Una reforma letal

La fuerza del Trabajo (la que forman los asalariados) soporta la mayor parte del peso de las medidas implementadas para combatir la crisis económica en España y otros países periféricos de Europa. No sólo ha sido forzada a asumir los mayores sacrificios, sino que además está siendo injustamente tratada por el Gobierno como si fuera la causante de los problemas  (entre ellos, la crisis) que aquejan a la economía española. Una situación aún más hiriente si se compara con los “esfuerzos” que presuntamente ha compartido con la fuerza del Capital (compuesta por empresarios y sector financiero), la cual sale incomparablemente más beneficiada, aun siendo la banca parte activa entre los verdaderos culpables de una crisis que, a la postre, golpea a todos, aunque no por igual.

La ineficaz Reforma Laboral impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha supuesto que los salarios reciban la mayoría de los “ajustes” acometidos en el mercado laboral. Y lo que parecía una posibilidad remota e impensable -cual es la reducción de salarios-, ahora es la norma a la que se acogen las empresas para reducir costes laborales. De esta manera, los empresarios tienen a su disposición formidables fórmulas legales, auspiciadas por el Gobierno, para obligar a trabajar más horas y cobrar lo mismo (en el mejor de los casos), lo que se traduce, en la práctica, en un recorte de las retribuciones salariales y un empobrecimiento de las rentas familiares. No siendo obligatorio el ámbito de negociación del convenio colectivo, los trabajadores se ven sometidos a una presión patronal que tiene por objetivo declarado el “ajuste” (incremento) de la competitividad, basado exclusivamente en el abaratamiento de los costes laborales. Ello da lugar a claros abusos por parte de la empresa, ya que no todas sufren las consecuencias de la crisis económica sino simples descensos en los márgenes de beneficio (que no pérdidas), ni los trabajadores representan la causa de sus problemas estructurales o de mala gestión que puedan impedir la actividad.

Ejemplo de lo que decimos es el acuerdo alcanzado por las grandes superficies de distribución, como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Cortefiel, C&A, Alcampo, Leroy Merlyn y Eroski, quienes han doblegado a sus plantillas para que acepten no sólo la congelación salarial hasta 2016, sino además el aumento del horario laboral en 26 horas adicionales al año, lo que en realidad supone una bajada de sueldo del 1,4 por ciento. Evidentemente, tal pacto sólo es posible mediante el chantaje, al que sin escrúpulos recurre la empresa durante la fase de negociación cuando advierte de que, en caso de no conseguir sus propósitos, trasladaría su producción a otros países. La empresa automovilística Nissan utilizó la misma estrategia en el reciente acuerdo “pactado” en Barcelona.

Esa “contención de los salarios” es, precisamente, una de las metas de la Reforma Laboral del Gobierno, convencido de que estos “gastos” lastran la recuperación de la actividad económica en España. Ello, unido a la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos -cercano al 30 por ciento-, hace que el conjunto de las remuneraciones salariales haya emprendido un declive histórico en nuestro país, hasta el extremo de que las rentas empresariales superan a las salariales en el reparto de la riqueza en relación con el Producto Interior Bruto.

¿Ha servido tal sacrificio para crear empleo?  A pesar de ser ese el objetivo aducido de la reforma, las consecuencias han sido las contrarias: aumento del paro y empobrecimiento de la población. Según los últimos datos de la Encuesta de PoblaciónActiva (EPA), el número de desempleados en España ronda ya los seis millones de personas, lo que eleva la tasa de paro, en 2012, al nivel más alto de la serie histórica comparable, por encima del 26 por ciento, algo inédito en la economía española. Pero la consecuencia más grave es que el empobrecimiento al que se expone a la población trabajadora, en virtud de tales medidas, adquiere magnitudes irreversibles, no sólo coyunturales como alega el Gobierno, debido a la caída de las rentas del trabajo, las políticas de austeridad y una Reforma Laboral fuertemente lesiva con el trabajador. Así lo pone de manifiesto una ponencia presentada al XI Congreso de Sociología, que se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid en junio próximo, en la que sus autores analizan los procesos de empobrecimiento y los factores y condiciones sociolaborales que influyen en la aparición de las situaciones de riesgo de pobreza a las que se enfrentan los trabajadores.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue empeñado en alardear como éxitos de sus reformas la reducción del déficit al 6,7 por ciento en 2012 (10,20 por ciento si se incluyeran las ayudas a los bancos) y el haber evitado el rescate de la economía española por parte de los tecnócratas de Alemania (segundo rescate, si se incluyera el “adelanto” ya otorgado a la banca), auténtica “capital” de Europa desde donde teledirigen el ritmo de nuestras reformas e incluso determinan las subsiguientes medidas de “austeridad” que deberían abordarse.

Es así como, mientras al Trabajo se le exigen sacrificios, al Capital todo son facilidades. Las políticas neoliberales aplicadas son, no obstante, consecuentes con el criterio o la ideología que las anima, que sólo persiguen el fortalecimiento de un sistema económico basado en el Capital (Capitalismo) y en la extensión de su influjo hasta el ámbito de lo público, hasta ahora exento parcialmente de la voracidad del negocio. La verdadera intención de la Reforma Laboral no es, pues, el empleo ni por supuesto los trabajadores, sino la de dotar a la fuerza del Capital de medios aún más amplios y poderosos con los que reforzarse a costa de condenar a los asalariados a la miseria y al paro. Es una reforma letal a los intereses de los trabajadores. Y lo estamos sufriendo.