Noviembre masoquista

Expira un mes que le gusta sufrir, que se tiñe de pena al rememorar a los fallecidos nada más aflorar en el calendario y se marcha con la crudeza de un invierno que adelanta un paisaje blanco por todo el país. Es el mes en que se aprueba definitivamente una ley de educación que crea desigualdad entre los alumnos y sustituye una asignatura cívica, de valores constitucionales, por otra religiosa claramente sectaria y adoctrinadora. Y para que no nos lamentemos con tanto alboroto, en este mes gris se ha elaborado una normativa que castiga con multa lo que los jueces no penalizan por ser fruto de la libertad: manifestarnos en las calles. Y es que nos gusta el sufrimiento, al que optamos con nuestras decisiones. Por eso, nada más apropiado que esta canción: ¡golpéame! Ese parece el mensaje que depositamos cuando votamos. Que sufráis de gozo.

Cambio climático en Varsovia

De cuántos asuntos glosábamos en la entrada anterior, el que revestía mayor interés era el de la Cumbre Climática de la ONU (COP19) celebrada en Varsovia hace unos días (23.11.2013). Ni siquiera el acuerdo sobre el control del material nuclear con fines pacíficos de Irán, por fin sujeto a supervisión internacional, merecía tanta atención, ya que sus repercusiones, en el indeseado caso de conflicto, no alcanzarían las dimensiones globales que ocasiona el cambio climático. Sin embargo, las consecuencias del calentamiento de la atmósfera afectarían a todos los habitantes de la Tierra. De ahí mi obsesión.

Pero, desafortunadamente, ni los mismos países participantes de la Cumbre de Varsovia aprecian la importancia del cambio climático. Las conclusiones logradas con mucho esfuerzo en Varsovia son realmente frustrantes. Causan decepción en quienes confiaban un mayor compromiso de los países que suscribieron el Protocolo de Kyoto tendente a disminuir las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero. Es más, no hubo compromiso alguno, sólo un acuerdo de mínimos para “contribuir” al esfuerzo por reducir las emisiones. Es decir, promesas vagas para quedar bien. Era algo que se veía venir tras el abandono de las ONG de la cumbre por la reticencia de muchos países a presentar objetivos cuantificables de reducción de emisiones antes de 2015. Un fiasco.

Estas cumbres surgen de la Convención sobre el Cambio Climático, adoptada por la ONU en 1992, con el fin de concienciar a la población mundial sobre los problemas derivados del calentamiento de la atmósfera, que los científicos achacan a la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases, a causa de la actividad humana, que provocan un “efecto invernadero”. Como instrumento de esta Convención, en 1997 se elabora el Protocolo de Kyoto, que no entró en vigor hasta 2005, por el que los países que lo suscriben se comprometen a reducir en un 5 %, al menos, el porcentaje global de emisiones contaminantes en el período de 2008 a 2012. No todos los países “contaminan” por igual, sino unos más que otros. Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no ratificó el acuerdo. Y sigue sin hacerlo.

Y es que es bastante complicado poner de acuerdo a naciones desarrolladas con países en vías de desarrollo. Gran parte de la cumbre ha consistido en una confrontación entre ellos en defensa de sus respectivos intereses cortoplacistas. Tanto EE.UU, el más importante de los países avanzados, y China, el mayor representante de los emergentes, difieren a la hora de ponerse de acuerdo, aún cuando entre los dos aportan el 41 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Máxime si se tiene en cuenta que, a los primeros, tales medidas le suponen invertir en tecnologías “limpias” que hagan sostenible su desarrollo, y a los segundos le limitan su capacidad para lograr el mismo techo de desarrollo. Para que se comprenda mejor: los que más combustibles fósiles “queman” con su nivel de vida exigen que los demás orienten su desarrollo de forma sostenible.

Se temía un fracaso absoluto que ha sido evitado con ese acuerdo de mínimos que, al menos, salva los mimbres. Se mantiene el compromiso de “contribuir” al recorte de emisiones de gases invernadero, incrementando los “auxilios climáticos” e informando cada dos años de la evolución al respecto. También se ha alcanzado un acuerdo para proteger los bosques tropicales, dada su capacidad de absorber dióxido de carbono, mediante la financiación de proyectos forestales en naciones en vías de desarrollo. Y se ha acordado encauzar ayudas económicas y tecnológicas a países afectados por los desastres del cambio climático, al objeto de que puedan prevenir y reparar sus consecuencias. Y poco más. La única gran novedad, grata por cierto, es que sólo la Unión Europea, entre los cerca de 200 estados participantes en la Cumbre del Cambio Climático de Varsovia, avanzó que presentará sus compromisos de reducción de emisiones en enero del próximo año.

Aunque es indiscutible su fundamento científico, las dificultades económicas y los intereses egoístas de algunos países impiden abordar los problemas del cambio climático con el compromiso obligatorio y vinculante que requieren. Es triste constatar esta limitación de miras cuando lo que está en juego es el futuro de nuestro planeta. Confiemos en que, cuando se decida de verdad hacer un uso sostenible de nuestros recursos, la actividad industrial humana no haya asfixiado al mundo ni nos haya condenado a la desaparición. Así de grave es este problema que no se aborda con el debido rigor, a pesar de los esfuerzos de la ONU y su Convención sobre el Cambio Climático.

Una actualidad movidita

En los últimos días han sucedido muchos hechos susceptibles de ser glosados por cualquier comentarista de la actualidad. Todos interesantes e importantes. Y a todos los niveles. Andalucía, España, Europa, Oriente Medio o el mundo son los ámbitos referenciales donde se generan estos acontecimientos capitales para los intereses nacionales.

El más cercano e inmediato es el Congreso del PSOE andaluz, celebrado en Granada este fin de semana, que ofreció votaciones “a la búlgara”, en el que todo fueron parabienes para el aparato elegido y su nueva líder regional, Susana Díaz, con más del 90 por ciento de aprobación. Produce vergüenza semejante unanimidad corporativa a la hora de refrendar personas y políticas, sin apenas contestación por parte de unos congresistas que ya habían consensuado entre bambalinas los asuntos sometidos a votación. Eso no es democracia interna, sino dirigismo férreo por quien se jacta de  saber manejar “los hilos” de los congresos socialistas, en los que cada “familia” espera conseguir su cuota de poder orgánico. Tampoco es nada nuevo: ya Alfonso Guerra también advertía en sus tiempos que “quien se mueva no sale en la foto”. A ver ahora cómo la “renovación” encara el pedregoso camino hacia la recuperación de su electorado y vuelve a recibir la confianza de los ciudadanos ante las citas con las urnas de los próximos años. Entonces es cuando se validan todas las estrategias.

También el Partido Popular tiene en Andalucía un reto peliagudo: designar la cara de su próximo cartel electoral ante la renuncia de un presidente regional que siempre asumió el cargo en funciones. Juan Ignacio Zoido sabe que si tiene algún crédito electoral es en Sevilla, donde conquistó la Alcaldía por derecho propio y errores ajenos, justos los motivos por los que es rechazado en el resto de la comunidad. No es que no desee ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, sino que no está en condiciones de poder disputar la contienda con suficientes posibilidades de éxito debido a su marcado tufo sevillano. Hay otros aspirantes tomando posiciones ante la secretaria general, Dolores de Cospedal, que decide cuándo y quién será el bendecido por el dedo de la organización. Otro ejemplo de “democracia interna” partidista.

Otro frente que sigue abierto como una herida purulenta en el Partido Popular, este a nivel nacional, es el de la financiación irregular que el juez Ruz indaga con el caso Bárcenas. Tras analizar las cuentas de las obras acometidas en la sede del partido, se desprende una contabilidad “b” continua en el tiempo, en la que están supuestamente involucrados empresarios que obtuvieron adjudicaciones de la Administración. Un feo asunto que lastra progresivamente la credibilidad del partido que gobierna España y deja en evidencia a quienes se daban golpes de pecho por la  transparencia de su formación y la honestidad de sus dirigentes. Ya hay hasta constancia de mentiras en sede parlamentaria y durante ruedas de prensa.

Al mismo tiempo que se conocen estos fraudes y chanchullos en el partido con responsabilidad de gobierno, manifestaciones multitudinarias se extendieron por todo el país contra los recortes y las privatizaciones que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy como única “receta” posible para combatir la crisis económica. Prácticamente ningún sector productivo está contento con las medidas adoptadas. El personal sanitario está harto de convocar marchas “blancas” contra los recortes salariales, las agresiones al sector público y las privatizaciones de hospitales. Lo mismo sucede con el profesorado, el alumnado y los padres de alumnos que claman por mantener una enseñanza pública de calidad, sin sectarismos ni precariedad, desde la primaria hasta la Universidad. Ningún trabajador, cualquiera que sea el sector en que desarrolla su actividad, está conforme con una “reforma” laboral que, aparte de entregar todo el poder al empresario, ha supuesto la eliminación de derechos laborales conquistados a base de lucha y sacrificios. Incluso los pensionistas ven cómo se “mete mano” en sus pensiones, se endurecen las condiciones para cobrar una pensión, atrasando la edad de jubilación y ampliando el cómputo de años para su cálculo, y se condena a perder poder adquisitivo al garantizar sólo una subida anual del 0,25 por ciento que no contrarresta el incremento del coste de la vida. Causa perplejidad tan elevado número de colectivos disconformes con el Gobierno porque, si ellos no fueron, ¿quién votó entonces al PP?

Las perspectivas del próximo año no son más halagüeñas. Bruselas acaba de señalar que hay que apretarse aún más el cinturón en España. Le parecen pocos los sacrificios que los ciudadanos han realizando hasta ahora. El empobrecimiento general de la población y el desmantelamiento del Estado del Bienestar no son suficientes. Quiere que se dedique aún menos dinero a políticas sociales y de solidaridad. Quiere al trabajador más expuesto frente a un mercado sin piedad. Y el Gobierno se apresura a responder con la promesa de nuevas “reformas” laborales que, no hay que ser un lince para adivinarlas, supondrán menos prestaciones por desempleo, más abaratamiento para el despido y más libertad para que el empresario maneje a su antojo los criterios de contratación laboral.

Pero para que alberguemos alguna remota esperanza en superar esta situación, las Loterías del Estado difunden un anuncio pastelero para promocionar la lotería de Navidad. Da grima ver a Raphael parodiarse a sí mismo, exhibiendo dentadura postiza, para parecer más tierno que la momia de Tutankamón o la expresión de pánico en los ojos de Monserrat Caballé, que no se cree lo que está haciendo. Tanta caspa y cutrerío en un spot hacía tiempo que no se contemplaba. Y es que todo, hasta la publicidad, retrocede a épocas grises en que se carecía de libertad hasta para ver la televisión.

Y mientras hoy se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género, para ver si tomamos conciencia de que, en este país de nuestras penas, el machismo sigue matando mujeres que considera de su propiedad, el Gobierno instala cuchillas en la valla de Ceuta y Melilla para impedir la invasión de inmigrantes. Dice que son disuasorias, como si la posibilidad de morir impidiera huir de la muerte. La gente se mata por escapar de un infierno, por lo que, si de verdad desea disuadir efectivamente a esos infelices que buscan en Europa un sueño frente a la miseria, mejor que pongan un campo de minas entre las dos vallas de la frontera. Una bomba y una cuchilla demuestran la misma falta de ética y respeto a la dignidad humana. Diga lo que diga el Gobierno y su ministro de Interior

Menos mal que a veces no todo reluce tan negro. La amenaza nuclear de Irán parece estar resolviéndose con la zanahoria del diálogo (y el palo de las sanciones económicas) entre las potencias negociadoras con Teherán. Se reconducen las relaciones del país de los ayatolás con Occidente y se encauza el problema del programa nuclear iraní, que despertaba el temor de que escondiera una finalidad militar más que energética. Claro que los israelíes, egipcios y saudíes recelan del acuerdo. Recelan por la consideración como potencia regional que acapara Irán para sentarse a negociar con Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania y alcanzar un acuerdo que satisface sus intereses económicos y políticos. Tanto Israel como las otras naciones árabes ven empequeñecer su capacidad de influencia en la zona ante un Irán que vuelve al redil de la geopolítica internacional, además de continuar con su liderazgo religioso entre los chiíes.  No se elimina el riesgo de una proliferación de armas nucleares en el futuro, como las que posee Israel desde finales de los años sesenta, pero al menos lo amortigua de momento. Algo es algo.

Como algo es lo alcanzado, por raquítico que sea, en la cumbre climática de Varsovia. Pero de ello hablaremos en otra ocasión. 

Con Kennedy asesinaron mi niñez

Yo era un niño puertorriqueño de diez años cuando mataron a Kennedy. La verdad histórica es que asesinaron a dos Kennedy en poco tiempo, pero es tan potente la fuerza de un mito que, cuando pronunciamos ese apellido, sólo nos referimos a uno de los hermanos, al que se representa con las iniciales de su nombre, JFK, grabadas indeleblemente en la memoria de aquel chaval durante toda su vida y en la de varias generaciones de personas, del mundo entero, a partir de la fecha del magnicidio, hace hoy 50 años.

Por entonces, los días eran una sucesión indeterminada de tiempo que apenas deja rastro entre los recuerdos, salvo el de aquella mañana fresca de otoño en que, naturalmente, ni sabía de política ni tenía ningún interés por una cuestión tan complicada de la que, a lo sumo, había oído hablar de vez en cuando a mis padres. Sin embargo, la agitación y el revuelo que se produjo el día que asesinaron al presidente americano se me quedó impresa en la mente, imposible de olvidar. ¡Habían matado a Kennedy! Fui testigo de la conmoción donde quiera que estuviera presente: en casa, en el barrio, en el pueblo, en el colegio, en la calle, en todas partes. También por la radio, la tele y los teléfonos no se hablaba de otra cosa. Fue como padecer una enfermedad propia de la infancia: te deja inmunizado de por vida. Así, de manera un tanto confusa pero imborrable, percibí que el ambiente de los mayores se había espesado de súbito hasta contagiar su gravedad y preocupación al niño que hasta entonces había sido ajeno a las preocupaciones de los adultos. De alguna manera, había asumido que ya no era cuestión de juegos ni de risas, sino de silencio y seriedad, de seguir con atención los comentarios que iban surgiendo y comenzar a comprender lo que había sucedido.

Había empezado a tener conocimiento de la realidad que inquietaba a los mayores, a mis padres y a toda la familia. Ya sabía que la persona que habían matado aquel 22 de noviembre de 1966 era John Fitzgerald Kennedy, el 36º presidente de Estados Unidos. Lo había asesinado Harvey Oswald con un rifle desde la ventana de una biblioteca de Dallas mientras la comitiva presidencial desfilaba en coche descapotable por la ciudad. La escena, tantas veces reproducida, fue impactante para los adultos, pero aún más para un niño. El espanto de ver volar la cabeza a Kennedy, la reacción desesperada por huir de su esposa, sentada a su lado, y el salto del guardaespaldas sobre el maletero del coche para impedírselo y cubrir a ambos con su propio cuerpo son más potentes que ninguna película, y más a esa tierna edad.

El mundo se revelaba con toda su crudeza, mucho más terrible y violento que las historietas de cualquier cómic, tan simplonas. El propio Kennedy, cuya juventud e ideas significaban una esperanza para millones de personas, al promover leyes sobre derechos civiles y la integración racial, y declararse berlinés en Alemania occidental para criticar el comunismo, era al mismo tiempo un mujeriego irresponsable y un imperialista capaz de ordenar la invasión fracasada de Bahía de Cochinos. Un personaje carismático que encandilaba a la nación cuando prometía el objetivo de llevar un hombre a la Luna en aquella década, pero al mismo tiempo tan osado para ocasionar el momento de mayor peligro de guerra nuclear con el bloqueo naval a Cuba para impedir la instalación de misiles soviéticos en la isla.

Un niño deja de ser niño cuando empieza a interesarse por la realidad que le rodea, por una realidad tan traumática como el asesinato de un presidente y toda la complejidad de asuntos que va descubriendo. Por eso, cuando mataron a Kennedy también acabaron con mi inocencia infantil, para desvelarme de repente un mundo lleno de trampas y equívocos, donde nada es lo que parece ser, sino más feo y oscuro. Con Kennedy  asesinaron también mi niñez, para bien o para mal, que aun no lo tengo claro. De eso hace hoy cincuenta años, que se dice pronto. Pero no se olvida

Estado policial

Si estando sujetas a control legal y debiendo respetar los derechos y libertades de los ciudadanos -reconocidos en la Constitución-, la Policía y demás Fuerzas y cuerpos de Seguridad son capaces de excederse, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a la hora de reprimir y disolver manifestaciones y protestas públicas, persiguiendo incluso vestidos de paisano a manifestantes para aporrearlos y detenerlos, ¿qué no harán con la “manga ancha” que les confiere ahora el Gobierno de Mariano Rajoy, al criminalizar con fuertes multas administrativas cualquier expresión colectiva de los ciudadanos? ¡Imagínenselo!

Se trata de una auténtica mordaza a la democracia lo que este Gobierno, descaradamente autoritario, pretende aplicar al derecho de manifestación con la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio de Interior está elaborando. Es una normativa que contempla sanciones económicas a quienes participen en los escraches, acudan a convocatorias y rodeen instituciones públicas o levanten obstáculos que impidan la libre circulación. También castiga a los que usen capuchas que dificulten su identificación en las manifestaciones, profieran amenazas e insultos a los policías que emplean la fuerza y a los que tomen imágenes o vídeos de las actuaciones policiales. Hasta con 600.000 euros de multa está previsto castigar a quien pretenda ejercer su derecho a la discrepancia y el reproche públicos. Ya no se podrá rebatir a las Fuerzas de Seguridad de ningún atropello contra la libertad, como sucedió por ejemplo en el Raval de Barcelona, porque estará prohibido tomar pruebas en forma de fotos y películas de vídeo, ya que serán consideradas mofa o agresiones hacia ellos. Y sin pruebas documentales, no existirá el exceso ni el atropello. Será tu palabra contra la de un agente de la autoridad, la cual prevalece aunque te salten un ojo de un pelotazo de goma o declares en un juzgado con el cuerpo cubierto de moratones por los golpes.

Y es que, después de castigar a la población con el mayor retroceso en derechos y políticas sociales jamás ejecutado en la historia reciente de este país, el empobrecimiento económico y un paro como nunca antes y unas imposiciones dogmáticas y religiosas que nos retrotraen a épocas preconstitucionales, la reacción de rechazo y disenso frente a esa acción de gobierno, realizada de forma pública y colectiva, pero pacífica, estará vetada no sólo con el Código Penal sino también con esta normativa administrativa nueva, fuertemente disuasoria y obstaculizadora. No es de extrañar. Si las huelgas siempre son tachadas de “salvajes”; las protestas, de “insultos” a la autoridad, y las manifestaciones como “amenazas” a la seguridad ciudadana, ¿qué espacio deja la derecha gobernante a la libre expresión pública que no motive su recelo y afán coercitivo?

No es un "recorte" más. Aparte de representar un grave atentado a las libertades, este proyecto de ley denota la actitud represora de un Gobierno que se parapeta tras los muros de un Estado policial para combatir con represión el derecho de los ciudadanos a manifestarse, discrepar y participar en actos colectivos de repudio a cuántas medidas gubernamentales consideren lesivas a sus intereses mayoritarios. Evidencia un Gobierno que recela de las libertades, de la democracia y de los ciudadanos, y que no está dispuesto a que se le discuta en la calle ni se muestre oposición a sus políticas de forma multitudinaria.

Sin embargo, esa intransigencia penal, sumamente inflexible con el débil que sale a la calle a mostrar su hartazgo, no se aplica a los grandes defraudadores de la Hacienda pública, a los evasores fiscales, a los autores de la financiación irregular de los partidos políticos (donantes y receptores), a las agresiones medioambientales (como la del Prestige), a los corruptos que proliferan en todas las administraciones públicas o a los gestores que administran con deslealtad y arruinan bancos e entidades financieras, etc. Para este Gobierno que reprende derechos y libertades, es la opinión y las ideas las que son peligrosas, no el robo, el abuso y el engaño. Se castiga a la gente por protestar, por exigir cambios en la forma de gobernar, no a los ladrones que malversan capitales ni a quienes actúan en contra del interés público a sabiendas.

Esta ley es inadmisible porque su intención es impedir la crítica a las iniciativas ideológicas (en materia económica, social, religiosa y cultural) del Gobierno y quiere silenciar cualquier atisbo de discrepancia. Es un paso que no se puede tolerar ya que los siguientes nos conducirán directamente al desprecio de la democracia como forma de convivencia en España y a una sociedad vigilada y maniatada en sus expresiones públicas y en el ejercicio de sus derechos constitucionales. No hay que dejar que nos amordacen porque, guiados por esa obsesión de callar al pueblo, ya sólo resta prohibir el derecho al voto para determinadas opciones políticas, requerir permiso previo para cualquier actividad derivada de la libertad de expresión y manifestación, e incluso volver a la censura encubierta contra cualquier libelo que se presuma atentatorio a los intereses que representa el partido en el Gobierno.

En definitiva, hay que frenar esta deriva autoritaria y represora del Gobierno conservador de Mariano Rajoy para impedir que acabemos conducidos a un Estado policial, formalmente democrático, pero en la práctica dominado por un Poder que coacciona libertades, cercena la democracia y desconfía de los ciudadanos. Está en juego nuestra salud democrática.

Ética de la propiedad

La asunción de la propiedad privada como derecho natural es una de las cuestiones que enfrenta a las ideologías que teorizan sobre el modelo de sociedad. Para el filósofo Robert Nozick, “padre” de lo que hoy conoceríamos como neoliberalismo, no hay más derechos que los naturales, que se limitan a las libertades individuales y al derecho de propiedad, por lo que considera que, cuanto menos Estado, más justicia existe. Ya Locke preconizaba con varios siglos de antelación la libertad como capacidad de poseer, deduciendo que el derecho natural a la propiedad es, al mismo tiempo, un principio moral porque de él resulta la libertad individual.

Ese principio del derecho a la propiedad ha sido discutido por otras corrientes filosóficas que arremeten contra la propiedad como origen de los males y la discriminación que se producen entre los hombres. Jean-Jacques Rousseau ya advertía de que la propiedad privada es un derecho exclusivo de los ricos. Así, la sociedad erigida bajo ese supuesto estaría dominada por la opresión de los fuertes, las tensiones de los avariciosos y los peligros por proteger las pertenencias de los propietarios. Culpaba de todos los males a la propiedad privada: “El primero que habiendo cercado un terreno se atrevió a decir "esto es mío", y encontró gente tan estúpida como para creérselo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil”. Y del capitalismo, se podría añadir.

Por eso abogaba por regular y proteger ese derecho de tal manera que la distribución de la propiedad fuera más justa, a través de la consecución de un “contrato social” que evite el despotismo de los ricos a favor de la voluntad general. Pero no dejaría de ser una idea en la que prevalecería la regla de la mayoría, pues la voluntad general se conformará con el dominio de una de las voluntades grupales en disputa sobre las demás.

Para conseguir una sociedad más equitativa, John Rawls establece la idea de justicia distributiva como complemento al principio de libertad. Entiende que la libertad sería un engaño si no contempla la corrección de las desigualdades. Un criterio para establecer esa justicia distributiva sería adoptar la opción más beneficiosa para los que están peor situados. En términos contemporáneos, la de Rawls sería una justicia socialdemócrata; y la de Nozick, una justicia neoliberal.

Kant afirma que gracias a la libertad no estamos totalmente determinados por causas naturales y que sin el supuesto de la libertad no tendría sentido la moralidad. Para él, la ley moral se impone al sujeto en forma de un imperativo, que será categórico y no hipotético, un mandato no condicionado por ningún propósito. Y necesitamos la ley moral porque ni somos santos ni siempre racionales. Así, a partir del deber moral se llega a la libertad, pero sólo si hay libertad puede darse el deber moral. Y su poder reside sólo en la razón, pues es un "apriorismo", un juicio sintético a priori que no refleja lo que hacemos, sino lo que debemos hacer.

Marx advertía de que la moral, la religión o el derecho son construcciones ideológicas que expresan los intereses de una clase social, la más poderosa y dominante, no una racionalidad universal. De ahí que afirmara que la moral es inevitablemente clasista, que impone el derecho de propiedad como un derecho natural porque sirve para mantener un orden social en el que sólo unos cuantos acumulan propiedades y riqueza en detrimento de los trabajadores. Un derecho que enmascara la injusticia y la inmoralidad, por lo que criticar y combatir la explotación que sufren los trabajadores supone un ideal de justicia distributiva.

John Stuart Mill, en su libro Sobre la libertad, hace un alegato contra la tiranía social basándose en el valor intrínseco de la libertad individual, en especial de pensamiento y discusión, porque la verdad absoluta no es patrimonio de nadie, sino que se alcanza por el contraste de las opiniones diversas. Su obsesión era poner límites al poder político y social para que no intervengan en la libertad de las personas. Jean-Paul Sartre recelaría de esa libertad, pues piensa que el hombre se engaña a sí mismo al creerse libre cuando nunca lo ha sido, ya que no ha podido dejar de estar influido por una determinada situación social y política que lo condiciona.

Con estos postulados sobre el derecho a la propiedad convergemos en el principio del debate filosófico al cuestionar la universalidad de nuestros valores, no como algo “natural”, sino convencional, surgido de un acuerdo racional y cultural. Una reflexión que se inicia con los sofistas, partidarios de la argumentación racional para atender las preguntas que preocupan a la mente humana, situando al hombre como “la medida de todas las cosas”, pasando por Aristóteles, quien concibe “la ética como una teoría de la acción humana en este mundo” y terminando con la filosofía analítica, de la Escuela de Frankfurt, que utiliza la hermenéutica como una nueva forma de comprensión de la realidad a partir de la capacidad lingüística del ser humano y en la que el lenguaje es el principal objeto de estudio. Porque -para Habermas- por el lenguaje, el hombre se realiza en la historia.  

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Victoria Camps: Breve historia de la ética, RBA Libros, S.A., Barcelona, 2013.

Volver a correr

Hubo un tiempo en que una canción despertaba emociones irrefrenables, revelaba tus pensamientos más ocultos o te sumergía en instantes inolvidables, ya remotos. Era cuando una melodía te podía trasladar a épocas juveniles en las que asumías la vida sin matices, blanco o negro, convencido de que la verdad era verdad y la mentira, mentira; que el amor era puro y el odio impuro. Una edad en la que sentías admiración por poetas urbanos que trovaban mensajes cantados porque coincidían con tus sentimientos y te hacían creer que tú también habías nacido para correr y enamorarte de wendys que arrebatan corazones inocentes, tiernos. Nunca dejas de ser ese joven que persigue utopías y al que canciones como ésta le reconfortan de las pérdidas que ocasiona la madurez y los desengaños encadenados de la experiencia. Es entonces cuando te entran deseos de volver a correr pues en tu interior sigues sintiendo que naciste para ello: para vivir y sentir. Que siempre es tiempo de correr.

Las varas de medir

De la justicia siempre se ha dicho que es ciega porque utiliza distintas varas para medir la gravedad de los delitos y la dureza de los castigos. Más de uno se pregunta si, además de ciega, es sorda por el clamor que generan las críticas a muchas de sus sentencias. Es es lo que acaba de suceder con la absolución sin castigo que ha dictaminado contra los causantes y los gestores de la mayor catástrofe ecológica por contaminación acaecida en España a causa del naufragio del petrolero Prestige. Nadie ha resultado culpable de lo sucedido en ese caso, salvo el capitán, a quien condena a nueve meses de cárcel, cuya edad le eximirá de cumplir, por desobedecer a unas autoridades que, con decisiones tachadas por el juez de “eficaces”, contribuyeron a que la marea negra del chapapote se extendiera a lo largo de más de 2.000 kilómetros de costas gallegas, cantábricas y francesas. ¡Toda una eficacia si lo que se pretendía era contaminar la mayor parte de litoral posible!

No se entiende con qué vara se mide un desastre de esta envergadura, cuyos daños han sido evaluados en más de 4.000 millones de euros, sin que el Gobierno muestre el más mínimo interés en endurecer las leyes contra cualquier agresión derivada de la actividad humana que afecte al medio ambiente, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los causantes de la misma. Antes al contrario, el Gobierno se muestra "contento" con el fallo de esta sentencia absolutoria. Sin embargo, la vara se torna inflexible a la hora de reclamar sanciones más duras en el Código Penal para castigar los escraches a cargos públicos y otros actos tipificados como atentados contra la seguridad pública y las fuerzas de seguridad. Al parecer, es más peligroso manifestarse que contaminar miles de kilómetros de naturaleza. También la vivienda de un político o el edificio que alberga una institución debe estar más protegido que el medio ambiente. Son varas de distinto calibre, por lo que se ve. Pero hay más.

Que un desgraciado sin trabajo, por causas ajenas a su voluntad, a su intención, a sus deseos y a la ilusión de su vida, deje de pagar una hipoteca, es motivo suficiente para que todo el peso de la ley recaiga sobre él y sea condenado al desahucio de la vivienda y a pagar las costas del juicio, lo cual no le libra de seguir manteniendo la deuda con el banco. Pero los gestores de cualquier banco, al que entrampan con “inversiones” especulativas fallidas o con emisiones de productos financieros más parecidos a una estafa que otra cosa, no merecen apenas “reproche” alguno. Al contrario, ante la situación de quiebra que paraliza la actividad financiera de estas entidades, el Gobierno se apresura al "rescate" de los mismos mediante ingentes inyecciones de dinero público que, sin embargo, racanea para financiar los servicios públicos que debiera prestar a los ciudadanos. Son, igualmente, varas distintas para medir quién merece el socorro por sus deudas: los poderosos o los débiles. El Gobierno y la Justicia parecen tener clara la disyuntiva.

El nexo orgánico que relaciona el Gobierno y la Justicia -la Fiscalía- dispone asimismo de varas de medir de tamaño dispar, según los casos en los que interviene. Así, a pesar de compartir responsabilidades societarias en la trama de corrupción de su marido, la princesa Cristina no presenta indicios de delito, según el fiscal, para ser imputada por el juez que instruye el sumario del caso Nóos. Esa justicia magnánima con la realeza no es equiparable a la que imputa a una anciana por avalar el préstamo de un hijo y que, ante el impago por aquel, amenaza con desalojarla de su propia casa. El fiscal no solicita exculpaciones ni elabora enjundiosos alegatos jurídicos, más propios de la defensa, cuando los afectados pertenecen a la masa anónima de los desafortunados, es decir, de los que no tienen fortuna. Es otra manera de medir, también con varas desiguales, los asuntos en función de a quien conciernen, como el Prestige, los bancos, el domicilio de los políticos o las irregularidades de los poderosos.

Es tan completa su ceguera, que la Justicia (como el resto de los apéndices del Poder) se vuelve injusta... y sorda para no oír las críticas que provoca a menudo con su proceder. Y es que, aunque formalmente todos somos iguales ante la ley, las varas con las que nos miden no lo son.

¡Cabrones!

Filtrado malintencionadamente para acaparar atención mediante la provocación, un grupo de escritores y artistas franceses ha firmado un manifiesto a favor de la prostitución que se publicará en la revista gala Causeur. En él, los autores se declaran en contra de un proyecto parlamentario para combatir el comercio sexual, que será debatido por la Asamblea francesa en los próximos días, y que contempla penalizar a los clientes de la prostitución con multas de hasta 3.000 euros. El título que lo encabeza -El manifiesto de los 343 cabrones- emula una iniciativa que Simone de Beauvoir impulsó en 1971, junto a 343 mujeres más ( “manifiesto de 343 mujeres”), en la que revelaban haber abortado, cuando esa práctica era ilegal en Francia, para forzar con ello el reconocimiento al derecho a los anticonceptivos y el aborto. Ni qué decir tiene que la actual iniciativa de los autodenominados “cabrones” exuda un cinismo carente de honradez ética y de respeto a la dignidad de las mujeres.

El argumento en el que se basan estos cabrones contemporáneos pretende ser liberal, al escudarse en la defensa del comercio sexual como actividad social, inserta en el libre mercado, en la que el Estado no debe entrometerse ni regular. Se declaran partidarios de “la libertad, la literatura y la intimidad, (por lo que) cuando el Estado se ocupa de nuestros culos, las tres están en peligro”. Bajo el impactante subtítulo ¡No toques a mi puta!, los firmantes apelan a que “cada uno tiene derecho a vender libremente sus encantos”, como si la prostitución fuese un trabajo elegido libremente y no la consecuencia forzada por mafias que trafican con mujeres o derivada de situaciones de escandalosa precariedad. Y es que, aparte de confundir el culo con las témporas, estos cabrones libertinos -que no liberales- intentan entremezclar con ardid el derecho a disponer del propio cuerpo que exigía el movimiento feminista con un supuesto derecho a disponer del cuerpo de otro (casi siempre, de otra) que, en la mayoría de las ocasiones, resulta de una opresión no deseada voluntariamente, sino obligada por circunstancias adversas que nada tienen que ver ni con el consentimiento ni la voluntad.

Según Médicos del Mundo, la práctica de la prostitución ha aumentado en nuestro país más de un 15 por ciento en los dos últimos años a causa de la crisis económica, nada extraño si se tiene en cuenta que entre los colectivos más castigados por el desempleo se encuentra, precisamente, el de las mujeres. Engrosan las cifras de la esclavitud sexual mujeres atrapadas en el tráfico ilegal, procedentes en su mayor parte de Europa del Este y Asia, y aquellas otras, desesperadas, que recurren a prostituirse a causa de una insoportable situación económica. En su conjunto, entre 300.000 y 500.000 mujeres ejercen la prostitución en España, en su mayoría inmigrantes que acceden al comercio carnal como único medio de vida, al encontrarse con todo tipo de trabas para hallar un trabajo legal.

Se trata, por tanto, más que de un pretendido derecho de la mujer, de un negocio muy próspero para  proxenetas y mafias, que mueven en torno a 18.000 millones de euros al año, según revela el informe “Los amos de la prostitución en España”, del periodista Joan Cantarero. Un negocio que tiene el campo legal libre para su explotación, ya que en España no es delito la prostitución, si se ejerce “voluntariamente”, ni se penaliza a quienes contratan servicios sexuales, como pretende legislar el Gobierno francés. Sólo está tipificado penalmente la explotación sexual y el abuso a menores; es decir, proxenetas y violadores que, en cualquier caso, forman el “caldo de cultivo” para la prostitución.

Y es que, sin negar que exista quien desee realmente comercial con su sexo, la inmensa mayoría de la prostitución descansa sobre la mujer como víctima de un tráfico humano inaceptable. De ahí que se intente abordar el problema de su regulación desde dos enfoques diametralmente opuestos: o considerarlo un “trabajo” legal para dotarlo de los beneficios de la Seguridad Social y el control sanitario de las “trabajadoras”, o considerar delito su ejercicio y confiar que la represión penal lo consiga erradicar. Sin decantarse por ninguna de estas posturas, España se limita a combatirlo con campañas de sensibilización, con las que los ayuntamientos presumen de vez en cuando de defender a la mujer explotada sexualmente y de prestar una atención integral a las víctimas.

El “manifiesto de los cabrones” sirve para evidenciar, en cualquier caso, el “machismo” existente en la sociedad y que trata a la mujer como simple objeto para la satisfacción sexual, susceptible de ser regido por las leyes del mercado. “¡No toques a mi puta!” viene, así, a significar que no te atrevas a profanar mi propiedad privada, pues soy libre de adquirir cualquier producto del mercado. La mujer como objeto de consumo para el apetito sexual, no como persona protegida por derechos humanos y portadora de dignidad. Un papel subordinado a los deseos y caprichos del hombre como, curiosamente, también parece promover la Iglesia Católica, tal como demuestra el libro “Cásate y sé sumisa”, de la periodista italiana Constanza Miriano, editado bajo los auspicios del Arzobispado de Granada, en el que se recomienda a las mujeres “la obediencia leal y generosa, la sumisión”.

Difícil papel el de la mujer que, entre las pretensiones de unos y otros, sólo puede aspirar a ser puta o monja (o su equivalente laico: esposa), no persona merecedora de derechos humanos y dignidad. ¡Cabrones!

La conferencia incompleta del PSOE

Los socialistas españoles están refundando el partido, buscando un líder que los conduzca otra vez a acariciar Poder y modernizando algunas ideas con las que elaborar un programa electoral que entusiasme a los ciudadanos de izquierdas que le han vuelto la espalda. Es una tarea ciclópea en la que se embarca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con ocasión de la Conferencia Política que ha celebrado este fin de semana y que, independientemente de sus resultados, es dramáticamente necesaria. El PSOE precisa renovarse de arriba abajo para volver a conectar con la sociedad y representar una alternativa seria, fiable y solvente a la derecha que gobierna España de manera prácticamente omnímoda. La democracia exige la diversidad de propuestas para evitar los absolutismos ideológicos. Pero en el PSOE tienen que acertar con la nueva estructura del partido, el mensaje que trasladarán a la sociedad y los rostros que personificarán esa renovación y el cambio.

Para empezar, se oyeron en el cónclave socialista algunas voces timoratas de autocrítica por los errores cometidos en el pasado. Fue poco pero peor es nada: “Tomamos decisiones que nos alejaron de nuestra base social”, dijo la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, la única persona que conserva poder institucional de peso en el socialismo, junto a Javier Fernández, presidente de Asturias, ambos gobernando en minoría. Ahora falta que identifiquen esas decisiones y establezcan mecanismos para no volver a repetirlas, pero me temo que a tanto no llegará la actitud de enmienda. De entrada, porque los errores no han sido unos cuantos, sino muchos, reiterados y muy graves. El PSOE ha gobernado olvidando a sus votantes para volcarse en unas iniciativas que en poco difieren de las que adoptaría cualquier formación de centro derecha. El colmo de esta actitud opuesta a lo esperado fue el sorprendente giro en sus políticas que emprendió José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto fue llamado al orden por Angela Merkel y Barack Obama para combatir la crisis económica que ya teníamos encima y que no se supo, pudo o quiso ver a tiempo. Será difícil que los votantes socialistas pasen página de la desconfianza que inspira una infidelidad tan clamorosa de los valores e ideales progresistas como esa. Y menos aún con un superviviente de esa época pilotando los cambios y recordando constantemente, con su mera presencia, la momificación anquilosada que se ha producido en el partido socialista, un barco lleno de zombies inamovibles, incapaz de conectar con su electorado.

Precisamente, han rehuido ese debate. Se resisten a desalojar las momias del pasado que nos hacen recordar sus renuncias y traiciones. No parece sincera aquella apelación a los errores cometidos cuando se pospone la elección del Secretario Federal y candidato a la presidencia de Gobierno por el sistema de primarias a un futuro Comité Federal que se celebrará a principios del próximo año. La imagen que personalizará la refundación del mensaje socialista será la misma que lo está haciendo repudiar por sus bases y electorado. Las ideas, los proyectos y las propuestas que pudieran surgir de esta Conferencia Política se volatizarán en el aire sin un liderazgo que inspire confianza y esperanza a la ciudadanía, que transmita entusiasmo y credibilidad, y que explique con  ilusión renovada que un futuro distinto es posible y está al alcance de la mano. Ningún mensaje sin emisor difícilmente llega al receptor, porque el ruido y la saturación hacen imposible una comunicación eficaz.

Y este cónclave socialista está rebosante de mensajes, algunos de signo contrario y radical a lo defendido hasta la fecha. Así, el PSOE retorna a sus orígenes de izquierdas al propugnar bajadas de impuestos para las rentas más bajas y una reforma fiscal que obliga a pagar más a los más ricos y a los acumuladores de patrimonio, además de eliminar deducciones a las grandes empresas. También persigue “atornillar” derechos en la Constitución, como el reconocimiento de la sanidad pública, garantizar un mínimo de gasto público para el sostenimiento del Estado de Bienestar e, incluso, prohibir las amnistías fiscales. Sorprende, asimismo, la promesa de denunciar y renegociar el Concordato con el Vaticano para profundizar en la laicidad del Estado a estas alturas de la democracia. Y, por supuesto, se propone una reforma de la Constitución que satisfaga las expectativas federales de los territorios e inhiba las apetencias independentistas.

La Conferencia Política del PSOE también aborda los problemas que afectan a la calidad de la democracia, al prohibir donaciones de empresas a los partidos, permitir las iniciativas ciudadanas al Parlamento y la sempiterna promesa de reformar el Senado para convertirlo realmente en cámara territorial. Sin embargo, se queda corto en desbloquear a los partidos de la sujeción férrea de los aparatos, pues no acepta las listas abiertas de manera total (sólo parcial) ni una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional y que no perjudique a las minorías.

Y lo que era más importante: no decide nada sobre las primarias ni las personas que deberán asumir la renovación del socialismo español. Se apunta la posibilidad de que el proceso de primarias estará abierto a militantes y simpatizantes, mayores de 16 años de edad, aunque no se concretan detalles y condiciones con los que se celebrarán estos comicios para elegir al candidato a presidente de Gobierno. Ni tampoco si será el procedimiento que se empleará para la elección del Secretario Federal. Es decir, el PSOE celebró su Conferencia Política para refundarse, modernizarse y conectar con la calle, pero se limitó a saludarse, encantado de haberse conocido. Los apoyos externos que, antes de comenzar, auguraban una apertura franca a cuántos pudieran ayudar a “derrocar a la derecha” (como el exjuez Baltasar Garzón y el exlider de Izquierda Unidad, Gaspar Llamazares), resultaron “precisados” y finalmente fallidos. Desgraciadamente, por tanto, el PSOE no sabe aún cómo combatir las desigualdades y el empobrecimiento que la derecha está ocasionando en España. Y ello, a pesar de que las oportunidades que le proporciona son innumerables. De esta Conferencia incompleta, el PSOE sale con muchos mensajes, pero sin nadie que los articule.

La enfermedad que corroe al periodismo

La actualidad está trufada de malas noticias que afectan a los encargados precisamente de transmitir noticias. Los mensajeros protagonizan, hoy día, unos hechos que conforman la agenda mediática que ellos mismos elaboran, al padecer no sólo los efectos de una crisis que los zarandea como a cualquier empresa o sector productivo de la actividad económica, sino fundamentalmente por caer presos de una crisis moral que los puede conducir al desprestigio y la insignificancia, si no directamente a la desaparición. Y los síntomas de lo que puede calificarse de enfermedad que corroe al periodismo son abrumadores con sólo ojear las portadas de los medios. Empresas de comunicación ocupan los titulares para poner nombre a un mal que parece no tener remedio: El Correo de Andalucía y la Radio Televisión de Valencia (RTVV), un medio privado y otro público, son ejemplos de ello y ambos parecen abocados al cierre si una “terapia” milagrosa no los “cura”.

El problema no es nuevo. Ya lo barruntábamos en un comentario anterior en estas mismas páginas al referirnos a la crisis de la prensa. Sin embargo, el mal más grave que sufre el periodismo es una crisis moral que se incuba en su médula y afecta al concepto mismo del periodismo, porque lo doblega a transigir o compatibilizar con objetivos que no le son propios. Tanto el decano de la prensa sevillana como el ente público valenciano están pagando con su propia viabilidad empresarial el haber claudicado a  intereses espurios que imponen unos propietarios, tanto si son privados como públicos, ajenos al negocio exclusivamente periodístico.

El Correo de Andalucía ha sido abandonado por su último propietario, el grupo siderúrgico Gallardo, al verse necesitado de liquidez para su actividad principal y poder prescindir, en momentos de penuria, del vocero que se procuró para “instalar” en la opinión pública informaciones favorables al proyecto de gasoducto que pensaba construir desde la costa de Huelva hasta la refinería de Extremadura, atravesando el Coto de Doñana. Y lo que en principio se “vendió” como una diversificación empresarial, creando una cadena periodística, ahora es percibido claramente como la apuesta especulativa de un propietario que desinvierte en lo que considera “superfluo” para concentrarse en su actividad básica, la siderurgia. La información para Gallardo no era un fin, sino un medio con el que conseguir otros objetivos, tal vez legítimos para el germen de su actividad empresarial, pero extraños y a la larga contraproducentes, como se está comprobando, con la finalidad informativa a la que se debe el periodismo de rigor.

En la Radio Televisión de Valencia sucede exactamente lo mismo: el cierre de un medio público por parte de un Gobierno autonómico que, acorralado por deudas y escándalos, decide “hacer caja” librándose de lo que estima no es un servicio público, como la educación o la sanidad, sino un “lujo” que ya no puede permitirse. Así de claro lo expresó el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al alegar que prefiere cerrar el medio de comunicación a una escuela, pero cuidándose de exigir responsabilidades a los verdaderos culpables de la ruina que asfixia a su Gobierno y silenciando el despilfarro y la corrupción con la que se saquearon las arcas públicas, durante la “belle époque” de Zaplana y Camps, gracias a la excusa de proyectos “estrella” tan megalómanos como ruinosos: Terra Mítica, la organización de carreras de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz cinematográfica de Alicante, el aeropuerto sin aviones de Castellón, el “negocio” montado con la visita del Papa, la regata de la Copa del América, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de las tramas de corrupción que investigan los tribunales en Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la rama “bigotuda” de la Gürtel, los casos Brugal, Emarsa, Nóos, Fabra y un largo etcétera. Según el periodista Sergi Castillo, una “gestión” que ocasionó una “factura” de más de 12.500 millones de euros y que ahora deben contribuir a pagar los periodistas de Canal Nou.

Peca la Generalitat de Valencia de idéntico maniqueísmo manipulador que el grupo Gallardo, al dotarse de medios de comunicación con los que propagar informaciones propagandísticas que favorezcan su imagen y que, a la mínima contrariedad –como es ese rechazo judicial al ERE en la RTVV-, no tiene reparos en ordenar su cierre total y sin contemplaciones. Una actitud que evidencia que la atención al derecho a la información de los ciudadanos no era lo que les movía, sino otros fines que ahora les obligan a recortes y despidos por causa de una gestión gubernamental nefasta y fraudulenta. Es decir, tampoco en este caso el medio estaba dirigido por objetivos escrupulosamente periodísticos, sino políticos e ideológicos del propietario.

Ambos casos reflejan el más grande peligro que se cierne sobre el periodismo, su apartamiento de los fines que le son consustanciales y de los que no debería hacer renuncia jamás. Me refiero, naturalmente, a empresas y a la profesión, no a personas ni a los profesionales, los cuales se ven obligados a ejercer su trabajo en condiciones que coartan su libertad –como han denunciado recientemente desde la propia RTVV- y que obstaculizan la debida diligencia profesional de una labor sutilmente mediatizada por el “comisario” de la propiedad (pública o privada), que define la línea editorial y los asuntos a tratar.

Volvemos, así, a los argumentos ya expuestos en otras ocasiones, en los que concluíamos que más que una crisis tecnológica o económica, lo que está matando a la prensa es una crisis moral que corroe al periodismo de tal forma que lo hace depender del poder económico o político, en vez de mantenerse alejado de él para ganar una independencia que lo faculte para controlarlo y exigirle transparencia y equidad. Un periodismo no supeditado a ninguna propiedad (pública o privada) sin apenas interés por la información como servicio a la sociedad, sino por utilizarla como instrumento propagandístico y para hacer clientelismo político o partidista. Los poderes públicos son tan extraños y peligrosos al periodismo como los intereses privados de empresas ajenas al negocio mediático. Y, desgraciadamente, eso es lo que se deduce de las situaciones que angustian -¡y con razón!- a los compañeros de El Correo de Andalucía y Radio Televisión de Valencia, a los que deseo una solución que satisfaga sus expectativas personales y profesionales: que hallen “cura” a la enfermedad que corroe sus empresas.

La psicología pierde al profesor Pinillos

Guardo una especial admiración por el profesor José Luís Pinillos, aunque nunca podría considerarme alumno suyo porque jamás estuve matriculado en sus clases. Sin embargo, una obra suya ha ocupado siempre un lugar destacado en mi biblioteca como libro de referencia de psicología, hasta el punto de haberlo comprado en dos ocasiones por haber regalado a una hermana el primer ejemplar que adquirí cuando iniciaba mis estudios universitarios. Desde entonces, Principios de psicología, editado por Alianza Editorial en 1975 y que alcanza ya la 24º edición en 2010, ha permanecido en la mesita de noche como lo que es: un manual que aborda de manera sistemática la materia, desde sus bases biológicas, contempladas desde una perspectiva filogenética, hasta los procesos psicológicos que explican la conducta humana y la relación del individuo en sociedad.

El profesor Pinillos explicaría con erudita claridad la tristeza que me produce conocer su desaparición el pasado día 4 en Madrid, donde murió a los 94 años de edad. Era profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y Premio Príncipe de Asturias. Había iniciado sus estudios en Filosofía, en Zaragoza, antes de completar su formación en Psicología en Alemania e Inglaterra. Obtiene la cátedra de Psicología en la Complutense de Madrid en 1968, donde había desarrollado la mayor parte de su carrera docente, y comienza una exitosa producción de divulgación de la psicología, tanto en libros como colaborador en revistas de ciencia y pensamiento. Destacan como hitos editoriales el manual arriba citado y La mente humana, publicado en la colección RTVE, editada por Salvat.

Tengo que reconocer que la impresión que me produjo la lectura de Principios de psicología me impulsó a mantener un seguimiento, como fiel lector, de este psicólogo humanista que estaba pertrechado de una sabiduría filosófica y literaria, además de científica, que lo convertiría en un divulgador ameno y sumamente atractivo. Fue tanta la seducción que me despertó aquel manual que, tras las reiteradas referencias que hacía de un segundo volumen que completaría el desarrollo de algunos temas, remití a través del diario El País, donde colaboraba, una consulta al profesor Pinillos sobre la fecha prevista de su publicación, contestándome que lamentaba no haber podido acabar tal proyecto.

 
Con su desaparición física se trunca definitivamente la esperanza de una continuación de aquella obra que de joven me había inoculado el interés por la psicología, especialidad académica que debe al profesor Pinillos “su inserción en la vida universitaria y su ascendiente social”, como glosa Rafael Fraguas en la necrológica que publica en El País. La psicología española pierde un gran profesor y a uno de sus más afamados y prestigiosos divulgadores, al profesor José Luis Pinillos. Descanse en paz.

¡Una de espías!

Como en las películas, asistimos entre sorprendidos y risueños a la “intriga” de este episodio de las “escuchas” que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han sometido a ciudadanos europeos, incluyendo a los máximos dirigentes de naciones como Alemania, Francia e incluso España, y también de países de otros continentes, como Brasil. Y desde los “espiados” ha brotado la santa indignación al sentirse “vigilados” por quienes consideramos “amigos” y formamos con ellos una alianza –de intereses estoy por decir- contra los “enemigos de la libertad” –de mercado, quisiera subrayar- que preocupan fundamentalmente a los norteamericanos: en primer lugar, por todo lo que huela a comunismo (Rusia, China, Cuba), y en segundo plano por todo lo que pueda representar una seria competencia a su supremacía económica y comercial (China, Brasil y un poco Europa). Y se le piden explicaciones.

Entra la risa floja al saber que todos los cancilleres afectados han exigido “explicaciones” al Presidente de EE UU, Barack Obama, por el espionaje de sus conversaciones y amenazan con adoptar medidas contundentes si éstas no satisfacen a los “ofendidos”. Amenazan con cuestionar el estatus de aliados que une los respectivos gobiernos y la colaboración que se prestan de manera recíproca. También España, con la “templanza” que caracteriza a Mariano Rajoy, ha insinuado cuestionar los históricos lazos de amistad con los americanos.

Ante el espectáculo, más mediático que diplomático, que se ha montado, los ciudadanos reaccionamos primero con asombro (¿qué tendrán que escuchar que ya no sepan?) y luego con chanza (¡ea, ahora los dejamos sin casera!), cuando hasta los niños de primaria saben que en todas las embajadas existe un espía (o varios) que, como encargados comerciales o asesores de lo sea, “trabajan” para obtener información que pudiera interesar a sus gobiernos. ¿Y qué puede interesarles? Dejando aparte lo obvio (que es todo), seleccionan sus “escuchas” hacia lo que tienen menos controlado, la opinión de los ciudadanos y la que en la intimidad mantienen sus dirigentes sobre los yankees. Así establecen el grado de confianza que les merecemos.

Es evidente que no espían nuestros planes nucleares, pues son ellos los que nos venden esta tecnología y la supervisan. Tampoco muestran especial atención a nuestros ejércitos, pues cada avión lo fabrican ellos y hasta la aviónica necesaria para volar la facilitan con las debidas licencias, lo mismo con cualquier arma o tecnología bélica. De los gobiernos se fían poco, pero como tenemos que pedirle permiso hasta para mear, nos tienen maniatados con mil y un acuerdos que, salvo algún “hereje” de Sudamérica, ninguno se sale de madre y conserva la dependencia sumisa cuasi colonial.

Y en lo comercial, mientras exportan todo lo que quieren a países en los exigen el libre comercio, ellos impermeabilizan sus fronteras con aranceles y condiciones que dificultan la importación. Y para que los “gustos” de todo el mundo se asemejen a los suyos, a fin de vendernos sus productos, nos imponen una “globalización” que nos hace preferir su cultura a la nuestra, en lo económico, cultural, social y político.

¿Qué buscan, entonces? Nuestra opinión, para saber si podríamos ser potenciales terroristas capaces de atentar contra ellos. Desean valorar constantemente nuestra impresión sobre los “americanos” para determinar nuestro nivel de confianza acerca de los Estados Unidos y permitirnos una relación más o menos fluida. Y calibrar la intensidad de nuestra integración en su “american way of live” o la resistencia que ofrecemos para asumir sus patrones culturales. Así tendrán un conocimiento cabal sobre si los apoyaremos en cada conflicto en que se vean envueltos o presentaremos dificultades añadidas a sus problemas geoestratégicos. Ese es el objetivo de su espionaje a los aliados. Miden constantemente y en tiempo real nuestro compromiso de amistad respecto al “imperio” y cuantifican la fuerza de ese apoyo, necesario para controlar al resto del mundo. Y no lo hacen a escondidas, sino con la implícita anuencia de los gobiernos afectados e involucrados, pues participan en una “colaboración” de inteligencia de la que ahora aparentan sorpresa.

En proporción a sus capacidades, todos los países “escrutan” a los demás con sus propios sistemas de información nacionales, a veces en competición por conseguir alguna novedad, pero la mayoría de las ocasiones en franca camaradería por participar en alguna investigación de carácter más amplio y sensible. De ahí que el general Keith Alexander pudiera permitirse la “chulería” de afirmar que la NSA no ha rastreado las llamadas de millones de ciudadanos en Francia y España, como denunció la prensa de esos países, sino que han sido nuestros propios centros de inteligencia los que han facilitado estos registros para que ellos los analizaran. ¿Para qué molestarse si trabajamos para ellos? Son ellos los que nos dan la pista de un narcotraficante en alta mar, los que identifican un teléfono de un etarra en la clandestinidad, los que localizan un campamento donde tienen secuestrados en África a unos cooperantes o los que facilitan –dejando actuar- cualquier maniobra defensiva en nuestros conflictos vecinales. ¿Encima les vamos a toser? Daría risa y pena constatar nuestro verdadero tamaño.

Distinto es el espionaje que EE UU aplica a sus auténticos adversarios, China, Rusia, Oriente medio y otros países que emergen con fuerza en el equilibrio mundial, ya sea militar, comercial o políticamente. Todas sus grandes “antenas” están orientadas a esas zonas geográficas que son potencialmente peligrosas a sus intereses. Y se aplican con todos sus recursos, incluyendo portaviones, satélites y agentes sobre el terreno, más la “colaboración” de todos los servicios de inteligencia “amigos”, sean ingleses, judíos o árabes. Es una actitud tan lógica que no merece comentario. Es de cajón.

Lo más hilarante de esta historia es esa reacción de los gobiernos cuando fueron abochornados por las denuncias de los medios de comunicación sobre las escuchas a los aliados, como si no las conocieran. Parecía que estábamos visionando una película del “Superagente 86”. ¡Hasta Rajoy iba a pedir explicaciones…! ¡Faltaría más!

`Cuadernos´ para un nuevo curso

La tertulia Cuadernos de Roldán ha elaborado el programa de actividades que desarrollará durante el próximo curso 2013-2014. La asamblea de “inquilinos”, reunida el pasado mes de junio en su sede del Bar Dueñas, de Sevilla, acordó, de forma democrática y bajo los efluvios inspiradores de la taberna, las próximas ediciones de poemarios y sus temáticas, así como los encargados de coordinarlas en la nueva temporada. Además, se aprobaron las cuentas de la asociación, que se financia exclusivamente con las cuotas que satisfacen los socios, y que arrojan un balance tan equilibrado como transparente y exiguo, justo para abordar el plan de actividades previsto.

De esta manera, el curso arranca con la presentación del poemario “De Corduba a Córdoba”, el 16 de noviembre, coordinado por Emilia Abadía y Paco Cosano. Y en diciembre, el clásico Calendario de Cuadernos, que será coordinado por Antonio Cerrato, Antonio Molina y Paco Vita.

En 2014 aguardan las citas del “Puente de Andalucía”, fecha en que se editará un poemario dedicado a los “Templarios”, coordinado por Carlos Becerra, Pepe Aguilar y Serafín Madrigal. En torno a abril o mayo, como de costumbre, está previsto otro librito de “Entrefiestas”, dedicado a “Cádiz: Puerta del mar”, bajo la coordinación de José María Aguilar y Lorenza Cabral. Y por último, un “Zaquizamí”, esa esencia que concentra el arte poético y pictórico en miniatura, se dedicará a “San Lorenzo”, con la coordinación de Paco Núñez y Paco Gallardo.

Como es preceptivo, Cuadernos de Roldán insta a los interesados en participar con poemas y cuadros en la confección de estas obras, a que remitan sus colaboraciones a los distintos coordinadores de las mismas.