Ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la ley que vetará la posibilidad de fumar en los espacios públicos cerrados a partir del próximo 2 de enero. Se trata de una de las leyes antitabaco más duras del mundo, sólo algunos Estados de EE.UU. son aún más estrictos, y que convierte a España en un país muy restrictivo para el fumador. A partir de esa fecha estará prohibido fumar en todos los locales públicos de ocio (bares, restaurantes, bingos, casinos, discotecas, etc.), en los centros oficiales (hospitales, centros de salud, delegaciones administrativas, juzgados, comisarías, escuelas, institutos, etc.), medios de transporte (aeropuertos, estaciones, taxis, trenes, autobuses, etc.) e incluso en el perímetro de colegios y parques infantiles, desapareciendo aquellos cubículos en locales donde se permitía hacerlo.
Se ha pasado de la imagen reproducida hasta la saciedad del fumador como signo de modernidad a la de repudiar abiertamente su consumo por ser un producto legal que mata, como se advierte en las propias cajetillas. Ha tenido que crearse una ley para discernir lo que la educación de los fumadores no consigue comprender: que el no fumador tiene derecho a respirar aire no contaminado por la combustión del tabaco en aquellos espacios que ambos comparten, máxime cuando las estadísticas epidemiológicas demuestran cada año los efectos nocivos para la salud de la inhalación del humo del tabaco, no sólo para los fumadores, sino también para los no fumadores que respiran ese aire viciado. Según Sanidad, el tabaco es la primera causa de muerte evitable en España. Para constatar esta evidencia no hace falta más que girar una visita a las consultas de respiratorio de cualquier hospital.
Ante esta falta de educación de una minoría que llena de humo cualquier local, la ley impone el derecho a la salud de todos, como bien común, frente al derecho particular a envenenarse con lo que se apetezca. La ley se decanta por defender la salud pública. Y aunque es cierto que hay otras cosas igual o más dañinas que el tabaco, ello no es óbice para impedir que se empiece a regular precisamente el tabaco, puesto que esta sustancia afecta a sectores de población (niños y no fumadores) vulnerables como “fumadores pasivos”, a quienes se le impone el humo sin desear soportarlo, cosa que no se produce con otros tóxicos.
Con todo, la ley es polémica. El gremio de la hostelería teme que, por la rigidez de la normativa, se reduzca el número de clientes, lo que impactará negativamente en un sector con gran peso en el PIB. Pero, más allá de estos factores económicos que deberán contrastarse, se acusa a la ley de inútil para disuadir a la gente de fumar, como pasó con la norma anterior que era masivamente incumplida. España es el país donde la tasa media de fumadores aumenta, al contrario de lo que sucede en el resto de Europa. Y aunque el 65 % de los ciudadanos no fuma, era raro encontrar un espacio libre de humos. Y eso es precisamente lo que persigue la nueva ley: que fumar sea un hábito privado, no una imposición pública, para que los “buenos humos” dejen de ser una excepción. Con o sin ley, no deja de ser una cuestión de educación. ¿Aprenderemos ahora?
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