domingo, 31 de agosto de 2014

Cicatrices del pasado

España tiene un serio problema enquistado, que no sabe o no quiere afrontar, con su pasado inmediato. Después de décadas del advenimiento de la democracia y del retorno de las libertades que salvaguardan la pluralidad existente en el seno de la sociedad, continúa latente el trauma de la Guerra Civil y la Dictadura que dejaron su impronta en la manera de ser y de pensar de muchos españoles, incluso de generaciones que no vivieron los años de plomo del régimen totalitario que impuso por las armas Francisco Franco, un general que se subleva contra la República e inicia una cruenta contienda que se salda con más de medio millón de muertos, la división del país en dos bandos irreconciliables (nacionales y "rojos", según convención de los vencedores) y el retraso económico y social de España durante decenios, en comparación con las demás naciones de su entorno y época, salvo Portugal, también secuestrada por otra dictadura de la que el propio pueblo supo zafarse al cabo de los años.

Aquel negro y larguísimo episodio de la historia de España no se olvida y no se supera por mucho que se pretenda hacer olvidar, como desean y han procurado por todos los medios los que resultaron vencedores de la sangrienta asonada militar. Y tal vez ahí radique, precisamente, el error: pretender hacer olvidar lo que exige memoria y recuerdo, no por venganza, sino por estricta justicia y necesaria reconciliación. Ese pasado franquista, que ha dejado un rastro de víctimas vivas y muertas, es lo que no se puede asumir sin aceptar que se trata de una página ignominiosa que hay que conocer para repudiarla, denunciando su ilegalidad y su irracional violencia, y restituir la dignidad de los vencidos, víctimas inocentes de una barbarie que, si la afrontáramos con sinceridad, modificaría nuestros valores y la visión de nuestra realidad como país.

De aquel enfrentamiento perduran muchas inercias y muchos miedos. De la salvaje "exaltación revanchista" de los vencedores -como la describe el historiador Fernando García de Cortázar1-, queda la inercia de impedir cualquier reconocimiento a los vencidos, considerados carentes de cualquier virtud individual o colectiva y sospechosos siempre de antipatriotas comunistas o masones. Y el miedo a que sus voces se alcen perturbando la "paz de los cementerios", que es el orden que los franquistas impusieron con la fuerza y la represión más cainitas. Y tienen motivos para temer. Aparte de los muertos, se supone que existen cerca de 200.000 víctimas mortales de la represión posterior a la guerra, fusilados y desaparecidos forzados cuyo número no está anotado en ningún registro o en sumarísimas sentencias judiciales que puedan ser investigadas para dar a la luz unos hechos históricos lamentables. Más lamentables aún si se pudiera conocer su magnitud. De hecho, se estima que España, tras Camboya, es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos forzados, todavía esparcidos en fosas comunes por toda la geografía nacional.

Es ese deber de recuperar a los desaparecidos, de buscar a unos familiares apresados y de los que nunca más se supo, de exhumar tantas fosas comunes que subyacen bajo los caminos de España, lo que la ONU demanda del Gobierno español. En un demoledor informe sobre las desapariciones forzadas en el franquismo, la ONU insta a España a cumplir con su obligación de buscar a esos desaparecidos y le da un plazo de tres meses para comunicar qué hará con las víctimas del franquismo, recordándole al Gobierno que respaldar a las víctimas no supone que "regresen los odios".

El documento de la ONU ofrece hasta 42 recomendaciones que abarcan desde un Plan Nacional de búsqueda de desaparecidos que ofrezca apoyo institucional y financiero al descubrimiento de fosas comunes, hasta la creación de una Comisión de la Verdad, constituida por expertos independientes que determinen la veracidad sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura, e incluso la retirada de símbolos y vestigios del franquismo que enaltecen y rinden tributo a un régimen totalitario, sectario y asesino. La ONU también aconseja colaborar, en aplicación de la Justicia Universal, con aquellos países que llevan a cabo investigaciones sobre hechos de la Guerra Civil española a instancias de españoles exiliados o sus descendientes nacionales.

Parece mentira, pero tal apoyo de la ONU a las víctimas del franquismo pone de relieve que la lacerante herida de la Guerra Civil está lejos de haber cicatrizado, a pesar de los esfuerzos de los herederos ideológicos de aquel régimen por aconsejar mirar sólo al futuro y olvidar el pasado. Niegan e impiden cualquier memoria que no sea la que ha prevalecido desde entonces, la que ha sepultado en un olvido forzado la historia y los recuerdos de los vencidos, doblemente derrotados, así, por la bota asfixiante del franquismo y la condena a la amnesia.

España no es el único país con un pasado vergonzante. Existen infinidad de naciones que han sabido reconocer las heridas de hechos históricos indeseados, que aceptan y asumen las consecuencias de viejas ofensas para, desde el respeto a la memoria, redimirse en la reconciliación y restituir la dignidad de cuántas víctimas inocentes provocaron la barbarie y la sinrazón. Alemania, por ejemplo, en la actualidad ejerce el liderazgo en Europa, no sólo por su pujanza económica, sino también porque juzgó el nazismo y superó ese episodio de su historia para alinearse con las democracias y la defensa de las libertades en el Continente. Muchas otras naciones, en las que también se produjeron épocas de violencia y terror, izan hoy con orgullo las banderas de la paz y la libertad sin que viejos fantasmas avergüencen a las nuevas generaciones. En todos los casos, empero, se reconocieron los errores de unos acontecimientos indeseados y no se ocultaron a la memoria de la Historia. Antes bien, se tienen muy presentes para que su conocimiento alcance a todos y sirvan de modelo de la infamia y la irracionalidad a las que se puede llegar si no sabemos preservar la paz, la libertad y el bienestar de todos, sin exclusión.

La reinstauración de la democracia en España no ha logrado erradicar las inercias de la dictadura, las que impiden a nuestros gobernantes reconocer la existencia de víctimas del franquismo y condenar el régimen de Franco como un paréntesis histórico reprobable y bochornoso. No quieren juzgarlo ni desean impartir justicia, creyendo que se les exige revancha y restitución de un botín, cuando en realidad lo que se solicita es reconciliación sincera y memoria. Tienen miedo a la voz de las víctimas, a sus lamentos y su visión de lo sucedido, de escuchar otra verdad que ponga en entredicho la versión oficial que escriben los vencedores. Impiden la memoria porque saben que la reparación empieza por ella, por recordar los males que castigaron a la mitad de la población y lastraron el progreso y la libertad de todo el país, en su conjunto. No quieren dejar hablar al sufrimiento porque saben que es la condición de toda verdad, como advirtiera Adorno. Son conscientes de que la memoria es justicia, y el olvido, injusticia. Huyen de la memoria que hace justicia porque no desean ser cuestionados.

Sólo así se comprende que los herederos ideológicos de la dictadura repudien la Memoria Histórica, no la doten de su correspondiente partida presupuestaria y vacíen de contenido una ley que perseguía la reparación de las víctimas del franquismo. Sólo así se comprende que el grupo parlamentario popular, con su mayoría absoluta, vete las peticiones de comparecencia del Presidente del Gobierno, del ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado para debatir en el Congreso sobre estos temas. Sólo así se comprende que haya sido expulsado de la carrera judicial un juez que osó investigar los crímenes del franquismo. Sólo así se comprende que las propias Naciones Unidas tengan que obligar al Gobierno de España a dar explicaciones sobre su conducta con las víctimas del franquismo. Sólo así se comprende ese afán al olvido, a un olvido que selecciona meticulosamente lo que desea desterrar de la memoria colectiva de los españoles, sin caer en la cuenta de que nunca habrá justicia sin la memoria de lo irreparable. Y es que la memoria vuelve vigentes las injusticias del pasado y reclama su reparación. Por eso la niegan. Y por eso España tiene un problema no resuelto con su pasado, porque pretende ignorarlo, manteniendo viva la cicatriz que aún supura dolor.

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1: García de Cortázar, Fernando. Breve historia de España, pág. 587. Alianza Editorial. Madrid, 1993.

miércoles, 27 de agosto de 2014

Sin rutina

  
Todos se quejaban de sus rutinas. Sus amigos maldecían volver a incorporarse a sus rutinas laborales desde días antes de agotar las vacaciones. Otros deploraban tener que continuar con las indeseables rutinas cotidianas porque les impedían dedicarse a lo que de verdad les gustaría: hacer otra cosa. Su mujer maldecía la rutina doméstica que la ataba a la cocina y a dedicarse a una familia acostumbrada a depender de ella por simple comodidad. Los vecinos se saludaban deplorando la rutina de una convivencia forzada que sólo deparaba problemas y malentendidos en la comunidad, mientras aludían al tiempo como rutina para soportar el trayecto en el ascensor con unos conocidos perfectamente extraños. Los niños temían la rutina de la vuelta al cole y los madrugones por obligación. Los periódicos repetían las noticias rutinarias sobre el destino de veraneo de la clase política y otras élites sociales que a nadie interesaba. Todas las personas con las que se cruzaba expresaban su desazón por las rutinas que lastraban sus vidas, pero él deseaba tener alguna rutina a la que volver y poder denostar. Estaba sin empleo y los días le parecían cualquier cosa menos rutina: eran un calvario interminable, sin rutina.

martes, 26 de agosto de 2014

Merkel pasa revista

En plenas vacaciones de agosto, la “jefa” de Europa se da una vuelta por los arrabales más  problemáticos del continente (Ucrania, envuelta en revueltas de bandas antagónicas, y España, empeñada hasta las cejas y necesitada de rescate bancario) para palpar de primera mano si los díscolos se avienen a seguir las directrices que ella dicta desde Alemania. Ni el Presidente de la Unión, Herman Van Rompuy, ni el recién elegido Presidente del Parlamento, Martin Schulz, ni tampoco el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, supervisan el comportamiento de estos territorios conflictivos, aún cuando sean ellos quienes detectan los cargos y funciones para hacerlo en nombre de la Unión Europea. Se nota quien manda.

A Ucrania ha ido la canciller alemana para mostrar con su presencia el apoyo a Kiev en su lucha contra los que desean seguir bajo la órbita rusa y se levantan en armas para impedir todo acuerdo de asociación, como paso previo a una futura integración, con Europa. La Rusia de Putin, que ya se anexionó la península ucraniana de Crimea, alienta el conflicto con municiones, milicias y suministros de todo tipo con tal de soñar con su viejo cortejo de repúblicas satélites sometidas a control soviético. En ese pulso de la ambición continental de Europa, dispuesta a completar el diseño geográfico de su mapa físico para ampliarlo hasta los Urales, Merkel apuesta por hacer demostración de una voluntad férrea de no ceder al chantaje guerracivilista de la facción oriental prorrusa, personándose junto al presidente ucraniano, Petró Poroshenko, quien la agasaja con un ramo de flores. A la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, ni se le ha visto, ni se le espera. ¿Para qué?

Y en Galicia, adonde la ha llevado el solícito anfitrión español, Mariano Rajoy, de paseo por su tierra natal y en visita blindada, para resguardarse de los protestaflautas, al apóstol Santiago, Merkel ha oído todo lo que quería escuchar en palabras del presidente de Gobierno: que seguiremos aplicando las recetas que ella prescriba para adecuar nuestra economía a los intereses de la banca alemana. Como buen alumno disciplinado, Rajoy se comprometió a proseguir con las “reformas estructurales” que tan buenos resultados están dando a los acreedores, casualmente alemanes. Y en un alarde de osadía, impropio de quien no suele abrir la boca, el presidente español recabó el respaldo de Alemania, imprescindible por otra parte, para conseguir un premio de consolación en Europa para el ministro de Economía patrio, Luis de Guindos, por los indiscutibles méritos que jalonan su gestión, primero en Lehman Brother, y después al frente del desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar. Los testigos de la petición aseguran que a Merkel le brillaron las pupilas, como si estuviera a punto de soltar alguna lágrima, no se sabe si de alegría o de risa, pero en cualquier caso satisfecha por la docilidad y fiabilidad del buen Mariano, siempre tan atento y comprensivo con los poderosos.

Nuestro hábil presidente regaló a los oídos de la alemana la certeza de que aquí no castigaremos a los banqueros que condenaron a la miseria a miles de españoles con sus especulaciones criminales, como han hecho en Estados Unidos con Bank of America, entidad que tendrá que pagar una multa de 17.000 millones de dólares por la estafa de las hipotecas subprime, sino que los seguiremos ayudando a cumplir con sus deudas, a cargo del erario público, como lo demuestra el hecho de que el BBVA haya adquirido Catalunya Bank por menos de 1.200 millones de euros, cuando necesitó cerca de 14.000 millones en ayudas que se dan por perdidos. Esa es la reforma estructural del sistema financiero que quería conocer la “jefa” alemana de boca del español.

También le garantizó tranquilidad porque le confirmó que tiene asegurada la continuidad del partido gobernante en todos los ayuntamientos gracias a una triquiñuela electoral que obligará eligir alcalde al de la lista más votada, que, por supuesto, será siempre del PP, dada la fragmentación de la izquierda nacional en mil grupos chillones y poco pragmáticos. Angela se mostró cansada durante el Camino de Santiago, pero esperanzada con el apoyo que recibe de España en su lucha por la austeridad de los pobres de Europa y con la comprensión incondicional que le muestra el presidente español, tan gentil y dicharachero.

Con indisimulada envidia por la suerte que tiene Rajoy de no encontrar una oposición fiable que discuta sus iniciativas y un pueblo sumiso que se empeña en seguir confiando en quienes lo empobrecen a golpe de decretos-ley que recortan prestaciones y derechos, Merkel se dejó homenajear en un restaurante gallego con los productos típicos de la tierra, en un ambiente de gran camaradería. Pero requirió de España idéntica camaradería cuando tenga que poner firmes a Francia e Italia, que se resisten a aplicar sus políticas de austeridad y “ajustes” contra viento y marea. Fue entonces cuando Rajoy, que no deja pasar una, le sugirió que también Arias Cañete podría acceder a una comisaría económica importante, además de la jefatura del Eurogrupo para Guindos. Rajoy volvía a demostrar ante los suyos su estatura de hombre de Estado, con el aplauso irreprimible de Soraya Santamaría y Carlos Floriano. Merkel regresó a Alemania, tras pasar revista, murmurando: “¡Dios, qué tropa!”.

lunes, 25 de agosto de 2014

Los sonidos del money

Money suena en el oído y en los bolsillos, money suena en los discursos y en las noticias, money suena en los sermones y en las tabernas, money suena en el biberón de los niños y en las lágrimas de los hombres, money suena en los sueños y retumba en la vigilia, money suena en el silencio y participa del ruido, money suena en las constituciones y en los libros de familia, money suena en el alma de los hambrientos y en los ojos de los satisfechos, money suena entre los derechos y los deberes, money suena a dinero que mide el precio de los somos y de lo que nos cuesta vivir, money es la dignidad de nuestro tiempo y el veneno de nuestra perdición, money suena a corrupción y deshumanización, money suena a dios porque lo es todo.

 

domingo, 24 de agosto de 2014

La geopolítica mercantil


Que ya no basta con consumir lo que producimos es evidente. Ninguna industria se mantiene con abastecer sólo el mercado interno, ya que apenas cubriría gastos de producción que acabaría llevándola a la ruina si antes no la engulle un competidor más grande. No hay sector que no se vea afectado por esta dinámica de crecimiento y expansión en busca de nuevos mercados. En especial, el sector agrícola. Sembrar, por ejemplo, tomates para nuestras ensaladas y gazpachos no es rentable si no exportamos más de la mitad de las cosechas. Hay que exportar para garantizar la viabilidad de cualquier empresa con voluntad de permanencia y rentabilidad. La mayor parte de nuestros mejores y más rentables productos está destinada a la exportación, desde tomates, aceite o coches. Se trata de un exponente de esa globalización comercial, pero también cultural, que condiciona nuestras vidas.

Tampoco existen fronteras. Esa es otra de las consecuencias de esta dinámica comercial de la globalización. Las grandes marcas de cualquier sector son conglomerados transnacionales que operan allá donde puedan obtener grandes beneficios con el menor gasto o inversión. Para esas empresas no existen aduanas que impidan su actividad y se mueven deslocalizando industrias cuando las condiciones no les satisfacen o abriendo filiales en cada continente o país. De esta manera, han conseguido que el mundo se convierta en un enorme tenderete en el que exhiben sus productos, uniformando gustos y consumos de sus clientes, que somos todos. Sutil pero permanentemente nos mentalizan gracias a una impresionante globalización también cultural, vía publicidad, modas y costumbres, que nos adecua a vestir sus prendas (gorritas de béisbol, vaqueros), ingerir sus comidas (pizzas, hamburguesas, cocacolas) y hasta entretenernos con lo que ofertan atractivamente (películas, series televisión, videojuegos, etc.).

Esta tendencia al crecimiento es consustancial al modelo de producción de cualquier negocio. Hace que sea obligatorio crecer o aumentar cada año los beneficios para tener posibilidad de sobrevivir sin que la inflación o el aumento de costes no empiecen a señalar estancamiento, sinónimo de ruina. Sucede lo mismo a escala nacional o internacional, lo que lleva a las empresas a seguir el patrón de adquirir volumen y dimensiones suficientes con los que imponer sus condiciones, tanto de cara a los clientes como frente a los gobiernos que regulan su funcionamiento.

Para apreciar lo primero sólo hay que pasear por las calles de cualquier ciudad española. Mirando escaparates se constata cómo nos transforman en clones que consumimos lo que ellas quieren, sin apenas capacidad de elección, sin alternativa. Los locales más céntricos de cualquier ciudad están ocupados por una serie de firmas comerciales -siempre las mismas, las que perduran-, que se distribuyen casi en idéntico orden. Los McDonald, Zara, Corte Inglés, Mercadona, Cortefiel y toda la corte de negocios que florecen a su sombra (100 Montaditos, Sturbuck Caffe, Supercor,  Café de Indias, etc.), se reiteran en el paisaje comercial urbano llevándonos a la confusión de no poder identificar ninguna ciudad por su morfología comercial, que es idéntico en todas ellas. La oferta de consumo que nos ofrecen, salvo matices, no se ve alterada por la región o comunidad en que se asienten, lo que unifica nuestros gustos y modula nuestras diferencias hasta hacerlas desaparecer.

Y a la hora de imponer condiciones para instalarse y conseguir cuántas medidas les resulten favorables, se conocen casos espeluznantes. El Gobierno de Madrid, por ejemplo, estaba dispuesto a modificar la ley que prohíbe fumar en espacios públicos y el acceso a menores en las salas de juego si conseguía que un magnate norteamericano construyera en su territorio un lupanar de casinos y prostitución. Por proporcionar migajas con unos mínimos ingresos vía impuestos, ya de por sí rebajados o con grandes excepciones fiscales, y la creación de puestos de trabajo en condiciones aberrantes, las empresas consiguen adecuar también las normas legales que les afectan. El poder empresarial no solo doblega la normativa laboral que protege a los trabajadores, priorizando el lucro sobre los derechos de las personas, sino toda la legislación que regula y controla la actividad y funcionamiento de estas multinacionales todopoderosas. El grado de influencia de la empresa y la economía en la política es de tal magnitud que, a veces, los gobiernos parecen delegados comerciales que defienden los intereses privados de aquellas en vez de velar por el bien general de la población. Véase, si no,  todas las “reformas estructurales” emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy en España, tendentes a favorecer al Capital y las empresas antes que al ciudadano y el trabajador, y que han precarizado el trabajo y las condiciones de vida de millones de españoles.

La actividad mercantil es un poderoso instrumento de gobernanza global. Con ella se definen alianzas y se combaten “enemigos” que impiden el dominio de unos intereses tan entremezclados. De hecho, hay quien define la democracia como consecuencia del comercio, que es una forma de nombrar al capitalismo. Éste necesita estabilidad jurídica y un modelo social que posibiliten su arraigo, también su capacidad mediación e influencia a la hora de apoyar a partidos y candidatos políticos. Las grandes y medianas potencias, que disponen de grandes y medianos conglomerados empresariales, utilizan los intercambios económicos y comerciales como estrategia de geopolítica. Crean entes poderosos y nada democráticos (los ciudadanos no los votan), como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que actúan en última instancia defendiendo los intereses de los países más desarrollados, cuyas empresas precisan que se reduzcan aranceles aduaneros y cuantas medidas proteccionistas obstaculizan su expansión y crecimiento, en nombre del libre comercio. Luego vendrán el FMI y el Banco Mundial a concederte préstamos si “recortas” las prestaciones del Estado de Bienestar (abres nichos vetados a la iniciativa privada) y a rebajarte los intereses de la deuda. Sólo entonces serás un país “libre” y “saneado”, que inspira “confianza” a los mercados.

El comercio es un arma temible. Marruecos no acaba de autorizar la pesca en sus aguas a la industria española, a pesar de haber rubricado el millonario convenio con la UE, hasta que no consiga satisfacer otros intereses ocultos, tanto de inmigración, territoriales o económicos. Así, exporta tomates a Europa en cantidades que hunden los precios de la producción continental, entre ella la española, para disgusto de nuestros agricultores. O Rusia nos veta las exportaciones agricoalimentarias por represalia a los “castigos” que tanto Europa como Estados Unidos les inflige por su apoyo material e ideológico a los rebeldes separatistas de Ucrania. Es decir, más que la diplomacia, es el comercio el instrumento más eficaz de la geopolítica internacional y la causa de muchas guerras.

Así que, cuando se habla de economía en boca de un político, se está hablando de lo que conviene a las empresas, no a los ciudadanos. El comercio se sirve de la política para imponer las condiciones que más le interesan y para convencernos de que su lucro y expansión nos conviene. Política y comercio vienen a significar lo mismo, tienen una misma finalidad: defender los intereses de sus titulares, curiosamente las mismas personas. Por eso se “ayuda” a los bancos, no a los ciudadanos. Lo que mueve al mundo es el mercado, un recurso mucho más mortífero que las bombas.
Guárdese, pues, de las guerras comerciales: saldrá perdiendo. Siempre.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Rutinas de agosto


Transcurre agosto con esa sensación de vacuidad propia de los días quietos, sin pulso, que se consumen aguardando que las manecillas del reloj avancen parsimoniosas para marcar alguna novedad inexistente, alguna alteración de esa monotonía en la que agonizan sin que se distingan unos de otros. Aburridos, a veces el aire refresca jornadas interminables de luz y calor, y otras el viento se entretiene en jugar con las hojas de los árboles, persiguiéndolas por las aceras. Son intervalos que apenas perduran un instante para acabar enseguida aplastados por las rutinas de agosto, prematuras víctimas de lo que surge a destiempo. Sólo queda esperar, seguir aguardando y entregarse a esa nada que nos adormece en un vacío existencial y anímico. Ya pronto mudará el tiempo.

lunes, 18 de agosto de 2014

¿Recaudación o seguridad?

Coger el coche se está convirtiendo en una temeridad aunque, paradójicamente, la máquina sea cada año más segura. Es una temeridad no sólo porque comporta el riesgo de sufrir un accidente mortal o provocar víctimas y daños a terceros, sino porque, además, las posibilidades de recibir una sanción son cada vez más elevadas, incluso si no te comportas como un irresponsable al volante. Los mecanismos y las causas para sorprenderte con una multa son sumamente probables y eficaces. Y cada año lo son más. En ello está empeñada la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía local de la mayoría de las ciudades: en acribillarte a multas, despojarte de los puntos del carnet y obligarte a pagar cursillos de recuperación de puntos. Es decir, todo al parecer se reduce a pagar. Supuestamente, por tu seguridad.

Lo cierto es que cada año, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), pierden la vida en las carreteras cerca de un millón trescientas mil personas, muchas más que en las guerras actuales o los asesinatos u homicidios criminales, a las que habría que sumar 30 y 50 millones anuales entre heridos y lesionados a causa de un accidente de tráfico. Tal cifra de víctimas de la circulación supone un problema de salud pandémico, que cuesta erradicar más que la malaria, sobre todo si las terapias para conseguirlo consisten fundamentalmente en castigar económicamente al conductor de un vehículo a motor. Con todo, mucho se ha hecho en España para reducir drásticamente el número de fallecidos en accidentes de coche, pues de las más de 9.000 personas muertas en 1989, cuando aún no alcanzábamos los 15 millones de vehículos, se ha pasado a poco más de 1.900, con el doble de vehículos en el parque móvil (31 millones). Sin embargo, los expertos predicen que en 2030 los accidentes de tráfico se convertirán en la quinta causa de muerte en el mundo. ¿Este problema puede arreglarse sólo con multas?

Se han elaborado en nuestro país distintas leyes de seguridad vial que inciden en lo que cada gobierno ha considerado más efectivo para combatir esta lacra mortal de las carreteras. Todas, no obstante, se basan en aumentar la severidad de las sanciones, ampliar el catálogo de infracciones, castigar el consumo de  alcohol y drogas en el conductor, rebajar la velocidad de circulación en todos los tramos de carretera, en especial las vías urbanas y las carreteras secundarias, crear nuevas normas de obligado cumplimiento (cinturones de seguridad, cascos en motoristas, sistemas de retención infantil, etc.) y, naturalmente, imponer multas de mayor cuantía (de hasta 1.000 euros).

Los medios para “cazar” al infractor también han aumentado exponencialmente, gracias a un mayor número de agentes de tráfico, coches patrullas visibles o camuflados, radares fijos y móviles y una flota creciente de helicópteros -cuya adquisición no está sujeta a las medidas de austeridad que afectan a los demás servicios públicos-, dotados con sistemas de captación de imágenes (sistema Pegasus) capaces de detectar desde centenares de metros de altura si un conductor se hurga la nariz, “wassea” por el móvil, se salta una señal o circula a velocidad mayor de la debida. En su conjunto, se trata de medidas convencionales que persiguen, más que prever accidentes, recaudar ingresos que hagan “rentable” este imponente aparato de vigilancia-sancionador del tráfico rodado. ¿Son suficientes para atajar la sangría de muertos en las carreteras?

Evidentemente, no. Sirven para reducirlas hasta cierto límite, pero no para eliminarlas. De hecho, la implantación del carnet por puntos ha contribuido mucho más a bajar la siniestralidad de nuestras carreteras que esa mayor severidad coactiva de las multas. Es decir, un mecanismo disuasorio, que no sustituye a la sanción económica, ha demostrado ser más efectivo que la simple multa al infractor, a quien se pilla “in fraganti” por tierra y aire, aunque no desde el mar. Todavía.

Y es que el problema de los accidentes de circulación no tiene una única causa, por mucho que se empeñe el Gobierno en señalar a los conductores y sus infracciones como el principal agente causal de los mismos. A pesar de haber auténticos descerebrados al mando de máquinas incapaces de vencer las leyes de la física, éstos constituyen una minoría que denota los niveles educativos y de madurez de nuestra sociedad. También, incluso, el grado de progreso material. Así lo demuestra el citado estudio de la OMS, que pone de manifiesto que en los países pobres se da un número de víctimas mayor que en los ricos. No es que los ricos conduzcan mejor, sino que disponen de mejores vehículos y, fundamentalmente, mejores infraestructuras.

La red vial española presenta, lamentablemente, demasiados “puntos negros”, tramos de carretera en los que se producen tres o más accidentes con víctimas (fallecidos o heridos) en el período de un año. En 2013, la DGT detectó 597 puntos negros en los que se produjeron 2.621 accidentes con 4.018 víctimas (32 fallecidos y 3.986 heridos). Según un informe del club de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y el Ministerio de Fomento, el índice de peligrosidad medio de la  Red de Carreteras del Estado, en el período 2008-2012, se ha mantenido estable respecto al quinquenio anterior. No se ha “parcheado” ninguna de estas carreteras, pero se han comprado helicópteros, a pesar de que el estado del firme influye en la mayoría de los accidentes de tráfico. De hecho, cerca de la mitad de los accidentes se debe al mal estado de la vía y no al factor humano.

Arriba, multa en abril por no pasar la ITV. Abajo, fecha de la ITV.
Si a ello unimos la voracidad recaudatoria de las distintas Administraciones con competencias sobre la circulación vial, comprenderemos que la prioridad de las autoridades no sea la Seguridad Vial, sino la obtención de ingresos, especialmente en estos tiempos en que la parálisis de la actividad económica (la famosa crisis) ha hecho caer los ingresos del Estado. En Sevilla, por ejemplo, se han cursado órdenes de cobrar multas antiguas a sabiendas de que están prescritas, confiando en que la mayoría de los multados, asustados por las amenazas de embargo, no recurrirán y se avendrán a pagar. Incluso se han tramitado pseudo-infracciones que luego han resultado falsas, como se demuestra con los documentos que se reproducen. En cualquier caso, nueve de cada diez conductores responden al apremio, aunque se ha dado el caso de un recurso ante Hacienda que ha obligado al Ayuntamiento hispalense a devolver el importe indebidamente cobrado. Son los menos, por lo que el balance (recaudatorio) es enormemente positivo para las arcas municipales.

Ese afán “depredador” contra el sufrido y perseguido conductor lleva a que se pierdan los papeles a la hora de “cazar” al automovilista que ingenuamente circula por las calles y carreteras de nuestro país. Existen evidencias de agentes que se emboscan en lugares que no representan ningún peligro para el tráfico (cruces en polígonos industriales, tranquilas vías secundarias, avenidas de ciudades) con el fin de poner multas a diestro y siniestro, en vez de, por ejemplo, ubicarse en algunos de esos “puntos negros” en los que pueden prevenir accidentes. Se ha llegado al extremo de observar policías ocultos tras contenedores de basura para sorprender con un radar portátil al que comete una infracción leve, pero que devenga ingresos. Son actitudes que demuestran el interés económico de quienes deberían velar por nuestra seguridad, previendo las causas de los accidentes y procurando que se eviten, y no esperando que ocurran para obtener liquidez. Se prefiere subrayar la responsabilidad del conductor que comete una infracción con tal de imputarle una indemnización económica -una multa- en vez de determinar el agente causal del hecho, que podría recaer en el propio Estado por su dejación en el mantenimiento de la red viaria. Ello no es óbice para castigar al que comete una infracción, pero no siempre el castigo se justifica con la falta, porque ésta obedece a otros factores extraños al conductor y que la política de seguridad vial del Gobierno se niega contemplar.

Vivimos inmersos en un mundo en que, como explica el filósofo Reyes Mate*, las muertes en la carretera se asumen como un precio del progreso. Y símbolos elocuentes de ese progreso son el coche y la velocidad. La publicidad nos promete coches cada vez más fiables, pero también más veloces y poderosos. Internet y las nuevas tecnologías reducen el tiempo y el espacio a la instantaneidad, hacen que superemos los límites espaciales y temporales. Para el también filósofo madrileño Manuel García Morente, la relación entre modernidad y velocidad-prisa-coche no es casual, sino señal de nuestro tiempo. Es decir, se nos inculca el culto a la velocidad que lleva consigo el progreso.

Luchar contra los accidentes de circulación no es cuestión sólo de multas y vigilancia recaudatoria, sino sobre todo de modificar esos supuestos culturales que nos llevan adorar la velocidad y aceptar las muertes como inevitables consecuencias del progreso, ser cómplices de una siniestralidad admitida como parte integrante de la modernidad. Lo más fácil son las multas. Lo difícil: prevenir y educar en otros valores, que ni le interesan a la industria que gira en torno al coche ni al Gobierno, que recauda con todo lo relacionado con él. 
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*: Mate, Reyes: La piedra desechada, pág.35 y sigs. Editorial Trotta. Madrid, 2013.   

domingo, 17 de agosto de 2014

Qué hacer cuando Sevilla...


Qué hacer cuando la ciudad no responde, permanece en silencio al nombrarla, cuando la buscas y no la hallas, cuando la miras y se esconde, y se aparta si pretendes acariciarla, cuando su compañía te niega y no escucha si le hablas, cuando tus sentidos embota con una parálisis de la nada, te olvida y te abandona en medio de una soledad desesperada, qué hacer en Sevilla cuando Sevilla se apaga: disfrutarla como el desamor que escuece en el alma. Así es Sevilla en agosto, esquiva y distante como una dama, que no quiere relaciones con el amante que la ama.

viernes, 15 de agosto de 2014

¿Qué se ha hecho mal trayendo el Ébola a España?

Ahora que el Ébola ha matado, en el Hospital Carlos III de Madrid, a la primera persona fuera de África -continente donde se extiende de manera incontrolada dando lugar a una pandemia que obliga a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el estado de alerta máxima mundial para intentar contener la propagación de este virus-, sería oportuno hacer algunas reflexiones sobre los mecanismos que se pusieron en marcha en España para tratar al misionero español expatriado desde Liberia y recibir en nuestro país una terapia paliativa que, desafortunada pero inevitablemente, fue ineficaz para abordar una infección mortal que no tiene cura en la actualidad, por mucho que se investiguen con sueros “milagrosos” y otros ensayos en otros países, no en el nuestro.

El cuestionamiento de la iniciativa del Gobierno español y de los responsables de la Sanidad Pública de repatriar un enfermo con Ébola a España no busca alimentar un alarmismo social injustificado, sino valorar la idoneidad de unas decisiones sanitarias que, como poco, fueron controvertidas. Tampoco se trata de ofender los sinceros sentimientos de nadie, respetables como los de todos, cuando se discuten decisiones que deberían estar presididas por el interés general y no por comprensibles pero injustificadas razones emocionales, personales o religiosas, sin que se prevean, en primer lugar, los sistemas, protocolos o mecanismos de actuación rigurosos y comprobados que garanticen la protección de la población ante el riesgo, grave y posible, de exposición a una infección epidémica letal; y, en segundo término, la manera más eficiente, inmediata y eficaz de tratar médicamente al compatriota enfermo que se decide trasladar a España.

Este debate parece oportuno ante las manifestaciones de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en las que afirma que se “ha demostrado que el sistema de alertas funciona perfectamente y los protocolos se cumplen”, en alusión al sacerdote fallecido este martes en Madrid, donde fue atendido durante cinco días tras ser trasladado desde Monrovia (Liberia), contagiado por el virus del Ébola. ¿Realmente estábamos preparados para abordar pandemias y enfermedades emergentes en el hospital donde fue ingresado el paciente? ¿Era más eficaz facilitar el tratamiento paliativo en suelo patrio que donde se produjo el contagio, junto a toda la comunidad de personas enfermas que el misionero atendía?

No parece que las respuestas a estas preguntas ni los datos que se van conociendo de las partes implicadas en esta “crisis del Ébola” secunden las afirmaciones de la titular de Sanidad, pese a que asegure que su ministerio, a través de la Dirección Pública, haya estado desde el primer momento coordinado con la OMS, la Unión Europea (UE) y las Comunidades Autónomas (CC.AA.), así como con los Ministerios de Defensa, Exteriores, Interior y Fomento, todo lo cual permitió trasladar en breve tiempo al sacerdote infectado, aunque lamentablemente no haya servido para nada, como era previsible. Parece que la ministra considera un logro extraordinario la repatriación de un enfermo terminal de Ébola a España.

Precisamente, ese traslado es la primera decisión que genera discrepancias pues parece obedecer a criterios emotivos o presiones sectarias antes que a pautas o protocolos asistenciales de Salud Pública. Al parecer, lo que deciden los responsables gubernamentales es socorrer a una única persona, trasladándola a España, en vez de enviar material y medios para atender directamente a los afectados y compañeros del repatriado en el propio lugar del foco infeccioso, donde fallecen monjas que trabajaban junto al misionero y donde siguen muriendo decenas de nativos locales en centros supuestamente “hospitalarios” de una precariedad inhumana. Una decisión inaudita teniendo en cuenta que, al no existir ningún tratamiento eficaz contra la infección por el virus Ébola, en España iba a recibir la misma terapia paliativa que podría habérsele administrado, al sacerdote y al resto de afectados, en el propio lugar del contagio, sin extender el riesgo de propagación del virus a España, país aún libre del área pandémica de la infección.
 
Probablemente, el envío de expertos en enfermedades infecciosas emergentes y del material necesario a Liberia hubiera sido menos problemático, más eficaz y menos gravoso que la repatriación de una sóla persona, en un avión especialmente habilitado y medicalizado, y teniendo que improvisar un hospital exclusivamente para él, al que hubo que dotar apresuradamente de personal sanitario no entrenado para estas emergencias y de medios y condiciones que no satisfacen las estrictas normativas exigidas. Es decir, se privilegió a una persona, en contra de toda lógica preventiva y sanitaria, y se desdeñó precisamente lo que movía la voluntad del sacerdote: atender a los que carecen de ninguna ayuda ante el avance de una epidemia mortal, como la del Ébola. Un doble desprecio -sanitario y cristiano- que no impidió a la ministra Mato asistir al funeral del cura fallecido para felicitarse por la “loable” gestión de las autoridades sanitarias españolas que ella dirige. Todo un éxito.

Pero si discutible fue el traslado, la improvisación de un hospital de acogida en Madrid fue de juzgado de guardia. De hecho, el personal de Enfermería de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz elevó un escrito a los Juzgados de la plaza de Castilla denunciando las “chapuzas” y presiones que se estaban cometiendo para traer al enfermo. Hay que señalar que, tras el cierre del Hospital Carlos III para transformarlo en un centro de estancias medias, era el Hospital La Paz el que, en otra decisión “iluminada” de los responsables sanitarios tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio, actuaría como centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes. Y era a la UCI de ese Hospital General La Paz donde en principio se pensaba ingresar al cura infectado por Ébola, sin disponer de la infraestructura adecuada para este tipo de enfermedades (habitaciones de aislamiento con presión negativa) ni de un personal entrenado ni formado para estas situaciones de especial complejidad asistencial, e ignorando, incluso, el peligro potencial de ingresar a un enfermo sumamente contagioso en un centro de las dimensiones de La Paz, por donde transitan miles de personas, entre enfermos, usuarios y trabajadores, cada día. Tras las quejas y denuncias, el ministerio opta por volver acondicionar el Hospital Carlos III a toda prisa y saltándose todos los protocolos, esos que la ministra dice que han funcionado tan perfectamente. 

Una planta vacía del hospital tuvo que adecuarse para reconvertirla en unidad de hospitalización de enfermos crónicos, trasladando equipos y personal desde el hospital La Paz de manera improvisada y con premura de tiempo. Hasta las enfermeras de La Paz tuvieron que transportar en sus vehículos particulares el material carente en el Carlos III. No había, pues, en Madrid ninguna Unidad de Alertas, dotada de las infraestructuras pertinentes (aislamientos, laboratorios, etc.), ni personal formado para hacerse cargo de un caso de esta naturaleza y esta gravedad. El personal de la UCI de La Paz enviado al Carlos III denuncia la falta de formación específica en infecciones peligrosas, declaradas por la OMS como de Emergencia de Salud Pública, y la negativa de información sobre los supuestos protocolos de medidas de protección individual contra riesgos biológicos o los procedimientos de actuación frente a una enfermedad de estas características, cuyo brote africano, lejos de estar controlado, es considerado el más mortífero de la historia moderna.

Una selección arbitraria del personal, una ubicación improvisada y una gestión temeraria de la situación son las consecuencias de una decisión “política” que obliga al traslado del sacerdote afectado muy gravemente por el virus del Ébola a España, atendiendo a consideraciones que se escapan, seguramente muy importantes y poderosas, pero que no se adecuan a los imperativos y recomendaciones sanitarios y de Salud Pública que deberían orientar a los responsables de la sanidad española. Algo se ha hecho mal.

¿Qué se ha hecho mal trayendo el Ébola a España? Todo, por cuanto se ha actuado negligentemente por parte de los responsables gubernamentales del Ministerio de Sanidad, exponiendo innecesariamente a la sociedad española a un posible riesgo de contagio y propagación de una infección mortal, que no tiene tratamiento ni profilaxis disponibles, y que afortunadamente aún no cursa en nuestro país, salvo las seis alertas concretas activadas en Madrid por el virus Chikungunya, virus Ébola, Coronavirus, Gripe aviar A (H7N9), Poliovirus y Gripe aviar (H5N1). Con el fallecimiento del sacerdote el martes pasado se da por solventada la situación, con la satisfacción expresada por la señora ministra. El personal que lo atendió aún espera algún tipo de seguimiento o medida epidemiológica cautelar que garantice la inexistencia de ninguna contaminación o contagio, mientras continúa atendiendo a otros pacientes, algunos de ellos inmunodeprimidos y especialmente vulnerables, en sus destinos de la UCI de La Paz. Afortunadamente, no ha pasado nada, pero no gracias a la ministra, sino a la suerte.

miércoles, 13 de agosto de 2014

El `pucherazo´ del más votado

Con menos de un año de antelación y ante la posibilidad cierta de que formaciones nuevas atraigan la confianza de los descontentos, descreídos y desencantados que suelen engrosar la abstención, el partido en el Poder, el que gobierna la Nación y la mayoría de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del país, decide cambiar las reglas del juego para obligar por ley que se designe alcalde al candidato de la lista municipal más votada en caso de que ninguna consiga mayoría absoluta. Puede parecer, en primera lectura, una iniciativa democrática, por cuanto el “mensaje” que pretende transmitir la propuesta es el de “respetar” la mayoría expresada en las urnas y dejar gobernar al que más votos obtenga en los próximos comicios locales de 2015. ¿De verdad es esa la intención?

Si así fuera, si fuera sincero el interés del Partido Popular por fortalecer y profundizar realmente los procedimientos democráticos que rigen esos sufragios, cualesquiera de los que se valen los ciudadanos para escoger a sus representantes no sólo en ciudades y pueblos, sino también en las comunidades autónomas o regiones y, por qué no, incluso en las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación, hace tiempo, años o legislaturas que se habría promovido tal “mejora” que, en teoría, reproduce fielmente en escaños las preferencias del votante. Pero existen dos datos que despiertan sospechas: primero, circunscribir la nueva norma sólo a la elección de alcaldes; segundo, la “coincidencia” de que, precisamente ahora y a toda prisa, se proponga tal modificación, a las puertas de unas elecciones que ya preparan los aparatos de los partidos, cuyas repercusiones alterarían todo el mapa político municipal, sin consenso ni deliberación entre todas las formaciones con representación parlamentaria e imponiéndola de manera urgente, vía decreto-ley (ya que no da tiempo para una ley de tramitación ordinaria), a fin de que la modificación electoral pueda aplicarse dentro de pocos meses, en las elecciones locales de 2015. ¿Por qué tantas prisas y por qué ahora?

Parece evidente -previa definitiva confirmación en las urnas- que el inesperado auge de Podemos, la novísima formación que acapara la confianza de los defraudados con los partidos que hasta ahora se alternaban en el Poder (PP y PSOE) y con esa Izquierda testimonial (IU) que se conforma con las migajas del Sistema, sin cambiarlo, puede atraer el apoyo nada despreciable de los ciudadanos hasta convertirla en la tercera fuerza política en unas próximas elecciones. Ya dio el “sorpasso” en las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo, en las que obtuvo 5 escaños en el Parlamento europeo gracias a más de 1,2 millones de votos y cerca del 8 por ciento de representación popular. Con semejante “empuje” inicial, Podemos se prepara ahora para repetir la hazaña, con mayor contundencia, a escala municipal, promoviendo sin descanso, a través de las redes sociales, asambleas o círculos de simpatizantes en todas las ciudades con la intención de configurar propuestas y acuerdos que posibiliten presentar candidaturas, en solitario o en coalición, en todas ellas. Incluso se está dotando de una “estructura” orgánica que, a pesar de sus críticas a las formaciones establecidas que tacha de “castas”, convierte a Podemos en otro partido que sólo se distingue de los demás por no emitir carnets de afiliado. Y la mera posibilidad de que esta formación, derivada de las manifestaciones espontáneas de los “indignaos del 15 M”, pueda resultar eficaz para desbancar a la derecha del enorme Poder que atesora a escala local, hace temblar de inquietud al partido al que pertenecen los que sientan sus posaderas en las poltronas de alcaldías y diputaciones provinciales. ¿Cómo evitarlo?

Algún asesor demoscópico alumbró una idea, camuflada de prurito democrático: dejar gobernar al candidato de la lista más votada, al que encabeza la papeleta minoritaria más votada, prohibiendo que las restantes ofertas agrupen sus apoyos en torno a un candidato alternativo común, aunque sumen así, coaligados, votos suficientes para conformar una mayoría estable y legal. Se pretende evitar que, con la irrupción de Podemos en el mapa municipal, las izquierdas puedan arrebatar el Poder que ahora detenta la derecha en la mayor parte de los municipios y diputaciones provinciales. Un temor fundado ante la capacidad demostrada por la nueva formación de atraer el voto de los indecisos y frustrados con los “profesionales” de la política y sus interminables “chanchullos” de corrupción y abusos de poder.

Más que propiciar el gobierno del partido más votado, lo que se persigue la propuesta del Partido Popular es impedir la coalición de una oposición que, en su conjunto, es mayoritaria. Una posibilidad que ni el sistema electoral proporcional ni la Ley D´Hondt para el reparto de escaños puede contrarrestar. Y ante ese probable panorama, la solución desesperada es la de impedir por ley que ello ocurra, obligando a proclamar “ganador” de los comicios al candidato de la lista minoritaria más votada, que corresponderá a alguno de los grandes partidos que conforman el bipartidismo que nuestro sistema electoral propugna y favorece. De esta manera, estando el PSOE en sus horas más bajas con respecto a la confianza que despierta entre sus propios votantes y cuando el electorado de izquierdas se fragmenta en múltiples ofertas minoritarias, el PP, partido hegemónico de todo el espectro ideológico de la derecha española, podría conservar con esta iniciativa `pseudodemocrática´ la mayor parte de su poder municipal, incluso si un número importante de ciudadanos le retiran su apoyo a causa de sus políticas de empobrecimiento de la población. ¿Es ello democrático?

La intención no es democrática, sino oportunista. Si realmente persiguiera un procedimiento más democrático de responder fielmente a la voluntad de los votantes, facultaría a los propios votantes a decidir en una segunda vuelta sus preferencias electorales entre candidatos a los que obligaría a consensuar nuevas ofertas mayoritarias. Tampoco es democrática por cuanto pretende impedir por ley la coalición de partidos individualmente minoritarios, pero que agrupados podrían conformar una mayoría, para favorecer la opción minoritaria más votada. Como dice Rosa María Artal, un 40 por ciento no es más que un 60 por ciento, aunque el 40 lo consiga un solo partido y el 60 esté conformado entre tres. No es democrático obstaculizar la formación de mayorías entre ofertas afines. Todos los gobiernos, a cualquier nivel, tienen la posibilidad de conformar mayorías estables mediante la coalición de partidos. Es democrático y es legal. Pero hay que cambiar esta norma porque al PP le conviene con tal de conservar todo su Poder local. Si esto no es un “pucherazo” electoral, con la excusa del más votado, que venga María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, a explicarlo. Ella es experta en cambios de reglas en la mitad del partido, como hizo en Castilla-La Mancha, donde es presidenta de la Junta, para disminuir el número de parlamentarios autónomos como método para perpetuarse en el Poder. Pero es otra historia.

martes, 12 de agosto de 2014

No hay mayor violencia que la deshumanización de un niño


No hay mayor atrocidad que la que impregna en un niño el odio y el fanatismo inhumano del terrorismo. No hay mayor aberración que la maldad que sustituye la protección paternal por la banalización de la vida humana y la muerte. No hay mayor fanatismo que el que destruye la inocencia de un niño para convertirlo en una bestia asesina que no sabe lo que hace. No hay mayor violencia que el terrorismo -decía Reyes Mate*-, sea yihadista, etarra o nazi, porque degrada al ser humano. Contemplar esta imagen es asistir a la deshumanización incomprensible del ser humano, ver con horror cómo a un niño se le empuja por el sumidero de la animalidad irracional más absurda y depravada. No se puede mirar esta fotografía sin sentir una sacudida brutal en la conciencia de los que no padezcan sensibilidad entumecida o la razón abotargada. Porque hay una violencia mucho mayor que la de matar por matar, por odio, por hambre, por venganza o por cualquier excusa de guerra: es la que utiliza la vida humana al servicio de un fin político, la que pone una idea por encima de la vida declarada insignificante del otro, la que sirve a ideales que destronan la humanización de la persona, de la especie humana, de un niño. No hay mayor crimen que empujar a un hijo por el sumidero de la deshumanización para instalarlo en el modo de ser de la animalidad, para que disfrute con una cabeza humana como trofeo. Da asco, no ese niño, sino la mentalidad obtusa y el fanatismo ciego de un padre que prefiere una bestia a un hijo.

* Reyes Mate, La piedra desechada. Editorial Totta, Madrid, 2013.

sábado, 9 de agosto de 2014

Me gustaría un trato igual para todos


No voy a negar toda la ayuda que se le pueda prestar a un sacerdote católico español contagiado por el virus del Ébola en Liberia. Es un caso que acapara la atención pública, por cuanto conmueve el sacrificio de quien dedica sus esfuerzos por los demás, los más pobres y abandonados del planeta, aunque estoy convencido de que ni el hecho de ser religioso ni acaparar ese foco de atención mediática han sido causas del generoso desprendimiento del Gobierno español para repatriarlo, enviando un avión especial medicalizado, con una tripulación de profesionales sanitarios, y acondicionar todo un hospital público de Madrid para acoger en exclusiva y dispensar al misionero el tratamiento de soporte disponible para una infección que no tiene cura. Tales muestras de solidaridad hacia una sóla persona (o dos, o siete), sin escatimar recursos, contrasta con las políticas que ese mismo Gobierno aplica a la sanidad en su conjunto, recortando prestaciones, disminuyendo personal y limitando servicios a millones de pacientes que reclaman idéntica atención médica en nuestro país. Me gustaría pensar que nuestro Gobierno se preocupa por todos equitativamente.

No voy a negar toda la ayuda que se le pueda prestar a un cura español que, voluntariamente, se marcha de misionero a un país asolado por la pandemia del Ébola, conociendo los riesgos a los que se enfrenta. La ONG o la orden religiosa que organiza el desplazamiento de cooperación dispondrá de los seguros pertinentes para afrontar las eventualidades que pudieran afectar a sus voluntarios en caso de precisar atención médica, traslados u otras asistencias más o menos previsibles. Y que dada una emergencia imprevista, como un secuestro o un terremoto, el Gobierno, como espera todo ciudadano en el extranjero, será capaz de ofrecer a través de sus embajadas y consulados el apoyo material, logístico, legal y diplomático necesarios para solventar estas situaciones de extrema urgencia. Por eso, quiero pensar que nuestro Gobierno socorre a todos los nacionales en el extranjero de forma equitativa, sin distinción, corriendo con todos los gastos, si fuera necesario.

No voy a negar toda la ayuda que consiga el misionero español porque es la actitud con la que deseo que nuestro Gobierno atienda las necesidades sanitarias de toda la población española, tanto en el extranjero como dentro de nuestras fronteras. Me gustaría pensar que cuando contraigamos cualquier enfermedad, las autoridades sanitarias no escatimarán recursos para atendernos ni nos negarán medios con los que tratar no sólo lo que no tiene cura, sino también lo que puede ser solventado con la medicación pertinente, aunque sea onerosa o no esté incluida en el catálogo farmacéutico de la Seguridad Social. Me gustaría pensar que, si para el tratamiento sintomático y paliativo contra la infección del Ébola no hay restricción de medicamentos, los 456 medicamentos retirados de la financiación pública volverán a ser incluidos en el catálogo farmacéutico al que tenemos derecho y que es financiado con nuestros impuestos.

No voy a negar toda la ayuda asistencial que se le vaya a dispensar al religioso español en un hospital madrileño que se ha acondicionado para aislar al enfermo y evitar contagios de una enfermedad mortal, aunque en España, afortunadamente, aún no se propaga. Es loable que precisamente ese hospital, que había sido desmantelado de sus unidades de tratamiento especializado y clausurado como referencia en enfermedades infecciosas por criterios políticos, no científicos, para transformarlo en un centro de estancias medias, sea, ahora, a toda prisa reconvertido a su antigua dedicación especializada y recupere su función como centro universitario de primer orden. Me gustaría pensar que el cierre de ambulatorios y centros de salud, así como la disminución de la actividad de hospitales en verano y la eliminación de servicios de urgencia, todo ello por motivos de una austeridad que roza lo criminal, serán de igual modo paralizados ante la necesidad de millares de pacientes españoles que aguardan atención médica, cuidados sanitarios y controles de enfermedades crónicas por los “achaques” propios de la vida, y no a consecuencia de riesgos previsibles que podrían haberse evitado. Me gustaría pensar que no hay que padecer la infección por Ëbola para abandonar una lista de espera y ser atendido de forma inmediata, sin ninguna discriminación y sin escatimar medios.

No voy a negar la atención médico-sanitaria que se le pueda dispensar a un sacerdote de una religión que antepone sus creencias a la ciencia, reprocha ciertas líneas de investigación médica con células madre y prohíbe y condena moralmente determinados procedimientos terapéuticos que palian sufrimientos o resuelven situaciones indeseadas, como es el aborto. Pero me gustaría pensar que, aunque no sea voluntad de ningún dios, el Gobierno respetará las creencias de todos los miembros de la Sociedad y no impondrá criterios morales que sólo obligan a quienes los asumen individualmente. Me gustaría pensar que las autoridades respetan el precepto constitucional que declara al Estado como aconfesional, ya que una sociedad laica es más justa, por tratar a todos por igual sin importar sus creencias, que una confesional, en la que para atender un miembro privilegiado se destinan recursos que se niegan a otros. Me gustaría pensar que este no es el caso y que a todos se nos trata por igual. Por eso no voy a negar ninguna ayuda que se le pueda prestar al misionero Miguel Pajares, contagiado por el virus del Ébola en Liberia, adonde acudió voluntariamente a prestar socorro y consuelo a los más desfavorecidos, poniendo incluso su vida en peligro. Me gustaría pensar que conmigo harían lo mismo. Y con usted.

jueves, 7 de agosto de 2014

Otra celebración milagrosa

En su momento –y así lo recogió su coordinadora Nuria Claver en un comentario- felicité a la revista Claves de la razón práctica por alcanzar el número 200. Era inimaginable que una publicación dedicada al ensayo político y filosófico, además del literario y cultural, como la que fundaron Javier Pradera y Fernando Savater, sobreviviera tanto tiempo, sobre todo en una época y en un país que parecen huir de la reflexión o el pensamiento para preferir el espectáculo y la banalidad. No hay más que comparar, para constatarlo, la tirada de este tipo de revistas en España con el número de espectadores de los programas de vulgar cotilleo en televisión. Resulta lacerante.

Vivimos un tiempo especialmente difícil para la cultura. A la escasa voluntad por elevar los niveles educativos de la población, sea escolar o no (los recortes presupuestarios y el adoctrinamiento ideológico de las reformas educativas no pueden conseguir otros resultados), se une la actitud del Gobierno de castigar con impuestos y trabas la industria editorial, en particular, y la producción cultural, en general. Por ello, hay que volver a regocijarse de que, en medio de este páramo al que nos abocan las medidas economicistas y “austericidas” de los gestores políticos, la revista Qué leer también haya conseguido coronar la edición número 200, no sin grandes obstáculos que remiten a la férrea voluntad de sus editores por continuar presente en los kioscos.

Ambas revistas representan casos paradigmáticos de supervivencia en el mundo editorial y, más concretamente, en el minoritario ámbito de las publicaciones “intelectuales”, aquellas que ofrecen contenidos dirigidos a la reflexión sosegada, no a la emoción visceral. Qué leer es una revista mensual sobre novedades editoriales que ha pasado por muchas manos (Hachette Filipacchi, MC ediciones, etc.), conservando en la figura de su director, Toni Iturbe, y de su redactor jefe, Milo J. Kimpotic, la esencia cultural y divulgativa que han sabido preservar, sin desfallecer, ante las inevitables “prioridades” mercantiles de cualquier negocio.

Los lectores de estas publicaciones, seguramente el mismo público, tienen motivos para el regocijo pues todavía las pueden adquirir con asiduidad en los kioscos y librerías. Al hacerlo, asumen –asumimos- el compromiso no sólo de apostar por su continuidad en estos tiempos en que la edición en papel está condenada a desaparecer, sino también por el fomento de la cultura y la información, únicas herramientas que nos posibilitan adquirir una opinión fundada y racional, que nos preserva de la ignorancia y la manipulación, siempre intencionadas. ¡Ojalá podamos celebrar, sin que pase desapercibida, la edición 400 de estas dos señeras revistas de nuestro mercado editorial, aunque sea por nuestra propia salud mental!

miércoles, 6 de agosto de 2014

Un paso pequeño para la astronáutica, pero un gran paso para España

Airbus fabricará en España el satélite Cheops para la exploración de exoplanetas en el espacio exterior. Es una buena noticia que sitúa a nuestro país entre los que apuestan por la investigación científica y el desarrollo tecnológico necesarios para participar en proyectos espaciales de la división de Defensa y Espacio del consorcio europeo, y porque esta decisión de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés) se produce en un momento delicado en que los recortes del Gobierno español han dejado a la ciencia prácticamente sin recursos y con poco "músculo" para competir con otras naciones de nuestro entorno en un campo tan complejo y avanzado.

El satélite Cheops será lanzado al espacio en diciembre de 2017 con el objetivo de buscar exoplanetas, es decir, planetas que orbiten alrededor de otras estrellas distintas de nuestro Sol y que son difíciles de detectar por los telescopios terrestres. Para ponerlo en el órbita se usará un cohete Soyuz o Vega (aún por determinar) desde la base de Kourou, en la Guayana francesa. Se trata de una misión calificada por Agencia Espacial Europea de “pequeña”, no por su alcance científico, sino por su coste: alrededor de 50 millones de euros, pequeño en comparación con otras misiones que cuestan miles de millones.

A pesar de la escasa inversión del proyecto, la decisión de ESA para que Airbus España fabrique el satélite inyecta confianza a la industria española, al responsabilizar a nuestro país, no sólo de la construcción del ingenio, sino también del centro de control desde el que se dirigirá la navegación del satélite y se recepcionarán los datos que se reciban durante la misión. Tal empresa acontece cuando las grandes potencias espaciales reducen sus iniciativas exploratorias y de investigación y mantienen latentes proyectos tan ambiciosos como los de la Estación Espacial Internacional -a la que precisamente ESA ha abastecido con el envío del quinto y último carguero con piezas de repuesto, alimentos y equipo experimental hace unos días- y los vuelos tripulados a la Luna, por ejemplo.

Quedan los programas con vehículos automáticos no tripulados que, no obstante, consiguen abultados resultados de enorme trascendencia científica para el conocimiento de la composición de otros cuerpos siderales y las radiaciones del Universo. Así, en coincidencia temporal con la noticia de la participación española en la misión Cheops, se asistirá al encuentro de la nave “Rosetta”, que se lanzó desde la Tierra hace más de 10 años, con un cometa de poco menos de 4 kilómetros de longitud y que se halla entre las órbitas de Júpiter y Marte. La sonda, que también forma parte de los programas de investigación espacial de ESA, orbitará alrededor del cometa, desde donde lanzará un módulo de aterrizaje que, si todo sale como está previsto, se posará sobre el minúsculo peñasco cósmico para analizarlo “in situ” con su batería de instrumentos científicos.

No cuesta imaginar hasta dónde podría llegar la contribución española en la exploración espacial si la ceguera financiera no cercenara las posibilidades y las ambiciones de nuestros científicos y, en general, de la Ciencia en nuestro país. Estos logros que hoy se reseñan nos permiten vislumbrar con relativo optimismo el futuro que aguarda a España el día en que, sin la excusa de ninguna crisis, se apueste decididamente por el conocimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo en todos los órdenes del saber. Entonces daremos, parafraseando a Armstrong, pequeños pasos para la astronáutica, pero grandes para España.

lunes, 4 de agosto de 2014

¿Qué pasa en el TSJA?

El Judicial es un Poder del Estado, tan independiente como el Legislativo y el Ejecutivo, con la única diferencia de que su legitimidad no emana directamente de la soberanía popular, sino que viene delegada a través de los nombramientos por parte del Gobierno, las Cortes y otros mecanismos de acceso a la carrera judicial. Está conformado por jueces y magistrados que se gobiernan autónomamente, dentro de los límites establecidos en la Constitución. El Título VII de la Carta Magna recoge que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. La legitimidad democrática del Poder Judicial viene, pues, determinada por su sometimiento a la ley. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la última instancia jurisdiccional en la que se pueden recurrir todos los procesos civiles, penales, contenciosos-administrativos y sociales incoados en la Comunidad y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cualquiera de sus Salas repartidas por Granada, Málaga y Sevilla acaban todos los recursos de apelación que se interponen contra sentencias dictadas por los juzgados de Andalucía. Se trata de la máxima expresión del Poder Judicial en esta Comunidad y donde se dirimen todos los fallos que se recurren en la región.

Es, también, donde colisionan el Poder Ejecutivo y el Judicial en determinadas cuestiones de sus respectivos ámbitos de influencia, como normas y decisiones de la Junta de Andalucía e interpretaciones de la ley que el TSJA dilucida a través de sus sentencias. Pero en los últimos tiempos parece producirse un claro enfrentamiento entre ambos poderes en dos materias concretas en las que se cuestiona iniciativas del Ejecutivo andaluz: la educación pública y la regulación de los espacios naturales.

El primer aspecto se materializa en las “decenas” de sentencias del TSJA contrarias a la decisión de la Junta de Andalucía de excluir de la financiación pública a aquellos colegios concertados que segregan a los alumnos en función del sexo. La Administración andaluza ya había advertido a esos centros escolares sobre la necesidad de impartir una educación indiferenciada, sin discriminación alguna, como condición para renovar los conciertos que dan lugar a la financiación. Ante la resistencia de algunos centros concertados a dejar de segregar, la Junta de Andalucía no renueva los conciertos educativos que mantenía con ellos, lo que lleva a cada parte a pleitear por sus razones en los juzgados. Esa competencia de la Junta de Andalucía no acaba de ser aceptada por el TSJA, que avala el supuesto derecho de tales colegios a ser financiados con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Ha sido entonces el Tribunal Supremo el que ha venido a reconocer la potestad de la Junta de Andalucía de no financiar con dinero público ese modelo de enseñanza diferenciada, anulando, de paso, todas las resoluciones previas del TSJA que amparaban ese supuesto derecho a cargo del erario público. Lo chocante, en este asunto, no era la disparidad entre el TSJA y la Administración andaluza, sino la obcecación del Poder Judicial de Andalucía en negar reiteradamente la razón a la Junta para diseñar el modelo educativo que podrá ser financiado con recursos públicos. Una obcecación que el Tribunal Supremo denuncia cuando señala que existe doctrina, uniforme y reiterada, que hace incompatible la sentencia que se impugna. Sin embargo, el TSJA no admite tal doctrina cuando sigue manteniendo sus resoluciones contrarias a los criterios de casación expuestos por el Supremo. Incluso tras el último varapalo, el TSJA vuelve a admitir otro recurso interpuesto por un centro concertado de educación diferenciada. ¿Qué pasa en el TSJA?

El segundo aspecto se pone de manifiesto en la diatriba judicial que desde hace seis años (septiembre 2008) tiene paralizadas las obras del hotel El Algarrobico, en Almería. En esta ocasión, el TSJA se comporta no con obcecación sino de manera contradictoria, como si tuviera una personalidad bipolar. Unas veces, está favor, y otras, en contra. Su comportamiento es todavía más chocante que el referido a la educación segregada. Se trata de un caso que lleva acumuladas 22 sentencias judiciales, de las que 20 declaran ilegal la construcción del hotel por asentarse sobre terrenos no urbanizables, de especial protección, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y porque invade la línea de servidumbre que protege la Ley de Costas. Entre las sentencias condenatorias, tres son del Supremo, cuatro de la Audiencia Nacional y el resto de diferentes instancias judiciales, incluidos el TSJA y el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Almería.

Sin embargo, tras un cambio de Sala (de la Primera a la Tercera), las dos últimas resoluciones del TSJA avalan la legalidad del hotel. Este “cambio” de opinión sorprende mucho más que su obcecación por la educación segregada al evidenciar  criterios contrapuestos. Hay que recordar que la polémica nace del “despiste” inicial en la planimetría oficial del Parque Natural que transforma en urbanizable un espacio donde El Algarrobico aparecía como protegido y no urbanizable, y continúa hasta la última sentencia emitida hace pocas fechas, en la que se falla a favor de los intereses de la empresa constructora del hotel.

Este último dictamen del TSJA sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo por  las administraciones públicas, no por ninguna parte particular presentada, como Greenpeace. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que presentará el correspondiente recurso de casación para restablecer la legalidad de aquel paraje de especial protección medioambiental. De nuevo, lo más sorprendente de este embrollo judicial es la postura “movible” del TSJA, que unas veces le da la razón a una mole de 21 plantas y 411 habitaciones en pleno Parque Natural, y otras se la quita. ¿Qué pasa en el TSJA que no acaba de unificar doctrina al respecto, a pesar de la pronunciación del Supremo?

Mientras tantos, las formaciones políticas participan del despropósito, posicionándose según conveniencia partidista en vez de alinearse en defensa de la legalidad y del interés público. El PSOE, que inicialmente concedió la licencia municipal, ha mutado en contra de levantar aquel edificio y de cualquier modificación del planeamiento de la zona distinta a su catalogación como no urbanizable. Y el PP, que gobernaba cuando el Ministerio de Medio Ambiente, del que era titular Jaume Matas (hoy en prisión), no intervino para impedir el procedimiento en amparo de la Ley de Costas, sigue favoreciendo al ladrillo. Así, los primeros votan mociones contra el hotel, o se abstienen, y los segundos se prestan a apoyar su construcción. Unos y otros, con el TSJA sumándose al despiste, protagonizan un enfrentamiento en el que las leyes sirven de munición para la confrontación política. Y el “árbitro” que debe dirimir estos combates judiciales parece ignorar su neutralidad y objetividad. ¿Qué pasa, en fin, en el TSJA?