La impunidad de VW en España

Volkswagen, la multinacional automovilística alemana, ha sido sancionada en diversos países del mundo por cometer fraude en los motores diésel, manipulados electrónicamente para falsear las emisiones reales de gases contaminantes. Italia ha sido el último país, pero uno de los primeros de Europa, en imponer una multa de 5 millones de euros a la empresa alemana por desarrollar lo que eufemísticamente denomina “práctica comercial incorrecta”. Otros países, como la misma Alemania, Reino Unido o Francia –por citar algunos de nuestro entorno-, han puesto al gigante automovilístico europeo en el centro de sus investigaciones y exigen aclaraciones y las correspondientes indemnizaciones a la empresa por incumplir la legislación medioambiental y estafar a los usuarios que adquirieron esos vehículos. Casi todos, menos España.

Hace ya casi un año, en septiembre de 2015, que las autoridades de Estados Unidos descubrieron, sin proponérselo, que miles de vehículos con motorización diésel de la marca Volkswagen (VW) tenían instalado un software que alteraba y reducía los datos reales de emisión de gases contaminantes cuando detectaba que el vehículo estaba en modo prueba (como cuando pasa la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos). Ante las pruebas obtenidas por una universidad de aquel país, el fabricante alemán tuvo que reconocer que estaban manipulados con ese dispositivo electrónico más de 11 millones de vehículos. Desde entonces se libra una batalla judicial y administrativa por fraude y violación de leyes medioambientales entre autoridades estatales y usuarios contra la empresa a nivel mundial.

De manera inmediata, en octubre pasado, la Fiscalía alemana registraba la sede central de VW para identificar a los responsables de un hecho que estimaron extremadamente grave por dañar la imagen de prestigio y calidad que caracteriza a la industria de ese país. Por tal motivo, el Ministerio de Transportes germano encargó a la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) estudiar los niveles de emisiones de gases contaminantes en más de 50 modelos de una veintena de fabricantes para comprobar la veracidad de los datos suministrados.

Más tarde, conforme se iba extendiendo la magnitud del escándalo, otros países emprendieron actuaciones similares que contemplan registros en las instalaciones de la empresa en Francia y análisis de emisiones en Reino Unido. En otros casos, se ha ido más lejos: Corea del Sur ha suspendido la venta de estos coches al anular los certificados de homologación que les había concedido hasta que se compruebe que realmente las emisiones de gases se ajustan a lo estipulado por la legislación vigente. En el país donde descubrieron el engaño, Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda contra la compañía automovilística alemana, a la que exige hasta 46.000 millones de dólares para compensar a los propietarios de los coches.

A la izquierda,. ministro Soria.

En España, curiosamente, no se ha impulsado hasta la fecha ninguna iniciativa gubernamental en defensa de los usuarios que han sido estafados con la compra de vehículos Volkswagen trucados. El Gobierno español ha optado por inhibirse de exigir responsabilidades al todopoderoso fabricante alemán por miedo a perder las inversiones en sus fábricas de Pamplona (Navarra) y Martorell (Barcelona), en las que emplea a cerca de 22.000 trabajadores y consigue una cifra de negocio de más de 13.000 millones de euros, equivalente al 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto español. De ahí que, pese a las reclamaciones iniciales de información e indemnizaciones a la empresa por parte del ministro de Industria de entonces, José Manuel Soria (el mismo que tuvo que dimitir por mentir sobre sus inversiones en paraísos fiscales), se haya pasado a aceptar las explicaciones de la multinacional y no castigar con multas y demandas judiciales a quien ha cometido un fraude tan masivo y descarado.

De este modo, con la promesa de mantener los puestos de trabajo y las inversiones previstas en sus fábricas, a VW se le concede una impunidad en nuestro país que no es admitida en ningún otro. Se le tolera que no respete las leyes y que engañe a los usuarios sin que sufra perjuicio alguno y hasta se permita no acabar de llamar a los propietarios de los vehículos afectados para someterlos a revisión ni concretar cuántos vehículos han de pasar por el taller. Puede hacer lo que quiera. No en balde se trata de un fraude que las ITV españolas no detectan por cuanto estas miden sólo las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) e ignoran las del óxido nitroso (NOx), cuyo volumen es manipulado por el “software” de los vehículos diésel. Además, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) califica el fraude de “incidencia”, con lo que los automovilistas pueden seguir circulando sin ninguna restricción legal ni el fabricante temer ningún problema con la homologación y venta de sus coches. Así, el Gobierno español solventa la recomendación de la Comisión Europea, que pidió a los 28 estados miembros que amplíen sus investigaciones sobre las posibles infracciones cometidas por VW, ya que las competencias de las pruebas de emisión de gases de los vehículos corresponden a cada país.

Pero, ante esta pasividad gubernamental, ha sido la iniciativa civil la que ha emprendido acciones contra el fraude impune de VW en España. La organización de consumidores FACUA ha instado infructuosamente al Gobierno a abrir una investigación que abarque a todo el sector del automóvil para determinar si se están cometiendo irregularidades en los datos sobre niveles contaminantes que declaran oficialmente. Esta asociación ha lamentado públicamente la bochornosa actuación del dimitido ministro de Industria, que se había apresurado a defender la empresa, al afirmar que no tenía “ninguna noticia de problemas” en la homologación de los vehículos que comercializa en España.

También la Justicia ha tomado cartas en el asunto. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto diligencias de investigación contra la compañía por presuntos delitos de fraude, publicidad engañosa y contra el medio ambiente, lo que comunicó al representante legal de la filial española en una citación. Queda así patente la pasividad del Gobierno, ante un caso de flagrante violación de la ley y fraude masivo, al limitarse a asumir los argumentos de la empresa y decir, como no podía ser de otra manera, que colaborará “estrechamente” con la Audiencia Nacional, sin personarse en la acusación, a pesar de las implicaciones legales que presenta el escándalo y los perjuicios a las arcas públicas que ocasiona un fraude en las ayudas que concede el Gobierno a través del Plan PIVE para la sustitución de los coches contaminantes, ayudas de las que podría reclamar judicialmente su devolución al fabricante alemán. Tal parece que los intereses particulares del grupo automovilístico son más importantes para el Gobierno español que los generales de los ciudadanos. Sólo así se comprende la impunidad que goza el fabricante alemán en España.