Cualquier atisbo de razón que pudieran albergar los controladores aéreos ha quedado anulado por la inopinada, que no improvisada, respuesta de paralizar completamente el espacio aéreo español, dejando en tierra a más de trescientos mil viajeros, rehenes de la situación. La contundente respuesta del Gobierno, militarizando de facto a los controladores y declarando el estado de alarma por la actitud irredenta de estos, ha sido secundada por la casi totalidad del espectro político y por una población que asiste entre sorprendida e indignada al pulso de unos profesionales tan cualificados que se arrogan, en un alarde de corporativismo, la potestad de menospreciar el interés público a la hora de defender sus derechos y no pocos privilegios.
Tal vez valoraran la debilidad del Ejecutivo y la delicada situación del país para conseguir sus propósitos, pero eso sólo demuestra la voluntad de un gremio en arrodillar a un Gobierno que, como fiera acorralada, ha sabido defenderse en los primeros embates del enfrentamiento. Ha sido una decisión inédita en España (Ronald Reagan también tuvo que militarizar a los controladores norteamericanos en una ocasión), aunque prevista en las leyes para casos excepcionales en que no se pueden prestar servicios a la comunidad. Y ha sido una medida extrema que tendrá consecuencias y deberá mostrar su oportunidad y eficacia. La fiscalía ya ha advertido del delito de sedición que pende sobre los que desobedezcan ahora las órdenes militares.
Sin embargo, queda por saber si se sabrá imponer, con ayuda militar incluida, la racionalidad y la firmeza ante quienes anteponen sus reclamaciones particulares, sean las que fueran, y no dudan en chantajear a la ciudadanía. Queda por ganar el pulso.
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