Crímenes de guerra de Israel

Ya lo advertíamos en comentarios anteriores acerca del comportamiento de Israel contra los palestinos que se manifestaban en la frontera de Gaza durante la llamada Gran Marcha del Retorno para reivindicar el regreso de los refugiados que abandonaron sus tierras tras la creación del Estado judío. Lo denunciábamos cuantas veces fue necesario cada vez que se producía la muerte de un manifestante desarmado por disparos de francotiradores el Ejército israelí contra la multitud en un enfrentamiento tan desigual como espeluznante. Los muertos los ponía siempre un bando, el de los civiles desarmados; los verdugos, el otro. Ahora, un informe de una comisión de investigación de la ONU determina la existencia de “indicios racionales de violaciones de los Derechos Humanos y de la ley humanitaria internacional, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra y contra la Humanidad”. No había que ser un lince para percatarse de que aquello era una carnicería impropia de un país democrático y con un pasado de persecución y exterminio.

Era evidente la innecesaria crueldad en la actuación represora del Gobierno sionista contra el pueblo palestino en su intento, no sólo a la hora de enfrentar una manifestación cerca de la frontera de la Franja de Gaza, sino de confinar y disolver a los palestinos en espacios cada vez más reducidos y rodeados de asentamientos de colonias judías que acabarán conquistando demográficamente en su totalidad lo que fue Palestina hasta la creación del Estado de Israel. Una actuación tan agresiva como ilegal por cuanto viola resoluciones de la ONU e ignora acuerdos internacionales para la resolución del conflicto mediante la propuesta de dos Estados, que Israel se niega aceptar.

Pero su comportamiento matón contra los palestinos se vio exacerbado con la actuación del Ejército israelí durante las protestas realizadas todos los primeros viernes de cada mes, desde el 30 de marzo al 31 de diciembre de 2018, que produjeron un balance, según el citado informe, de 189 palestinos muertos, entre ellos 35 menores, dos periodistas y tres sanitarios, y más de 6.100 heridos. Muertes y lesiones producidas por disparos del Ejército contra manifestantes civiles, desarmados y que no mantenían actitudes hostiles y, por tanto, no representaban ninguna amenaza para el Estado el Israel. De ahí que se creara una comisión, en mayo pasado, dirigida por el jurista argentino Santiago Cantón, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar las eventuales responsabilidades del Ejército israelí al abrir fuego contra manifestantes. El informe elaborado acaba de ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, y será decisión de la Alta Comisionada de la ONU de elevarlo ante la Corte Penal Internacional.

En abril del año pasado mostrábamos nuestra indignación por el grado de vileza con que actuaba el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino sin que la ONU o la Corte Penal Internacional intervinieran. Con sus pasos lentos, la Justicia parece ahora responder ante una masacre cometida a ojos de todo el mundo y que sólo los pusilánimes denunciábamos continuamente mientras los muertos seguían cayendo del lado de los palestinos. No nos sentimos satisfechos que se reconozcan aquellos hechos porque, aunque la Corte Penal condene a Israel, quien ya ha calificado el informe de la comisión de “mentiroso y parcial”, la justicia llegará tarde para los muertos, el conflicto seguirá existiendo e Israel continuará comportándose casi como los nazis: eliminando a ciudadanos palestinos con cualquier excusa y expulsándolos poco a poco de sus tierras, sin prestarse a encarar una solución definitiva de la situación que pasa por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, el respeto de las fronteras en ellas establecidas y el reconocimiento de la existencia de dos Estados que han de convivir de manera pacífica y colaboradora.