Pero lo que puede ser -y es- una reclamación justa por parte
de los distintos cuerpos policiales existentes en el país, podría complicarse
sobremanera si la misma demanda de igualdad salarial se extiende también a
otros colectivos profesionales que sufren idéntica discriminación, motivada por
el lugar donde ejercen su cometido y la administración que los emplea. De
hecho, ya algunos estamentos del Ejército español, a través de la asociación
militar ATME, han expresado públicamente la reivindicación de unas remuneraciones
justas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Aducen que no se puede
consentir que un agente raso cobre unos 500 euros más que un oficial del
Ejército. Y tienen razón. Porque si se atiende a unos, se deberá atender
también a otros. ¿O acaso los policías son más importantes que los militares? ¿La
seguridad en las calles es más relevante que la defensa del país? ¿La
dedicación y los riesgos de unos son mayores que los de otros? ¿Cuáles son los
criterios con los que se establecen estas diferencias salariales claramente
discriminatorias?
Lo malo del asunto es que, además de los militares y los
policías, otros colectivos puedan exigir también la igualdad en sus retribuciones
y la supresión de los agravios comparativos que se producen, no por motivos
profesionales, sino por el lugar de nacimiento o de desempeño del trabajo. Son
muchos los que están aguardando turno en la ventanilla de reclamaciones del
Gobierno para exigir, de una vez por todas, la eliminación de unas brechas
salariales que dividen a los profesionales no por su valía, sino por depender,
afortunada o desgraciadamente, del ente público que los contrata. Tanta es la
diferencia, que unos se sienten privilegiados frente a compañeros maltratados que
ejercen el mismo trabajo en otras comunidades. Y si tan obvio y razonable es
atender estas exigencias de policías y militares, también lo será en las que
formulen cuantos se sienten discriminados en sus nóminas por trabajar en
Andalucía, Extremadura o Castilla La
Mancha , por ejemplo, en relación a sus compañeros de
Cataluña, País Vasco o Navarra.
Por eso y ante la actitud selectiva del Gobierno, los
profesionales de tales colectivos se hacen algunas preguntas: ¿Será que los
uniformados son más necesarios que los médicos, los enfermeros, los maestros o los bomberos,
por citar algunos empleos públicos ? ¿Un sanitario andaluz es peor profesional
que uno vasco o catalán? ¿El nivel de exigencias, preparación y habilidades no
son los mismos para cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde los
desarrollen?
Es evidente que la vía que abre el Gobierno, si es que la
abre, recibirá una avalancha de reclamaciones contra las brechas salariales que
sufren muchos colectivos profesionales en España desde que se descentralizó la Administración y se
configuró el Estado de las Autonomías. Con la transferencia de competencias en
muchas materias a todas ellas, algunas comunidades han querido “premiar”
remunerativamente a los componentes de determinados colectivos en comparación
con sus compañeros de otras latitudes del país. Tanto es así que el verdadero
hecho diferencial que les distingue, más que cualquier otro, es el económico, pero
no sobre la base de un esfuerzo mayor y una superior capacidad profesional,
sino por el hecho accidental del territorio donde se ejerce y la administración
que abona los emolumentos.
Si los policías logran la equiparación salarial a nivel
nacional y los militares consiguen que se escuchen sus reivindicaciones en el
mismo sentido, no habrá excusa para negar idéntico trato a cualquier colectivo
profesional que demande una medida semejante. Ni la supuesta autonomía de cada
comunidad para administrar su territorio ni las diferencias identitarias que se
aluden para establecer diferencias con las demás, justificarían la permanencia
de esa discriminación salarial existente entre profesionales de un lugar
respecto a los de otro. Ni siquiera la elitista diferenciación de región rica o
pobre. El cupo vasco, los fueros navarros y las “peculiaridades” catalanas se
nutren de la caja común que aportamos todos los contribuyentes del país, sin
distinción, por lo que la retribución de los profesionales de estos colectivos
no debería servir para establecer discriminaciones y distingos. La igualdad
salarial es una exigencia de justicia y equidad tanto para policía y militares
como para bomberos, médicos o cualquier colectivo que soporte agravios
salariales. De todas maneras, está por ver, no si el Gobierno atiende todas las
reclamaciones con el mismo interés, sino si las atiende siquiera.
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