La industria minera del carbón genera en España 10.000
empleos directos y 30.000 indirectos, y su producción se destina casi
exclusivamente a la generación de electricidad en centrales térmicas. No es un
problema nuevo, sino que siempre ha sido una actividad que ha necesitado
aranceles para ser rentable y competitiva. Su consideración como servicio
público por el problema social que afectaría a regiones sin otra alternativa
productiva, ha motivado que los distintos Gobiernos hayan extendido las ayudas
al sector hasta el último plazo en 2018 autorizado por Europa, cuya Directiva
que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad permitía a los
Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público por
razones de seguridad en el abastecimiento.
Ese compromiso de reducción progresiva de las subvenciones
al carbón, por motivos medioambientales dada la contaminación por gases de
efecto invernadero que genera, es lo que ahora ha incumplido el Gobierno del
Partido Popular, acortando los plazos y aplicando recortes de mayor cuantía a
causa de la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit en las
cuentas nacionales.
A ello se añade que las vetas de carbón están prácticamente
agotadas y el precio de producción es más caro que el de otros países. Además,
la sobreexplotación de los recursos, la contaminación atmosférica, de aguas y
suelos, y las alteraciones paisajísticas, todo en su conjunto determina que el
futuro del carbón autóctono es más negro que el propio mineral.
Sin embargo, no sólo con recortes se aborda un problema del que son
ajenos los trabajadores. Los mineros son víctimas de una mala política energética,
de una deplorable gestión de las ayudas y subvenciones y de una carente
capacidad gubernamental para generar alternativas de economía productiva en las
regiones de las cuencas afectadas por la reconversión de la minería del carbón.
Reconducir la situación es lo que exigen al Gobierno los mineros que llegan
tras días de marcha a Madrid. Deploran el certificado de defunción que el
ministro les quiere aplicar y, con su presencia en la capital y las caras
tiznadas, pretenden presionar para que se les prometa un plan viable de
reconversión y reubicación que garantice el trabajo. No quieren subvenciones,
pero tampoco recortes: aspiran a tener trabajo. Y aunque el carbón sólo
representa el 7 por ciento de la energía eléctrica, y ésta es mucho más barata
quemando carbón importado del exterior, los mineros son españoles a los que el
Gobierno no puede abandonar a su suerte sin preocuparse por buscar soluciones y
alternativas. Es su obligación y así se lo demandan los ciudadanos, sean
mineros o no.
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