El último síntoma de ese mal es el envío a prisión del
exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en el feo asunto de los ERE
fraudulentos y acusado de cometer seis delitos, entre ellos el de malversación
de caudales públicos y cohecho. En la
cárcel le aguardaban entre rejas su subordinado Javier Guerrero, exdirector
general de Trabajo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, quien no tuvo
reparos en declarar que había comprado cocaína para él y su jefe con el dinero que
debían administrar para la concesión de ayudas sociolaborales.
Es la primera vez que se encarcela a un exconsejero de la Junta de Andalucía por un
caso de corrupción en democracia. No es que no existieran conductas reprobables
entre los políticos de la región (según muchas listas, hay decenas de ellos
imputados), sino que jamás esta lacra había alcanzado a responsables de tan
elevada posición, como la de este exmiembro del Gobierno autónomo. Y ello es
grave porque denota hasta qué punto la carcoma está corroyendo toda la
estructura de poder en la
Comunidad , amenazando incluso a la propia cúspide del Gobierno
andaluz, como advierte la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, en el auto de prisión del
exconsejero: “la política no puede ir
contra la ley y el derecho”.
La atracción de parásitos que ejerce todo ambiente propicio
a la infección, como la existencia de ingentes cantidades de dinero con escaso
control, es un efecto conocido que se combate con profilaxis higiénica. La
trama de los ERE pone de manifiesto la absoluta falta de mecanismos de supervisión
y la inexistencia de estrictos controles en el manejo de fondos millonarios destinados
a las ayudas a empresas y trabajadores en dificultades, posibilitando un uso
discrecional y fraudulento de los mismos por delincuentes contra los que no se
ha sabido o no se ha querido hacer prevención profiláctica. Ese “absoluto
descontrol” es, precisamente, lo más repugnante del asunto porque evidencia una
intención por esquivar el cumplimiento de la ley en el uso “grosero” y
arbitrario de los caudales públicos.
Los andaluces han castigado a los socialistas en las recientes
elecciones autonómicas, pero dejándole la posibilidad de seguir gobernando en
coalición con los comunistas. Probablemente, si la juez hubiera adelantado el
encarcelamiento del exconsejero para antes de las elecciones, el resultado del
PSOE no habría sido muy diferente. A pesar del escándalo mayúsculo que
representan los ERE, la derecha no ha podido conquistar el poder en la mejor de
sus oportunidades. Pero el reto que aguarda a los socialistas es ciclópeo, no
tanto por la crisis económica que tendrán que capear, sino por la ineludible
limpieza que habrán de acometer en la
Junta de Andalucía para eliminar la carcoma que parasita sus
entrañas. Los ciudadanos podrán soportar -no tienen más remedio- que la economía
imponga restricciones y dificultades, pero lo que no consentirán es que la
putrefacción se extienda a todo el organismo de autogobierno de la región, en
perjuicio de Andalucía y su población. Han desconfiado de las recetas que
prometían milagros contra esta enfermedad por parte de quienes tampoco la han
erradicado allí donde podrían hacerlo, dando la última oportunidad a los
socialistas. Más que contra la economía, los socialistas andaluces se la juegan
contra la corrupción. Y como no sean capaces de extirpar la carcoma y Antonio
Fernández no sea el primer y último consejero que acaba con sus huesos en prisión,
lo tendrán muy difícil para mantener el gobierno de Andalucía. Pero lo que es
peor, la Junta
quedará por años muy debilitada en la consideración de sus representados. Su
estado es de suma gravedad.
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