Ya es doloroso tener que aceptar esta realidad impuesta por
la lógica del dinero, que prioriza sus intereses frente a la prestación de
servicios públicos, como para asumir, además, que todos los mecanismos
existentes de control del sistema financiero no sirven para nada. La “puntilla”
a tanto desbarajuste la ha ofrecido el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, al demandar la intervención de Banca
Privada de Andorra (BPA) –cuarta entidad andorrana por volumen de activos-
y su filial española, Banco de Madrid,
por posible blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de
Rusia, China y de la petrolera venezolana PDVSA.
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de Prevención de
Blanqueo de Capitales (Sepblac) han brillado por su inoperancia e incompetencia
a la hora de detectar la comisión de actividades fraudulentas en, al menos, la sucursal
radicada en la Capital
del Reino. Sus mecanismos de supervisión y vigilancia, funciones que
estatutariamente tienen encomendadas, han resultado inútiles, y únicamente por
indicación de las autoridades norteamericanas, instando a la intervención, se
ha procedido a la suspensión del Banco, la destitución de su cúpula directiva y
a la apertura del expediente sancionador que se traslada a la Fiscalía Anticorrupción
Y es que la banca española no es de fiar. Cada día ofrece
nuevos escándalos que llevan a los ciudadanos a desconfiar de un sistema
financiero que participó activamente, y con pleno conocimiento de causa, del
“desmadre” de la burbuja inmobiliaria, de las acciones preferentes con las que
engañaron a miles de ahorradores, y de las tarjetas “black”, para gastos sin
control y sin declarar, con las que se remuneraba adicionalmente a determinados
directivos de algunos bancos y cajas.
En cuanto ha habido que ejercer un control más estricto a
estas entidades, controles solicitados por instancias europeas, más anomalías
aparecían. Lo que marca una inflexión en este marasmo de arbitrariedad
financiera es la intervención de Caja
Castilla La Mancha ,
en 2009, a
causa del “agujero” de pérdidas que acumulaba al vulnerar irresponsablemente la
normativa de riesgos. Necesitó 4.125 millones de euros por parte del Fondo de
Garantía de Depósitos, más otros 1.493 del FROB cuando fue absorbida por Cajastur.
Otra entidad, Cajasur,
la caja de la Iglesia
con sede en Córdoba, también tuvo que ser intervenida tras encontrarse al borde
de la bancarrota, sin que ningún administrador de la misma, ni religioso ni seglar,
rindiera cuentas de la nefasta situación en la que dejaron a una entidad que
precisó de millonarias ayudas a fondo perdido. Como ella, otras muchas -tales
como CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo), Catalunyacaixa, Unnim, Novacaixagalicia, Banco de
Valencia y Bankia- evidencian lo
ficticio de la supuesta solidez de un sistema financiero, cuya reordenación necesitó
más de 100.000 millones de dinero público, entre avales, compra de activos y
ayudas directas, para adaptarlo a los nuevos requerimientos exigidos por Europa.
Ni siquiera buques insignias de mayor prestigio y solvencia,
como el Santander, se libran de presentar
algún “marrón” en su gestión o en sus gestores. Altos directivos de la entidad,
incluido el fallecido presidente Emilio Botín y otros miembros de su familia, han
sido imputados y condenados por disponer de cuentas no declaradas en Suiza y
por cometer fraude fiscal y falsedad documental, entre otros delitos. Un alto
ejecutivo del banco, Alfredo Sáenz, fue condenado e inhabilitado por delitos de
acusación y denuncia falsa, siendo finalmente indultado por el anterior
Gobierno socialista. En cualquier caso, tanto es el “poder” del “mejor banco
del mundo” que, como consecuencia del sobreseimiento de uno de los casos en los
que estuvo involucrado, se ha acuñado el término de “doctrina de Botín”, que
actualmente reclama la infanta dona Cristina en su defensa en el caso Nóos,
cuando dicho sobreseimiento se origina por la falta de acusación del Ministerio
Fiscal. No se trata de ninguna jurisprudencia establecida, sino de simple trato
de favor a una élite en su relación con la Justicia.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que la vigilancia
de los “trapicheos” de los bancos la realicen instancias foráneas que velan por
sus intereses, no por la honradez y la limpieza del sistema financiero, ya que
el Banco andorrano y su filial madrileño no son, ni por asomo, los mayores
blanqueadores de dinero del mundo. Las cantidades manejadas fraudulentamente
por estos bancos intervenidos apenas representan una ínfima parte de los más de
600.000 millones de dólares que, según el FMI y Naciones Unidas, se blanquean
anualmente en el mundo, entre los cerca de 2,5 billones de euros que escapan al
fisco, sin que nadie intervenga para impedirlo. Es más, ningún país se ha
interesado en adoptar medidas eficaces para cerrar, o al menos regular, los
paraísos fiscales existentes en la faz de la Tierra , sabiendo que son sedes para la evasión de
capitales y el blanqueo de dinero. Y es que el poder del dinero es inmenso y
puede comprarlo todo.
Los motivos por los que Estados Unidos insta la intervención
del Banco de Andorra y del Banco de Madrid son más políticos que económicos,
pero, en su proceder, ponen de relieve la inutilidad de nuestro servicio de
supervisión y vigilancia del sistema financiero y del seguidismo con el que
actúa a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Un seguidismo que, no
obstante, permitió que algunos clientes pudieran retirar sus fondos antes de
que la intervención suspendiera las actividades del banco español, dada la
“tranquilidad” con la que se ejecutaron estas decisiones.
Si esto es actuar con diligencia y eficacia, que venga Obama
a certificarlo y el Banco de España a demostrarlo, porque antes de que hubiera
motivos públicos para la alerta, ya había “volado” un volumen nada despreciable
de los fondos del Banco. En el “corralito” quedaron atrapados los ahorradores
menos espabilados. Así las gasta la banca española, una banca bajo sospecha. Téngalo
en cuenta a la hora de domiciliar su nómina.
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