Andalucía, ante ese panorama convulso, anticipa la
convocatoria a las urnas para evitar verse afectada por el vendaval de cambios
y transformaciones, no dando oportunidad a que los nuevos partidos organicen
sus estructuras en la región ni concreten sus programas y candidatos. Se
propicia, de esta manera, la campanada del primer asalto de un año electoral
que obligará a los españoles acudir hasta en cuatro ocasiones a las urnas.
Decía un entrañable amigo, gran filósofo y mejor poeta, ya
desgraciadamente desaparecido, que le gustaba la democracia cuando representada
la diversidad. No era partidario de las mayorías absolutas porque tienden, en
su opinión, a “patrimonializar” las instituciones y dejarse tentar por los “bajos
instintos” de manejar lo público con propósitos partidistas o lucrativos. Las
perspectivas que depara este año electoral a buen seguro le habrían alegrado la
existencia, si la vida no hubiera sido tan rácana con él. La “atomización” de
los parlamentos, según vislumbran todos los sondeos, marca la señal de unos
tiempos venideros en los que ya nada será negro o blanco -o si se prefiere:
azul o rojo- dominados por el Partido Popular (PP) o el PSOE. La política, al
fin, reflejará la pluralidad existente en la sociedad y estará obligada a
dialogar, negociar y pactar para responder a la voluntad popular cuando quiera
constituir gobiernos. Gobiernos de coalición o gobiernos en minoría que deberán
aprender a consensuar políticas y compartir iniciativas si aspiran a conseguir
el respaldo necesario para poder llevarlas a cabo.
Ese es el resultado que se prevé en las elecciones andaluzas,
que se convierten, por lo pronto, en el laboratorio donde se ensayan las
posibilidades reales de cada tendencia. Hasta cinco partidos compondrán el arco
parlamentario andaluz, hasta la fecha ocupado mayoritariamente por PSOE y PP,
junto a la presencia testimonial de los comunistas de Izquierda Unida (IU). Aunque
sin tiempo para consolidarse, Podemos y Ciudadanos, las nuevas formaciones que
atraen actualmente la confianza de los ciudadanos, accederán a un fragmentado
Parlamento andaluz con tal fuerza como para disponer de la llave de la
gobernabilidad. Se abre con ello un abanico de posibilidades que inquieta a
todos, sobre todo a los acostumbrados a imponer su santa voluntad mediante el
“rodillo” parlamentario de la mayoría absoluta.
En cualquier caso, los socialistas parten con la ventaja de
batirse en un feudo que controlan y donde tienen establecida una red clientelar
que les garantiza un “suelo” de votos nada despreciable. La desafección que
sufre el PSOE en la región todavía no parece ser tan grave como para condenarlo
a la irrelevancia, como sucede con los socialismos de otras latitudes. De ahí
que persigan recuperar la hegemonía que perdieron, por última vez, en 2012 y
que les obligó a formar coalición con IU para impedir que gobernara la minoría
mayoritaria obtenida por PP. Las múltiples encuestas que pulsan la opinión de
la autonomía más poblada de España señalan que, una vez más, los socialistas
ganarán estas elecciones, pero sin alcanzar la soñada mayoría absoluta. De
confirmarse tales pronósticos, se trataría de un triunfo (insuficiente, pero
triunfo) que permitiría al PSOE mantener el timón de la Junta de Andalucía, afrontar
desde el Ejecutivo la culminación de la instrucción del sumario de los ERE que
investiga con ahínco la juez Alaya y que tiene “señalados”, entre otros altos
cargos, a los expresidentes anteriores del Gobierno andaluz (Manuel Cháves y
José Antonio Griñán), ya imputados por el Tribunal Supremo (por su condición de
aforados) para que presten declaración sin acusarlos aún de ningún delito, y lo
que aún es más importante, ofrecer una relativa sensación de recuperación y
fortalecimiento a un PSOE que busca desesperadamente volver a congraciarse con
su electorado.
Desde que Susana Díaz accediera a la presidencia de
Andalucía, al sustituir a José Antonio Griñán después que éste abandonara el
cargo para ocupar un puesto de senador en las Cortes Españolas, no ha hecho otra
cosa que distanciarse y diferenciarse de los hábitos y escándalos que han sacudido
al Gobierno andaluz y al partido que lo sustenta. El caso de los ERE y el de
los cursos de formación, más allá de la corrupción que evidencian en
determinadas personas, entidades y empresas, cuestionan sobremanera la forma de
administrar unos recursos públicos sin el debido rigor y con una inaceptable
arbitrariedad. No es de extrañar, por tanto, que la inquilina de San Telmo afirme
en cualquier circunstancia que la corrupción le avergüenza y que será
implacable en la lucha contra ella. Su gestión a lo largo de esta media
legislatura larga que lleva al frente de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por ese
afán de no verse salpicada por una corrupción que parece sistémica y por
intentar adoptar iniciativas económicas y sociales que puedan contraponerse a
las implementadas por el Gobierno de la nación desde Madrid. Esa actitud la ha
posicionado como referente del PSOE a escala nacional, posibilitando el rumor,
ampliamente extendido desde la oposición de manera interesada, de que su
objetivo real es ser candidata a la presidencia del Gobierno de España, intención que
ella niega por activa y pasiva. Tanto una cosa (nueva forma de gobernar) como
la otra (sus ambiciones) van a dilucidarse en las próximas elecciones
andaluzas.
Pero una cosa es clara, Susana es esclava de sus palabras:
ha prometido que jamás gobernará ni con el Partido Popular ni con Podemos. Le
quedan, entonces, pocas opciones si consigue validar los resultados de las
encuestas. O gobierna en minoría, apoyándose en pactos puntuales con las demás
fuerzas políticas, en función de la materia, poniéndose a merced de las
contraprestaciones que exijan unos y otros, o alcanza un acuerdo de coalición
con IU y Ciudadanos, si los resultados permiten forjar una mayoría entre ellos.
Ya ha experimentado un gobierno de coalición con IU en esta legislatura sin
mayores problemas, salvo puntuales roces rápidamente sofocados, aunque para
diferenciarse de cara al electorado ambos coaligados han acusado mutuamente al
contrario de ser culpable del adelanto electoral. Si Ciudadanos es todavía una
incógnita por descubrir en Andalucía, digan lo que digan los sondeos, IU se
desangra ante la acometida de Podemos y las intrigas estratégicas que buscan
preservar al menos los logotipos de la formación. El desgarro que le provoca el
CUT, el partido rural de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, al
unirse a Podemos, ni siquiera inquieta a esta izquierda arrinconada por la
historia, los bandazos y los empellones del PSOE y, ahora también, de Podemos,
que le arrebata programa y simpatizantes a diestra y siniestra
Claro que la derecha no está mejor. Pero eso será materia
para otro artículo.
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