Ni la herencia del anterior gobierno era desconocida para un
partido que gobernaba la mayoría de las comunidades autónomas, ni las
circunstancias de esta crisis imbatible han cambiado para obligar a nuevas
medidas de ajuste que no estuvieran previamente contempladas. Siempre, desde el
primer instante, el Gobierno conservador de España ha procurado administrar sus
recortes e iniciativas neoliberales tras las cortinas del oscurantismo y la
negación. Lo ha hecho “alevosamente”, buscando no erosionar el apoyo que había logrado
en las últimas elecciones y confiando en la incapacidad crítica de la
población, a la que “goebbelianamente” se le satura machaconamente con la
salmodia de las dificultades insalvables y las obligaciones imperantes de la
situación.
Esa actitud premeditada de ocultar hasta el propio programa
electoral y, en especial, las acciones inmediatas de gobierno que iba a emprender queda
en evidencia con la demora en presentar los Presupuestos del Estado hasta la
celebración de las elecciones andaluzas y, ahora, en anunciar la no
actualización de las pensiones tras los comicios catalanes. Siempre el PP ha escogido
el momento menos perjudicial para sus intereses partidistas a la hora de hacer
público las medidas “inevitables” que tenía ya diseñadas, de forma que no
supongan una merma de sus réditos electorales. Su interés en adoptar cuántas
“reformas” decía urgentes para la economía se amoldaba al calendario electoral
inmediato hasta el punto de dejarlas pendientes hasta la consumación del mismo.
Esa estrategia pone de relieve una actitud cínica en la que predomina el engaño
y la mentira, con el fin de anteponer lo conveniente al partido que los intereses de la nación
y los ciudadanos.
Es por eso que, a estas alturas, el lamento y las
justificaciones por la congelación de las pensiones, después de haber escuchado
hasta ayer mismo tantas críticas por medidas similares del anterior gobierno,
suena ya a hipocresía y desfachatez. Hipocresía porque no le duele a este
Gobierno actuar sobre partidas de profundas repercusiones muy negativas en los
sectores más débiles de la sociedad con tal de favorecer a los más poderosos
(la banca, los ricos), y desfachatez porque eran acciones que todos esperaban
de su ideario -como en realidad ha demostrado-, aunque pretendieran ampararse
en una supuesta perentoriedad de la situación y la inevitable reducción del
déficit.
Las pensiones, como la sanidad, la educación, la justicia,
los servicios sociales, la cultura y todo lo que escape a su esquema de
sociedad, forman parte de las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el
Partido Popular, encaminadas a acometer una transformación que jamás ha
reconocido, nunca ha anunciado y siempre ha ocultado, pero a la que dedican
todas sus energías y voluntad, sus “mejores” cerebros y todos los recursos de
que dispone el Gobierno bajo el subterfugio de estar combatiendo una crisis
económica. Y para muestra un botón: cualquier prestación o servicio que se
retira del sector público acaba siendo provisto por el privado, al que se
trasladan los mismos actores políticos que los han eliminado (Lamela, Rato,
Zaplana, etc.), en el que “comercian” las mismas entidades que han recibido
“ayudas” públicas (Bankia y CAM en Ribiera Salud, etc.) e intercambian actores que
portan intereses a ambos lados de esa “puerta giratoria” (De Guindo y Lehman
Brothers, etc.)
Toda esta estructura muy interrelacionada entre la política, la economía y los negocios controla los hilos de gobiernos y organismos internacionales para dictar las normas y las leyes que más les conviene, aunque para ello tenga que simular, mentir y empobrecer a los ciudadanos. Sin capacidad de decisión, los gobiernos títeres están en la actualidad en la tarea de desmontar los Estados del Bienestar para que las empresas hagan negocio y las élites sigan siendo la clase dominante. Se aplica a ello en "connivencia" con una crisis tan sospechosa como terca. Poco a poco, todos nosotros -incluyendo a los pensionistas- notamos las consecuencias. También empezamos a advertir las mentiras. Algo es algo
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