gobierno, en 1996. En ese cargo no deja de caer simpática por sus yerros y la disposición dicharachera que tanto gusta a los medios de comunicación, que la adoran. Es la época de sus gazapos más sonados, como el que ofreció al contestar: “Sara Mago, una excelente pintora”, cuando se requirió su parecer sobre Saramago, escritor que acababa de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998, o cuando se interesó en 2006 por el paradero de Dulce Chacón, habiendo fallecido la escritora en 2003. Ninguna de estas meteduras de pata ha impedido que su popularidad la acompañase hasta las más altas poltronas, en las que se aposenta con total carencia del ridículo. Así ha sido, gracias a su simpática sonrisa y su pelo cardado libre de prejuicios -y al dedo de su mentor, Aznar-, la primera mujer Presidenta del Senado (1999-2002) y Presidenta durante tres legislaturas de la Comunidad de Madrid (2003-2012), después de haber hecho repetir las primeras elecciones por el escándalo del caso Tamayo, que le confieren la mayoría absoluta.

Ahora, a los 61 años de edad (en un país en que ni los jóvenes tienen fácil la búsqueda de trabajo) y tras dejar durante 29 años muchas “perlas” por el camino (“se tienen que acabar las mamanchurrias”; “qué suerte, le hemos quitado un consejero al hijoputa” -refiriéndose a su compañero Ruiz-Gallardón-), la condesa liberal de la derecha española abandona por cuestiones de salud la primera fila de la política, retorna durante un par de meses a su puesto de funcionaria y decide probar el trabajo en la empresa privada. Ficha como consejera en Seeliger y Conde, entidad dedicada a cazar talentos, como ella. Si así el el perfil que demanda el mercado, no es extraño que las crisis se sucedan y sus consecuencias las paguemos quienes nos divertimos con la simpatía “liberal” de sus promotores. Para mearse de risa y no echar ni gota.

miércoles, 16 de enero de 2013

Inseguridad y cobardía

La inseguridad constriñe la sociedad actualmente. La angustia que la inseguridad genera se ha apoderado de una ciudadanía que presencia, atemorizada, cómo se desvanecen las certezas que posibilitaban afrontar los retos de la existencia y alimentaban una cierta confianza en el porvenir. Hoy, en cambio, nada es seguro, no hay nada garantizado y todo queda a merced de fenómenos inevitables que sólo desconocidos “expertos” saben manejar. No hay alternativas. Hemos llegado a un punto en que ni los estudios facilitan un trabajo, ni el trabajo procura el sustento y mucho menos la estabilidad. Los derechos que ayer redistribuían cargas y repartían justicia, hoy se someten a rentabilidades y costes como únicas medidas de su valía. Es como si, de repente, el cielo se hubiese cubierto de nubarrones que ensombrecen aquel horizonte luminoso que nos iba a deparar prosperidad y progreso. Hoy nada preconiza ese mañana venturoso.

Nos han inoculado un miedo que se extiende como el chapapote sobre el agua y la arena, a los que contamina, ennegreciéndolo todo. Si eres de los afortunados que aún mantienen un trabajo, vives con el temor a perderlo o a sufrir un empeoramiento de las condiciones laborales y a la continua devaluación del salario. Con todo, sigues pagando unos impuestos y tasas que, al parecer, ya no son suficientes para sostener unos servicios públicos que hasta ayer mismo eran viables. La empresa en la que trabajas mantiene la misma actividad que proporcionaba beneficios a sus dueños y empleo a una plantilla que, sin bajar la producción, ahora está siendo reducida progresivamente y debe aceptar el abaratamiento del sueldo si no quiere irse a la calle. Amenaza con la deslocalización. Por ello, soportas cualquier empeoramiento de las condiciones contractuales con tal de mantener el empleo y porque, encima, vecinos en paro te consideran un privilegiado. Cualquier queja tuya la consideran producto de la ingratitud y una desconsideración hacia los apeados de tu posición de aún en activo.

Pero, si formas parte de los que deben ir cada mes a sellar la cartilla del paro por culpa de un ERE, un ERTE o un cierre patronal, representas una carga para el Estado, al que “obligas” a reducir el período de cobranza de las prestaciones por desempleo y el montante de las mismas, a causa de la magnitud de tal “gasto”, aunque hayas estado cotizando durante años mientras estuviste trabajando. Dirán que no has sabido “reciclarte” a las nuevas demandas empresariales y del mercado o que eres un vago que prefiere vivir de la subsistencia pública antes que buscar otro trabajo, siendo reacio a hacerse “emprendedor”, algo muy promocionado. Aún así, ninguna institución te exonera de tus obligaciones “contributivas” (Hacienda, ayuntamiento, comunidad de propietarios, etc.) ni de tus compromisos económicos (hipotecas, préstamos, etc.). Antes al contrario, dejar de pagar puede conducirte al embargo, al desahucio y hasta al divorcio, todo lo cual empeora aún más tu situación y aumenta los gastos a los que hacer frente. Pasas a formar parte de los excluidos de la sociedad. Eso ya no da miedo, provoca pánico.

Miedo, desconfianza e incertidumbre son las sensaciones que van socavando la ilusión de los jóvenes que engrosan nuestras escuelas y universidades por conseguir emanciparse de unas condiciones de origen que los predispone, no sólo a heredar las limitaciones que padecieron sus padres, sino incluso a vivir peor que ellos. La formación educativa y un buen nivel cultural no les garantiza, en esta época de inseguridades, un futuro “esplendoroso” -como diría Rajoy en comparación con las playas del chapapote-, como tampoco un puesto de trabajo. En todo caso, algunos podrían ejercer la profesión elegida, siempre que se ajusten a los parámetros empresariales en los que prevalecen criterios de rentabilidad (mano de obra barata, despido gratis y falta de derechos) frente a los de cualificación y valía profesional (reconocimiento y estabilidad laboral). Tan adaptada está la educación en este país a las exigencias del mercado (provisión de personal reemplazable), que la investigación y la ciencia han sido abandonados por parte del actual Gobierno al albur de unos “ajustes” presupuestarios que consideran “gasto” el fomento del conocimiento científico. Un panorama que convierte en inseguridad todo planteamiento formativo, si no está encaminado a la industria y los servicios, al que los jóvenes pudieran aspirar.

El trabajo (presente) y la educación (futuro) deberían ser los cimientos más sólidos sobre los que se construye el proyecto social de convivencia de cualquier comunidad, pero en España, olvidados por la acción política, se dejan configurar por decisiones económicas que obedecen a intereses ajenos a los demandados por la sociedad o los ciudadanos, se adecuan a la lógica de la economía en vez de a la de la política, entendida ésta como esa capacidad que nos permite cambiar la realidad y ponerla a nuestra disposición. El patrón hegemónico dominante en la actualidad es el discurso neoliberal que impide un orden social distinto y en el que la política queda reducida a la mera gestión administrativa de recetas económicas que dictan unos “gurús” que nadie elige y que, por supuesto, escapan a cualquier control democrático. 

Un “patrón” de sociedad que, además constreñir el presente y el futuro, desvalija el pasado viviente de nuestros pensionistas, los cuales confiaron en terminar sus días seguros de “contingencias” imprevistas que alteraran su plácida vejez. Ese patrón capitalista sacude hoy inmisericorde su jubilación y les reduce sus pensiones, los obliga a pagar una parte de sus medicinas, les niega las ayudas a la dependencia, les obstaculiza el acceso a la sanidad, se desentiende de ofertar plazas en residencias públicas, les cobra por traslados en ambulancias y por la prescripción de recetas y, en definitiva, los trata como una carga que engorda la deuda del Estado.

Como vemos, pues, la inseguridad impregna todas las dimensiones temporales por las que discurre el proyecto vital del individuo en una sociedad, la nuestra, que –en palabras de Fernando Vallespín- “no tiene capacidad de estar a la altura de lo que promete ni de los principios que encarna”.  Se nos está imponiendo un modelo de sociedad que expulsa a cada vez más sectores sociales del sistema y crea nuevas formas de exclusión social, sin preocuparse por ningún tipo de justicia o auxilio que las socorra. Asistimos impávidos, con el miedo en las entrañas, al desguace de lo que llamábamos Estado de Bienestar como si fuera un desastre natural inevitable. Nuestros nietos o tataranietos describirán nuestra época como la de la generación cobarde, presa de miedo por la inseguridad que dejamos nos inocularan.

domingo, 13 de enero de 2013

Cada uno a su manera

Dentro de la semejanza, cada uno aporta particularidades que distinguen y diferencian. Matices que enriquecen la pluralidad, versiones que multiplican las sensaciones y amplían su atractivo entre el público. No se trata de política, sino de música. Personalmente, prefiero a Nina Simone, pero pueden escoger entre esta selección de intérpretes del mismo tema. Cada cual a su manera...impresionante.


 

viernes, 11 de enero de 2013

Un viernes "normal"

Después de las fiestas navideñas, la vida se acomoda a sus rutinas y sus ritmos, devolviéndonos la tranquilidad de lo previsible y controlable, tanto en las obligaciones (de momento) como en el ocio (también de momento). Vuelven otra vez los viernes que reconfortan los periodos laborales que consumen las semanas entre madrugones para trabajar y deberes domésticos que ocupan las tardes. Esta primera semana ¡completa! (sin fiestas) de enero nos restaura la confianza en lo convenido, el sosiego de lo conocido y la continuidad apacible hacia un destino más o menos establecido, sin saltos ni sorpresas. Resurgen, a partir de hoy, los viernes “normales” que tanto valoramos en cuanto significan, aún en su previsibilidad, un excepcional alto reparador en las rutinarias actividades obligatorias, tan cansadas como hartarse de festivos que alteran nuestras costumbres. Y es que no sabemos lo que queremos.

jueves, 10 de enero de 2013

¿Es esta la sociedad que queremos?

Con excusas diversas, se están produciendo cambios en la forma en que basábamos nuestra convivencia en España, a tal velocidad y de tanto calado, que apenas somos capaces a reaccionar y de ser conscientes de sus consecuencias en la mayoría de la población. De pocos años a esta parte, las transformaciones que se presentan como ineludibles desde criterios de eficiencia mercantil están suprimiendo conquistas sociales y derechos individuales que presumíamos inviolables por estar consagrados en la propia Constitución, aquella con la que pensábamos que España se constituía en un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sin embargo, basta prestar atención a lo que acontece en la actualidad para poner en duda que sean esos valores constitucionales los que guían el sentido de unas decisiones que están dándole la vuelta a nuestro modo de vida. He aquí algunos ejemplos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que intervenir para evitar que una pareja con dos hijos pequeños, tras agotar todas las instancias judiciales nacionales, fuera desalojada de una vivienda que ocupó por extrema necesidad de forma ilegal. Si el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, ¿por qué se ha tenido que acudir a instancias supranacionales para que se imparta justicia en España? ¿Acaso hay que llegar a actos de ciega desesperación para que lo “social”, que debería caracterizar a nuestro Estado, sea atendido por el Gobierno antes que lo “económico”? Ya son varios los suicidios protagonizados en diversas ciudades españolas por personas desesperadas que iban a ser desahuciadas por impagos de sus hipotecas. Incluso una pensionista de 74 años  se ha visto obligada a encerrarse en una sucursal del banco BBVA de Guadalajara para forzar una negociación con la entidad que evitase su desahucio. La anciana había presentado su vivienda como aval para la hipoteca de un piso que solicitó su hijo, también pensionista por minusvalía, y que había dejado de pagarla tras perder el empleo.

En Alcalá de Henares, una alumna que iba a matricularse en septiembre para el segundo curso intermedio de inglés no ha podido cumplir su sueño. La tasa de matrícula había subido de 120 a 250 euros, más 19 de gastos. Y eso sin repetir, pues en tal caso la tasa se elevaría a 299 euros. Su familia no podía costear tales gastos y tuvo que renunciar a continuar sus estudios. La “solución” de las becas universitarias tampoco se presenta  factible puesto que, a partir de este curso, se exigirá una nota media de 6,5 y aprobar la totalidad de las asignaturas para poder conseguirla. Ser pobre y del “montón” te condena a convertirte en mano de obra barata, sustituible sin apenas “costo” por despido.

Trabajadores y sindicatos protestan en Valencia ante la Consejería de Bienestar Social por la asfixia económica a la que someten a centros y programas de atención a menores, familias y jóvenes en situaciones de maltrato, desahucios y otros casos de exclusión social, y que eran gestionados por entidades sin ánimo de lucro en aquella Comunidad. Circunstancias semejantes que dejan de ser paliadas y que empujan a un albañil de 57 años, en paro, que intentaba “arreglarse” con las miserias que obtenía como gorrilla en un solar de Málaga, a prenderse fuego porque ya “no tenía ni para comer”.

Menos dramático, pero sin comer, están más de 6.500 niños de cerca de un centenar de colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla a causa de la huelga de transportistas de una empresa que abastecía de alimentos a los comedores escolares de estas provincias, por impagos de la Junta de Andalucía. Las guarderías de la región también habían advertido el pasado verano de que se verían obligadas a cobrar directamente a los padres el coste de sus servicios ante los atrasos en las subvenciones acordadas con la Administración comunitaria.

Los médicos de Madrid dimiten en masa de sus cargos directivos para disuadir al Gobierno de la región de sus planes para la privatización de hospitales y centros de salud. La marea blanca de protestas no frena, sin embargo, una iniciativa en la que no se desglosa ningún detalle ni estudio que evidencie la supuesta “mejora” para la sanidad y el “ahorro” para las arcas públicas que represente una gestión privada frente a la pública. Mientras tanto, se retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, se exige el pago de un euro por receta a los usuarios y se impone el copago en las medicinas a los pensionistas que estaban exentos. Además, se suprimen determinadas prestaciones de la cartera de servicios y el aborto vuelve a estar restringido a supuestos que limitan este derecho de la mujer.

Todas estas medidas –y otras muchas- hunden la capacidad de las familias para el ahorro y abocan al paro y al empobrecimiento general de una sociedad española paralizada de espanto. Según Eurostart, la cifra de desempleados alcanza ya los 6 millones de personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 26,6 por ciento, el doble de la media en la zona euro.

Mientras estas transformaciones van moldeando una nueva sociedad, los casos de corrupción se multiplican y afectan incluso a la familia Real. Más de 300 cargos imputados, repartidos en cinco autonomías fundamentalmente (Baleares, Valencia, Cataluña, Galicia y Andalucía) y que afecta a los partidos mayoritarios, dan muestra del desvalijamiento que los políticos más inmorales y desvergonzados hacen del dinero público. Un dinero que falta para prestar los servicios básicos que demanda la sociedad, pero que corre a raudales para el enriquecimiento de unos pocos o favorecer a los poderosos.

Si este es el modelo de sociedad que queremos, creo que nos hemos equivocado. España ha dejado de ser un Estado Social para convertirse en uno mercantil; tampoco es Democrático por la falta de pluralidad que de hecho amordaza la expresión pública, y el Derecho tiene que impartirlo un tribunal europeo porque las leyes en España amparan a los poderosos y los ricos. Esta no es la sociedad que prefiero. Tampoco la he votado.

viernes, 4 de enero de 2013

Carta a los Reyes Magos

Nunca en mi vida he escrito una carta a los Reyes Magos: ni cuando era un ingenuo niño inocente ni cuando como adulto podía seguir el engaño con mis hijos. Jamás tuve esa apetencia de hacer una lista de juguetes que querría me trajesen por portarme bien. Era tan tonto que creía que Sus Majestades los adivinarían instantáneamente en cuanto los deseara. Como mucho, expresaba algunas preferencias a mis padres, sin sospechar hasta una edad no muy temprana que ellos intervenían muy directamente en el arte de hacer aparecer regalos en el salón de casa el día de Reyes. Reconozco que ese instante albergaba una emoción tan enorme que hacía que el corazón latiera desbocado.

Tal vez por volver a sentir esa alucinación hoy me decido a escribirles, aún sabiendo que ni sois reyes ni mucho menos magos. En la actualidad, cuando tantas cosas se sustraen de nuestra convivencia colectiva y hasta las más preciadas conquistas que nos permitían disfrutar de derechos y oportunidades están siendo barridas en nombre de la dictadura económica, es quizá hora de retomar las ilusiones y las leyendas que nos sirven para construir o interpretar una realidad más soportable y benigna. Justo cuando la política se aleja de la gente, al estar teledirigida por tecnócratas expertos del capitalismo, y las religiones se atrincheran en fundamentalismos anacrónicos para preservar privilegios terrenales, sólo queda el consuelo infantil de confiar en VV.MM. para implorarles una lista de buenos propósitos, aunque su mero enunciado no sea fruto más que del desahogo que del convencimiento en Vuestra facultad en satisfacerlos.

Para empezar no voy a pedir salud, ya que ella depende de factores genéticos, culturales y ambientales difícilmente controlables, pero sí que iluminéis a los que destruyen la red asistencial que nos atiende cuando enfermamos, a fin de que mantengan uno de los servicios públicos más esenciales para todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, credo o poder adquisitivo. El derecho a la salud inscrito en nuestra Constitución no puede constreñirse a criterios mercantiles, sino a valores irrenunciables por los que han de velar los poderes públicos. Un derecho no se mide por su rentabilidad, sino por la justicia y los beneficios que aporta a la sociedad.

De la misma manera, os pediría que extendierais esta consideración entre quienes deciden y regulan la provisión de la educación a nuestros hijos, las ayudas a nuestros ancianos dependientes y a sus cuidadores, la justicia a la que recurrimos cuando pisotean nuestros derechos y demás servicios públicos que atenúan nuestras diferencias y corrigen nuestras desigualdades, procurándonos las mismas oportunidades a todos. Si por encima de todas las cosas situamos la convivencia y el bienestar de la comunidad, intentando erradicar privilegios y ventajas debidas a intereses particulares, nuestra sociedad será más justa, equitativa y estable, y se convertirá en un espacio donde la vida se desarrollará en paz, libertad, progreso y armonía.

Pero puestos a pedir, también os rogaría que el afán lucrativo de las empresas quede supeditado a la generación de empleo y la preservación del orden en que se organiza la sociedad, priorizando la estructura social a la económica, el beneficio común al particular y la justicia y cohesión social a la riqueza. Y que el Gobierno sea el primer garante de los derechos y las libertades con que nos dotamos para que cualquier “Verdad” aceptada provenga de la pluralidad de “verdades” parciales y de la opinión y decisión de todos.

Si encima podéis evitar las guerras y calamidades que asolan el mundo; el terror y las amenazas violentas que proliferan por doquier, y el respeto a la Naturaleza y la sostenibilidad del medio ambiente para no esquilmar unos recursos de los que dependerán las próximas generaciones, os estaría infinitamente agradecido, quedando en deuda perpetua con VV.MM.

Sé que mis peticiones son generalistas y no persiguen ningún bien individual, sino colectivo. Y es que, como animal gregario que soy, dudo mucho que mi felicidad se consiga sin la de los demás. Por ello mi lista de regalos es corta, pero concierne a la comunidad a la que pertenezco, al sistema económico que regula nuestra actividad y al mundo en el que vivo.

De ahí que, si esta alucinación se hiciera realidad, prometo convertirme en ferviente creyente de SS.MM los Reyes Magos y bajaría a Santa Claus del altar de mis debilidades peregrinas. Ya veis: a pesar de todo, sigo siendo un niño ingenuo.  

jueves, 3 de enero de 2013

Pesadillas de soledad


Siempre hay un dolor en la vida, una herida que no cura, una punzada que no deja de causar desazón y tristeza. A veces parece desaparecer entre los ruidos de lo cotidiano, pero en cuanto respiras, sientes el pellizco infame del sufrimiento interno, el grito mudo del alma atormentada. Te embarga, entonces, una soledad en la que crees ahogarte como si te hundieras en un pozo negro y profundo, sin asideros a los que aferrarse. Buscas con desesperación la luz del brocal que cada vez se aleja más, perdiéndose en medio de una oscuridad que todo lo invade. Y cuando estás a punto de abandonarte a la nada, con los ojos cerrados de espanto, te despiertas agitado. Vuelves a escapar de las pesadillas que siempre te acompañan. Por eso temes dormir.

miércoles, 2 de enero de 2013

Una cuesta de enero de 365 días

2013 se inicia con una cuesta cuya pendiente, desde el primer tramo de enero, hace dificultosa su subida con el peso de las carestías del coste de la vida, en lo económico; la merma del trabajo y de los salarios, en lo laboral; y unas perspectivas en lo político altamente desmoralizantes. Más que una cuesta parece el ascenso a una cumbre alpina que nos ocupará el año entero. Es todo un 2013 cuesta arriba, con el estigma añadido de un número con mal fario.

Para empezar, 2013 será el quinto año de una crisis que nos mantiene hundidos en recesión y en el que nadie nos libra de alcanzar el indeseado récord de los seis millones de desempleados, elevando la cota hasta el 27 por ciento de paro, y con un déficit público rondando el 6 por ciento del PIB, según previsiones de todos los organismos encargados de contabilizar nuestra ruina (CE, BBVA y FMI). Todo lo cual indica que los objetivos del Gobierno para este año serán los de seguir por la senda de los “ajustes” y las reformas a cualquier precio, con tal de “adelgazar” aún más todo “gasto” que no haya sido sometido ya a una dieta anoréxica. Nos espera, pues, una purga de adelgazamiento que nos llevará a lucir una figurita estilizada, al gusto de los dietistas alemanes, pero que nos dejará sin fuerzas para alzar el brazo o levantar la voz cuando queramos hacer un denodado esfuerzo de protesta.

Con todos los recortes inimaginables en salarios de funcionarios, prestaciones sociales, sanidad, educación, pensiones e inversiones públicas, junto al retroceso en materia de libertades y derechos individuales al que se está sometiendo a la sociedad española, el Gobierno de Mariano Rajoy dispone aún de margen (cada vez más escaso, eso sí) para continuar con sus planes de control del déficit como único objetivo, aunque una parada cardíaca acabe postrando la actividad económica en un estado caquéctico. Parece estar convencido el doctor Rajoy, al atender nuestra salud económica, que un fallecido con los controles en valores normales es preferible a un vivo con alteraciones analíticas.

Es por ello que todavía nos aguarda en 2013 una reforma de las Administraciones Públicas, en la que ya se han conseguido acuerdos con el PSOE para proceder a una “poda” en las corporaciones locales, consistente -en principio- en limitar el sueldo de los alcaldes y concejales y en reducir un número importante de mancomunidades. Con todo, el Gobierno espera el dictamen de una comisión creada al efecto para profundizar y extender esta reforma a todos los niveles de la Administración.

Al mismo tiempo, se procederá a una regulación centralista de la unidad de mercado con la intención de “atajar” las excesivas normas de los gobiernos autonómicos que intervienen multiplicando los dispersos requisitos de la burocracia comercial y mercantil. También se desarrollará la reforma que emprendió Rodríguez Zapatero sobre las pensiones para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, ampliar el período de cómputo en el cálculo de las cuantías y limitar y endurecer la posibilidad de la jubilación parcial y anticipada. Es curioso que hayan sido las empresas públicas las que hayan abusado de las prejubilaciones al ser privatizadas.

Pero el bisturí de Rajoy no se aplica sólo a la “grasa” económica, sino también a la “sustancia gris” de lo ideológico y social. De esta manera, 2013 será también el año en que el Parlamento deberá aprobar la “contrarreforma” sobre el aborto que Alberto Ruiz-Gallardón elaborara atendiendo a los sectores más integristas de su partido y a las presiones indisimuladas de la Conferencia Episcopal Española, lo que nos hará retroceder décadas en un derecho conquistado por la mujer y ponernos a la cola dogmática de Europa.

En cuanto a la enseñanza, la ley para la “mejora” de la calidad educativa (LOMCE) del ministro Wert será otra “reforma a la contra” que este año deberá culminar su procedimiento legislativo parlamentario para que pueda ser aplicada durante el curso 2014-15. Poco se puede añadir de un proyecto de ley orgánica tan controvertido que consagra la segregación por sexo, el aumento del número de alumnos por clase, las invasiones competenciales del Estado en detrimento del porcentaje autonómico, el incremento de las horas lectivas del profesorado, el “frenazo” a la inmersión lingüística en Comunidades con lengua distinta al castellano, la eliminación completa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el retorno de la asignatura de religión o su sustitutiva con peso curricular, el abandono de la introducción de ordenadores, la aplicación de tasas a la Formación Profesional, los exámenes de reválida y el blindaje de los conciertos con centros privados, entre otras medidas “políticas”, como reconoció el propio ministro.    

Pero para pena, penita, pena, lo de la sanidad. Sobre los recortes y copagos ya establecidos, este año se tendrá que “apechugar”, además, con los recargos por el uso de las ambulancias, las sillas de ruedas, las muletas y diversas medicinas consideradas “insostenibles” para la Seguridad Social, no para el paciente que sobrevive gracias a ellas. Se reducirá la cartera básica de servicios, se suprimirán determinadas prestaciones y se privatizarán cuántos hospitales y centros de salud sean precisos. Que todo ello conduzca a un deterioro de la red asistencial pública y al aumento de las listas de espera para cualquier proceso médico-quirúrgico que nuestro afán por enfermar nos depare, parece no importar si lo que se busca es desviar al usuario hacia la medicina privada una vez se sienta insatisfecho y maltratado (en la más apropiada acepción del término) con la sanidad pública.

A grandes rasgos, pues, este será el panorama de un año en que las subidas de impuestos y otros gravámenes, unido al descenso de los ingresos y las pérdidas del poder adquisitivo, harán que la cuesta de enero se prolongue hasta el último día de diciembre. Subirla se convertirá en un esfuerzo titánico por coronar esa cima ansiada en la que sitúan las esperanzas de una recuperación económica, la creación de empleo y el crecimiento de la actividad que tanto nos prometen, pero que cada vez alejan más en el horizonte. Con todo, podemos darnos con un canto en los dientes si aún esquivamos la espada de Damocles que supone el rescate total de nuestra economía, la secesión de Cataluña en su huida hacia adelante, la nacionalización de cuantas empresas tengamos practicando la globalización capitalista en Sudamérica y hasta la vuelta a la peseta. Sin ánimo de ser agorero, 2013 se presenta como un camino francamente fatigoso, tan fatigoso como una empinada cuesta interminable. Coged aire

martes, 1 de enero de 2013

Madrugar en Año Nuevo

Nada hay más aburrido que aguardar las campanadas de fin de año viendo la televisión. Lo aborrezco tanto como a los programas de variedades que se emiten inmediatamente tras las uvas. De tanto ver  los mismos artistas una y otra vez, parece que contemplo cada año el deja vu de un espectáculo que se repite anualmente, con las únicas novedades de contados artistas jóvenes que la fama tiene de actualidad. Si hago memoria, una sóla imagen sirve para recordar cualquier nochevieja en la que cabeceo el sueño mientras Raphael canta cualquiera de sus viejos éxitos. Por eso me acuesto pronto.
    
Y madrugo, como el resto de los días laborales. He de reconocer que me gusta más levantarme temprano que trasnochar. El día de Año Nuevo procuro aprovechar la mañana para saludar una jornada especial en la que la tranquilidad reina por todas partes. Las calles están vacías y los comercios cerrados. Algunos ancianos y los que todavía están recogiéndose de la noche son las pocas personas con las que puedes tropezarte en ese deambular mañanero. Algún bar te permite tomar el desayuno o ingerir un café caliente con su propietario aferrado al mostrador como tú a tus hábitos cotidianos. Unos saludos sirven para que nos reconozcamos fieles a unas costumbres que están desapareciendo en beneficio de las concentraciones noctívagas multitudinarias.
 
Cuando mis hijos eran pequeños, solíamos irnos al campo a explorar entre los pinares la hierba blanquecina de escarcha y la sorprendente transparencia de un aire todavía húmedo que transportaba esporádicamente el canto de los pájaros, el roce de las hojas al viento o el eco de voces lejanas. Una venta de carretera, cuando eso no se tildaba, podía aliviar con una sopa y unos filetes el hambre del mediodía, para que el regreso al hogar no estuviera obligado por la necesidad del almuerzo.
 
Los desayunos tempraneros en días festivos, como el de hoy, satisfacen esa búsqueda de tranquilidad y evasión, ese impulso por reencontrarnos a nosotros mismos en los detalles rutinarios que nos caracterizan y que nos permiten aislarnos de las prisas y de los compromisos para dejar hueco a las conversaciones que no hallaban su oportunidad y al ensimismamiento placentero de ver pasar los minutos pensando en las musarañas.
 
Es lo que he hecho hoy en Villanueva de la Serena en compañía de mi mujer y de un hijo, siendo la tercera vez en mi vida que paso un fin de año fuera de casa. Pero salir por la mañana a sentir un pueblo perezoso sumido en la niebla y encontrar una mesa en la que compartir el desayuno con la charla que manteníamos los tres, ha sido lo más satisfactorio de este Año Nuevo. Por eso anoche nos acostamos temprano y apagamos la televisión. Teníamos planes para madrugar. Y es que las costumbres, al parecer, se heredan o se contagian. ¡Cualquiera sabe!