Acusaciones judiciales contra
Adif por el accidente del Ave en Galicia;
contra el
Ministro del Interior por mandar los antidisturbios a repeler inmigrantes
en medio del mar, con resultado de 16 muertos; contra el titular de
Cultura por
esquivar el acto más importante de la industria cultural española –la entrega
de los premios Goya de cine- y volver a reimplantar la asignatura de religión
en la educación, restringiendo las becas; al de
Justicia por imponer una
contrarreforma en la ley del aborto que la retrotrae a los tiempos de la
clandestinidad; a un
Gobierno regional que pretendía privatizar hospitales y
centros de salud; a una ministra del
Trabajo que lo abarata con sus reformas,
facilita el despido y lo desvincula del convenio colectivo; a la titular de
Sanidad por el copago de medicamentos, el repago asistencial, la reducción de
la cartera de servicios y la expulsión de colectivos del derecho a ser
atendidos en nuestro país; contra el encargado de
Industria por enredar el
recibo de la luz para camuflar un encarecimiento de su precio mientras disminuye
las ayudas a las energías renovables; contra el
Fiscal General del Estado por
actuar teledirigido por el Gobierno y hacer de abogado defensor de la élite
gobernante en vez de hacer cumplir las leyes; contra el responsable de
Hacienda
por aumentar impuestos, quitar desgravaciones fiscales a los trabajadores,
salvo a los pudientes con fortunas evadidas del fisco, y menguar el salario
de los empleados públicos; contra el titular de
Economía, antiguo delegado de
una agencia de calificación de riesgo, por ayudar prioritariamente al capital y
los bancos en vez de a las familias y las víctimas de la crisis económica:, contra
el
presidente del Gobierno por no dar la cara rehuyendo las comparecencias públicas,
hacer lo contrario de lo que promete y causar vergüenza ajena con sus balbuceos
y manidas frases hechas en vez de dar explicaciones convincentes y razonadas;
contra los
partidos políticos que aseguran su continuidad frente a la regeneración y la transparencia en la gestión pública, sin importarles realmente la corrupción que los invade; contra los
sindicatos que se acostumbran
a financiarse del erario público y olvidan la defensa del trabajador; contra
los
delegados del Gobierno que se comportan como delegados políticos del
partido al que pertenecen; contra una
Monarquía que se descompone entre escándalos
y deterioro físico de su amuletado titular; contra las tensiones separatistas
de algunas
comunidades por intereses económicos, no realmente identitarios; contra una
iglesia que se no
se acuerda que su reino no es de este mundo y se dedica a la política; contra
un
sistema electoral que privilegia el bipartidismo frente a la pluralidad
existente en
la Sociedad;
y contra los que depositamos un
voto por inercia, sin ninguna reflexión. Vivimos
tiempos de acusaciones encadenadas, sin que falten motivos para todas y cada
una de ellas, en medio de la mediocridad asfixiante que nos envuelve. ¿Cuándo
llegará la hora de las respuestas? ¿Cuándo se tendrá en cuenta a los ciudadanos?
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