martes, 31 de mayo de 2016

Hacia un Estado policial y católico

Formalmente, porque así lo declara el Artículo 1 de la Constitución, España es un Estado Social y Democrático de Derecho, además de reconocerse aconfesional en el Artículo 16, que señala que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo, en los últimos años, determinadas iniciativas gubernamentales parecen perseguir un Estado policial y confesionalmente católico, haciendo caso omiso a lo que dicta la Constitución. Poco a poco, pero de manera inexorable, decisiones del Gobierno contradicen la Constitución al elaborar leyes restrictivas e imponer normas que atentan contra principios y valores que debieran ser preservados por los poderes públicos de un Estado democrático. Arguyendo una supuesta seguridad, se adoptan medidas que limitan derechos y libertades que la Constitución reconoce a los españoles, lo que conlleva una peligrosa deriva autoritaria, más propia de un Estado policial. Al mismo tiempo, destacados miembros del Gobierno se comportan como ministros de culto, encomendándose a vírgenes, condecorando imágenes, manteniendo crucifijos en despachos u oficinas públicas y reconociendo la supremacía de la religión en el ámbito civil y, según la Constitución, laico o aconfesional. Ambas tendencias son intencionadas por parte del Gobierno conservador del Partido Popular en su empeño por imponer un determinado modelo social, aunque sean contrarias a la letra y el espíritu de la Carta Magna.

Esta situación viene de antiguo, desde que la gente se lanzara a las calles en manifestaciones y “mareas” de protesta por los recortes, los despidos, los desahucios, las leyes sectarias en la educación, las privatizaciones en la sanidad, los copagos y repagos en medicamentos y prestaciones sanitarias, la austeridad empobrecedora, las subidas de impuestos y, en definitiva, frente a todas las medidas que iban encaminadas a desmontar nuestro Estado del Bienestar. Viene, incluso, de antes que el fenómeno de los indignados llenara plazas y calles contra lo que los ciudadanos consideran un atentado a sus derechos sociales e individuales. Frente a ese rechazo popular, el Gobierno puso en marcha prohibiciones y arbitró medidas que cercenan el Estado de Derecho, permitiendo a la policía determinar y castigar todo lo relacionado con el orden público sin que medie un juez para esclarecer la colisión de derechos o la comisión de un presunto delito. El amparo gubernamental a la acción policial es tal que los excesos policiales, la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y las arbitrariedades represivas quedan impunes y, en algunos casos, son condecoradas por el poder político.

Eso es, exactamente, lo que ha pasado con los Guardias Civiles que recientemente el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, condecoró con la Cruz al Mérito, con distintivo blanco, por el servicio que prestaron en el perímetro fronterizo de Melilla. Son los agentes policiales, absueltos judicialmente de los delitos que se les imputaban, que hacen bajar de las vallas a garrotazos a los inmigrantes que intentan entrar en España y los devuelven en caliente al otro lado de la frontera, evidenciando un trato degradante y del todo irrespetuoso con la dignidad que merece cualquier ser humano, disponga o no de papeles.

El Estado policial, auspiciado por una Ley Mordaza que confiere amplias potestades represoras a la policía, cubre de impunidad los excesos que cometen los miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Orden Público en su acción represiva a la hora de enfrentarse y disolver cualquier protesta pública o manifestación. Así, deja sin castigo que se destroce el ojo de una mujer, que ni siquiera participaba en manifestación alguna, por  disparo de bala de goma que alegremente se empleó contra una revuelta en Barcelona. Aunque se cursó la oportuna denuncia, el juez no ha podido condenar a los responsables del atentado contra la integridad física de una ciudadana a causa de las evasivas, las distintas versiones dadas por la policía y unas leyes que supeditan las libertades a la seguridad y el orden. No es algo casual, sino lo que se buscaba con la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobadas en 2015. Ahora es el criterio policial el que determina y sanciona lo que antes eran actos penalizados como delitos, y por tanto de competencia judicial, y ahora transformados en infracciones administrativas, de competencia gubernamental. El atestado policial se convierte automáticamente en veredicto y fallo.

Por eso, incluso, se puede disparar balas de goma a gente que está en el mar, intentando alcanzar la playa, como sucedió en las inmediaciones de Tarajal (Marruecos), donde murieron 15 personas de las 400 que pretendían entrar en suelo de Ceuta, sin que los 16 Guardias Civiles imputados por esos hechos fueran condenados y resultaran absueltos, archivándose la querella. El ministro del ramo se muestra también orgulloso de esta valerosa actuación de nuestras fuerzas de seguridad fronteriza y la pone de ejemplo a sus conmilitones de Europa ante el desafío que representan los refugiados.

Jorge Fernández es el miembro del Gobierno que, además de propugnar un Estado policial, hace exhibición de sus creencias religiosas a título institucional, que no personal, concediendo la más alta condecoración policial -Medalla de Oro al Mérito Policial- a la Virgen del Amor, de la Cofradía del Rico, de Málaga, como antes impuso la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores de Archidona, también en Málaga. Aunque es posible que estas vírgenes reúnan méritos policiales para ser galardonadas, cosa que exige una fe ciega, no se corresponde la iniciativa gubernamental con la de un Estado aconfesional, en el que ninguna confesión debería tener carácter estatal. Sin embargo, el Gobierno de España promueve demostraciones públicas religiosas a la hora de jurar cargos sobre la Biblia (Luis de Guindos y Soraya Sáenz de Santamaría) y manteniendo un crucifijo sobre la mesa. O que este ministro se encomiende a una santa para que interceda por la recuperación de España. Y es que el ministro de las balas de goma es muy religioso, como su compañera de Empleo, Fátima Báñez, que se encomienda a la Virgen del Rocío para salir de la crisis.

Estos fervores religiosos de personalidades públicas no dejan de ser anecdóticos, si no constituyeran síntomas de una actitud gubernamental mucho más grave por evitar una efectiva separación entre la Iglesia y el Estado con acciones que visibilicen la presencia de la Iglesia Católica en la esfera civil y el Estado. La deriva “católica” de la España supuestamente “aconfesional” viene determinada por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede (Concordato), por los que el Estado se compromete a contribuir en la financiación del clero, se hace cargo del mantenimiento del patrimonio cultural y artístico de la Iglesia, retribuye al profesorado de religión, abona la prestación de servicios religiosos en cárceles, hospitales, cuarteles, etc., exime a la Iglesia de pagar impuestos, facilita el adoctrinamiento religioso en la escuela con la asignatura de religión, que no debería figurar en la enseñanza pública, y permite el privilegio de los centros de enseñanza privados católicos mediante subvenciones como centros concertados, etc. Además, confiere trato de favor a la confesión católica, como si fuera la religión nacional, al incluir la posibilidad de señalar con una “X” la asignación tributaria en la declaración de la renta de las personas físicas (IRPF).

Con este empeño del Gobierno por mantener bajo tutela moral católica, no sólo a la sociedad española, sino incluso la actuación de sus poderes públicos y las políticas que implementan (la injerencia católica en la elaboración de la ley del aborto, es prueba de ello), pone de manifiesto que las anécdotas que protagonizan los más fervorosos de sus ministros, lejos de ser “puntuales”, forman parte de una estrategia perfectamente elaborada para afianzar la confesionalidad del Estado, católico, por supuesto.

De mismo modo, las leyes e iniciativas que cercenan el Estado de Derecho, limitando derechos y libertades en aras de una supuesta e indeterminada seguridad, vienen promovidas intencionadamente por un afán de convertir España en un Estado policial, en el que el Gobierno asume las competencias de juzgar y castigar, hurtando a los jueces las atribuciones en materia de orden público. El mayor logro del Gobierno conservador del Partido Popular, aparte de sus recortes y ajustes causantes del empobrecimiento de la población, es ese modelo de sociedad que está imponiendo basado en el miedo, miedo a la libertad, que propala con la amenaza de las porras policiales y los anatemas morales en una España policial y católica.

viernes, 27 de mayo de 2016

Ponga un dron en su vida


Están de moda. Comenzaron como un juguete sin más utilidad que el de ser estrellados al primer intento. Parecían más fáciles de volar que los complejos aeromodelismos clásicos, aquellas miniaturas de avión sólo accesibles a los aficionados con paciencia y recursos para costearse un entretenimiento caro y delicado, que además necesitaban una pista para despegar y aterrizar. El dron es una especie de helicóptero con cuatro aspas que, en principio, sólo exige saber mover dos palancas en un mando a distancia. Y aguanta mejor los porrazos sin romperse en pedazos. Cuando los hijos se van a la escuela, los padres pueden entretenerse en volarlo, adquiriendo la necesaria habilidad para lograr controlarlo y pilotarlo a voluntad, no adonde el aparato quiera. Así, están siendo familiares en los hogares y los parques: drones como abejorros que despiertan la curiosidad de unos y las críticas de otros a causa del ruido y el peligro de un posible accidente.

Monumento a Colón, a vista de dron.
Pero de ser un juguete, el dron han pasado a convertirse en una herramienta de trabajo, ganando tamaño y sofisticación. Pueden ser equipados con cámaras que permiten visualizar el vuelo como si fueras montado en él y grabar la película para posteriormente estudiarla, editarla y difundirla. Con esa aplicación, se han ganado un lugar, como un recurso más, en la industria, en las compañías de electricidad, entre los fotógrafos, los equipos de seguridad y rescate, los periodistas, la vigilancia de fincas y sembrados y, no sería de extrañar, en las agencias de espionaje e información. El dron es ya un artilugio común que se cuela en cuantas actividades adquieren un valor añadido con la posibilidad de la vista aérea carente de riesgo humano. Filmar (fotografías o películas) monumentos o paisajes con un dron es disponer de una perspectiva inédita y original y de una capacidad para acceder a detalles que nunca antes eran posibles. Enriquecen el resultado de esa actividad artística.
 
Puente del Alamillo, a vista de dron.
Cada vez son más baratos, tanto como un teléfono móvil de última generación, e integran una oferta amplia y variada de modelos, que satisface cualquier tipo de utilización: desde el simple juguete infantil a una nave militar por control remoto con fines ofensivos. No cabe ninguna duda de que el dron ha venido para quedarse porque su tecnología nos permite cumplir un sueño, haciéndolo asequible: volar. Pronto aparecerán anuncios que nos invitarán a que pongamos un dron en nuestras vidas. Y, si no, al tiempo.

jueves, 26 de mayo de 2016

Dèja vú electoral

Todavía no ha empezado oficialmente la campaña electoral y los actos de precampaña en los que están inmersos los partidos, así como las apariciones de sus candidatos, sus frases, reproches, consignas y demás estrategias manejadas para captar la confianza de la gente, dan la sensación de que ya los hemos vivido anteriormente. No es que recuerden a la campaña del pasado diciembre, sino que incluso esta repetición de las elecciones generales, aunque sea la primera vez que sucede en España, parece algo que ya habíamos celebrado antes, como si reviviéramos un hecho acontecido en el pasado. Todo nos suena manido, nada es novedoso ni despierta sorpresas, porque ya sabemos quienes serán los candidatos, qué se dirán, qué ofrecerán y cómo nos engañarán e, incluso, cuál será el resultado aproximado de estos comicios. Esto último constituye el colmo de un dèja vú electoral: que los resultados que ahora se obtengan sean idénticos a los que motivaron esta repetición de las elecciones. Las consecuencias de semejante “revival” político pueden ser traumáticas por alterar el equilibrio psicológico de la gente y pasar factura a quien tenga tendencia a creer en fuerzas sobrenaturales que manipulan nuestro destino, como los mercados, sin ir más lejos.

Y es que, otra vez, volvemos a escuchar mentiras por un tubo, a percibir cómo se ocultan medidas impopulares entre la hojarasca de los programas electorales y a padecer que se nos distraiga con banderitas, toros lanceados y enfrentamientos rituales entre líderes del mismo partido o de otras formaciones, etc. Todo resulta tan repetitivo que parece que no acabamos nunca de asistir una y otra vez a la misma historia, a la proyección de la misma película. Cansa y aburre esta cantinela electoral incluso al más fanático de los votantes. No puede extrañar, por tanto, que la abstención gane adeptos y se prevea aún mayor que en anteriores elecciones.

Porque no ha empezado aún la campaña y ya han cazado la primera mentira en Rajoy, prometiendo una cosa a Bruselas y otra, aquí, a los españoles. Allá reconoce que retomará los recortes y acá que la recuperación los hará innecesarios. Habla de su lucha contra la corrupción pero no acaba de limpiar su partido de los escándalos que lo sacuden a diario. Nunca actúa a tiempo ni hace prevención de las prácticas corruptas asumidas en la forma de proceder de su partido y en las instituciones donde gobierna, donde blinda a personajes sospechosos hasta el mismo momento en que son encarcelados, como el extesorero Bárcenas, Rato, Fabra y, próxima en la lista, Rita Barberá, entre otros muchos. Vuelve, pues, el “y tú más” y la eterna cantinela de la herencia recibida de un Zapatero ya remoto, aunque la previsible de Rajoy, si es que abandona la Moncloa, será una herencia aún peor: ha vaciado la hucha de las pensiones, ha ocasionado que Bruselas nos multe a causa de incumplimientos continuados del déficit, no ha impedido que la deuda pública supere por vez primera en la historia el Producto Interior Bruto, es decir, que el país deba más de lo que gana, y, por si fuera poco, ha envalentonado al separatismo periférico con su dontancredismo ante el desafío catalán y con su negativa a todo abordaje político del problema. Su herencia, tanto si la autohereda como si se la traspasa a otro, supondrá una losa que maniatará la capacidad de alternativas de quien asuma los mandos del próximo Gobierno. Un regalito, vamos.

El PSOE, por su parte, vuelve a repetir su ofrecimiento de mano tendida a derecha e izquierda, pero inmediatamente advierte, de forma tajante, de que con el PP jamás podrá pactar nada porque a lo que aspiran los socialistas es a desalojar a Rajoy y el PP del poder. Reiteran la confrontación y las consignas ya conocidas. Al mismo tiempo, aseguran que, si se vieran en la necesidad de recabar apoyos adicionales para investir a su candidato, no aceptarían los votos procedentes de los grupos independentistas del Congreso. Es decir, vuelven a mostrarse dispuestos al diálogo en la intención de formar Gobierno, pero establecen para ello tantos vetos y cortapìsas que, más que una actitud proactiva, lo que expresan es un mero deseo imaginario. Así, sólo disponen de tres posibilidades, si los votos se lo permiten: acuerdos con Ciudadanos, con Podemos o con ambos. La última opción resulta imposible porque ambos partidos emergentes se declaran mutuamente incompatibles. Las demás combinaciones dependen de las aritméticas parlamentarias. Algo que ya se intentó en la breve legislatura anterior con un absoluto fracaso, lo que nos hace sentir que regresamos a una situación que se repite cual dèja vú diabólico.

Izquierda Unida intenta reinventarse para ser, una vez más, la izquierda residual que, integrada ahora en Podemos, se resiste a desaparecer del panorama político español. Y vuelve a amenazar con el “sorpasso” a su eterno rival socialista, el PSOE, como en los tiempos del mesiánico Julio Anguita. Andan alborotados los antiguos comunistas con esta posibilidad, a pesar de que el maridaje que les brinda la formación violeta podría acabar fagocitándolos por completo. Entre la insignificancia parlamentaria y la desintegración en Podemos, optan por lo segundo si con ello materializan sus neuras: dar “sorpasso” o aplicar la pinza. Se trata, en cualquier caso, de un buen acuerdo para Podemos, que así se libra de los límites de la Ley d´Hondt y consigue más escaños con los que disputar la supremacía de la izquierda en el Parlamento. Esta coalición es lo único nuevo de estas elecciones, la única variación, ya buscada pero no conseguida en otro momento, de un relato electoral reiterativo.

Con ello Podemos demuestra que sabe jugar sus bazas sin atenerse a ninguna regla. Puede acusar al PSOE de tener las manos manchadas de cal viva y a continuación considerarlo un socio imprescindible para sus ambiciones de gobierno. Puede pasar de denostar como casta trasnochada a los comunistas a integrarlos en sus filas por cálculos electoralistas. Puede pasar de abjurar el militarismo a incorporar a un exjefe del Alto Estado Mayor entre sus candidaturas electorales. Puede pasar de la transversalidad a abrazar al viejo esquema de izquierda-derecha, en el que aspira ser referente de toda la izquierda. Puede, en definitiva, modular su discurso y adaptarse a las circunstancias según conveniencia, volviendo a manejar espectacularmente los tiempos y los mensajes de sus apariciones en los medios de comunicación y las redes sociales. Otra vez.

Hasta Ciudadanos, la marca moderna de la derecha, repite la omnipresencia de su líder, Albert Rivera, hasta en la sopa de Venezuela y prometiendo que, si de ellos dependiera, no habría problemas para formar futuro Gobierno, pero sin Rajoy y sin los comunistas…, otra vez. Y otra vez vuelve a situarse en la ambigüedad ideológica con la que asume los postulados de la derecha en lo económico y de la izquierda en lo social. Reinciden en querer convertirse en la bisagra que posibilita acuerdos con el PP o con el PSOE, dependiendo de las componendas de cada lugar. Algo ya visto en Madrid y en Andalucía, para tranquilidad de Susana Díaz y Cristina Cifuentes, respectivamente.

Pero es en los medios donde se manifiesta con mayor claridad este dèja vú, ya que estos vuelven a centrar su atención en unos actos de precampaña que saturan su contenido con insinuaciones, opiniones y anécdotas y no con información relevante sobre lo que de verdad preocupa a los ciudadanos: la economía, el paro, la sanidad, la precariedad laboral, las pensiones, la educación, las becas, las ayudas a la dependencia, etc. Vuelven a hacerse eco de unos sondeos de opinión que benefician a la formación que los encarga y con los que se procura influir en el electorado que aún no sabe a quien votar. Recuperan los medios una elaboración de sus contenidos basada, en gran parte, en lo que les facilitan los gabinetes de prensa de cada partido y los comités de campaña de cada candidato, junto al anecdotario de cada jornada. De esta manera, el teatro de la representación vuelve a repetirse de cara a las próximas elecciones de junio, donde unos mismos candidatos, con parecidos lemas publicitarios, repetirán cartel, mítines y ocurrencias para tratar de mantener y, si es posible, aumentar el voto de unos ciudadanos amnésicos y acríticos, a los que no les importa que le repitan la misma película una y otra vez. Como si un dèja vú los tuviera narcotizados.

lunes, 23 de mayo de 2016

Infinito azul


Por mucho que nos digan que los colores, en realidad, no existen, sino que son longitudes de ondas lumínicas que nuestro cerebro interpreta como colores, el azul es el que mejor nos transmite la sensación de inmensidad, de infinito. Los físicos podrán objetar que simplemente captamos la luz que reflejan estos espacios, a través del agua de los océanos o del aire de la atmósfera, pero nuestros ojos se estremecen con la impresión de inmensidad azul del mar que se une en el horizonte con un cielo azul infinito. El color azul, además de transmitir tranquilidad y paz, nos invita a contemplar la vastedad de un mundo en el que nuestra presencia es insignificante, que nos impresiona con su magnificencia azul y una belleza indescriptible e inabarcable. El azul es lo infinito y la inmensidad que percibimos engañados por unos sentidos que nos facilitan la comprensión de lo ignoto y lo reducen a nuestra escala sensorial y cultural. La inmensidad azul es una interpretación humana del mundo y del universo infinito, que se hace agradable con esa tonalidad a nuestros ojos. Nada hay más placentero que extasiarse ante un cielo azul inmaculado y frente a un mar que nos hace perder la vista en el azul infinito.

domingo, 22 de mayo de 2016

Los 40 de El País


Siempre es saludable celebrar un acontecimiento mediático como el aniversario del nacimiento de un periódico. Causa alegría que un diario perdure y cumpla años saliendo cada día a la calle al encuentro con los lectores. Significa que siguen comprándolo, leyéndolo y confiando en él como vehículo para conocer lo que sucede y nos sucede. Pero, además, el hecho es saludable porque el grado de libertad que disfruta un país puede medirse por la importancia y diversidad de sus medios de comunicación. Cuánta más prensa, radio y televisión compitan por la audiencia, más capacidad crítica y de control del poder existirá en esa sociedad y más posibilidades dispondrán los ciudadanos para informarse y formarse una opinión de los asuntos colectivos que le afectan o interesan. Todo ello es cierto, al menos, en teoría y hasta cierto punto, puesto que la dependencia de los medios a subvenciones oficiales, licencias administrativas, publicidad institucional y privada e intereses empresariales condicionan de alguna manera su independencia y objetividad. No obstante, la pluralidad mediática y la libertad de prensa como marco legal constituyen un indicador fiable de la calidad democrática de cualquier país, a pesar de que existan condicionantes que limiten la indispensable función social de los medios de comunicación.

Es por ello que nos alegramos de que el diario El País conmemore el 40º aniversario de su aparición en los quioscos, compartiendo estantería junto a otros que tienen mucha más antigüedad, caso de La Vanguardia o ABC, o son más jóvenes, como El Mundo y La Razón, por citar algunos ejemplos. En su conjunto, e independientemente de la línea editorial de cada uno de ellos, posibilitan una variada oferta informativa de “gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente”, como definiera Eugenio Scalfari, director de La Reppublica, prestigioso diario italiano. El País ha venido contándonos, desde que nació un mes de mayo de 1976, nuestras ilusiones democráticas, los anhelos de libertad y las esperanzas de bienestar y progreso que de manera colectiva sentíamos tras la muerte de Franco, el dictador que, tras promover una guerra civil, impuso un régimen dictatorial durante más de cuarenta años en este país. El periódico surgió en un momento crucial para España, el de la Transición, un proceso de transformación política que iba restaurar una democracia que nos equipararía a las demás naciones de nuestro entorno. En ese contexto, El País supuso una bocanada de aire fresco en el panorama mediático y respondía a las exigencias y expectativas de la sociedad española, abocada ya a disfrutar de libertades y exigir derechos como ciudadanos de un Estado moderno y democrático. Tal vez por ello el periódico no ha tenido empacho en declararse “pionero en la defensa de la libertad en España”, un calificativo que procede de su actitud en defensa de la Constitución cuando la intentona de golpe de Estado de Tejero tenía secuestrados al Gobierno y los dirigentes políticos en el Congreso de los Diputados. Aquella portada marcó una época y cubrió de prestigio al diario.

Ese alineamiento editorial con los valores constitucionales de la España democrática y su apuesta por la calidad, el rigor y la innovación técnica convirtieron la iniciativa del empresario Jesús de Polanco en toda una referencia del periodismo nacional y, con el tiempo, en el primer diario en español del mundo. Dirigido en sus inicios por el periodista Juan Luis Cebrián, primer director del diario y hoy presidente del grupo que lo edita, con visión clarividente y mano firme, la adquisición de relevancia del periódico iba pareja al crecimiento de la empresa en el sector editorial y audiovisual, hasta convertirlo en un conglomerado mediático con negocios en radio, prensa, televisión y libros.

Pero ser líder y ser poderoso le ha acarreado riesgos y problemas al periódico y a su matriz, el Grupo Prisa. Ha tenido que afrontar dificultades económicas a causa de su desmesurado endeudamiento por expandirse y abarcar otros sectores y otros países, especialmente en América Latina y Portugal, lo que le ha forzado tener que abandonar proyectos, para reducir deuda y gastos, como Canal+, Digital+, el canal de noticias CNN, etc., y aplicar ERES y despedir parte de su plantel de trabajadores, cerrando delegaciones territoriales en Andalucía, Valencia, Galicia y País Vasco, entre otras medidas traumáticas para el personal y el prestigio.

Aún más grave, empero, ha sido su enfrentamiento, rayano en la censura y el despotismo, con las opiniones y el trabajo de destacados periodistas de su plantilla, que cuestionaron y no se amoldaron a las directrices y recomendaciones emanadas de la dirección. Maruja Torres, Ramón Lobo, Javier Valenzuela, Ignacio Echeverría, Hermann Tertsch, Enric González, José Yoldi, Miguel Ángel Aguilar o Ignacio Escolar, entre otros, ponen nombre a los despidos fulminantes que la empresa ejecuta, sin temblarle el pulso, a quien ose discutirle sus compromisos o prioridades, no sólo periodísticas, también financieras, políticas, culturales y sociales.

No es de extrañar, por tanto, que aquel El País, que nació como “diario independiente de la mañana”, prefiera ser reconocido como “diario global en español”, lema que se ajusta más a sus objetivos y propósitos. Tampoco extraña que del voluminoso ejemplar que podía adquirirse cada mañana, en sus primeros años, generoso en páginas y noticias, se haya pasado a la escuálida oferta que, salvo excepciones, se recoge hoy en los quioscos, más parecida a una hoja parroquial por su volumen y, casi, su temática. Es signo de una decadencia que, seguro, no se reflejará en los fastos conmemorativos de su 40º aniversario, pero que también forma parte de la historia del periódico.
 
En la actualidad, y tras cuatro décadas de existencia, encontramos un El País demasiado apegado a intereses mercantiles y cautivo de esa “ludopatía bursátil de sus dueños” que, probablemente, hayan sido necesarios para su supervivencia como empresa mediática, pero que los alejan de aquellos valores fundacionales que lo distinguieron. Por eso confiamos en que esta conmemoración sirva para refrescar la memoria de lo que ha significado este periódico en la historia reciente de nuestro país y se reencuentre en la defensa de la libertad y la democracia que los españoles anhelan frente a toda clase de amenazas, sean éstas de la índole que sean, incluidas las económicas o empresariales. No se trata de un deseo nostálgico sino un producto de la necesidad, ya que nuestra salud democrática como nación va unida a la pluralidad informativa de los medios de comunicación de masas. Por ello nos alegramos de que El País celebre sus 40 años de existencia en los quioscos de prensa y porque otros muchos les reserve el futuro.

lunes, 16 de mayo de 2016

Seguimos indignados


Se ha cumplido el quinto aniversario de las concentraciones masivas, pacíficas y críticas que llenaron las plazas de España el 15 de mayo de 2011 y que exteriorizaron el descontento de una parte de la ciudadanía con las deficiencias de la democracia como sistema de representación, el alejamiento de la política sobre los problemas reales de la gente, la corrupción que afecta a partidos e instituciones de manera casi estructural y los recortes y ajustes que, impuestos por los poderes económicos (BCE, FMI y Banco Mundial) han ocasionado un debilitamiento del Estado de Bienestar y el empobrecimiento generalizado de las clases medias y sectores vulnerables de la población. Nunca antes se había exhibido una protesta tan generalizada en las calles que uniera a estudiantes, trabajadores, jubilados y parados, entre otros colectivos, en una sola voz que expresara la indignación y la frustración de la gente.

Ya no eran marchas de un sector en apuros, huelgas de trabajadores despedidos de una empresa, estudiantes disconformes con los tijeretazos en becas, ayudas o planes de estudio, etc., sino una amalgama variopinta de personas procedentes de todos los ámbitos sociales que exigían democracia real, stop a los desahucios, justicia con los estafados con las preferentes, mareas blancas en contra de la privatización de la sanidad, profesores, estudiantes, universitarios, amas de casa, parados y, en general, una porción importante de la población que pretendía una transformación de la sociedad y otra política más comprometida con la gente y menos con los mercados y las componendas de la élite dominante. 

Cinco años más tarde, parte de aquel movimiento de cabreados ciudadanos se ha canalizado en un proyecto político que, atemperando sus exigencias fundacionales, ha conseguido dar ese “asalto a los cielos” para acceder a las instituciones del poder. Podemos, el partido emergente diseñado por profesores de la Universidad Complutense, ha sabido atraerse a muchos de aquellos descontentos, modulando sus críticas y exigencias en función de las posibilidades y los objetivos a su alcance. Gracias a un lenguaje populista, que simpatizaba con las demandas de los manifestantes, y una hábil estrategia comunicativa a través de los medios de comunicación audiovisual y las redes sociales, ha logrado pasar, en tan corto período de tiempo, de ser un agente desconocido a la segunda fuerza política del país, si en las próximas elecciones de junio propina el “sorpasso” al PSOE, cosa bastante probable.

Sin embargo, en esta efemérides del 15M, los motivos de indignación siguen presentes en la sociedad española, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas, menos aún solucionadas, por quienes pretendían representar a los descontentos. La desigualdad entre los españoles sigue creciendo, la tasa de paro es de las más alta de Europa, la corrupción campea por partidos e instituciones apenas sin freno, la precariedad afecta a salarios, trabajos y condiciones laborales, la “ley mordaza” restringe libertades y derechos, la austeridad recorta prestaciones y servicios públicos, los desalojos de viviendas siguen produciéndose de forma más “silenciosa”, la violencia contra la mujer continúa aumentando el número de víctimas mortales, los jóvenes con o sin formación son presa del paro o de la emigración, la insolidaridad de los ricos se refugia en paraísos fiscales, a pesar de lo cual se permiten dar lecciones de patriotismo y, en definitiva, seguimos sujetos a la dictadura de los mercados.

Cinco años después, seguimos indignados con un mundo que privilegia el beneficio económico y olvida a las personas. Seguimos indignados con una Europa que no tiene fronteras para el dinero pero levanta barreras a la emigración y los refugiados. Seguimos indignados con un mercado laboral que exige el despido barato para crear empleo precario. Seguimos indignados con un Gobierno que condecora vírgenes y policías acusados de maltrato en vez de dar un trato digno a quienes huyen de la miseria y la guerra. Como escribía Stéphane Hessel en su famoso librito, hay motivos de sobra para seguir indignados: “Mirad a vuestro alrededor, encontraréis hechos que justifiquen vuestra indignación”.  Existen causas que justifican la “insurrección pacífica” de los indignados y avergonzados con la actual situación de injusticia, pobreza y explotación.   

domingo, 15 de mayo de 2016

Días de lluvia

 
Una semana ha estado lloviendo prácticamente sin parar sobre una tierra acostumbrada al sol y las sequías, una semana de días grises y charcos que embarran el alma y estropean zapatos y planes. Los pantanos no daban abasto a acumular tanta agua y comenzaron a desembalsar contradiciendo aquellas campañas de ahorro en los grifos caseros que permitían despilfarrar en la industria y la agricultura. Era una lluvia persistente durante siete días que bañaba la ciudad con arrebatos de cólera, agitando las ramas de los árboles y formando cascadas en los desagües y los tejados. Una semana con las calles convertidas en lagunas que los coches hacían saltar y riachuelos por las aceras que sólo los más aventureros se atrevían sortear con ánimo humedecido. Días de tender la ropa en el interior de las viviendas y de mirar por las ventanas oteando un sol cobarde, oculto tras unos nubarrones que se empeñaron en cubrir los cielos y ahogar la tierra. Cuando al fin se alejaron empujadas por el viento de poniente, las nubes dejaron que el azul volviera a aparecer sobre el horizonte y que una atmósfera límpida hiciera brillar el aire. La ciudad recobraba, entonces, el ímpetu de un niño recién duchado.

jueves, 12 de mayo de 2016

Pactos y coaliciones

La nueva realidad política española, que ha mutado de un bipartidismo que alternaba mayorías para auparse al poder a un multipartidismo que ha fragmentado el Parlamento en minorías incapaces por sí solas de acceder siquiera a los aledaños del mismo, obliga a establecer pactos y acuerdos que posibiliten los apoyos suficientes para formar gobierno. El tiempo de los gobiernos monocolor, que imponían su santa voluntad y aplicaban el “rodillo” parlamentario sobre cualquier pretensión de la oposición por controlarlos, parece superado. Ahora se abre otro en el que hay que negociar, escuchar, dialogar y pactar, aceptando puntos de vista ajenos y formas distintas de encarar los problemas, hasta converger en un acuerdo de mínimos que concite el refrendo de una mayoría suficiente para investir a un presidente de Gobierno. Es, por tanto, la hora de los pactos y las coaliciones, una forma de gobernar inédita en España y, por lo que se ve, con la que no estamos acostumbrados, dado la cantidad de vetos que se ponen unos a otros.

En principio, en un sistema parlamentario como el nuestro, todas combinaciones posibles que alcancen las formaciones que ocupan escaños en el Congreso para aglutinar una mayoría son legítimas, independientemente de las diferencias o afinidades ideológicas que puedan existir entre ellas. La posibilidad de acuerdos entre los miembros del arco parlamentario no es infinita, pero sí diversa. Todo depende de la voluntad de formalizarlos. Y pertenece a la estrategia por conseguirlos o impedirlos la acusación de que unos pactos son más democráticos que otros, un infundio que persigue debilitar o favorecer las posibilidades de cada opción en función de intereses partidistas, no por escrúpulos ante una supuesta “calidad” democrática. De esta forma, de paso, se engaña a los ciudadanos para que apoyen o rechacen cualquier acuerdo que pueda estar fraguándose en la “cocina” de los partidos.

Lo que sí cabe distinguir entre pactos y coaliciones es la manera más o menos transparente de alcanzarlos, contando o no con el conocimiento de los que depositan su confianza en las urnas. Porque no es lo mismo pactar antes de unas elecciones que después de celebradas estas. En el primer supuesto, se hace partícipe a los votantes de la existencia de un pacto o coalición para poder gobernar si así lo ratifican los ciudadanos con su voto, mientras que, en el segundo supuesto, el pacto se decide a espaldas de los votantes. Aunque ambos tipos de acuerdos son válidos, legales y legítimos, el primero es más transparente y respetuoso con la voluntad de los ciudadanos que el segundo. En un caso, los votantes tienen conocimiento previo de las intenciones del partido al que dan su confianza, y en el otro, ignoran la utilidad que se dará a su papeleta por los acuerdos poselectorales que se acometan para poder formar gobierno. Hay que tener en cuenta que, si el único objetivo es el poder, cualquier medio legal para conquistarlo estará permitido. Pero si lo que se busca es transformar la sociedad para que sean los ciudadanos y no los mercados o las élites los que decidan cómo convivir, no vale cualquier pacto, y menos aún con desconocimiento de los que votan. Por ello, no son bien vistos los pactos “contra natura” que, por otro lado, han sido relativamente habituales para desalojar a un adversario del sillón de mando en una alcaldía, una comunidad e, incluso, se plantean ahora también para investir a un presidente de Gobierno.
 
Es democrático alcanzar acuerdos que faciliten la acción de gobierno, pero es mucho más democrático formar una coalición que se presente a las elecciones y recabe el favor de los ciudadanos de manera abierta y transparente. Esta puede ser la gran diferencia que encontremos entre los comicios del pasado 20 de diciembre y su repetición en junio próximo. Una diferencia sustancial que permitirá a los votantes decidir, con conocimiento de causa, su opción preferida y el destino y utilidad de su voto, evitando llevarse la sorpresa de que su confianza ha sido traicionada por pactos poselectorales que aúpan al poder a quien precisamente se quería alejar de él. Claro que, también, las coaliciones pueden ser engendros tácticos, alimentados por un populismo que ambiciona exclusivamente el poder y no el interés general de la población. Es lo malo de la democracia: son los ciudadanos los que aportan las soluciones cuando votan. Por eso hay que desconfiar de los partidos y líderes que ofrecen respuestas providenciales a todos nuestros problemas, como la publicidad de cualquier producto: dice ser el mejor y más conveniente. Ocultado por la propaganda, existen programas e ideologías que evidencian el propósito y la intención de cada formación política, el modelo económico y social que desean implantar, y los mecanismos y acciones con los que van a intentar llevarlo a cabo. A la hora de votar, hay que pensárselo mucho para decidir si se prefiere pacto o coalición. En cualquier caso, siempre quedará defraudado. Nadie dispone de una varita mágica que arregle al gusto de todos nuestros asuntos. Así de rica y compleja es la democracia: usted decide.

lunes, 9 de mayo de 2016

Alardear de putas

Una fiscal de Madrid, Marisa Morando, no ha encontrado mejor argumento, para oponerse al recurso contra la condena de una concejal del Ayuntamiento de aquella capital por participar en una protesta feminista en la capilla de la Universidad Complutense, que el de tacharla de “alardear de ser putas” en un espacio “sagrado”.  Y como el Código Penal contempla como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, la protesta de la concejal Rita Maestre tendrá que ser castigada por “ofender” a los feligreses con ese alarde de puterío consistente en desprenderse de la camisa y mostrarse en sujetador delante del mismísimo Dios. No consta, sin embargo, que Dios se haya manifestado ni a favor ni en contra de lo sucedido en el sitio donde, según la fiscal, se halla la divinidad para los creyentes. De entre todas las participantes de la manifestación, el señor cura párroco sólo consiguió identificar a la condenada por ser compañera suya de clase. Primera conclusión: hay que tener cuidado con los compañeros de estudios, pueden ser curas que cultivan la delación.

Y es que, al existir ilícito penal, hay que sancionar condena. La fiscal lo tiene claro, aunque para ello recurra a argumentos morales en vez de jurídicos. Quiere castigar lo que considera ofensas a la fe y creencias, interpretando en nombre de éstas la conducta supuestamente ofensiva de la condenada durante la protesta realizada en el recinto de una iglesia, católica, por supuesto. Su negativa al recurso contra la condena se mantiene a pesar de que algo tan subjetivo como supuestas ofensas a los sentimientos religiosos colisiona con los derechos constitucionales de libertad de expresión y manifestación, que están especialmente protegidos puesto que sobre ellos descansa la libertad de participación y de opinión de los ciudadanos. Aunque ni Dios ni el obispo de la diócesis exigen la condena, la fiscal prefiere el escarmiento porque considera esa manifestación pacífica contra una capilla como “alardes de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran ser”, y para las mentes puritanas, con o sin toga, ello es sumamente ofensivo.

Se deja llevar la señora fiscal en su argumentación por prejuicios morales. En primer lugar, confunde actitudes de provocación y de libertad sexual con actividades o condiciones sexuales, como son las “putas, bolleras o lo que quieran ser”, para subrayar como ofensa lo que no es más que un acto de protesta que busca llamar la atención sobre una incongruencia, cual es la existencia de una capilla en el recinto de una universidad. El prejuicio deriva de considerar un torso semidesnudo como ofensivo para quien cualquier comportamiento de la mujer que se aparte del tradicional (casada, sumisa y callada) es, cuando menos, sospechoso de libertinaje y vicio, es decir, de “putas, bolleras o lo que quieran ser”. Se califica desde el estereotipo las conductas de las participantes en una manifestación feminista contra una capilla y se hacen comparaciones pretendidamente peyorativas que denotan, esta vez sí, una ofensa a la dignidad de las víctimas del comercio sexual y del tráfico de personas para la explotación en la prostitución. La inmensa mayoría de esas víctimas es consecuencia de la violencia, la precariedad, la marginación y de una cultura machista y sexista, y no una expresión de la libertad sexual de la mujer. Confundir lo uno y lo otro, y utilizarlo como argumento condenatorio, es participar del estereotipo que explota a la mujer como objeto y no reconocer las libertades de que disfrutan en nuestro Estado de Derecho, sin que por ello deban ser tachadas de “putas, bolleras o lo que quieran ser”.

Pero es que, en segundo lugar, la protesta no iba dirigida contra ninguna persona, ninguna fe y ningún sentimiento religioso, sino contra unas instalaciones dedicadas a celebrar rituales basados en creencias que de ningún modo corresponden a un ámbito universitario donde se profesa culto a la razón, utiliza el método científico en las investigaciones y la libertad es la máxima que impregna toda actividad para no verse coartada por supuestas verdades absolutas, sean reveladas o no. La protesta respetaba la libertad religiosa de los creyentes, pero pretendía evidenciar –de manera provocativa, tal vez- la incongruencia de que esa libertad de credo, que pertenece al ámbito individual de la persona, no respeta la libertad “racional” que ha de prevalecer en el templo de la razón y la sabiduría, como es la universidad. El conocimiento no puede estar ni orientado ni tutelado por la religión, sino por el raciocinio y la ciencia.

Cuestionar, por tanto, que una capilla se ubique en el interior del recinto de una universidad no es ninguna “ofensa” a sentimiento religioso alguno, sino una actitud lógica de la razón y propia del lugar donde debería imperar precisamente el pensamiento racional y no las creencias religiosas de dominio personal. Es decir, nadie ofendía los sentimientos religiosos de los feligreses, sino protestaba porque en los aposentos “sagrados” del conocimiento y la razón se haga proselitismo y adoctrinamiento de creencias religiosas. Y si por mantener y propiciar esa actitud crítica que persigue ámbitos separados entre razón y creencias o, lo que es igual, Iglesia y Estado, significa “alardear de ser putas, bolleras o lo que quieran ser", pues yo también, señora fiscal, alardeo de ramera… de la razón. Reconozco el vicio.

jueves, 5 de mayo de 2016

Proclive al llanto


No podía evitarlo. Llevaba varios años asistiendo quincenalmente a esas dependencias del hospital pero el corazón se le aceleraba y las piernas le flaqueaban cada vez que atravesaba aquella puerta. Ya desde el día anterior intentaba convencerse de que no se pondría nerviosa y mantendría la entereza. Pero nunca lo conseguía. Sentía aprensión a las agujas con las que tenían que pincharle en ambos brazos. Sabía que los profesionales la tratarían con la amabilidad, rayana en la familiaridad más que en la cortesía, que se establecía en una relación tan dilatada en el tiempo. Y que intentarían, entre saludos y bromas, insuflarle una tranquilidad que necesitaba pero de la que carecía. Todo era inútil. En cuanto se acostaba en la cama y comenzaban los preparativos para conectarla a la máquina, su cuerpo se tensaba como un arco a punto de romperse y su cerebro la torturaba con pensamientos de fatalidad y angustia que la hacían empaparse en sudor. Su mirada recorría el techo de la habitación buscando el punto más alejado del enfermero que palpaba su brazo y lo apretaba con una goma para que las venas se hincharan de sangre. Los labios se le secaban y un sabor amargo le subía a la boca, como si el miedo procediera de lo más profundo del estómago y desde allí la invadiera sin encontrar resistencia. Eran instantes en los que, si pudiera, saldría corriendo de pánico y abandonaría a todos, con sus batas blancas y las agujas enarboladas al aire. Ni siquiera podía escuchar lo que le decían porque en sus oídos retumbaban las palpitaciones de un corazón desbocado. La mayoría de las veces, tras sentir el aguijonazo fugaz pero intenso de los pinchazos con que se iniciaba el procedimiento, ella comenzaba a relajarse y podía mantener una conversación. Había aprendido que lo peor ya había pasado. Al menos, ya no lloraba como al principio, cuando además del miedo, la frialdad de la piel y los sudores, sus ojos se llenaban de lágrimas. Sin embargo, siempre temía alguna complicación, un mal día en que sus venas se esconden y tienen que propinarle más pinchazos de los previstos. Entonces, en esas raras ocasiones, sus ojos volvían a ser la fuente por la que se derramaba todo el dolor y toda la amargura con los que afrontaba una enfermedad que la hacía pasar por aquel calvario quincenal. No podía evitarlo, era proclive al llanto.

martes, 3 de mayo de 2016

Política de simulación


Ahora que los dirigentes políticos han obligado a convocar nuevas elecciones porque fueron incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, pretenden que éstas puedan considerarse como una especie de “segunda vuelta” que concentre el voto que fragmentó el Parlamento en minorías incompatibles. Simulan una segunda vuelta que no es posible porque no discrimina a los que no consigan un dintel mínimo de votos y, por tanto, no evita que vuelvan a obtenerse los mismos o parecidos resultados que las anteriores, si ese fuese el deseo de los ciudadanos. Juegan, pues, al engaño para no reconocer su fracaso y poder cargar, así, sobre el ciudadano la responsabilidad de decidir el futuro candidato para la investidura. Lo que los partidos no supieron o no quisieron acordar entre ellos mediante negociación y pactos, quieren que lo decidan los votos en las urnas, aunque arrojen idéntico resultado: cuatro o cinco minorías condenadas a entenderse. Es probable que nuevas elecciones sean preferibles a un mal gobierno, pero ninguna de estas opciones puede ser imputable al votante sino a la incapacidad de los dirigentes políticos de acordar un gobierno que refleje la voluntad ciudadana y responda a los intereses generales del país y no a los particulares de cada formación. Son ellos, los partidos con representación parlamentaria y sus líderes, los que no logran ponerse de acuerdo y, en consecuencia, los que obligan a repetir unas elecciones que no hacen más que alargar el problema unos cuantos meses más.

No sería la primera vez que los políticos simulan cosas distintas a la realidad. Del mismo modo que no existe ninguna “segunda vuelta”, tampoco nuestro sistema político es presidencialista, sino parlamentario. Aquí no elegimos presidente de Gobierno sino a parlamentarios que lo seleccionan en función de las mayorías que consigan formar en el Congreso de los Diputados. Exigir, como hacía el Partido Popular, que se le dejase gobernar porque era la minoría mayoritaria, era otra simulación, otro intento de engañar al ciudadano, ya que se inviste presidente al candidato que reúne mayoría de votos en el Parlamento. Pero se insiste en crear confusión con la intención de que la opinión pública presione a su favor en las negociaciones para conseguir esa mayoría de apoyos. Una falacia si nadie quiere pactar y cuando se impide que otros recaben esos apoyos. En España es inconcebible que el que no puede Gobernar deje que otros lo hagan para evitar al país un período excesivamente largo sin Gobierno “efectivo”. Aquí, no solo se prefiere alargar la interinidad de un Gobierno “en funciones”, sino que se propugnan “vetos” para que nadie consiga llegar a pactos conducentes a la formación de Gobierno. Si para ello hay que simular que se debe eligir al candidato de la lista (minoritaria) más votada, se expresa abiertamente tal infundio, aunque haya que repetir nuevas elecciones. Nuestra democracia admite el simulacro. 

Hasta el Rey, que hoy firmó el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el próximo 26 de Junio, adopta como Jefe de Estado un comportamiento más parecido al Presidente de República que al de un monarca que accede al cargo por transmisión hereditaria. Intenta mostrar una neutralidad exquisita en sus actuaciones, ateniéndose a lo establecido legalmente en la Constitución en el ejercicio de sus funciones representativas y cumpliendo con los actos debidos que le corresponden en nombre del Gobierno y las Instituciones. Pudiendo dar pábulo al infundio que interesadamente se propalaba y designar al candidato de la lista más votada para que recabe los apoyos que le permitan ser investido presidente de Gobierno, prefirió que fueran los líderes políticos los que ofrecieran su propia candidatura para ello. Esa decisión alargó el proceso innecesariamente hasta que, culminado el plazo sin que Rajoy moviera un dedo, otro candidato asumió la responsabilidad de intentarlo de manera infructuosa. Desde el 20 de diciembre pasado, el país asiste a un doble intento electoral por formar Gobierno, sin que nada garantice otro escenario distinto al de un Parlamento fragmentado en minorías intransigentes que actúan simplemente por tactismo partidista. Al final, el Rey disuelve las Cortes, no por decisión gubernamental, sino con el refrendo del presidente del Congreso. Todo lo contrario a las iniciativas de una monarquía absolutista y más semejante a los actos reglados de un presidente republicano. Incluso en su vida personal, el Rey de España rehúye de las exhibiciones de una realeza dedicada al boato y el dispendio, que se rodea de una corte de aristócratas manijeros, para mostrarse con la austeridad y el decoro ejemplar de quien está al servicio del país y depende de las instituciones democráticas que regulan su función, y no persigue que el país esté a su servicio y por encima de las instituciones.

Los únicos que no simulan son los ciudadanos, que se declaran frustrados y contrariados con la convocatoria de nuevas elecciones por culpa de unos partidos que no fueron capaces de alcanzar acuerdos para la gobernabilidad del país. Pero también ese hartazgo está previsto de antemano por quienes consideran que la abstención favorece sus expectativas. Ningún cálculo puede darse por válido hasta su confirmación ulterior en las urnas, pero la repetición de resultados más o menos idénticos supondría un correctivo de los votantes a los partidos para que asuman de una vez por todas la voluntad popular y se sienten a pactar ese Gobierno que precisa España y que ya no se puede demorar más. El mensaje emitido con los votos sería el de que dejaran de simular y afronten la realidad tal cual es: plural, diversa y sin que nadie posea la verdad en exclusiva. Que se comporten con un poquito de humildad, dialoguen, cedan, pacten y acuerden un Gobierno estable, eficaz y duradero. Por el bien del país, que para eso se presentaron a las elecciones sin que nadie los obligara, señorías.

domingo, 1 de mayo de 2016

Día inútil

Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo y, como toda conmemoración de esta naturaleza, se hace para denunciar carencias y dificultades. Aparte de ser una jornada festiva, motivo por el que la mayoría de los ciudadanos la celebran, es también una oportunidad para reivindicar un derecho que en España está siendo cuestionado y orillado: el derecho a trabajar. El trabajo es ya apenas un bien, reconocido como derecho en la Constitución española, que debía estar protegido y amparado por los poderes públicos –principalmente, el Gobierno-, pero que por imperativos mercantiles se ha convertido en una utopía para millones de personas que buscan ejercer ese derecho, acceder a un trabajo, sin conseguirlo. Al parecer, un inexistente “derecho al lucro” de algunos empresarios y agentes económicos, ayudados por Gobiernos sumisos, hace que se destruyan empleos y se manden al paro, sin causa justificada alguna, a millones de personas, atentando contra ese supuesto derecho al trabajo. Es decir, prevalece el “derecho” a la avaricia sobre el derecho al trabajo en las sociedades modernas que, sin embargo, celebran el Día del Trabajador.

Hoy, en nuestro país, como en otros muchos de nuestro entorno, más que el Día del Trabajo lo que se conmemora es la ausencia de oportunidades para trabajar, el continuo deterioro de las condiciones laborales, la supresión progresiva de las garantías que protegían al trabajador y sus intereses frente a la voracidad de empresarios y mercados, y la inestabilidad o precariedad laboral y salarial que continuamente se imponen. El Día del Trabajo festeja, hoy, la desnaturalización de un derecho constitucional que se pisotea y se viola cada día: el derecho a trabajar. Por eso, el Día oficial del Trabajo se antoja un día inútil, por muchas manifestaciones y discursos que se organicen para la ocasión y los telediarios.

Y es que, desde que en 1889 la Internacional Socialista declarara el 1º de mayo como Día del Trabajador, en recuerdo de los obreros condenados a muerte en Chicago en 1884 por los disturbios ocasionados durante unas manifestaciones que reivindicaban la jornada laboral de ocho horas, lo que cada año celebramos es la pérdida de conquistas laborales que materializaban ese derecho al trabajo. Trabajar ocho horas en un empleo estable es, en la actualidad, no en 1889, un lujo que disfrutan unos pocos privilegiados. Ejercer una actividad que se regule a través de convenios colectivos, entre representantes laborales y empresarios en pie de igualdad, es hoy una conquista derrotada por la ambición empresarial y mercantil, y refrendada por una Reforma Laboral de un Gobierno que favorece ese atentado contra el trabajador. El socorro que el Estado dispensaba al desempleado ha sido reducido, hoy en día, en duración y cuantía, por el mismo Gobierno que debía velar por el derecho al trabajo y proveer las prestaciones sociales a esos desafortunados que son despedidos de sus empleos. En aras de la riqueza privada de los detentadores del Capital, como son los bancos y el sistema financiero, se sustraen recursos públicos que podrían destinarse a ayudar a los desfavorecidos y golpeados, con la pérdida de sus trabajos y oportunidades, por una crisis económica de la que no son responsables. Para colmo, hasta en la propia Constitución se hace prevalecer el pago de la deuda al reconocimiento de derechos y la prestación de servicios públicos. Todo un cúmulo de "conquistas" a celebrar este día.

En definitiva, en este Día del Trabajo se puede festejar también, entre otros, el rescate a los bancos, la amnistía fiscal a los que se burlan de pagar impuestos, la bondad con los corruptos que se mantienen en puestos institucionales y listas electorales y el empobrecimiento, en contrapartida, de la población y los trabajadores, a los que se les exigen constantes y permanentes sacrificios. Si esto es algo que merezca la pena celebrar, que vengan Rajoy y Fátima Báñez a encabezar la manifestación. Ellos son, como presidente del Gobierno y ministra de Trabajo, los que han posibilitado, con sus reformas y recortes, este día tan maravilloso aunque completamente inútil… para el trabajador y el trabajo, a pesar de coincidir con el Día de la Madre y ser Domingo. Todo un triunfo que merece ser celebrado.