miércoles, 30 de octubre de 2019

Un Sistema Solar en crecimiento

Higia

Conforme avanza la ciencia y la tecnología en Astronomía, mayores conocimientos se van adquiriendo del Universo y de nuestro entorno del Sistema Solar. Aquellos nueve planetas que aprendimos en la escuela que, incluido el nuestro, giraban alrededor del Sol, constituyendo el Sistema Solar, comienzan a formar parte de una familia más numerosa y “clasista”. De hecho, Plutón ha perdido la categoría de planeta para pasar a ser considerado planeta enano, según la nueva clasificación de la Unión Astronómica Internacional, que considera planeta enano a cualquier objeto con forma esférica que gira alrededor del Sol y su órbita es compartida con otros cuerpos celestes. Plutón orbita más allá de Neptuno y su trayectoria roza el Cinturón de Kuiper, una zona poblada de objetos congelados o asteroides. De este modo, resulta que existen más planetas enanos, como Plutón, en nuestro Sistema Solar: Ceres, Eris, Makemake y Haumea. Y hace unos días se ha hallado otro más: Higia.

Higia era un asteroide, como Ceres, que por su forma (esférico) y tamaño (430 kilómetros de diámetro) mejora su categoría y se convierte en planeta enano, aunque sea el más pequeño del Sistema Solar. Son ya, por tanto, catorce -entre “normales” y enanos- los planetas que conforman nuestro Sistema Solar, hasta la fecha. Además, gracias a la capacidad del instrumento SPHERE, instalado en el Telescopio Muy Grande (VLT, en sus siglas en inglés) ubicado en el desierto de Atacama (Chile), se ha podido determinar que Higia reúne otra condición planetaria: tiene gravedad propia. Todos estos planetas enanos han sido descubiertos recientemente, en el siglo XXI, excepto Ceres, que fue descubierto en el siglo XIX, siendo el objeto más grande del Cinturón de Asteroides, una zona comprendida entre las órbitas de Marte y Júpiter.

Higia tiene la mitad de tamaño de Ceres, una composición parecida, pero es algo menos “redondo”, aunque notablemente más esférico que los asteroides. De ahí su ascenso a la categoría de planeta enano. Tiene un período de rotación de 13,8 horas y se cree que tiene una antigüedad de sólo dos mil millones de años, cuando, producto de una colisión con otro asteroide, los fragmentos de Higia se volvieron a unir hasta dar lugar a su forma esférica. Al parecer, fue la última colisión de asteroides en los últimos 4.000 millones de años. Es, junto a Ceres, el segundo planeta enano procedente del Cinturón de Asteroides, puesto que el resto son objetos transneptunianos, cuyo origen es, con probabilidad, el Cinturón de Kuiper.

Sea como fuere, lo cierto es que nuestro Sistema Solar crece y sus nuevos miembros van encontrando acomodo en el bagaje de conocimientos que vamos adquiriendo acerca del Universo.

martes, 29 de octubre de 2019

Justicia del “talión”


El combate y captura de los grandes dictadores y terroristas que han osado enfrentarse en los últimos decenios a Occidente es imparable y también drástico. EE UU, como brazo justiciero, salda estas cuentas con la muerte fulminante del enemigo, sin confiar en juicio alguno ni otra condena que no sea la simple eliminación física del criminal capturado. El último en caer en manos de este destino inexorable ha sido el líder del denominado Estado Islámico Abubaker al Bagdadi, quien había proclamado, en 2014, el sangriento califato de ISIS (en sus siglas en inglés), alentando una rebelión en Siria e Irak que extendió el terror más allá de aquellas fronteras, mediante atentados indiscriminados en países europeos y de otros continentes.

Fuerzas especiales de EE UU anunciaron su muerte como consecuencia de una operación militar desarrollada en el norte de Siria, donde se escondía y fue acorralado hasta acabar suicidándose, al verse sin salida, detonando un cinturón explosivo. Para el presidente norteamericano Donald Trump, “murió como un perro, como un cobarde”, como calificó su muerte en una intervención bochornosa, pero propia de un mandatario soez. Se trata del último capítulo, que no el final, de una política justiciera por parte de EE UU, que parece preferir la “ley del talión” a la hora de ajustar cuentas con los perseguidos, grandes criminales que merecen pagar por sus crímenes, en vez de proceder a su captura y puesta a disposición de un Tribunal que los juzgue y condene con la máxima severidad, preservando, en la medida de lo posible, sus vidas, para no comportarnos igual de sanguinarios que ellos. Es cierto que los sátrapas asesinos no se dejan atrapar tan fácilmente ni levantan los brazos para entregarse de manera pacífica. No obstante, esa oportunidad debería presidir todas las actuaciones encaminadas a su captura, en consonancia con la superioridad moral de la civilización occidental y los valores que la sustentan, como son el respeto de los Derechos Humanos y la integridad de toda vida humana.

Llama la atención que no se trata del primer caso de ejecución fulminante de un perseguido desde que comenzara esta especie de “guerra” sin cuartel contra el fanatismo yihadista que lideró Osama bin Laden, cuando creó Al Qaeda. Este personaje, de origen saudí, fue el primer terrorista en organizar ataques directamente en suelo de EE UU, que se saldaron con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, el 11 de septiembre de 2001, en el que murieron miles de personas inocentes. Fue entonces cuando EE UU asumió que el fenómeno yihadista suponía un enfrentamiento abierto que debería saldarse con la eliminación física de los líderes terroristas. Diez años estuvo EE UU persiguiendo al fundador de Al Qaeda hasta que, en mayo de 2011, pudo abatirlo en su refugio de Pakistan mediante una operación especial de los Seal, unidades de élite del Ejército. Tras matarlo y tomar muestras de identificación, arrojó su cuerpo desde un portaviones al mar, sin dejar constancia documental que corrobore estos hechos. Es otro ejemplo de esa Justicia drástica que Occidente está aplicando contra sus enemigos más peligrosos y detestables.

Ya anteriormente, en 2003, el Gobierno de George W. Bush había declarado la guerra a Irak, aunque no tuviera nada que ver con el ataque a las Torres Gemelas, y sus soldados capturaron a Saddam Hussein, el dictador que gobernó aquel país durante 24 años, de 1979 a 2003, en un zulo cerca de Tikrit, su ciudad natal. Una coalición militar en la que participó España, liderada por EE UU y sin respaldo legal de la ONU, invadió el país árabe con la excusa de que poseía “armas de destrucción masiva” que jamás fueron halladas, hasta la fecha. Pero aquella vez se pudo coger vivo al prófugo, que fue entregado a un gobierno provisional para que un tribunal iraquí, ambos controlados por EE UU, lo encontrara culpable de “crímenes de lesa humanidad” y lo condenara a muerte. Fue ahorcado en diciembre de 2006. Así, al menos, el dictador tuvo un simulacro de Justicia y las imágenes de su ejecución fueron difundidas en todo el mundo a modo de advertencia: quien la hace, la paga.

Sin embargo, más cruenta y sádica fue la suerte que corrió Muamar el Gadafi, otro déspota que había estado gobernando Libia durante 42 años hasta que unas revueltas, patrocinadas por EE UU, acabaron con su régimen y grupos armados rebeldes, apoyados por la OTAN, lograron derrocarlo, apresarlo en su huida y asesinarlo de la manera más despiadada inimaginable. Gadafi era un dictador con ensoñaciones de un imperialismo socialista, a semejanza del panarabismo de Nasser, que no dudó en patrocinar, entrenar y armar grupos terroristas de medio mundo, por lo que era cómplice de muchos atentados que sesgaron la vida de centenares de occidentales. Su captura y castigo eran merecidos, pero sin el salvajismo con que fue realizado.

Todos estos ejemplos de “justicia del talión” sirven para evidenciar una característica común: que el fin justifica los medios y que la venganza puede nublar las razones de hacer justicia ante hechos execrables que deben ser castigados. Pero de otro modo. No defiendo a los asesinos, pero si nuestra propia defensa y nuestra justicia se ejecutan como hacen ellos, asesinando sin más, escasas razones encontraremos para justificar una justicia que se guía por el “ojo por ojo” y aplica aquello de “quien a hiero mata, a hierro muere”. Tal vez sea el único método eficaz de actuar contra unos criminales que no están dispuestos a dejar de matar, pero no resulta consecuente con unos valores cívicos y morales que decimos encarnar, ni tampoco resuelve el terrible problema del terrorismo, puesto que alimenta el odio de un fanatismo que continuará buscando sucesores que lideren sus acciones terroristas.

Ni los centros de internamiento y torturas, como el de Guantánamo, ni las ejecuciones sumarísimas mediante operaciones militares consiguen cambiar unas mentes fanatizadas que declaran su enemistad asesina a Occidente. Sino que serán la ley, el respeto a los Derechos Humanos y la supremacía moral de nuestras democracias los que acabarán por derrotarlos, al demostrarles la equivocación e inutilidad de sus conductas y los prejuicios con que perciben una sociedad occidental que sólo persigue ser justa, plural, tolerante y pacífica, también en su relación con la sociedad islámica, con la que desea convivir en paz, mutuo respeto y en enriquecedor intercambio cultural.

La verdad es que ignoro cómo podríamos defendernos, capturar y juzgar a estos déspotas asesinos sin renunciar a nuestros principios, pero lo que sí sé es que sólo con la ley del talión y una justicia de aniquilamiento sin garantías judiciales no se podrá acabar con el fenómeno del terrorismo yihadista. Ni ningún terrorismo. A lo mejor es que será cierto lo que decía Hobbes sobre que la concordia entre los hombres es artificial, puesto que estamos más inclinados al dominio que a la sociedad. Y por eso estamos en una guerra patente o latente de todos contra todos. Poco habríamos avanzado, si fuera así, desde entonces.

domingo, 27 de octubre de 2019

La noche más larga


La pasada noche ha sido la más larga del año porque hubo que añadir una hora a su duración. Es el atraso horario que cada año hay que acometer y que nos obliga, en la madrugada del 27 de octubre, a retrasar la hora desde las tres a las dos, razón por la cual la noche dispone de una hora añadida. El año que viene, en primavera, recuperaremos esa hora al adelantarla en los relojes, en un baile horario que nada lo justifica y vuelve locos a nuestros relojes biológicos internos, obligándolos adaptarse a unos cambios arbitrarios que alteran más que benefician. El único motivo que explicaría estas modificaciones caprichosas sería el de la conveniencia para el sector turístico, pues permite que la luminosidad del día se mantenga hasta lo que, en las demás estaciones, sería ya la noche. Días extremadamente largos de insolación que, aparte del negocio de las bebidas, piscinas y restauración, invita al derroche en refrigeración que muy poco ahorro acarrea al consumo energético del país. Pero el beneficio de un sector particular parece prevalecer sobre el interés general, aunque ocasione trastornos a la salud y alteraciones en las costumbres. Y lo peor de todo es que se adoptan estas iniciativas, tal vez necesarias en un momento de crisis energética del siglo pasado, para no desentonar con el comportamiento aborregado de una mayoría de países de Europa, en la que sólo unos pocos de ellos mantienen inalterable y en correspondencia con su huso horario la hora oficial, sin tantas excusas y falsas justificaciones. Hoy, además de madrugar hartos de estar en la cama, el día también se nos antoja largo por la necesidad de habituarnos a unos cambios lumínicos a los que nuestros sentidos y el estómago no estaban acostumbrados. ¡Valiente estafa! 

jueves, 24 de octubre de 2019

Revueltas sudamericanas

Manifestantes en Chile

Las llamas del descontento parecen propagarse por toda Sudamérica. Cuando no es Venezuela, es Ecuador, Argentina o Chile, entre otros países, donde la ira popular, con más o menos virulencia, se manifiesta en las calles en contra de medidas o situaciones con las que los ciudadanos acaban perdiendo la paciencia. Tampoco es que la región haya sido históricamente un remanso democrático y tranquilo, sino el escenario en el que se ha ensayado toda clase de revoluciones y dictaduras con las que las potencias de cada época -desde los antiguos colonizadores hasta la actual superpotencia del Norte- han pretendido manejar sus destinos y proteger intereses geopolíticos. Una historia que todavía supura por heridas abiertas sin cicatrizar, como forzosa contribución al enriquecimiento de los explotadores. Y cuyas consecuencias aún perduran e influyen, de distintas maneras, en la atormentada realidad de cada uno de los países de América Latina. Tanto es así que las revueltas que se suceden por gran parte del subcontinente no hacen más que poner de relieve un malestar que viene de antiguo y que no deja de crecer por los insoportables problemas del presente, hasta colmar la paciencia del oprimido más resignado con su condición.

El último conflicto en unirse al estallido popular en Sudamérica ha sido en Chile, provocando un terremoto social de consecuencias impredecibles. Se trata de un estallido súbito, como una explosión de hartazgo, debido a la subida de precio del billete de metro. Un Gobierno que se dice democrático ordenó a la Policía reprimir las manifestaciones, desencadenando una espiral de acción-represión que ya ha causado más de una decena de muertos y centenares de personas detenidas, sin que el descontento popular se calmase. Y lo más curioso: sin que ningún partido dirija un rechazo que comenzó siendo una espontánea protesta estudiantil. Sin embargo, ha servido de válvula de escape para desahogar la ira contenida de un pueblo que sufre desigualdad por unas políticas neoliberales hasta extremos inaguantables. De hecho, Chile es, hoy, uno de los diez países con más desigualdad del mundo, según el Banco Mundial, por culpa de un modelo económico que prima la privatización de los servicios básicos, la austeridad severa en el gasto social y la inversión centrada en sectores productivos rentables. Se trata de la clásica receta neoliberal que ha permitido cierto crecimiento económico, pero que olvida a los más necesitados, a los que conduce a niveles de vida precarios, sin que por ello haya podido contener el altísimo endeudamiento del país. Una situación que ha generado tal injusticia social que los ciudadanos ya no la toleran. Y se han echado a la calle.

Manifestantes en Bolivia
En Ecuador ha sucedido algo similar con la eliminación de la subvención del combustible, decretada por el presidente Lenin Moreno, que condenaba a los afectados, más de 300.000 ecuatorianos, a la pobreza. El encarecimiento del combustible suponía, además, por su impacto directo, el aumento en más de un 100 por ciento del precio de bienes y servicios, y más de un 30 por ciento en el de la gasolina. Los más oprimidos no lo dudaron y, durante unas semanas, ocuparon calles, rodearon instituciones, obligaron al presidente a abandonar la capital del país, hasta que finalmente, después de graves enfrentamientos con muertos incluidos, consiguieron que se anulara el decreto y se mantuviera el subsidio al combustible. Una vez más, fueron políticas neoliberales y la desigualdad social las que generaron unas revueltas populares, tras décadas de injusticia y opresión.

También en Bolivia las protestas generalizadas han hecho acto de presencia, no por causa de medidas económicas, sino por el despotismo con que el actual presidente, Evo Morales, pretende eternizarse en el poder, tras unas elecciones a las que no debía presentarse y cuyos resultados causan recelo dentro y fuera del país. Evo Morales había podido concurrir a estos comicios, los cuartos tras una década en el poder, gracias a una interpretación benigna del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida, en 2016. Dudas en el recuento de votos, del que el TSE suspendió la publicación de resultados, provocando la dimisión del vicepresidente de este organismo, han desatado las alarmas y la movilización de la gente. Una oleada de protestas ha recorrido el país y no han cesado las movilizaciones multitudinarias en las grandes ciudades para criticar al Gobierno. Y es que, aunque Morales haya sido el primer presidente indígena de Bolivia y sus promesas fueran de más democracia y mejor redistribución de la riqueza, ha terminado cansando a la ciudadanía por sus golpes de autoritarismo (ignoró la voluntad de sus electores en el referéndum sobre su perpetuación en el poder) y por el agotamiento de un ciclo económico que barrunta la reaparición de la recesión. Es lo que tienen los líderes providenciales: se creen insustituibles y acaban convirtiéndose en represores de su pueblo, como Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. Lo cierto es que la población ya no tolera ni el colonialismo ni la autocracia, porque aspira a la libertad y la justicia para construir sociedades en las que reinen la igualdad, la tolerancia y la prosperidad, en pacífica convivencia.

Estas elecciones, como las próximas de Argentina y Uruguay, marcadas por las tendencias, si no de fraude, sí de una opacidad que es reacia al control externo de su transparencia, evidencian unas democracias defectuosas, según la clasificación de The Economist Intelligence Unit, que son resultado de una evolución histórica plagada de colonialismo, regímenes autoritarios y opresión por parte de propios y foráneos. Este devenir histórico convierte la desigualdad social en la mecha que hace estallar el conflicto y el descontento en unos países que, a pesar de haber conquistado la independencia, siguen siendo dependientes de un capitalismo mercantilista que dicta las normas e impone las condiciones, sea quien sea el que gobierne. Los explotadores, que controlan el sistema financiero, los medios de transporte y fletes, la capacidad industrial y de valor añadido, y los mercados últimos, arrebatan las materias primas y las riquezas de América Latina, sin importarles las condiciones de vida de su población. Y, claro, estos países estallan en rebeldía e ira a la menor vuelta de tuerca, hartos de tanta opresión y pobreza.

Entre líderes providenciales que se convierten en caciques autoritarios y un sistema económico que agudiza la pobreza y concentra la riqueza en manos de los explotadores de siempre, a la gente sólo le queda el recurso de unas revueltas que se extienden por todo el subcontinente americano, donde el subdesarrollo y la desigualdad son el estigma imperecedero del viejo colonialismo, esta vez económico.

lunes, 21 de octubre de 2019

Embestida


Había sido siempre pacifista, incapaz de comprender que el ser humano empleara la violencia, incluso la muerte, contra sus semejantes por una idea, una linde en la tierra o la posesión de riquezas, cuando la vida ofrecía infinitas posibilidades de ser feliz sin tantas ambiciones materiales o egoístas. También era contraria a la muerte gratuita y al abuso de los animales. Los consideraba pobladores, junto a los hombres, del planeta, con los que compartíamos recursos para poder coexistir sin llegar a extinguirnos por culpa del otro. A pesar de ello, sus convicciones no sucumbían al fanatismo. De hecho, no era vegetariana, pues aceptaba que podíamos disponer de algunos de esos animales como alimento y abrigo, formando parte de un equilibrio natural que preserva en mutua dependencia a las especies vivas. Pero no toleraba que se sacrificaran sus vidas por mera diversión o capricho. Por eso renegaba de la fiesta de los toros, al estimarla una bestialidad anacrónica, inadmisible en la actualidad. Presumía de no haber pisado nunca una plaza de toros ni un ring de boxeo, templos de una irracionalidad sádica. Pero solía desayunar en un bar decorado con motivos taurinos que había cerca de su domicilio. Iba a él porque era la mejor cafetería del barrio donde podía estar tranquila. Indiferente al entorno, solía sentarse en una aislada mesa del salón para beber su café, absorta en la lectura del periódico. Nunca sospechó que un toro pudiera matarla, como sucedió aquel día en que se desprendió la cabeza disecada de uno que colgaba sobre ella en la pared. Fue la primera pacifista animalista muerta por asta de toro, embestida por el azar de un accidente.

jueves, 17 de octubre de 2019

Otoño hirviente


El otoño siempre ha sido la estación en la que se reinicia la actividad cotidiana del año (laboral, política, educativa, etc.) después de la inevitable interrupción del verano y las vacaciones. Ese inicio de la actividad podía ser en calma o en tensión. De ahí que, por la gravedad de los asuntos a los que hacer frente, haya prosperado la expresión “otoño caliente” cuando la conflictividad era lo más destacado en tales problemas. Pero este año, más que caliente, el otoño se pronostica hirviente, puesto que parece hervir por la ebullición de una problemática diversa y compleja que amenaza con empeorar si no se atiende como exigen los afectados. Y es que el curso que arranca en otoño presenta problemas de tal magnitud que bien podrían desestabilizar aún más la situación política y fracturar la convivencia pacífica en España.

El más inquietante de los problemas de este otoño es, sin duda, el de las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los políticos catalanes encausados, condenados a penas de cárcel e inhabilitación de hasta 13 años. Los partidos políticos soberanistas, el gobierno de la Generalitat, organizaciones civiles afines y los partidarios de la independencia venían esperando el fallo y estaban preparados para organizar una respuesta tumultuosa en las calles que, mediante manifestaciones, bloqueos de infraestructuras y servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas del orden y algarabías de diverso grado, pudiera interpretarse, por su extensión e intensidad, como expresión de rechazo del conjunto de la población de Cataluña. Como alumnos aventajados de los noticiarios, sus organizadores -una anónima plataforma que se oculta bajo el nombre de “tsunami democrático”- intentaron emular a los manifestantes de Hong Kong y paralizar el aeropuerto de Barcelona, cosa que consiguieron durante unas horas el primer día de protesta. También pretendieron imitar la violencia vandálica protagonizada por los “chalecos amarillos” que arrasaron la capital y otras ciudades de Francia hace unos meses, destruyendo escaparates, provocando fuegos, lanzando piedras, vallas y botellas con ácido a los policías, etc. La verdad es que lo tenían fácil porque ejemplos a copiar no faltaban.

Sin embargo, la gravedad de estos hechos no radica en las manifestaciones ciudadanas -derecho consagrado en la Constitución-, sino en la actitud ambigua del Govern por alentar (“apretad”, pedía el presidente Torra a los comandos de los CDR)) este tipo de comportamientos que tienden a descontrolarse y desembocar en delitos y atentados contra la seguridad ciudadana, mientras al mismo tiempo ese Govern es responsable de mantener el orden y la convivencia en la Comunidad, además de garantizar el respeto y el cumplimiento de las leyes. Con semejante actitud contradictoria, será prácticamente imposible llegar a un entendimiento que permita encauzar el conflicto catalán por vías políticas y de diálogo, que precisan de la mutua confianza y de la lealtad institucional entre ambas Administraciones del Estado.

No hay duda de que la configuración territorial del Estado va a estar sometida, este otoño, a fuerzas antagónicas que, por un lado, ejercen una presión centrífuga que conlleva el riesgo de desprendimiento de una parte del mismo, y, por otro, una presión centrípeta que tiende hacia desnaturalización de las autonomías y a la recentralización. Dependiendo de cómo se aborde el conflicto catalán, el otoño hervirá por la colisión entre ambas fuerzas con inaudita virulencia política y social. Ya los radicales se encargan de encender el fuego, metafórica y literalmente hablando. Además, por si fuera poco, un Gobierno central en funciones, después de años de inestabilidad, vuelve a confiar en la repetición electoral para que los ciudadanos decidan lo que los elegidos en abril no pudieron, no supieron o no quisieron acordar: pactar la constitución de un Ejecutivo en torno a la minoría parlamentaria mayoritaria. Nos hallamos, así, con un gobierno que, este otoño, estará más atento a asegurarse su continuidad en el poder que en solucionar ningún problema.

Y sin Gobierno, sin Presupuestos y sin planes a medio y largo plazo, la coyuntura política es la idónea para que este otoño endemoniado arda con la gasolina de la confrontación partidista, la parálisis institucional, la división social y la inacción ante conflictos de todo signo que no son o no pueden ser atendidos. Se trata, justamente, de la situación más favorable para que los populismos de derecha e izquierda emerjan con sus promesas fáciles y simples que todo lo solucionan, aprovechándose del “cabreo” de la gente con unos políticos que se muestran ineficaces ante los grandes retos, también ante los pequeños obstáculos, a los que debemos enfrentarnos, como son la migración, el empleo, la seguridad, la educación, las infraestructuras, la pobreza y hasta las pensiones o un feminicidio que no cesa. Nada parece rebajar la temperatura porque, en vez de contribuir a la calma, el propio Gobierno y la crispación política son comburentes del fuego que hace hervir a este otoño con más intensidad que nunca. Unos partidos enfrascados en una confrontación estéril, que no dudan en utilizar los problemas para desacreditar al adversario, y un Gobierno provisional, sin capacidad para afrontar con eficacia ningún asunto que no sea de ordinaria y burocrática resolución, son los responsables en buena medida de la conflictividad ardiente que se pronostica para el otoño.

Incluso los pensionistas, que han emprendido desde los cuatro puntos cardinales del país una marcha hasta Madrid para exigir a todo pulmón, ante el Congreso de la nación, la seguridad de unas pensiones dignas, van a alimentar las llamas que harán arder este otoño preñado de problemas. Llevan años reclamando que se les restituya el derecho a recibir las pensiones por las que han cotizado durante toda su vida laboral. Y por que no se les utilice como apuntes contables que sirven para cuadrar las cuentas del Estado, ni se les utilice como datos demográficos de fácil seducción electoralista. Su grito en defensa de las pensiones, gobierne quien gobierne, surge del hartazgo de sentirse siempre manipulados por Ejecutivos de todo color, y de ver cómo sus pensiones, en vez mantener su poder adquisitivo, menguan cada año, con cada gobierno y con cada problema de la economía que los administradores políticos no han sabido prever ni solventar sin echar mano de la “hucha” de las pensiones y otras partidas del gasto social. Se manifiestan, gritan y contribuyen a hacer hervir este otoño con toda la razón del mundo. Y porque no consienten que se les arrebate su dignidad, aunque estén a punto de morirse.

Es enervante que la política se entretenga en mirarse el ombligo mientras el país sufre las consecuencias. Un país en el que un 26,1 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 12 millones de personas en España no disponen de los mínimos de renta necesarios, ni trabajos estables o justamente remunerados, ni posibilidad de acceso a bienes materiales o servicios, como la calefacción, que indican los riesgos de padecer pobreza o exclusión, según un reciente informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con datos de 2018. Tales indicadores miden la magnitud escalofriante de una condición que se suele confundir con la indigencia y, sin embargo, está instalada en la mayoría de las ocasiones en hogares aparentemente normales, en los que el trabajo precario o el desempleo, la desestructuración familiar o familias monoparentales, la discapacidad o el cuidado de alguno de sus miembros y hasta la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler, materializan los múltiples rostros de la pobreza. Personas privadas de recursos o excluidos de la sociedad por culpa de una crisis económica que ha ahondado las desigualdades y ha eliminado las posibilidades de prosperar y huir de las garras del infortunio. Por mucho que las soflamas gubernamentales se vanaglorien de haber superado la crisis económica, lo cierto es que los datos del INE y Eurostat colocan a nuestro país entre los países peor situados de la UE en cuanto al número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión. 

Mientras unos y otros se enfrentan por cuestiones de identidad y privilegios, se desgañitan por poltronas y prebendas, una cuarta parte de la población lucha por tener una vida digna, libre del azote de las privaciones, sin que nadie se manifieste por ella ni haga uso de la violencia para obligar a socorrerla. A pesar de todos los problemas que nos acucian, este otoño no hervirá por los realmente necesitados, cuando debería ser el principal motivo para coger la antorcha.      

lunes, 14 de octubre de 2019

Franco, el procés, Trump y el brexit


¿Qué hay de común entre Franco, Trump, el procés y el brexit? Pues que son asuntos que acaparan nuestra atención en un momento especialmente decisivo, cual es la repetición de elecciones generales en nuestro país. Son tantas las incertidumbres que penden sobre nuestro voto que el resultado de las urnas será inevitablemente insatisfactorio, en el sentido de que no contentará a nadie y volverá estar abierto a cuantas interpretaciones se le quiera dar, dependiendo del prisma particular con que se enfoque.

Por un lado, está la exhumación del dictador Francisco Franco, una anomalía política y una deuda ética que debían resolverse pese a que los franquistas las consideren una profanación. Añádanse a este ambiente preelectoral las provocaciones del ínclito Donald Trump, el presidente más imprevisible, visceral y mentiroso de la historia de Estados Unidos, capaz de hundir la economía de cualquier país, como el nuestro, mediante un exabrupto escrito en su cuenta de Twitter con el que impone aranceles a las importaciones que se le antojen, y de traicionar a sus aliados en guerras periféricas a causa de un cambio repentino en su estado de ánimo. Por si fuera poco, el caótico brexit por el que Inglaterra pretende abandonar la Unión Europea (UE), ya sin apenas tiempo para hacerlo de manera ordenada y pendiente únicamente de una prórroga, que el premier británico se niega solicitar, que evite un descortés portazo por parte de un socio que nunca estuvo contento de su pertenencia al club.

Todos estos asuntos, entre otros muchos, son aristas de una realidad, tanto nacional como internacional, que nos afectan de pleno e influyen a la hora de elegir, por segunda vez este año, un Gobierno en España que haga frente a una coyuntura compleja y entrelazada, sin que nos ocasione “daños colaterales”. En medio de todo ello, explosiona la sentencia del “procés”, como traca final que llena de ruido un escenario de incertidumbres, justamente antes de ir a las urnas. Por tanto, no resulta exagerado decir que, en esta ocasión, con la papeleta del voto nos jugamos nuestro futuro en una partida de carambolas a varias bandas. Y toca tirar.

Por lo pronto, ya hay dos hechos en vías de solución: Franco acabará en el cementerio de El Pardo, como corresponde a los que fallecen en ese municipio, y los autores del desafío catalán de otoño de 2017, cuando celebraron un referendo ilegal y proclamaron fugazmente una república, acaban de ser condenados en plazo y forma, tras un escrupuloso procedimiento judicial del que, guste más o menos, no puede decirse que haya sido arbitrario ni que obviara las garantías y derechos de los imputados, conforme se espera de la Justicia en un Estado de Derecho. Ambos asuntos, ya solventados, tendrán no escasa influencia en la orientación de nuestro voto, y así procurarán recordárnoslo los partidos en liza electoral, bien para echárnoslo en cara, bien para atraer nuestra confianza. Porque, que Franco descanse definitivamente en una sepultura privada, será valorado de oportunismo por toda la oposición, al objetar de electoralista una medida que el Gobierno en funciones ha concluido precisamente en el momento actual, y no se reconocerá que se trata de una iniciativa que venía de antaño, precedida de un acuerdo parlamentario, una decisión gubernamental, unos recursos judiciales y, a la postre, un resultado final que sólo podía ser el de la exhumación: sacar los restos del dictador de un mausoleo público en el que era enaltecido para que reposen en una tumba privada y exclusivamente familiar.

Pero también, no por esperada menos trascendente, la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los inculpados catalanes por delitos de sedición a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, provocará la visceralidad acostumbrada en las calles de minoritarios pero ruidosos sectores soberanistas de la política y sociedad catalanas, y también la insatisfacción de quienes esperaban castigos todavía mayores, como los que se reservan para los delitos de rebelión, que exige el uso expreso de la violencia para quebrantar la Constitución. Los políticos catalanes encausados han sido condenados después de un proceso judicial ejemplarmente desarrollado, que ha fallado una sentencia firmada por unanimidad del Tribunal, en un caso que ha supuesto el mayor desafío a nuestro sistema constitucional y a la legalidad democrática que de él aflora. De unos y de otros, los que toman la sentencia como una “venganza” como los que la consideran demasiado “benigna”, se espera simplemente que la acaten y pasen página, sin perjuicio de que los condenados dispongan de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias europeas. Y que todos comprendan que la primera exigencia de la democracia es el respeto a ley, puesto que sin la una no es posible la otra, y viceversa. Algo que deberán asumir los condenados y sus partidarios a la hora de perseguir o propugnar objetivos políticos por vías que quiebran el ordenamiento legal de nuestro país. A partir de esta sentencia, los políticos y colectivos independentistas de Cataluña -o de cualquier otra región- podrán legítimamente luchar por sus ideales de manera libre, pero con respeto a la legalidad constitucional. Es lo que diferencia a un demócrata de un subversivo radical en cualquier país democrático.

No obstante, no se puede descartar que esta sentencia sea utilizada como munición electoralista por las formaciones que se enfrentan en los próximos comicios. Y no deberían hacerlo porque, entre otros motivos, ni el Gobierno del Partido Popular ni el del PSOE, ambos partidos con responsabilidad en este conflicto, han hecho dejación de sus funciones. Por el contrario, han defendido desde sus respectivas posiciones la Constitución y las leyes, en la medida y la fuerza en que han creído oportunas, ya sea intentando dialogar o aplicando la suspensión de una autonomía. Es decir, ni Sánchez (presidente en funciones) es un traidor anticonstitucionalista por explorar vías de diálogo, ni Rajoy (anterior presidente) era un autoritario centralista por aplicar el Artículo 155 en Cataluña. Han actuado conforme a prerrogativas establecidas, aunque no hayan acertado en cada una de sus decisiones. Los adalides de la legalidad deberán confrontar otros asuntos y dejar el conflicto soberanista donde la justicia lo ha ubicado. Habrán de ser otros, por tanto, los temas que deberían centrar el debate en las inminentes elecciones generales.

Incluso el brexit, que podría depararnos sorpresas desagradables a nivel económico, pero también político (no olvidemos que mantenemos frontera directa con una colonia inglesa), debería inferir en el sentido de nuestro voto el próximo diez de noviembre. El turismo, los intercambios comerciales y los nacionales residentes en Reino Unido son aspectos de la cuestión que nos preocupan, de igual modo que la sinceridad europeísta de nuestro país con el proyecto común al que nos unimos recién restaurada la democracia en España. Es verdad que existen formaciones, afortunadamente residuales, que abogan por un aislacionismo populista, al estilo de Trump y su ideólogo Bannon, y por la unilateralidad en las relaciones entre los Estados, como fórmula mágica que resolvería todos nuestros problemas, sean migratorios como comerciales, incluyendo en el mismo saco las tensiones territoriales, la “ideología” feminista y ese “progresismo” intolerable que relativiza la “buena” moral de la sociedad. Solos no se está mejor que unidos, por mucho que Inglaterra pregone lo contrario. La UE en es un competidor formidable que puede hacer frente, gracias a la fuerza de su conjunto, a las amenazas y retos no sólo de EE UU, sino de la irreversible globalización de la economía y el mercado. Y los valores que Europa representa, que descansan en la libertad, la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la solidaridad, y que hacen de esta parte del mundo el mejor sitio para vivir, no pueden ponerse en cuestión en la disputa electoral del próximo noviembre, aunque apelen a nuestras emociones con “cantos” de sirena a la seguridad, nuestra identidad y a los miedos que nos insuflan con falsas alarmas catastrofistas. Son otras, nuevamente, las cuestiones que deberían decidir nuestro voto.

Por consiguiente, no es Trump, ni el Brexit, ni el procés, ni Franco lo que nos debe mover al colegio electoral para cumplir con nuestro deber democrático de elegir a nuestros gobernantes, sino las propuestas que nos ofrezcan credibilidad sobre el futuro inmediato de nuestro país, las iniciativas para fomentar el empleo de calidad y en cantidad, las ideas para recuperar una enseñanza rigurosa y sin sectarismos ideológicos que permita a nuestros hijos estar mejor preparados en un mundo sin fronteras y competitivo, los anuncios viables de estabilidad y seguridad del sistema público de pensiones, las garantías de una sanidad acorde con los avances de la medicina al servicio de toda la población, el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar y sus sistemas de protección a los más desfavorecidos, la reordenación de las ciudades para hacerlas más humanas y seguras, la protección del medioambiente y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y la progresiva ampliación de derechos y libertades que haga más justa, equitativa, igualitaria y plural a nuestra sociedad y nuestro modelo de convivencia. Estas cuestiones, por señalar algunas, han de constituir las preocupaciones que nos impulsen a depositar nuestra confianza en los partidos que merezcan nuestro voto en las próximas elecciones, y nos hagan desconfiar de quienes intentan atraernos con los Franco, Trump, el brexit y el procés de sus propagandas. Ya no han engañado muchas veces.  

sábado, 12 de octubre de 2019

Día del hispano


Hoy, 12 de octubre, es Fiesta Nacional en España (también en muchos países hispanoamericanos), día en que se celebra la proyección lingüística y cultural que España ha legado al mundo, a partir del Descubrimiento de América. Tal fecha del año 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanahaní, bautizada con el nombre de San Salvador, primer territorio del Nuevo Continente que fue hollado por europeos, dando inicio a un intercambio civilizatorio, no exento de barbaridades, entre los pueblos indígenas americanos y los colonizadores españoles, que acabó forjando lo que en la actualidad se denomina como “Mundo Hispánico”, ámbito de pueblos, naciones y países que se reconocen herederos de un idioma, una cultura y hasta del mestizaje racial que España propició y fomentó. Del mismo modo que España es resultado de la asimilación de culturas musulmanas, judías y cristianas que germinaron en el terreno que íberos, celtíberos, romanos y visigodos habían abonado, el mundo hispánico es el extraordinario fruto del encuentro e integración que se produjo entre los colonizadores españoles y los nativos americanos, amerindios y mestizos, que dio lugar a una nueva realidad caracterizada, fundamentalmente, por un idioma común.   

Por tal motivo, desde 2014, esta fecha también conmemora el Día de la lengua española, según estableció la Organización de las Naciones Unidas, como elemento fundamental para la unión y la consolidación del mundo de habla española. Y ese es, precisamente, el aspecto más significativo que para mí, tan ajeno como soy a banderías y patriotismos de casino, tiene esta fecha simbólica: el idioma español. Tanto es así que nos reconocemos hispanos porque hablamos, a ambos lados del Atlántico, la misma lengua que trajeron los españoles, hablada incluso por quienes consideran que la colonización de América fue un hecho de nefastas consecuencias para aquellas antiguas colonias.

En un mundo donde se hablan casi 7.000 lenguas, que el idioma español sirva para que más de 450 millones de personas puedan comunicarse entre sí, intercambiar sus ideas y pareceres, exponer sus sentimientos y miedos y manifestar sus ilusiones y esperanzas, es un hecho del que podemos sentirnos orgullosos. De hecho, el español es el idioma más hablado entre las lenguas romances y la tercera lengua más hablada del mundo, después del inglés y el mandarín, siendo idioma oficial en 21 países. La riqueza del español y su capacidad para ser comprensible por todos sus hablantes, a pesar de las variantes de pronunciación y de uso que caracterizan las diferencias regionales, posibilita su continuo crecimiento (se estima que EE UU, en el 2050, tendrá un 30 % de población hispanohablante) y su gran vitalidad cultural. Y es que, como afirma el catedrático Hernán Urrutia Cárdenas, el idioma español es el elemento comunicativo que vincula e identifica a toda la comunidad hispana, no sólo por ser soporte de un legado cultural, sino también por posibilitar una manera de ser y, desde ella, de una visión -podríamos llamarla hispánica- del mundo. Una lengua común no sólo como factor político de integración, sino como instrumento de la cultura y el pensamiento.   

Es por ello que, si algo tenemos que celebrar este día, es la inmensa suerte de poder comunicarnos en un idioma que nos define como hispanos y nos permite acceder y compartir una experiencia común y una historia compartida como valores significativos de la civilización occidental. Hoy es el día del hispano. ¡Feliz día, hablantes del español!

jueves, 10 de octubre de 2019

Epitafio


No hay día en que sintamos la tentación de escribir el epitafio del mundo, una inscripción que perdure sobre los restos de lo que conocemos y somos para que el futuro recuerde lo que echamos, entre todos, a perder. Un epitafio de la naturaleza que destruimos guiados por el supremo valor del mercado y la rentabilidad económica como única regla que todo lo mide. De países o pueblos arrasados por la voluntad geoestratégica de los poderosos o fuertes que imponen sus intereses. Por las guerras y masacres que salpican el globo con el sarampión de conflictos a causa de divisorias líneas invisibles en los mapas, lenguas, religiones, color de piel o costumbres que separan en vez de unir a la gente y por dirigentes mediocres o locos que sólo atienden al egoísmo de su sóla conveniencia y no al provecho común de todos. Un epitafio que nos hará llorar mañana en un futuro de muros y alambradas que contienen y silencian el grito de los desesperados forzados a emigrar mientras permiten que el dinero y el lucro dispongan de paso franco en las aduanas. Y en el que los derechos y libertades fueron sacrificados por una indeterminada seguridad en nombre de nuestro particular estilo de vida, tan condicionado al interés de una economía especulativa y destructiva, que sólo enriquece a los que ya son acaudalados y empobrece aún más a los pobres. Hay días en que aflora en el ánimo el escalofrío por una humanidad cuya suerte está en manos de esos lunáticos desaprensivos que hoy nos gobiernan, gracias a nuestra servil y manipulable confianza. Y no queda más remedio que entregarse a la desesperanza que nos produce el bello epitafio de King Crimson.

    

martes, 8 de octubre de 2019

El “juego” junto a las escuelas


En los últimos años, la proliferación de salas juegos y apuestas ha sido exponencial. Tan exitoso ha sido el negocio del juego que los anuncios publicitarios también se han multiplicado hasta el extremo de tener que ser regulados para que no se emitan por televisión en horarios de máxima audiencia, cuando los niños podían ver sugerentes invitaciones al consumo del juego y las apuestas con el rostro de conocidos presentadores televisivos, que insisten “juega, juega, juega”. Tanto las salas físicas de juego como el juego “on line” han venido, pues, para quedarse y crear un problema, si no se toman medidas.

Porque lo que no es lógico, ni sano, ni educativo, ni prudente es que, lo que se regula en televisión, tenga vía libre en la calle. Es una contradicción que a los niños se les proteja de presenciar anuncios televisivos de juegos y apuestas, mientras se les permite convivir, a la entrada y salida del colegio y durante el recreo, con esos establecimientos, ubicados junto a centros educativos. Y es que, al parecer, la llamada ley de regulación del juego no prohibe que estos locales estén prácticamente pared con pared con institutos de primaria y secundaria, tal vez como ejemplo de un modo de ocio al que invitan con sus colores y lucecitas luminosas y el reclamo de premios de fácil consecución.

Por si no estuvieran expuestos a suficientes peligros y adicciones, en la actualidad los niños tienen también que sortear, de camino a sus colegios, la tentación de convertirse en víctimas de la ludopatía, un riesgo que amenaza, sobre todo, a las personas sin la debida madurez o la excesiva ingenuidad para desconfiar de la suerte y el juego de azar como atajos para alcanzar los objetivos vitales que se propongan. Tal parece ser el mensaje que las autoridades consienten que reciban los niños cuando permiten que estos negocios de apuestas y juegos se abran junto a colegios y otras instituciones de interés social. Todo un despropósito, como se aprecia en la fotografía de un salón de juegos junto a un colegio de Sevilla (Ronda del Tamarguillo esquina avenida de La Salle).

lunes, 7 de octubre de 2019

Absolución para el coño insumiso


Entre la libertad de expresión y el respeto a una creencia religiosa, por muy ofendida que se sienta, debe prevalecer el derecho que garantiza la primera. La delicada sensibilidad que muestran los que son libres de creer en lo que quieran no puede coartar, como si gozaran de una virtud privilegiada, la libertad de expresión que la Constitución reconoce a todos los españoles, profesen o no un credo, ni brindar una protección especial que prevalezca sobre el ejercicio de cualquier otro derecho, como el de opinión o la libre expresión. Es lo que se espera del juicio, que hace unos días ha quedado visto para sentencia, al que se han enfrentado tres activistas que participaron en la “procesión del coño insumiso”, celebrada el 1 de mayo de 2014 en Sevilla, en la que pasearon en andas una enorme vagina de plástico como si fuera el paso de una Virgen, con objeto de denunciar la precariedad laboral que sufre la mujer y en un momento en que el Gobierno pretendía recuperar una ley del aborto más restringida.

Independientemente del objeto y contexto de la manifestación, cualquier referencia o simulación de prácticas o rituales religiosos no constituye, por sí mismo, una burla, escarnio o mofa de los sentimientos religiosos, puesto que ningún credo ni sus fieles disponen de la exclusividad de expresar públicamente, a través de procesiones que portan imágenes y objetos o en reuniones y actos también de carácter público, su particular adhesión o compromiso con lo que Kierkegaard definía por su irracionalidad, es decir, con creencias que contradicen las evidencias y la razón, como es la fe, toda fe. Ni por ello, por muy libres que sean para abrazar el credo que elijan, exigir de la sociedad el privilegio exclusivo de que su fe y sus modelos de vida y moral sean aceptados en la esfera pública como si de verdades absolutas e irrefutables se trataran, arrogándose el respeto de una intocabilidad que los blinda de toda crítica o cuestionamiento, cosa que no se concibe con las “verdades” de la ciencia, siempre expuestas a revisión.

Es por ello que cabe confiar, sobre todo en un Estado garantista de derechos y supuestamente aconfesional, en una sentencia que absuelva a las procesadas. Y no sólo por resolver la aparente colisión de derechos fundamentales a favor del de mayor preponderancia social y más profunda raíz democrática, como el de libertad de expresión ante supuestas ofensas de subjetivos sentimientos religiosos, sino también para aclarar jurídicamente la errónea consideración de que, por el mero hecho de creer en afirmaciones sobrenaturales o ancestrales supersticiones, se disfruta del privilegio de ser “intocable o incuestionable”. Flaco favor harían los creyentes a su creencia si apelan a que ésta deba de ser protegida por subterfugios legales -una intromisión de la iglesia en el Código Penal- más que por el convencimiento o la solidez que la fe debería proporcionar al devoto. Una especial protección ante la crítica que no reclama ninguna otra institución social, como los partidos políticos, los sindicatos, las ONG o cualesquiera asociaciones culturales, artísticas, deportivas, económicas, etc., que se expresan en el ámbito público. Únicamente las religiosas exigen -y hasta ahora consiguen- el blindaje legal ante la sátira o el cuestionamiento.

Los integrantes de una comunidad de intereses religiosos, como en puridad son los creyentes católicos, están acostumbrados a disfrutar de indulgencia pública, de dinero público, de prerrogativas para el adoctrinamiento -colegios religiosos, asignatura religiosa evaluable- y de respaldo legal para que sus creencias se consideren preeminentes e indiscutibles en la sociedad. Y por el arraigo que confiere tanto apoyo estatal, no toleran que se les trate como a cualquiera que afirme su convencimiento absoluto en hadas, duendes y seres sobrenaturales, algo muy respetable a nivel privado, pero expuesto a crítica, sátira o divertimento a nivel público, sin que ello suponga ninguna ofensa de los sentimientos, sino libertad de expresión.

Por tanto, la única sentencia posible de un juicio que no debía haberse producido es la de la absolución de las imputadas. No hicieron otra cosa que exhibir públicamente -como hacen los creyentes continuamente sin que los no creyentes se consideren ofendidos- lo más íntimo de la mujer para exigir el respeto que merece la dignidad la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso, donde, por cierto, se relega a la mujer a un papel subalterno y servil en una iglesia cuya jerarquía, aunque vista faldones, es radicalmente patriarcal y misógina. Como para no mofarse de las supersticiones.  

jueves, 3 de octubre de 2019

Transitando octubre


Volvemos a transitar octubre con la piel aun parduzca del verano y el recuerdo del salitre en los labios. Iniciamos, otro año más, el camino hacia los días breves del invierno y las capas de ropa que cargamos para protegernos de unas inclemencias que ya anuncian su retorno. Afrontamos con estoicismo la vorágine de estos ciclos estacionales que dejan su marca, como anillos en el tronco de los árboles, en nuestro deambular por la existencia, llenándonos de cicatrices que se acumulan entre los pliegues del cuerpo y el alma. Un mes que se presenta ante nuestros ojos como una novedad que simulamos estrenar con aquella ilusión de añoradas emociones y remotas vivencias. Es por eso que transitamos este nuevo octubre con la agridulce sensación de un tiempo que precipita su ritmo y se escabulle entre las manos, sin dejarnos apenas percibir su latido. Cuando creemos atraparlo para disfrutarlo con calma, ya forma parte de los sueños que acompañan este transitar por la vida.  

miércoles, 2 de octubre de 2019

A veces, buenas nuevas


En ocasiones, las noticias que nos facilitan los medios de comunicación no revisten su acostumbrado carácter negativo, no se refieren a crisis económicas, barbaries del terrorismo, catástrofes naturales, estadísticas del desempleo o bloqueos políticos con los que habitualmente nos acogotan. A veces, traen buenas nuevas que insuflan un soplo de esperanza en el mañana y en una convivencia sosegada. Es cierto que esto suele suceder sólo rara vez, pero esas rarezas acaban siendo reales, como en la pasada semana. Se trata de una racha insólita de buenas nuevas porque, además, no sólo fue una, sino tres las noticias que vinieron a destacar que el sentido común, tan inhabitual en todo el mundo, todavía emerge cuando menos se espera. Eran tres informaciones de ámbitos diversos que nos reconforman el ánimo.

Una de ellas nos dio a conocer la noticia de que EE UU pone en marcha el mecanismo legislativo por el que la Cámara de Representantes -y posteriormente, el Senado- podría destituir (impeachment) al presidente Donald Trump de su cargo, si se confirma que ha presionado (chantajeado) a un país extranjero (Ucrania) para conseguir debilitar a un rival (Joe Biden, candidato demócrata a las próximas elecciones) en la política doméstica. Según un denunciante anónimo, perteneciente a los servicios de inteligencia, “el presidente está usando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020”. Llueve sobre mojado en la forma de proceder, sin respeto a la legalidad ni al cargo, del tramposo Trump, quien ya había sido investigado por un fiscal especial acerca de la trama rusa que presuntamente intervino para favorecer su elección y que concluyó que no podía imputar al presidente, pero tampoco exonerarlo. En esta ocasión, al parecer, existen pruebas contundentes de sus conversaciones, transcripciones no literales, con el presidente ucranio para que le hiciera “el favor” de abrir una investigación sobre la empresa en la que estuvo vinculado el hijo de Biden como consejero. En esa conversación había Instado al presidente ucranio que se pusiera en contacto con el abogado personal de Trump y con el fiscal general de EE UU, a fin de coordinar las acciones, asegurándole, a cambio, que Ucrania volvería a disponer de fondos de ayuda militar por valor de cientos de millones de dólares, préstamos que, efectivamente, a los pocos días se descongelaron. La impunidad en el abuso de poder del mandatario norteamericano puede tener, ahora, los días contados. Es, pues, una de las buenas nuevas que deparó la semana.

Otra procede de la convulsa Inglaterra, donde el Tribunal Supremo ha declarado “ilegal, nulo e inválido de origen” el cierre “autoritario” del Parlamento británico a instancias del Gobierno de Boris Johnson, con la finalidad de impedir que el Legislativo pudiera controlar el proceso del Brexit sin acuerdo al que está empeñado, sin ofrecer ninguna alternativa ni a Bruselas ni a los británicos, el primer ministro inglés. El impulsivo “premier” había utilizado una prerrogativa que, en esta ocasión, suponía abolir aleatoriamente la función suprema del poder Legislativo, ante el que tiene que rendir cuenta el Ejecutivo. La presidenta del Tribunal Supremo ha subrayado en su sentencia que no se trata de una decisión política, sino de determinar si los actores públicos han actuado dentro de su autoridad, conforme a una Constitución que, aunque no está escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. La aventura de Johnson de saltarse la legalidad y actuar de espaldas al Parlamento ha quedado, así, contundentemente frenada. El Supremo ha reinstaurado la supremacía del Parlamento y ha afianzado el principio de separación de poderes en que se basa la democracia. Se trata, por tanto, de otra buena nueva que devuelve la confianza en las instituciones de un Estado de Derecho, en el que un tribunal de garantías constitucionales, por primera vez en la historia del Reino Unido, corrige una decisión gubernamental y dictamina que el primer ministro se ha saltado la ley. Es el espejo legal en el que debemos mirarnos.

La tercera noticia “positiva” la protagoniza otro Tribunal Supremo, esta vez español, al avalar por unanimidad la iniciativa del Gobierno de exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos, donde fue enterrado en noviembre de 1975, para inhumarlos en el cementerio de Mingorrubio, en el municipio de El Pardo, donde residió cerca de 35 años y en el que yace su esposa. El Supremo ha rechazado, además, la pretensión de los familiares de trasladar los restos del dictador a una nueva tumba en la catedral de La Almudena, de Madrid, donde podrían ser objeto de exaltación. Aparte de otras consideraciones, era ésta una anomalía moral, histórica y democrática que perdura desde hace 44 años y que, ahora, parece que por fin se va a corregir. Porque, como indica el historiador Enrique Moradiellos en un artículo reciente, la retirada de la tumba de Franco del Valle de los Caídos era incuestionable. Ni el dictador fue un “caído” de la Guerra Civil que él mismo propició en 1936 al participar y liderar la sublevación militar contra el Gobierno de la República, ni su tumba es una más de las allí existentes, sino que ocupa un lugar de honor frente al altar mayor, lo que convierte aquel recinto en un mausoleo a su memoria, y, por si fuera poco, el horrible monumento levantado en recuerdo de los “mártires de la cruzada”, de los caídos de un bando, está financiado por los Presupuestos del Estado y el Patrimonio Nacional, por lo que, de hecho, es el Estado, y no su familia, el que costea un panteón privado, cosa que no se hace con ningún otro Jefe de Estado anterior o posterior a Franco. Que tal anomalidad pueda ser subsanada al fin, no deja de ser una buena nueva que restaura la dignidad y la memoria histórica en nuestro país.

Tal cúmulo de buenas noticias, que excepcionalmente destacaron entre las habituales de signo negativo que acaparan el contenido de los medios, alimenta la esperanza en un futuro en que las leyes y las instituciones protejan eficazmente a los ciudadanos de quienes hacen caso omiso de la legalidad, abusan de su poder y desprecian la voluntad y el interés general de la población. A veces, se producen buenas nuevas que no nos hacen perder la espèranza.