Fue clamoroso el silencio del presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, a las preguntas directas que le formularon los
representantes de la derecha en el debate de candidatos a las elecciones
generales celebrado el lunes pasado. Su actitud de ignorar las preguntas y no
dar respuesta a las cuestiones planteadas fue negativa y contraproducente, no
sólo por parecer que despreciaba a sus interlocutores, sino además por
transmitir una imagen de incomodidad y acorralamiento de la que no sabía cómo
librarse. Su actitud de no mirar al adversario y mantener la cabeza baja,
entretenido en lo que supuestamente garabateaba en un folio sobre el atril para
ignorar las preguntas, seguramente respondía a una estrategia de sus asesores
de comunicación. No quería entrar a saco en las provocaciones. Y se equivocó.
Por supuesto que eran preguntas “tendenciosas” que
perseguían descalificarlo, cualquiera que fuera la respuesta que diera. Pero,
al hacer caso omiso, su efecto resultó perjudicial para la credibilidad de su
mensaje y la fortaleza de sus convicciones. Porque los simpatizantes y votantes
socialistas, y telespectadores en general. aguardaban argumentos convincentes con
los que enfrentar los reproches y acusaciones que le hacían los representantes
de la derecha de España, pues para eso se iba a un debate. Ya que para hablar
sólo de lo que se domina y conviene se acude a un mitin, donde la papeleta se
resuelve fácilmente con eslóganes, que fue lo que hizo el representante de la
ultraderecha: lanzar su mensaje, trufado de mentiras y falsedades, sin que
nadie le rebatiera ni diera réplica.
A mi juicio, estas fueron las preguntas “trampas” a las que
el presidente en funciones no quiso entrar a saco de responder.
¿Cuántas naciones hay en España? Hay tantas como las
que consagra la Constitución. Las nacionalidades, un concepto derivado de
nación, son realidades diferenciadas en nuestro país que determinaron una
configuración territorial más federal que centralista para integrarlas en un
todo, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, como se constituye España. Nación es
un término ambiguo que apela a sentimientos más que a otra cosa y que, en un
sentido romántico, atribuye rasgos culturales e históricos comunes e
inalterables entre los que comparten un territorio determinado, Si la
Constitución reconoce a España como nación y a determinadas regiones como
nacionalidades, es que nuestro país es plural, rico y diverso en sentimientos
nacionales. Nuestro Estado de las Autonomías responde a esa realidad y
obedece al resultado democrático de una decisión soberana del pueblo español. Por
eso, toda modificación del marco constitucional exige el mismo refrendo de la
soberanía popular. La convivencia pacífica, cuando afloran tensiones, es un
problema político que hay que abordar con diálogo y lealtad, en el marco
siempre de la ley. Ello no impide que el que infrinja la ley, asuma las
consecuencias, ante la cual todos somos iguales y nadie disfruta de
privilegios.
¿Aceptaría los votos de los independentistas? Considerar
menos “dignos” los votos de partidos nacionalistas con ideología
independentista es hacer un flaco favor al sistema democrático y una
impugnación absoluta al esfuerzo por encauzar por vías pacíficas y democráticas
conflictos y demandas sociales que en algún momento se expresaron de forma
violenta. Del mismo modo, considerar ilegítimos aquellos eventuales apoyos que
se puedan recibir de formaciones cuyos objetivos son opuestos a los de uno sería
dañino e hipócrita para el funcionamiento del sistema democrático. Entre otros
motivos, porque la democracia es el triunfo de la razón frente a los totalitarismos
y el terrorismo. La democracia se asienta en el reconocimiento y garantía de
las libertades, los derechos y la confrontación civilizada y pacífica de las
diferencias ideológicas existentes en el seno de la sociedad. Se construye a
partir de la soberanía popular y mediante la elección ciudadana de los
gobernantes, quienes son controlados, confirmados o removidos periódicamente a
través del voto. Esa delegación de voluntades en la representación política es
la antítesis del totalitarismo. Y en un parlamento democrático todos los votos
son iguales y legítimos, porque garantizan la misma capacidad para conformar
decisiones políticas colectivas. No reconocerlo así sería deslegitimar, también,
los apoyos de Vox, el partido ultraderechista, anticonstitucional, xenófobo y
antieuropeísta, que ha posibilitado los gobiernos conservadores pactados tras
las últimas elecciones municipales y autonómicas. Porque tan inconstitucional
es pretender la independencia de una parte del territorio como la recentralización
del Estado de las Autonomías. Sin embargo, ambas ideas se pueden defender cívica,
pacífica y democráticamente en la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento
de la Nación.
Distinto es que con esos apoyos se pretenda coaccionar la
voluntad mayoritaria expresada en las urnas y la obligación de las formaciones
que, por su mayor representación parlamentaria, tienen de aglutinar los votos
necesarios para conformar gobierno. Cualquier pacto parlamentario es legítimo
siempre y cuando sus condiciones y finalidad se ajusten a la ley, respeten la
legalidad, sean transparentes y sin cláusulas ocultas, y respondan al interés
general de los ciudadanos. El único motivo para rechazar esos apoyos sería
condicionarlos al quebrantamiento del Estado de Derecho, violar la
Constitución, actuar en desacuerdo con la legalidad e impedir el progreso de
una sociedad más justa, próspera, igualitaria en derechos y libertades, y construida
con los valores democráticos que la caracterizan. Votos para progresar, no para
retroceder. Y votos para unir, no para separar. Esa es la diferencia.
El populismo de Vox. Aparte de esas preguntas sin
respuestas, resultó sorprendente que ninguno de los intervinientes en el debate
contestara las soflamas incendiarias del representante de la ultraderecha, que
se despachó a gusto. Más que debatir, el líder de Vox esparció su ideario,
basado en exageraciones alarmistas cuando no en meras mentiras y falsedades, sin
ser rebatido o corregido. Porque es mentira que el feminismo y la ley de
protección contra la violencia de género criminalicen al hombre. Ni que la
mayoría de los delitos de violación y agresiones sexuales que sufre la mujer,
como en el “caso de la manada”, sean cometidos por inmigrantes, como aseguró. Tampoco
que los centros de menores inmigrantes no acogidos (menas) sean fuente de
conflictos en los barrios donde están ubicados. Es hacer populismo cuando se criminaliza
la inmigración y se incuba la xenofobia en un país tolerante como el nuestro, porque
España no soporta ninguna presión migratoria desorbitada, ni existe ningún problema
de seguridad ciudadana por culpa de los colectivos de extranjeros que, legal o
ilegalmente, se han instalado en nuestro territorio. Todas estas afirmaciones son
fakes new.
De igual manera, mintió acerca de las duplicidades y el gasto
que, según él, suponen las autonomías, movido por su afán en denostar un diseño
territorial que ha venido a dar respuesta a un problema de sensibilidades nacionales
plurales. La descentralización ha acercado el Estado, al transferir
competencias, a los ciudadanos de cada autonomía, sin renunciar ni a las
materias que le son propias, ni a la coordinación general, ni a la solidaridad compensatoria
interterritorial. Es una falacia afirmar que las autonomías suponen un coste
inasumible puesto que los gobiernos regionales administran unas prestaciones
que, de otro modo, tendría que ofrecer el Estado, sin estar sobre el terreno.
Tampoco que el número de funcionarios y la estructura política que conlleva una
autonomía representen, sin faltar a la verdad, una "elefantiasis" burocrática. De
hecho, el peso del sector público en España es inferior a la media de los
países de la OCDE.
Pero lo más grave fue renunciar a desmentir las
aseveraciones acerca de que, en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo, en
Cataluña se está produciendo un golpe de Estado permanente, por lo que debería
ilegalizarse los partidos golpistas, encarcelar al presidente de la Comunidad y
suspender la Autonomía, aplicando contundentemente el Artículo 155 de la Constitución.
Además de criminalizar al independentismo, se falsearon los procedimientos
constitucionales que permiten dejar en suspenso un Gobierno autónomo. Todo ese
ideario ultraderechista de Vox, expuesto en el debate sin ser discutido, es
contrario a los valores constitucionales y a la más mínima decencia política e intelectual.
Pero nadie se lo recriminó ni quiso entrar a saco.
Y ese saco precisa de respuestas. No serán exactamente como
las aquí apuntadas, pero, al menos, podrían ser del mismo tenor argumental que contribuyan
a contrarrestar las insidias, tergiversaciones y falsedades que devaluaron el
pasado debate y lo convirtieron en cinco mítines simultáneos, sin posibilidad
de preguntas ni de respuestas.
