Porque resulta que la iniciativa desprende un “aroma”
exclusivamente recaudatorio, al obligar a las mujeres a tramitar y cotizar por
cada domicilio que sirven, y simultáneamente convierte a los hogares en empresas
que deben asimismo declarar y abonar la cuota empresarial de la empleada,
independientemente del número de horas de sus servicios, encareciendo el mismo.
Tanto para una parte como para la otra, el trámite resultaba complicado y lesivo
a sus mutuos intereses.
Por parte de las empleadas del hogar, porque una gran
mayoría desarrolla esta labor de forma subsidiaria a otras dedicaciones que, en
caso de declararse, resultaban incompatibles. Son remuneraciones extras que se
obtienen para completar un subsidio, una paga del paro o un sueldo escaso de otro
trabajo que, en principio, les impediría legalmente compatibilizarlo. Un número
elevado de ellas ha preferido seguir limpiando de forma opaca a Hacienda, a
pesar de los beneficios que, según el Gobierno, reportaría normalizar la relación
laboral que establecen con cada hogar.
Y por parte de los contratantes, porque resulta excesivo
considerarse empresario por solicitar los servicios de una limpiadora dos o
tres horas a la semana, con el papeleo y los certificados que ello conlleva,
las estipulaciones del contrato y las cotizaciones que han de abonarse a Hacienda.
En realidad, más que ocultar al fisco esta actividad, lo que ha impedido su
plena implantación es la complejidad burocrática y recaudatoria de la medida,
que va en contra de los intereses de ambas partes.
Posiblemente, hubiera sido más consecuente con la realidad
arbitrar opciones legales para que, a quien le conviniera, pudiera convertirse
en trabajador autónomo que presta servicios de limpieza a domicilio, cuyas cargas
(licencias, seguridad social, cotización por módulo, etc.) se repercutirían en precios
por hora estipulados.
Tal tratamiento fiscal solventaría las reticencias de muchos
hogares que simplemente solicitan un servicio de pocas semanales a una persona
a la que no consideran una empleada,
sino una prestataria de los mismos. Ellas, a su vez, podrían así compatibilizar
este trabajo con aquellos otros que pudieran realizar paralelamente.
En cualquier caso, es necesario que el empleo doméstico
tenga idéntica protección que cualquier trabajo, reconociéndosele los mismos derechos
que las leyes otorgan a cualquier trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena
(pagas extras, vacaciones, bajas por enfermedad, horarios, paro, etc.). Si esa era
la finalidad de la iniciativa legal, su reforma para simplificarla es
obligada para extender y completar su aplicación. Pero si la finalidad era
meramente recaudatoria, me temo que el trabajo doméstico seguirá siendo “negro”
a efectos fiscales y sus condiciones no mejorarán.
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