Se cumple un año del Gobierno que consiguió una contundente
mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. El mismo partido
gobernante también conquistó la práctica totalidad de los ejecutivos
regionales, tras ganar los comicios celebrados con posterioridad en las
Comunidades Autónomas. De esta manera, el Partido Popular –el gran vencedor-,
que aupó a Mariano Rajoy a
la
Presidencia del Gobierno y pasó a controlar 14 de los 17
ejecutivos autónomos, adquiriría la mayor cuota de poder jamás alcanzada en
democracia por partido alguno. Conseguiría semejante apoyo popular gracias a la
promesa de saber enfrentarse a una crisis financiera y económica que golpeaba
-y aun golpea- a media Europa y por afirmar tener las ideas necesarias para salir
de la crisis nada más desalojaran a los socialistas del Palacio de
la Moncloa. Aseguraban
convencidos que, con ellos en el Gobierno, recuperarían la confianza de unos
mercados que castigaban duramente cada día, mediante intereses insoportables,
la financiación de la deuda española.
Semejante triunfo se vio facilitado, además de las promesas,
por el hundimiento de la credibilidad del presidente socialista, José Luis
Rodríguez Zapatero, que tuvo que alterar radicalmente su política económica
para seguir los dictados de la troika capitalista que diagnostica
nuestra salud económica (Alemania, Bruselas y Fondo Monetario Internacional) y
aplicar, por primera vez en la historia, una rebaja en el sueldo de los
funcionarios, la congelación de las pensiones y otras medidas restrictivas del
gasto, todo lo cual favoreció el arrollador empuje de los conservadores en
España, cumpliéndose así la constante de la derrota de los gobiernos,
independientemente su color, que eran sucesivamente barridos a consecuencia de una
crisis tan persistente que asfixia todavía a media Europa.
Lo más curioso de este relato es que Mariano Rajoy pudo
acceder al Gobierno exponiendo muy poco y ocultando bajo siete candados su
programa neoliberal de “reformas estructurales”, limitándose a ofrecer
únicamente promesas genéricas y reclamando una confianza ciega en la capacidad
innata de la derecha para resolver -¡como Dios manda!- los problemas que
aquejaban a los españoles, atrapados de la noche a la mañana entre el estallido
de la burbuja inmobiliaria y la parálisis de la actividad de una recesión
económica que nadie supo prever a tiempo, ni siquiera esas agencias de
calificación que ahora nos analizan con tanto rigor pero que formaron parte, por
su complicidad, entre las causas de una crisis que se generó por prácticas
abusivas e irregulares, como las que hundieron a Lehman Brothers. Así fue como,
sin alternativa posible, los electores le brindaron generosamente al Partido Popular
la oportunidad que pedía para sacarnos de la crisis.

De ello hace ya un año y la situación en España no puede
calificarse -con datos en la mano- de mejor, sino de peor que nunca. Pronto
comenzó el Gobierno a usar de carrerilla, ante una realidad obstinada, lo de la
“herencia” recibida de los socialistas para justificar cualquier resistencia
que mostraran los problemas para ser resueltos, y menos aun con la celeridad aventurada,
aunque ello no impidiera la remoción de leyes, no sólo económicas, para
retroceder “legalmente” a épocas ya superadas en cuanto al aborto y otros
derechos y libertades sociales. Los primeros meses de Gobierno conservador
podrían tildarse de “freno y marcha atrás” en aquellas políticas progresistas
que habían impulsado los socialistas respecto al aborto como derecho de la
mujer, la atención a los inmigrantes, la cobertura a los parados, la protección
de los trabajadores, la educación laica, las ayudas a la emancipación o el
apoyo a los dependientes, entre otras. Algunas de éstas fueron las principales
“reformas” emprendidas por el Partido Popular en un afán no sólo de “ajustar”
el déficit económico, sino de cambiar un modelo de convivencia social por
motivos ideológicos, en el que no han podido incluir su rechazo al matrimonio
homosexual tras la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a instancias
de una impugnación presentada por ellos mismos.
Sin embargo, el mejor balance de este año de recortes
emprendido por Mariano Rajoy lo ofrece, precisamente, la materia que presumían
dominar: la economía. Los datos, pese incluso a los incumplimientos de las
propias promesas a causa –dicen- de la situación, son elocuentes por
decepcionantes y manifiestamente negativos. A pesar de una reforma laboral (que
facilita y abarata el despido), varias financieras (rescates y ayudas a la
banca), educativa (indescriptible), judicial (que rechazan todos los afectados,
jueces y usuarios) y de la administración pública (en la que parece que los
funcionarios están de más), el resultado es francamente calamitoso. No sólo se
recortan “gastos” allí donde más sensibles y necesarios son (sanidad y
educación), sino que además se suben impuestos que se había jurado no tocar,
como el IRPF, el IBI y el IVA. Se reducen las prestaciones por desempleo, se
deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes, se eliminan fármacos de la
financiación pública, se suprime la desgravación por la compra de vivienda, se
implanta el copago en la sanidad y, por primera vez en la historia, se hace
pagar a los pensionistas una parte de los medicamentos. Además, a los que
habían agotado todas las prestaciones por desempleo, se les retira la ayuda de
430 euros durante seis meses para necesidades básicas.
Si todo lo anterior hubiera surtido algún efecto en la
creación de empleo y crecimiento económico, podríamos pensar que el enorme
sacrificio que se ha impuesto justamente a los más perjudicados por la crisis era
necesario. Pero
después de un año de promesas rotas y recortes draconianos, lo
logrado ha sido el aumento del paro (del 21% al 25%, camino de los seis
millones de desempleados), un “crecimiento” económico en negativo (-1,7%),
la Bolsa en caída libre (7.763
puntos y pérdidas en el selectivo IBEX), el incremento de la deuda sobre el PIB
(del 60% al 76,8%), la famosa prima de riesgo sin controlar (de
441 a 454, con un récord de
630 puntos en julio pasado) y un empeoramiento del indicador de confianza (del
70% al 40%).

Expertos y profanos, sin antifaz ideológico, pronosticaban
la inoperatividad de unos ajustes basados sólo en la austeridad y el control
del déficit de manera exclusiva. Así lo refleja el informe del
Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales presentado en su 48º sesión de mayo pasado:
“La implementación de medidas de austeridad no han logrado estimular la
economía ni amortiguar las consecuencias negativas de la crisis sobre los
derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad española.”
Es posible que la resolución de la crisis precise de más
tiempo, pero también de otras medidas que no supongan sólo recortes y “ajustes”
en los gastos, puesto que sin políticas que impulsen el crecimiento no se
reactivará la actividad económica. Eso es algo que conocen bien en Latinoamérica,
zona que sufrió en los años 80 del siglo pasado décadas de estancamiento y
crisis que fueron afrontadas con las duras recetas de austeridad impuestas por
el FMI. Dada la similitud de esa experiencia, la presidenta de Brasil, Dilma
Rouseff, de visita en España para participar en la Cumbre Iberoamericana
de Cádiz, se permitió aconsejar que “la austeridad exagerada se derrota a sí
misma”. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional previene, ahora, de lo
contraproducente que son las políticas de austeridad a raja tabla si no están
acompañadas de medidas de crecimiento.
Sin embargo, el Gobierno de España sigue empeñado en
derrotar la crisis únicamente mediante políticas de austeridad que reduzcan el
déficit, aunque ello conlleve profundizar la recesión económica, condene a la
pobreza a amplias capas de la población y expulse a más trabajadores al paro. No
es de extrañar, por tanto, que este Gobierno sea el único en democracia que haya
sufrido dos huelgas generales en su primer año de mandato. Hay intenciones que
siguen ocultas que explican la tozudez en mantener esas políticas de desguace
del Estado de bienestar, cuyo objetivo no es sólo responder a la crisis económica,
sino implantar un modelo determinado de sociedad, profundamente retrógado en lo
moral, conservador en lo social y liberal en lo económico, al que aspiran las élites
que conforman las clases dominantes. Sólo así se entiende que, a pesar de los
datos que brinda la economía, las únicas ayudas libradas por Mariano Rajoy sean
para un rescate de la Banca,
la amnistía a los defraudadores de Hacienda y no incluir a la Iglesia a la hora de hacer
recortes, además de culpabilizar de la situación a todos los ciudadanos por
vivir por encima de sus posibilidades. Y encima se permite defenderse preguntando:
“¿Qué pasaría si no hubiéramos hecho esto?”. Yo le respondería con otra
pregunta: ¿Cree usted que estaríamos peor?