Ningún gobierno de la democracia, salvo Calvo Sotelo, se ha librado de sufrir una huelga general. Ha habido siete y de todas ellas, y aún desconociendo el resultado de la de hoy, la más “fuerte” fue la de 1988, que instrumentalizó a sindicatos, patronal y fuerzas políticas de la derecha para golpear a Felipe González con la mayor protesta social de la historia y que produjo el divorcio de la “familia socialista”, distanciando a UGT del PSOE. La de la era de Aznar contra el decretazo se recuerda sólo por la comidilla de contemplar a Urdaci, director del Telediario, acatar una sentencia -un fallo sin precedentes en la historia del periodismo- que le obligaba a reconocer la huelga y la manipulación informativa sobre la misma, citando al sindicato que ganó la querella por sus siglas: “ce, ce, o, o”.
La huelga general es una medida extrema y de fuerte calado. Se pretende como un plebiscito por los convocantes para obligar a un gobierno renunciar a medidas laborales, económicas o fiscales que decide adoptar. Muchas consiguen su objetivo, otras no. Muchas estaban justificadas, otras no tanto y supusieron un fracaso para los sindicatos. Sólo hay que repasar la historia de las huelgas generales en España para conocerlo.
Esta última nace sin convicción porque un triunfo arrollador de la misma podría acarrear una contracción de la economía que dificultaría la salida de la crisis económica. Es verdad que las medidas del Gobierno frenan drásticamente el gasto social y repercute fundamentalmente en los trabajadores, abaratando el despido, pero no es menos cierto que tales medidas responden a dictados de los países centrales europeos y para insuflar confianza en los mercados exteriores con los que estamos endeudados. Podría exigírsele un esfuerzo proporcional y solidario a la banca y a los ricos. Pero ellos son los que dirigen el juego y sin su dinero, ¿cómo jugaríamos?
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