¿Derecho a colegio concertado?

Periódicamente surge la polémica sobre los colegios concertados, la mayoría de ellos de titularidad católica, y el supuesto derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el centro donde escolarizarlos. La última diatriba la generó unas manifestaciones de la ministra en funciones de Educación, Isabel Celaá, en las que aclaraba que la Constitución española no consagra, específicamente, el derecho a elegir centro, lo que ha soliviantado a la patronal de la enseñanza concertada, a los portavoces de los partidos de la derecha y a los obispos de la Iglesia católica. Con tantas voces en algarabía, más parece que asistimos a un conflicto de intereses e ideología que educativo.

La escolarización en España es obligatoria y el Estado garantiza que cada alumno tenga acceso al nivel de enseñanza que corresponda por edad. Para ello, la Administración crea y dispone de colegios públicos que imparten desde la Educación Primaria hasta la Secundaria Obligatoria (de 6 a 16 años). También dispone de centros reglados de ciclos de Bachillerato y Formación Profesional para aquellos alumnos que finalizan la etapa básica obligatoria y aspiran continuar estudiando (16 a 18 años). Una vez cursados los niveles de bachillerato o los grados superiores de Formación Profesional se puede acceder a la Universidad, lo que se facilita mediante becas de estudio en función del rendimiento académico y la capacidad económica familiar.

En otras palabras, desde que se sale de la guardería y se llega a las puertas de la Universidad, todo español tiene garantizado su derecho a la educación y dispone de colegios públicos en los que recibir la formación correspondiente. Esta red estatal de centros de enseñanza es, como no podía ser de otro modo, pública y laica, y adecuada al tipo de enseñanza y modelo educativo que el Estado determina mediante la preceptiva Ley Orgánica que ordena y regula el sistema educativo de España.

Pero, además, y de forma complementaria, existen centros de titularidad privada con los que la Administración suscribe acuerdos para escolarizar aquellos alumnos que, bien no disponen de un centro público en la zona, o bien son elegidos por sus padres, fundamentalmente, por dos razones: la orientación religiosa (católica, por supuesto) o el nivel socio-económico del alumnado. La concertación se estableció en 1985, mediante la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), para universalizar la enseñanza básica, obligatoria y gratuita, y porque no existían centros públicos suficientes para cubrir tal objetivo. Con esta opción, el Estado financia determinados centros privados que se integran en el sistema, obligándolos a adoptar los mismos requisitos de admisión y funcionamientos que los públicos; al menos, en teoría.

Este sistema, que en principio era “provisional” hasta tanto la red pública satisficiera toda la demanda, se complicó cuando se transfirieron las competencias educativas a las comunidades autónomas, ya que éstas podían incrementar las unidades concertadas de colegios privados. Y, de hecho, las gobernadas por partidos conservadores, concretamente el Partido Popular, aumentaron la “ratio” de concertados en la enseñanza obligatoria, conforme a su ideario favorable a la iniciativa privada y, por tanto, a la educación y centros de carácter privados. Ello ha ayudado a cronificar -en vez de erradicar: objetivo de la educación- las desigualdades por barrios, ciudades y regiones, provocando una especie de gentrificación de la educación. Tal “elitización” del alumnado se consigue, aunque en puridad no tengan permitido seleccionarlo, al imponer cuotas “voluntarias” que no todas las familias pueden abonar, con las que “filtran” el acceso de alumnos pertenecientes a los estratos sociales más pudientes. De ahí que la implantación de los centros concertados se concentre en zonas de mayor renta y en territorios gobernados tradicionalmente por la derecha. Es lo que explica, por ejemplo, que la mayor concentración de centros concertados radique en el País Vasco, Madrid, Navarra, Islas Baleares, La Rioja, Cataluña y Castilla y León, y que la escuela pública acoja al 80 por ciento de los alumnos inmigrantes, pese a escolarizar el 70% de la población total, y la concertada un escaso 14 % de inmigrantes, con cerca del 30 por ciento del total de alumnos.  

Sea como fuere, la realidad es que casi el 30 por ciento de la enseñanza obligatoria es concertada y que seis de cada diez centros pertenecen a la Iglesia católica o fundaciones de su órbita, lo que acarrea un gasto de más de 6.000 millones de euros en subvenciones cada año a las arcas del Estado. Se habla, por tanto, de dinero e intereses materiales, no de educación, cuando nos referimos a un supuesto derecho de las familias a elegir colegio para sus hijos. ¿Existe tal derecho reconocido en la Constitución? Ni por asomo.

El texto constitucional recoge (Art. 27) que “todos tienen el derecho a la educación”. Y en su Apartado 3, que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Esa formación religiosa, como demandan los padres para sus hijos, no supone que tengan que recibirla necesariamente en un centro religioso. Para cumplir el mandato constitucional, basta con disponer de profesores de religión -o ética- en la enseñanza pública, como está previsto. La Constitución no reconoce, pues, el derecho a elegir centro, sino a recibir enseñanza religiosa de acuerdo con las convicciones de los padres. Y es por ello que no se conciertan centros privados para impartir clases de religión, sino para dotar al sistema público de la capacidad suficiente de instalaciones de enseñanza que permita cumplir el mandato constitucional del “derecho a la educación”. Pero de ahí hasta la elección de centro va un trecho, y es el que la polémica le gusta transitar periódicamente, empedrándolo de manipulaciones interesadas y malintencionadas, cuando percibe que sus privilegios mercantiles (centros privados) e ideológicos (la Iglesia y la derecha) se ven cuestionados y podrían dejar de depender del dinero de todos.

Tener clara esta cuestión es pertinente. Por eso, lo que dijo la ministra no fue una provocación ni un “lapsus”, sino una oportuna precisión ante la exigencia por parte de determinados sectores sociales que persiguen imponer sus intereses al resto de la sociedad, implorando supuestos derechos que, en realidad, no existen. Sectores con intenciones evidentes, porque no plantean discusiones sobre la calidad de la enseñanza ni planes educativos o pedagógicos que aparten esta materia de Estado de la diatriba política. Sólo sacan las uñas cuando ven peligrar su trozo de la tarta presupuestaria que creen poder exigir, enarbolando un supuesto derecho de los padres a elegir centro, para su particular beneficio (insisto: económico e ideológico). Ya es hora de que el Estado asuma íntegramente el deber de satisfacer a los ciudadanos “el derecho a la educación”, sin necesidad de recurrir a “conciertos” complementarios. Sólo así se podrá separar definitivamente la educación del adoctrinamiento, puesto que los que deseen “asignaturas” adicionales -como religión, ufología o nigromancia, por poner algunos ejemplos- tendrán que costearlas de forma particular, y fuera del ámbito y horario escolar. Como cualquier actividad extraescolar. La educación, como derecho de todos, es otra cosa.

El negacionismo de Vox

El discurso negacionista de la violencia machista contra la mujer del representante de Vox en la Asamblea de Madrid, Javier Ortega Smith, el pasado día 25, primer año en que el consistorio conservador del que forma parte esa formación celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, ha provocado el rechazo unánime de las víctimas de esa lacra asesina y de las mujeres, en general, que no militan en un partido tan reaccionario. Extrapolando la posición de Vox, es como si ese partido negara el terrorismo de ETA porque algunos etarras fueron víctimas de violencia en la lucha contraterrorista. Banalizar la violencia machista e intentar diluirla en un supuesto conflicto intrafamiliar es como negar el terrorismo de ETA y presentarlo fruto de un conflicto intrasocial. Sería despreciar a las víctimas inocentes y gratuitas de ambas violencias asesinas, negándoles todo reconocimiento. Es lo que hace Vox.

Día imprescindible

Hay conmemoraciones festivas, pero también las hay sumamente ingratas por imprescindibles, como la de hoy: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pocas celebraciones son tan necesarias como la que invita a reflexionar sobre las causas que aún subsisten para tratar a la mujer con desigualdad y violencia, como si fueran seres inferiores que no merecen respeto y que sólo con la correa se les obliga a obedecer… al hombre, naturalmente. Una fecha pertinente por cuanto todavía hay quien considera que predicar la igualdad en derechos de la mujer e impulsar políticas y medios para combatir y erradicar la violencia machista que se ejerce contra ellas es, simplemente, “ideología de género”, una especie de “pensamiento único” que los “progres” intentan imponer al conjunto de la sociedad. Sólo los muy cavernícolas de mollera piensan y, lo que es peor, votan eso.

No existe “ideología de género”, sino grados de civilización. Considerar al ser humano, sea hombre o mujer, depositario de iguales derechos y oportunidades en todos ellos, sin discriminación de ningún tipo, no es preceptivo de la izquierda o los progresistas, sino de todas las tendencias políticas “modernas” o civilizadas, cuyos idearios se adecúan a los avances de la humanidad. Se puede ser conservador en lo económico y hasta en la moral, pero defensor también de la dignidad y la igualdad de la mujer, en la misma medida que esa ideología ha asumido el divorcio, la emancipación de la mujer en cualquier ámbito social, laboral o económico y hasta su acceso, en igualdad de condiciones con el hombre, en el ejército y demás cuerpos armados. No es, pues, ideología, sino civilización.

Las relaciones entre el hombre y la mujer han de basarse, por tanto, en la igualdad de derechos de ambos, sin importar el sexo, y no en la sumisión o la pertenencia al hombre. Está establecida en los principios de libertad e igualdad, mediante los cuales la relación se desarrolla sobre el respeto recíproco, la voluntariedad y la cooperación para afrontar unidos una convivencia en común y de acuerdo a ideales compartidos. En esa relación civilizada no cabe la violencia ni la desigualdad. Luchar contra estas lacras del pasado, cuando la mujer carecía de alma, no podía votar o debía pedir autorización al marido para abrir una cuenta corriente y cuando la violencia machista era consustancial al matrimonio, es tarea de todos, independientemente de la ideología política de cada cual. No es cosa de “progres”, es de cualquier persona civilizada.

Por eso, porque desgraciadamente existe la violencia machista y los que piensan que el papel de la mujer es subordinado al hombre, se hace imprescindible, no sólo la conmemoración de un Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, sino cuantas manifestaciones y actos públicos se puedan celebrar todos los días en defensa de su libertad, igualdad y respeto. No apoyar individual o institucionalmente estas medidas por la erradicación de la violencia contra la mujer y la desigualdad es mantener comportamientos anclados en el tiempo de las cavernas, cuando el troglodita arrastraba por los pelos a su hembra. De aquella mentalidad procede la consideración de la condición subsidiaria de la mujer respecto del hombre y la negativa a reconocerle derechos y libertades, sin discriminación de ningún tipo.

Celebremos esta fecha, 25 de noviembre, que la ONU estableció como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una oportunidad para reflexionar y avanzar, conjuntamente como sociedad, en el modelo de convivencia que preferimos mantener entre hombres y mujeres, aquel que nos reconoce como seres humanos que disfrutan de igualdad en derechos y oportunidades. Y para concienciarnos de que los avances civilizatorios, no las actitudes retrógradas, permiten el progreso y el beneficio para todos, mujeres y hombres, miembros de una única humanidad. También para impedir que los retrógrados nos hagan renegar de las conquistas que nos han permitido ser civilizados, justos, tolerantes y libres. Por eso son estos días conmemorativos tan importantes: nos enfrentan a problemas que socialmente aún no hemos resuelto de manera definitiva. Y porque aún se asesina a muchas mujeres por el mero hecho de serlo y estar consideradas una pertenencia material del hombre. Con más de 50 crímenes machistas cometidos este año en España, sin contar otros feminicidios, todavía hay quien cree que proteger a la mujer es innecesario por ideológico. Y tiene seguidores. ¡Cavernícolas!   

A Charo

Dónde la luz que ilumina mi mirada, dónde la voz que ahuyenta mis miedos, dónde la mano que compensa mis debilidades, dónde el pecho que perdona mis afrentas, dónde las caricias que estimulan mis sentimientos, dónde el abrazo que me abriga de mi soledad, dónde el aliento de tu compañía, dónde la sonrisa de tu comprensión, dónde las lágrimas que comparten mi dolor, dónde tus besos que endulzan mi boca, dónde el amor que nunca me negaste, dónde hallar lo que siempre me diste desde que estás a mi lado. Dónde guardarte para no perderte. Dónde sentir ese corazón, del que brota tanta entrega, cuando ya no palpite. Dónde buscarte cuando seamos sólo un recuerdo que nadie conserva. Dónde, Charo, adorarte.

    

Caso ERE: entre el bochorno y la desfachatez

Acaba de dictar sentencia la Audiencia de Sevilla (19/11/19) sobre el caso de los ERE por la que condena a dos expresidentes y otros altos cargos de la Junta de Andalucía, de la etapa anterior de gobiernos socialistas, a penas contundentes de prisión e inhabilitación, según los casos y la gravedad de los delitos cometidos y, después del fallo del tribunal, comprobados judicialmente. Es, por tanto, una noticia triste y bochornosa para el socialismo andaluz, que ve cómo la dirigencia que pilotó toda una etapa de gobiernos del PSOE en Andalucía durante decenios acaba en entredicho en los tribunales y condenada por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Lo investigado por la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso, y dilucidado en la sentencia avergüenza a todos, pero especialmente a los seguidores de esa ideología y al votante de unas siglas históricas. Porque, aunque no se haya enjuiciado al socialismo ni al partido que lo representa, sí se ha condenado a la antigua cúpula que lo dirigió y con la que se cometieron los graves hechos investigados. Será difícil mantener, en medio de la vergüenza ajena y el señalamiento hipócrita de otros, la confianza en un ideario y una formación que supusieron, antes y ahora, esfuerzos, sacrificios y logros por el progreso de este país, el bienestar del conjunto de la población y la protección pública de los más desfavorecidos. Y será difícil porque quienes debían protagonizar la conquista de tales objetivos confundieron los fines con los medios y permitieron un descontrol del que se aprovecharon los más indignos de los avariciosos: los que roban a los pobres.

Hay que recordar que el caso de los ERE consistió en destinar una partida presupuestaria, dotada con más de 600 millones de euros en el curso de una década (2000-2009), para ayudar de manera rápida a empresas en crisis y prejubilar a los trabajadores despedidos. Dado un paro endémico que generaba brotes de conflictividad laboral, los gobiernos socialistas buscaron la fórmula de conceder ayudas sociolaborales que contribuyeran a la “paz social”. Y para agilizar los trámites, resolvieron convertir las subvenciones excepcionales en transferencias de financiación, que prescindían de los controles de fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Empleo se tramitaban los expedientes y se aprobaban unas ayudas que eran abonadas por la Agencia pública IFA-IDEA. Abierto el grifo del dinero, fue tentador el uso arbitrario de estos recursos por parte de la Dirección General de Trabajo, que empezó a conceder ayudas a amigos o conocidos y negociaba ERE en empresas recomendadas y sin la debida supervisión. Así durante años, hasta poderse constatar la existencia de 103 intrusos prejubilados, sin que pertenecieran a ninguna empresa socorrida, entre los más de 6.000 trabajadores correctamente prejubilados, el abono de sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias y la concesión de subvenciones a amigos y familiares del director de Empleo, como su chófer. Para la jueza que instruyó el caso y, ahora, también para el tribunal que lo ha sentenciado, el sistema estaba conscientemente diseñado para eludir los controles legales establecidos, lo que facilitaba destinar recursos a fines ajenos al interés público. Es por ello que, según la sentencia, se incluían esas partidas de forma fraudulenta. Es decir, eran ilegales y todo el Gobierno lo sabía y lo consintió. De ahí las condenas.

Las responsabilidades políticas de los condenados ya fueron asumidas por todos ellos, de manera más o menos voluntaria, dimitiendo de sus cargos y dándose de baja de la militancia del partido, pero las penales son las que quedan ahora establecidas con el fallo, aunque probablemente serán recurridas ante el Tribunal Supremo y, por parte de algunos de los condenados, el Constitucional. No todos se consideran culpables ni creen haber actuado en contra de la ley. Elaborar leyes presupuestarias, ratificarlas en el Consejo de Gobierno y aprobarlas en el Parlamento no constituye un mecanismo ilícito, sino conforme al procedimiento. Que, a partir de tales “hechos probados”, se deduzca intencionalidad penal resulta cuestionable si no se demuestra fehacientemente, como señala el catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo. Puede admitirse como mera interpretación subjetiva, pero no como verdad judicial. Sin embargo, a la hora de valorar la implicación de los expresidentes, la sentencia concluye que “es imposible que la inclusión de la partida presupuestaria de los ERE no se hiciera de forma fraudulenta”, pero no lo demuestra y, a pesar de ello, los condena. De ahí la probabilidad de recurso.

Sea como fuere el resultado final de estos recursos, causa bochorno la falta de celo de un Gobierno en controlar con el máximo rigor la concesión de unas ayudas públicas cuya utilidad y necesidad nadie pone en cuestión, y menos el Parlamento andaluz, que ha venido aprobándolas anualmente en la partida presupuestaria correspondiente. Y, aunque la intención era loable como parte de los Pactos de Concertación Social, que firman patronal, sindicatos y Gobierno andaluz, la arbitrariedad y los abusos cometidos en su reparto han hecho un daño enorme en el prestigio de las instituciones y en la honradez y honestidad de sus responsables. Máxime cuando tales desbarajustes permitieron el desvío de fondos públicos a fines o personas para los que no estaban destinados. Causa estupor tanta desidia y falta de vigilancia en el cumplimiento de unas normas que, por ello, resultaron discriminatorias e injustas para los que, en las mismas circunstancias, no pudieron conocerlas ni hacer uso de ellas para recibir unas ayudas a las que eran merecedores. Y aunque tal abuso de los recursos no sirvió para el enriquecimiento personal de los condenados, no deja de ser un ejercicio de corrupción que la Justicia, con esta sentencia, pone freno de forma contundente.     

Pero, al mismo tiempo, causa asombro la desfachatez con la que, autoaupados a una tribuna ética que les queda demasiado alta, saltan a la palestra algunos personajes y adversarios políticos que enseguida se ponen a dar lecciones de moralidad y exigir responsabilidades que rayan la ofensa, partiendo de quienes pretenden parecer indignados. Me refiero al actual presidente de la Junta de Andalucía, quien no aguardó ni un minuto, tras conocerse la sentencia, en proclamar en la sede del Gobierno su vergüenza por lo sucedido y poner a su Ejecutivo como modelo de “ruptura con los tiempos de la corrupción, la malversación, el despilfarro y el clientelismo”, en un intento partidista que busca réditos electorales. Asombra esa desfachatez en alguien que representa a un partido condenado por corrupción, que mantiene numerosas causas abiertas por el caso Gürtel y que cuenta con diversos presidentes autonómicos que, bien están condenados, o bien imputados por innumerables escándalos de corrupción. No se trata de defender a unos con el “y tú más” de otros, sino denunciar la hipocresía interesada de quienes aprovechan cualquier circunstancia en beneficio partidista, sin mantener el debido decoro, imparcialidad y honestidad.

Es cierto que en la diatriba política se hace uso de todas las oportunidades y medios para derrotar al adversario y conseguir el triunfo -que consiste en llegar al poder- de la formación a la que se pertenece. Pero no todo vale. Y menos cuando se está manchado con la misma adherencia que se denuncia en el contrario. No sólo es cuestión de ética, sino también de coherencia. De ser consecuente con las exigencias en casos similares que nos afectan. Y tal actitud no es habitual en la política española, tanto en el PP, que ha salido en desbandada a exigir dimisiones y responsabilidades a quienes ni siquiera tienen que ver con este caso, como en el PSOE, que también hace lo propio cuando tiene ocasión.

Las más de 1.800 páginas de la sentencia del caso ERE constituyen el relato de la vergüenza que provoca un comportamiento que todos condenan. Causan bochorno en las personas honradas que confiaron en unos líderes y los mantuvieron durante décadas administrando los bienes de todos y los sueños de un futuro mejor. Son merecedores, por tanto, del castigo que, con todas las garantías procesales, la justicia les cause. Políticamente, el PSOE está pagando por ello, al ver a la excúpula de la Junta condenada en los tribunales y al perder el Gobierno de Andalucía. Pero, al mismo tiempo, asquea la desfachatez de quienes no dudan en hacer leña el árbol caído, dando muestras de una hipocresía moral y política que los descalifica. Tal vez sea esa una de las virtudes de esta sentencia: desenmascara a unos y otros de la falsedad con la que se exhiben. Una vergüenza.          

¿Habemus imperium?

La pérdida de diez escaños entre Unidas Podemos (comunista) y PSOE (socialdemócrata), junto al ascenso fulgurante del ultraderechista Vox hasta convertirse en la tercera fuerza del Congreso de los Diputados, ha obligado a las formaciones de izquierda más representativas de la política española a hacer lo que denostaron hace sólo unos meses y precipitó la repetición de elecciones. Esta vez sólo ha bastado 48 horas para ponerse de acuerdo en pactar una coalición de gobierno, la primera que, en caso de constituirse, se formalizaría en España desde la restauración de la democracia. Sin ninguna explicación sobre lo que antes era imposible y ahora es imprescindible, PSOE y UP presentan su pacto como la única opción real si se quiere conformar un gobierno progresista a partir del resultado salido de las urnas. Un resultado, todo hay que decirlo, que deja las cartas prácticamente como estaban, salvo el citado descenso en escaños de la izquierda, el descalabro de Ciudadanos, un repunte poco significativo del Partido Popular y el acceso de la ultraderecha a la primera división política. Es decir, conduce a la izquierda a la misma posición de salida, pero en peores condiciones que la vez anterior para hacer lo que entonces se pudo y no se quiso: acordar un gobierno de izquierda que dé estabilidad a la gobernanza de este país y que consuma toda la legislatura en intentar solucionar los problemas a los que España ha de enfrentarse. ¿Habemus imperium esta vez?

El parto de un gobierno efectivo parece harto complicado, pero no imposible. Tras haber abortado el anterior intento debido a incompatibilidades personales entre sus mentores, parece que ahora están dispuestos a llevarlo a buen término. Pero requiere de más atenciones y cuidados. Porque la mayor fragmentación del Parlamento obliga a depender de más formaciones que sumen sus votos al candidato de la coalición de izquierdas dispuesto a gobernar. Y se parte, para ello, del mismo escollo que anteriormente era tenido por insalvable: los votos de los coaligados son insuficientes para lograr una mayoría que garantice el beneplácito del Congreso. Es decir, ahora, como ayer, dependen nuevamente del apoyo de otros grupos minoritarios de la Cámara Baja para conseguir, primero, la investidura del candidato y, luego, la aprobación del Parlamento al nuevo gobierno. La jugada de repetir las elecciones para reforzar las posiciones resultó fallida, y ahora se tiene que abordar una cohabitación entre PSOE y UP con la mengua de sus posibilidades. Y esto es lo que no reconocen para, en cambio, autoproclamarse ganadores de unos comicios que se han demostrado innecesarios y gratuitos. De ahí surgen, más que de la aritmética parlamentaria que no deja de escrutarse, los peligros que acechan al parto del nuevo gobierno.

Nadie desea una tercera repetición electoral y son mayoría los que aguardan este momento histórico en que las izquierdas dejan de lado sus diferencias y se unen para dirigir este país mediante una coalición gubernamental. Después de los gobiernos del PSOE, a partir de 1982, que supusieron el acceso democrático de la izquierda al poder por primera vez en la actual democracia, la coalición del PSOE y UP representa otro hito de la izquierda al sumar sus fuerzas para formar, también por primera vez, una coalición de gobierno en España. Y no es cuestión de dejar pasar la oportunidad. Para ello, los votantes de izquierda se avinieron a secundar un refrendo que ya habían depositado a esas formaciones en abril pasado, pero lo han acompañado del cansancio por volver a confiar en unos partidos que parecen dispuestos a desperdiciar todas estas oportunidades por incomprensibles rencillas personales. Tal hartazgo por la insistencia electoral, que quedó reflejado en un aumento de la abstención y un descenso de la izquierda (10 % del PSOE, 17 % de UP), parece ocasionar el malestar y hasta el descrédito con que se perciben unos líderes que, con su proceder, se muestran poco coherentes entre lo que dicen y hacen.

Por un lado, dicen que concebir un gobierno de coalición les quita el sueño y, por otro, tras la repetición electoral y en menos de 48 horas, hacen una coalición de gobierno, sin dar ninguna explicación, ni hacer autocrítica, ni reconocer equivocaciones. La pérdida de votos sufrida se exhibe como un triunfo y el fracaso de la estrategia que condujo a nuevas elecciones se camufla de oportunidad para gobernar. Es innegable que los votantes de izquierda prefieren que se forme un Ejecutivo de esa ideología, pero exigen que se les trate como personas adultas y con memoria para recordar lo dicho y hecho. Porque ni Unidas Podemos ha ganado y menos aún convencido como para obligar una coalición, ni PSOE ha salido fortalecido como referente de la izquierda útil como para gobernar en solitario. En tales circunstancias, se ven condenados a pactar, conscientes de su mutua debilidad, en un escenario de más fragmentación, en el que cualquier otra opción conllevaría un mayor desgaste electoral. Es algo sencillo de explicar y nada difícil de comprender y hasta de disculpar.

Sin embargo, es esta falta de sinceridad y de autocrítica lo que complica la formación de gobierno. Se elude asumir errores y se considera al votante un infante al que se puede engatusar con eslóganes y abrazos mediáticos, sin necesidad de darle explicaciones, por difíciles y duras que parezcan. Una actitud que socava la credibilidad y la confianza en unos líderes y unas siglas que todavía concitan la preferencia mayoritaria de la población. Sería una catástrofe repetir por tercera vez unas elecciones en las que, por incapacidad de la izquierda, la derecha consiguiera recuperar el gobierno y facilitar la participación, sin complejos, de la ultraderecha más impresentable. Pero aún más vergonzoso sería que tal situación se produjera a causa de la conducta incoherente y contradictoria de una izquierda que ni ha sabido explicarse ni ha querido aprovechar las oportunidades que se le han brindado para trabajar por la transformación y el progreso de este país.

Y es que tales contradicciones e incoherencias no fueron halladas en el camino, sino provocadas por la actitud de los responsables de entenderse para formar un gobierno sólido y estable que permita afrontar los retos a que nos enfrentamos. Y serán, por tanto, esas debilidades las que condicionen unos acuerdos necesarios con las demás fuerzas políticas a la hora de conseguir su apoyo a un deseable gobierno de coalición de izquierda. Pero lo que todavía es más grave, son también esas debilidades, convertidas ya en descrédito, las que empujen a los votantes hacia la indignación y el alejamiento de la política, si no se aprovecha esta última oportunidad de atender su voluntad y constituir, de una vez por todas, un gobierno estable en España.   

Jazz en la salita

No es habitual asistir a un concierto de jazz en un salón pequeño, de no más de 60 personas, en el que la música podía escucharse sin necesidad de ser amplificada por altavoces, sino directamente desde cada instrumento, pudiendo distinguirse claramente su voz y la habilidad ejecutoria de los artistas. Así fue como se pudo disfrutar del concierto de Jazling Quartet, un cuarteto de virtuosos músicos, que ofreció la Fundación Unicaja en su sede de Sevilla, como si estuviera destinado a unos pocos escogidos, amantes de la calidad y la novedad.

Jazling Quartet puede considerarse una novedad en tanto no es conocido por el gran público ni sus discos abundan en las tiendas, pero su calidad es incuestionable no sólo por la formación académica de sus miembros, sino por la sólida trayectoria artística de un grupo de renombre en la escena andaluza y nacional. Está integrado por Lorenzo Triviño (violín), Juan Ramón Veredas (piano), Marcus Schneider (contrabajo) y Pedro Valdivieso (batería), músicos eclécticos que saben combinar, con maestría y soltura, la música clásica con el jazz, el blues, el tango o el swing.

Y eso fue lo que regalaron a los oídos de los privilegiados que asistieron al concierto: la perfecta fusión del jazz con temas clásicos del pianista francés Bolling y arreglos de temas del jazz más universal, interpretados con la exquisitez y la elegancia de unos músicos prodigiosos, que nos dan a conocer la dialéctica entre la música clásica y la frescura del jazz. Un aforo reducido y una duración breve -apenas una hora-, convirtieron la velada cultural en un aperitivo musical que dejó a todos con la miel en los labios y ansiosos de que Jazling Quartet vuelva a deleitarlos con su enorme profesionalidad y talento. ¡Que sea pronto!  

Normas “antitrust” en publicidad televisiva

Está comprobado que, dejadas a su libre albedrío, las empresas tienden a robustecerse y crecer, tienden a la concentración para acaparar mercados y aumentar beneficios. Es un fenómeno natural de simple evolución empresarial en un entorno mercantil de economía capitalista. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, también está comprobado la pertinencia de regular esa tendencia, a menos que se sea un talibán del neoliberalismo más salvaje -si se disculpa el pleonasmo-, mediante leyes “antitrust” que impidan la formación de auténticos monopolios que ahogan la libre competencia en bienes, servicios y precios. De ahí el rechazo casi visceral de cualquier empresario a que su actividad sea regulada por el Estado, aunque tal regulación vaya en beneficio del propio mercado. Siempre andan clamando por una mayor “libertad” para desarrollar su tarea, sin intervenciones del gobierno, y dejar a su conveniencia las condiciones y funcionamiento de los negocios. Es una tensión que viene de antiguo.

En España, la penúltima batalla “antitrust”, librada hasta ayer mismo, ha enfrentado al duopolio televisivo formado por Atresmedia (propietaria de los canales Antena 3 y la Sexta) y Mediaset (dueña de Cuatro y Telecinco) con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a causa de sus políticas comerciales de publicidad televisiva, mercado en el acaparan el 85 por ciento del negocio, a pesar de que su audiencia conjunta sólo sea del 55 por ciento. El ente regulador les ha impuesto una sanción de más de 77 millones de euros, a pagar entre los dos operadores, por mantener prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad televisiva que restringen, de hecho, no sólo la competencia y la capacidad de otros medios de comunicación para captar publicidad, sino que, además, imponen volúmenes de contratación mínimos de paquetes publicitarios que desvirtúan los precios. Hay que indicar que ambas plataformas operan en España como un duopolio de facto, puesto que, de toda la oferta televisiva, son las únicas generalistas de ámbito estatal, ya que TVE, de carácter público, no emite anuncios en su programación, y el resto de emisoras (autonómicas, de titularidad pública, o canales privados, temáticos mediante cuota) no cubren tal espectro.

Evidentemente, estas empresas han anunciado que recurrirán en instancias judiciales tales sanciones, al considerarlas lesivas para su política comercial e injustas para un proceder que estiman no es monopolístico, sino ajustado a la legalidad vigente en el negocio publicitario. Es decir, se amparan en la sacrosanta libertad del mercado sin más regulación que la de la oferta y la demanda, y sin preocuparse de que, si la demanda la satisface un único ofertante -o dos, en este caso-, éste acaba imponiendo precios y condiciones a su entera conveniencia, sin mediar competencia alguna. Eso es, justamente, lo que se dirime de las estrategias publicitarias de Atresmedia y Mediaset. Porque la concentración empresarial que ha dado lugar a esas dos plataformas ha propiciado un mapa audiovisual en España en el que sólo sus marcas son predominantes, hasta el extremo de limitar toda competencia y acaparar la práctica totalidad del mercado publicitario televisivo.

Es, por tanto, el derecho de los ciudadanos a la pluralidad, y no sólo la libertad de empresa, lo que exige la regulación de unos mercados, como el de la publicidad televisiva, que afectan a la libre competencia y hasta a la producción o adquisición de contenidos audiovisuales. Al respeto, no hay que olvidar que la publicidad es la principal fuente de financiación de estos negocios audiovisuales. Y que, sin publicidad, no sería posible la libre competencia entre empresas televisivas, poderosísimos medios que influyen en la opinión pública, no sólo en los hábitos de consumo. Tengámoslo en cuenta.

Razón poética

El ser humano no es enteramente racional. Dispone de otras maneras para acercarse a la realidad distintas de la razón, pero no alejadas de ella. El acceso a la verdad a través de la razón, como anunciara Platón, no es la única vía hacia una visión del mundo que complementa el conocimiento de la realidad. Y esa es la razón poética sobre la que María Zambrano reflexiona en su quehacer filosófico. Se trata de una irracionalidad poética y creadora que permite acceder a la realidad íntima, fluyente, de las cosas y de uno mismo, en tanto ser heterogéneo. Ella distingue entre filosofía y poesía como vías de conocimiento.

La poesía o la literatura son formas de conocimiento que no excluyen sino complementan a la razón y al pensamiento deductivo en la búsqueda de la verdad. Ambas descansan en la palabra. El logos, la palabra creadora y ordenadora, busca la verdad en lo universal, mediante la razón y de acuerdo con un método. La poesía es ametódica y usa la palabra para revelar lo particular, lo individual, que, para los filósofos, es irracional. Expresa lo indecible y lo inefable. La razón poética nos permite ir desde la belleza de lo que no es accesible porque no se conoce a la verdad que es accesible por la razón. O, si se quiere, desde la intuición o chispa poética que ilumina la mente y despierta las ideas que deducen la verdad o la realidad. Ambas formas de conocimiento no se dan por separado, sino que coexisten, predominando una sobre la otra según las personas, como dos caras de una misma moneda.

¿Cuántas veces han coincido en una visión del mundo o de la existencia un poema y una teoría física? ¿Cuántas veces nos define mejor un verso que un análisis clínico? María Zambrano, una filósofa española incomprendida, olvidada y maltratada por las circunstancias que le tocó vivir, ha reflexionado sobre las relaciones entre el logos, la razón occidental, y las oscuras “sinrazones” dimanadas de la vida cotidiana y humilde. Es decir, entre filosofía y poesía. Por eso yo considero más meritorio a Dante, creador de la Divina Comedia, que Robert Oppenheimer, inventor de la bomba atómica. 

¿Instalados en el bloqueo?

Acabamos de repetir elecciones generales cuyos resultados mantienen parecida configuración parlamentaria de fragmentación entre minorías excluyentes, que queríamos resolver con éstas, lo que dificulta o impide la formación de Gobierno. Y van, este año, dos. Más las que llevamos desde 2015, puesto que ya son cuatro las veces que hemos ido a las urnas, sin contar las autonómicas y municipales, en los últimos cuatro años. Tal parece que estamos condenados a continuar indefinidamente instalados, elección tras elección, en la inestabilidad y el bloqueo político en nuestro país. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Hasta la hartura de los ciudadanos y la ingobernabilidad? ¿Hasta el fin de la democracia?

Una vez más, empecinados en tropezar en la misma piedra, las elecciones de hoy volvieron a resaltar que nuestros elegidos deben, por obligación, pactar y llegar a acuerdos entre ellos para formar un Gobierno que agote su mandato, olvidándose de preparar elecciones hasta dentro de cuatro años. Los ciudadanos, por enésima vez, han vuelto a demostrar que tienen claro lo que desean, aunque los políticos no acaben de aceptar el veredicto de las urnas. Porque ya los votantes no contemplan aquellas mayorías absolutas que hacían y deshacían a su antojo. Ahora exigen contrapesos entre formaciones en el poder para que se vigilen mutuamente en el cumplimiento de sus promesas. Y una oposición igualmente diversa para que existan alternativas al discurso oficial y posibilidades, también distintas, de conformar mayorías parlamentarias. A partir de hoy, lo que resta es que los representantes del pueblo cumplan con su trabajo y dejen de ponerse zancadillas para obstaculizarse con vetos e imposiciones sectarias, como si cada cual tuviera la razón y la receta milagrosa para arreglar de un plumazo los grandes problemas que tiene España. Es hora de ponerse a trabajar y gobernar este país. ¿Cuántas veces hay que ir a las urnas para que lo asuman?

Los resultados de esta repetición de las elecciones son elocuentes: todo sigue igual, salvo las sorpresas que ya vaticinaban las encuestas. El PSOE pierde dos escaños (121), Unidas Podemos también cede 7 escaños (35) y Ciudadanos se desploma estrepitosamente (de 57 a 10 diputados). El Partido Popular recupera 20 escaños (86) y Vox, el partido de ultraderecha, pasa a ser el gran vencedor, ganando nada menos que 29 escaños (53), convirtiéndose en tercera fuerza parlamentaria (Datos con el 92 por ciento del escrutinio). Con tales resultados, el Congreso continúa dividido en dos grandes bloques -y más fragmentado que antes-, ninguno de los cuales logra sumar la mayoría suficiente para gobernar. Es decir, volvemos a la posición de salida, en la que la intransigencia de unos y las exigencias de otros obstaculizaron los acuerdos para sumar los apoyos que posibiliten investir a un presidente de Gobierno, lo que motivó la repetición de elecciones. ¿Qué hacer ahora?

Lo que ha quedado claro es que, cuando se repiten unas elecciones, baja la participación de los ciudadanos y se produce un cierto castigo al partido gobernante (PSOE pierde dos diputados) y al causante que los votantes perciben como el responsable de la falta de acuerdo (Ciudadanos y Unidas Podemos). ¿Tomaran ahora todos ellos buena nota de esta lectura de los resultados que arrojan las urnas? Deberán hacerlo porque, por culpa de unos y otros, hoy, más que un día aciago, ha sido un día electoralmente inútil para solventar lo que los políticos son incapaces de resolver: su propia incapacidad para consensuar pactos que hagan posible la gobernabilidad en España. Y ello es ya un imperativo ineludible para todos los que se han ganado un asiento en nuestras Cortes Generales.  

Cumpleaños de un inmortal

El pasado martes día 5 cumplía 92 años el filósofo sevillano Emilio Lledó (5 de noviembre de 1927), el nonagenario más ilustre de la actualidad y uno de los pensadores más importantes de esta época nuestra, tan dada a la imagen y tan huidiza de la reflexión. Se trata de un sabio vivo que, a través de numerosas obras, ha plasmado su preocupación sobre la relevancia de la cultura, la memoria, la educación y la ética en la formación de las personas, en un mundo que tiende a corromper y atrofiar al pensamiento. Su inteligencia y sensibilidad quedan reflejadas en la fecunda producción intelectual que ha desarrollado a lo largo de toda su vida, tratando de disolver los “grumos” que la desidia o el descuido producen en la mente. Con su magisterio, impartido en las universidades (Valladolid, Barcelona, Tenerife y Madrid) o en los libros, no dejó nunca de inculcar el entusiasmo por el conocimiento, recalcando el valor de la libertad y el poder de transformación de la educación. Su defensa de la educación pública es insoslayable, valorándola como condición indispensable para la formación de ciudadanos libres, críticos y responsables con la sociedad. La vida y la obra de Emilio Lledó, corta en términos biológicos, será inmortal gracias al legado de su ejemplo y sus ideas, condensadas estas últimas en obras que enriquecen mi biblioteca y mi espíritu, como Lenguaje e historia (Taurus), El epicureísmo (Taurus), El elogio de la infelicidad (Cuatro), El silencio de la escritura (Austral), Los libros y la libertad (RBA libros), Sobre la educación (Taurus) y El surco del tiempo (Austral). ¡Feliz cumpleaños, sabio inmortal!  

Las respuestas del “saco”

Fue clamoroso el silencio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a las preguntas directas que le formularon los representantes de la derecha en el debate de candidatos a las elecciones generales celebrado el lunes pasado. Su actitud de ignorar las preguntas y no dar respuesta a las cuestiones planteadas fue negativa y contraproducente, no sólo por parecer que despreciaba a sus interlocutores, sino además por transmitir una imagen de incomodidad y acorralamiento de la que no sabía cómo librarse. Su actitud de no mirar al adversario y mantener la cabeza baja, entretenido en lo que supuestamente garabateaba en un folio sobre el atril para ignorar las preguntas, seguramente respondía a una estrategia de sus asesores de comunicación. No quería entrar a saco en las provocaciones. Y se equivocó.

Por supuesto que eran preguntas “tendenciosas” que perseguían descalificarlo, cualquiera que fuera la respuesta que diera. Pero, al hacer caso omiso, su efecto resultó perjudicial para la credibilidad de su mensaje y la fortaleza de sus convicciones. Porque los simpatizantes y votantes socialistas, y telespectadores en general. aguardaban argumentos convincentes con los que enfrentar los reproches y acusaciones que le hacían los representantes de la derecha de España, pues para eso se iba a un debate. Ya que para hablar sólo de lo que se domina y conviene se acude a un mitin, donde la papeleta se resuelve fácilmente con eslóganes, que fue lo que hizo el representante de la ultraderecha: lanzar su mensaje, trufado de mentiras y falsedades, sin que nadie le rebatiera ni diera réplica.

A mi juicio, estas fueron las preguntas “trampas” a las que el presidente en funciones no quiso entrar a saco de responder.

¿Cuántas naciones hay en España? Hay tantas como las que consagra la Constitución. Las nacionalidades, un concepto derivado de nación, son realidades diferenciadas en nuestro país que determinaron una configuración territorial más federal que centralista para integrarlas en un todo, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, como se constituye España. Nación es un término ambiguo que apela a sentimientos más que a otra cosa y que, en un sentido romántico, atribuye rasgos culturales e históricos comunes e inalterables entre los que comparten un territorio determinado, Si la Constitución reconoce a España como nación y a determinadas regiones como nacionalidades, es que nuestro país es plural, rico y diverso en sentimientos nacionales. Nuestro Estado de las Autonomías responde a esa realidad y obedece al resultado democrático de una decisión soberana del pueblo español. Por eso, toda modificación del marco constitucional exige el mismo refrendo de la soberanía popular. La convivencia pacífica, cuando afloran tensiones, es un problema político que hay que abordar con diálogo y lealtad, en el marco siempre de la ley. Ello no impide que el que infrinja la ley, asuma las consecuencias, ante la cual todos somos iguales y nadie disfruta de privilegios.

¿Aceptaría los votos de los independentistas? Considerar menos “dignos” los votos de partidos nacionalistas con ideología independentista es hacer un flaco favor al sistema democrático y una impugnación absoluta al esfuerzo por encauzar por vías pacíficas y democráticas conflictos y demandas sociales que en algún momento se expresaron de forma violenta. Del mismo modo, considerar ilegítimos aquellos eventuales apoyos que se puedan recibir de formaciones cuyos objetivos son opuestos a los de uno sería dañino e hipócrita para el funcionamiento del sistema democrático. Entre otros motivos, porque la democracia es el triunfo de la razón frente a los totalitarismos y el terrorismo. La democracia se asienta en el reconocimiento y garantía de las libertades, los derechos y la confrontación civilizada y pacífica de las diferencias ideológicas existentes en el seno de la sociedad. Se construye a partir de la soberanía popular y mediante la elección ciudadana de los gobernantes, quienes son controlados, confirmados o removidos periódicamente a través del voto. Esa delegación de voluntades en la representación política es la antítesis del totalitarismo. Y en un parlamento democrático todos los votos son iguales y legítimos, porque garantizan la misma capacidad para conformar decisiones políticas colectivas. No reconocerlo así sería deslegitimar, también, los apoyos de Vox, el partido ultraderechista, anticonstitucional, xenófobo y antieuropeísta, que ha posibilitado los gobiernos conservadores pactados tras las últimas elecciones municipales y autonómicas. Porque tan inconstitucional es pretender la independencia de una parte del territorio como la recentralización del Estado de las Autonomías. Sin embargo, ambas ideas se pueden defender cívica, pacífica y democráticamente en la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento de la Nación.

Distinto es que con esos apoyos se pretenda coaccionar la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y la obligación de las formaciones que, por su mayor representación parlamentaria, tienen de aglutinar los votos necesarios para conformar gobierno. Cualquier pacto parlamentario es legítimo siempre y cuando sus condiciones y finalidad se ajusten a la ley, respeten la legalidad, sean transparentes y sin cláusulas ocultas, y respondan al interés general de los ciudadanos. El único motivo para rechazar esos apoyos sería condicionarlos al quebrantamiento del Estado de Derecho, violar la Constitución, actuar en desacuerdo con la legalidad e impedir el progreso de una sociedad más justa, próspera, igualitaria en derechos y libertades, y construida con los valores democráticos que la caracterizan. Votos para progresar, no para retroceder. Y votos para unir, no para separar. Esa es la diferencia.

El populismo de Vox. Aparte de esas preguntas sin respuestas, resultó sorprendente que ninguno de los intervinientes en el debate contestara las soflamas incendiarias del representante de la ultraderecha, que se despachó a gusto. Más que debatir, el líder de Vox esparció su ideario, basado en exageraciones alarmistas cuando no en meras mentiras y falsedades, sin ser rebatido o corregido. Porque es mentira que el feminismo y la ley de protección contra la violencia de género criminalicen al hombre. Ni que la mayoría de los delitos de violación y agresiones sexuales que sufre la mujer, como en el “caso de la manada”, sean cometidos por inmigrantes, como aseguró. Tampoco que los centros de menores inmigrantes no acogidos (menas) sean fuente de conflictos en los barrios donde están ubicados. Es hacer populismo cuando se criminaliza la inmigración y se incuba la xenofobia en un país tolerante como el nuestro, porque España no soporta ninguna presión migratoria desorbitada, ni existe ningún problema de seguridad ciudadana por culpa de los colectivos de extranjeros que, legal o ilegalmente, se han instalado en nuestro territorio. Todas estas afirmaciones son fakes new.

De igual manera, mintió acerca de las duplicidades y el gasto que, según él, suponen las autonomías, movido por su afán en denostar un diseño territorial que ha venido a dar respuesta a un problema de sensibilidades nacionales plurales. La descentralización ha acercado el Estado, al transferir competencias, a los ciudadanos de cada autonomía, sin renunciar ni a las materias que le son propias, ni a la coordinación general, ni a la solidaridad compensatoria interterritorial. Es una falacia afirmar que las autonomías suponen un coste inasumible puesto que los gobiernos regionales administran unas prestaciones que, de otro modo, tendría que ofrecer el Estado, sin estar sobre el terreno. Tampoco que el número de funcionarios y la estructura política que conlleva una autonomía representen, sin faltar a la verdad, una "elefantiasis" burocrática. De hecho, el peso del sector público en España es inferior a la media de los países de la OCDE.

Pero lo más grave fue renunciar a desmentir las aseveraciones acerca de que, en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo, en Cataluña se está produciendo un golpe de Estado permanente, por lo que debería ilegalizarse los partidos golpistas, encarcelar al presidente de la Comunidad y suspender la Autonomía, aplicando contundentemente el Artículo 155 de la Constitución. Además de criminalizar al independentismo, se falsearon los procedimientos constitucionales que permiten dejar en suspenso un Gobierno autónomo. Todo ese ideario ultraderechista de Vox, expuesto en el debate sin ser discutido, es contrario a los valores constitucionales y a la más mínima decencia política e intelectual. Pero nadie se lo recriminó ni quiso entrar a saco.

Y ese saco precisa de respuestas. No serán exactamente como las aquí apuntadas, pero, al menos, podrían ser del mismo tenor argumental que contribuyan a contrarrestar las insidias, tergiversaciones y falsedades que devaluaron el pasado debate y lo convirtieron en cinco mítines simultáneos, sin posibilidad de preguntas ni de respuestas.   

Enésimas elecciones

Por segunda vez este año estamos convocados a unas elecciones generales, tras las celebradas en abril en las que no se consiguió investir un presidente de Gobierno. Además, tuvimos que acudir a las urnas en mayo para elegir a los alcaldes y a algunos presidentes de comunidades autónomas. En los últimos cuatro años se han celebrado seis comicios en España (cuatro generales -2015, 2016 y dos en 2019-, unos comicios autonómicos adelantados en Andalucía y los municipales de mayo pasado) que hacen que los ciudadanos hayan perdido la cuenta de las veces que han ido a las urnas.  ¿Significa esto que nuestra democracia es más sólida y representativa o que se ha devaluado hasta reducirla a un mero trámite formal, sin respeto a lo que decidan con su voto los ciudadanos?

En función de la respuesta que se dé a esta cuestión, se producirá el grado de participación que el próximo domingo consiga estas enésimas elecciones generales. Porque motivos para la abstención no faltan ni razones para la desafección política. Y ese descontento, que se detecta en las encuestas, representa el mayor peligro que se cierne esta vez sobre las urnas por parte de unos votantes que parecen hartos de cumplir con su derecho al voto, sin que los elegidos asuman su deber de actuar en consecuencia. Conjurar tal peligro debiera ser la prioridad de los partidos en liza, pero, por las estrategias que desarrollan y los mensajes propagandísticos que emiten, no parece que estén dispuestos a hacerlo. Por el contrario, nuevamente se dedican a cuestionar posibles alianzas entre ellos y anteponer antagonismos que harán muy difícil cualquier pacto que sea necesario con un resultado que mantenga la fragmentación del Parlamento. ¿Qué hacer entonces, insistir con otras elecciones hasta provocar la anomia total en la sociedad?

La situación de bloqueo que ha obligado esta repetición electoral puede volver a presentarse si, como parece, persiste la existencia de dos bloques ideológicos, ninguno de los cuales consigue mayoría suficiente para formar gobierno. Tirados los dados electorales, el resultado podría ser prácticamente el mismo, aunque dentro de cada bloque, unos partidos ganen escaños a expensas de los que pierden otros. Y en esa disyuntiva, la persistencia de una actitud obstruccionista volvería impedir la investidura de un gobierno en minoría a cargo del partido que más votos obtuviera. Como en abril pasado.

El desarrollo de esta campaña parece apuntar a esa dirección si tras las elecciones sus líderes no entran en razón y atienden al interés general. La “izquierda” acusa al probable ganador, en minoría, de estos comicios, al partido socialista, de preferir un pacto con la derecha. Y la derecha, a su vez, advierte del peligro de que intente, en realidad, un gobierno “frankestein” formado por una coalición de las izquierdas que incluya a nacionalistas e independentistas. Y todos reinciden, así, en su incapacidad para asumir un resultado que no satisfaga sus expectativas particulares, sin importarles la estabilidad gubernamental ni el futuro del país, en una coyuntura nacional e internacional especialmente delicada.

El debate televisivo entre los portavoces parlamentarios de las distintas formaciones (intencionadamente escribo esta crónica cuando aun no se ha celebrado el de los líderes de cada una de ellas) abundó en esa incapacidad para el consenso y en la notable facultad para la descalificación y la polarización política. Pocas propuestas, muchas recriminaciones y exageraciones burdas, tanto de las debilidades ajenas como de las fortalezas propias. Una retahíla de reproches mutuos para acusar al adversario de la parálisis que atenaza la gobernabilidad de este país desde hace cerca de un lustro, lo que impide la implementación de medidas de calado que permitan afrontar los retos a que nos enfrentamos. Y mucho han de cambiar las cosas para que el debate entre los primeros espadas escape de ese guion preestablecido que sólo sirve para engordar una abstención en la que se refugian quienes el desánimo se ha adueñado de sus vidas, los que están desquiciados con una sociedad tensionada absurdamente a causa de “ideas -como diría Unamuno- que se presentan en rosarios de sentencias graves”, inútiles para alcanzar ningún acuerdo.

Con todo, la única salida es votar, volver a votar para que unos pocos no decidan en nombre de todos, por demostrar mayor civismo democrático que los propios elegidos y no hacer dejación de una responsabilidad que la democracia pone en nuestras manos. A pesar de las frustraciones y los desengaños, las urnas nos permiten condicionar a nuestros gobernantes para que actúen conforme nuestra voluntad, aunque se empecinen en no hacerlo. No usar el voto e ignorar este sistema, que no es perfecto pero es el mejor para expresar nuestra decisión soberana, sería facilitar que los desaprensivos maliciosos, emboscados en los populismos de todo pelaje, suplanten nuestra voluntad y opinen por nosotros. No cabe en democracia el pesimismo porque tenemos capacidad de combatirlo ejerciendo el derecho a votar con criterio y objetividad a los más idóneos para representarnos. Las veces que haga falta, aunque sean las enésimas elecciones en las que participamos.

Belén en vivo

Ana Belén es una artista de la cabeza a los pies que forma parte de la cultura popular española contemporánea. Es actriz de televisión y de teatro, pero la faceta por la que la conozco de antiguo es por ser una de las figuras más destacadas de la música moderna. Su voz, fina y aterciopelada, te acaricia la sensibilidad, poniéndola a flor de piel, con canciones que constituyen la historia musical de varias generaciones de españoles. Su estilo y elegancia son reconocibles cada vez que la escuchas, y te imaginas a una diva inaccesible en su torre de marfil, consciente de poseer un don que la distingue entre los cantantes.

Y no es así. Ana Belén en vivo se muestra como una persona abierta, sincera y cercana. Comenta con el público el tema de sus canciones y no oculta las convicciones que algunas de esas letras revelan y por las que atrae el entusiasmo de tantos seguidores. Su voz en directo en nada difiere de la reproducida en sus discos, mostrando las cualidades, sin aparente esfuerzo, por las que ha alcanzado el lugar de honor que ocupa en el panorama musical español. Máxime cuando se acompaña de una banda de músicos de proverbial maestría.

Ana Belén gana sobre el escenario al exhibir, junto a sus dotes para el canto, su calidad humana y una sensibilidad extraordinaria. Por eso canta a la mujer que ha de luchar en un mundo machista, al oprimido en un mundo de poderosos, a la libertad en un mundo de cadenas, al niño que, como Aylán, puede morir en una playa, al amor en un mundo de engaños, o a esa España cuya camisa, en la actualidad, apenas es blanca como la esperanza. Ana Belén en vivo es una artista viva que te reconquista con su fragilidad y encanto, y con su don. Escúchenla.