Bye, abril

Se despide abril tal como vino, con sus días de sol radiante que se alternaban con los de lluvias otoñales para ofrecernos jornadas de calor que nos hacían recordar el verano y tardes de frío y viento que nos regresaban al invierno que ya creíamos olvidado. Un abril de cielos limpios que daban paso a los encapotados y grises, mes que lo mismo nos hacía exhibir la fe más exagerada por las calles o nos invitaba a encender las luces y el jolgorio de una feria entoldada de vanidades. Se va abril dejándonos momentos de serio trabajo compatibles con los de fiesta y diversión, sin apenas separación. Se despide el mes de la variabilidad como corresponde a la estación que representa, la inestable primavera. Bye, abril.

Paz sin muertos

España ha tenido durante largas décadas un problema de ominosa envergadura, el terrorismo de la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna/ País Vasco y libertad), un grupo armado de ideología nacionalista que pretendía la independencia del País Vasco por medio del asesinato y la extorsión. Durante todo ese tiempo, más de 800 ciudadanos, entre los que se cuentan policías, soldados, políticos, jueces, empresarios, funcionarios o personas que pasaban por allí, fueron objetivo de los coches bomba o los tiros en la nuca, siempre a traición y sin motivo alguno, excepto quizá el de representar al Estado español desde un puesto sin distinción política o vivir confiados en una convivencia amenazada por los pistoleros etarras. Fueron años de plomo y fuego en los que los entierros por las víctimas se producían cada semana, así como las manifestaciones de repulsa, y los guardaespaldas tenían asegurado un empleo con los miles de cargos públicos que se atrevían acceder a un ayuntamiento, una comisaría o alguna institución siendo ajenos a una formación abertzale o al Partido Nacionalista Vasco (PNV). El miedo y el silencio impregnaban no sólo los ambientes de la “cosa” pública, sino también en las familias, los barrios, las tascas y cualquier espacio en el que un comentario te hiciera destacar como un “no comprometido” con la causa, es decir, como alguien no comprensivo con los asesinos y, por tanto, un perro españolista. Catedráticos, escritores y, desde luego, toda persona que fuera crítica, aun tangencialmente, con la violencia indiscriminada de la banda terrorista, tuvieron que exiliarse de su lugar de nacimiento o residencia hacia otras regiones de España para evitar los chantajes, las amenazas de muerte o el aislamiento por parte de los “acomodados” e intentar, así, salvar la vida. Salvo los curas y los cocineros, cualquier ciudadano podía estar en la diana de los que ponen muertos encima de la mesa como estrategia para conseguir sus fines políticos de secesionismo. Sin ningún resultado.

La lucha policial emprendida contra los terroristas y sus cómplices, la política penitenciaria de dispersión de estos presos fuera del País Vasco, el “estrangulamiento” financiero y proselitista de las herrikotabernas, la decidida colaboración de Francia para dejar de ser un santuario de los terroristas huidos, el cada vez más minoritario apoyo social a los violentos y la actitud de monolítico rechazo de los demócratas de cualquier signo político han permitido, con los años, doblegar a la banda de ETA y forzar su renuncia a la violencia y el asesinato. Ni siquiera las negociaciones que distintos gobiernos mantuvieron con ella por lograr la paz mediante el diálogo consiguieron que dejara de matar. Tampoco los “atajos” fuera de la ley de los grupos parapoliciales y de guerra sucia. Sólo la presión policial, social y política, ejercida desde la ley y la democracia, derrotó a  ETA y contuvo su locura. Sólo así se consiguió que ETA anunciara en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada y que, seis años después y sin ningún muerto más que sumar a la lista, procediera a la entrega, más testimonial que efectiva, de las armas. Por fin, el terrorismo de ETA había sido erradicado de la realidad española y la paz, ya sin muertos, conseguía imponerse no sólo en el País Vasco sino en todo el territorio nacional. Se ha culminado lo que durante más de 50 años se había estado anhelando: que ETA dejara de matar. Un logro atribuible al Estado de Derecho y la Democracia.

Pero en este capítulo final del terrorismo de ETA, cuando se silencian definitivamente las armas y la violencia cede paso al debate pacífico de las ideas políticas, muchos muestran su temor de que la derrota de ETA no sea definitiva si no viene acompaña de un arrepentimiento expreso del dolor y daño causados, una condena clara del terrorismo y del perdón manifiesto a las víctimas. Los que desconfían del fin de la violencia desean una victoria moral –ya conseguida con la derrota física- y un desarme real que incluya también la renuncia del “relato” con el que la banda criminal pretende justificar su largo historial sanguinario. Si el fin de la violencia no viene unida a esta asunción de culpa por parte de ETA, cualquier acto de los terroristas, como es el cese de la violencia y la entrega de armas, aunque sean actos que suponen su derrota, se considera un paripé propagandístico con el que se intenta, además de constituir una nueva ofensa a las víctimas, evitar la autocrítica –reconocer que no había motivos para matar, nunca- y la impunidad -.no responder ante la Justicia-. Ese es el sentido de un “Manifiesto por un fin de ETA sin impunidad”, promovido por personalidades de la política, intelectuales y miembros de asociaciones de víctimas, como la eurodiputada Pagazaurtundua, el filósofo Savater, el historiador Castell y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, entre otros, y firmado por miles de ciudadanos, por el que exige al Gobierno una ”respuesta clara y inequívoca” para que el fin de ETA se haga “sin impunidad, con ley y con justicia”. De hecho, el Gobierno de España ha exigido a la banda terrorista que “pida perdón a sus víctimas” y que desaparezca. En una intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, concretó que de ETA espera su “rendición definitiva, entrega de las ramas y perdón a las víctimas”. 

No cabe duda de que las más de 800 víctimas mortales del terrorismo etarra merecen el apoyo y el reconocimiento de la sociedad española. Merecen toda la ayuda que pueda prestarles el Gobierno. Merecen que se persigan y se castiguen a los autores que han asesinado o herido a sus familiares y amigos. Y merecen, sobre todo, que este horror acabe definitivamente y se deje de matar a más inocentes de manera tan miserable y sin motivo alguno. Por ello, hay que afianzar por todos los medios posibles el fin de los asesinatos y la cicatrización de las heridas. Y estas últimas no se cierran con una simple declaración de arrepentimiento por parte de los verdugos, sino pasando página y dejando que el tiempo consolide una paz sin muertos, con o sin perdón de los criminales, a los que la Justicia exigirá, en cualquier caso, las responsabilidades penales correspondientes, como a cualquier delincuente. De un ladrón no se espera que pida perdón a su víctima, sino que sea apresado, condenado y, a ser posible, devuelva lo hurtado o afronte una indemnización. En su conciencia quedará, si tiene esa sensibilidad, la valoración moral de su conducta, lo que es indiferente a la actuación de la Justicia.   

Es verdad que quedan más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, por lo que la labor de la Justicia no se verá afectada por ninguna declaración de renuncia a la violencia ni por una entrega de armas. Los delitos se dirimen con el Código Penal y el Estado de Derecho en los Tribunales de Justicia. Es lo único que hay que desear a quien decide dejar de delinquir. A los terroristas de ETA, a su entorno y a quienes apoyaban sus acciones, podrá o no quedarles el resquemor en sus conciencias por esas más de 800 personas inocentes asesinadas vilmente, pero el recuerdo de las víctimas perdurará en la memoria de los españoles durante generaciones cada vez que valoren el alto precio que pagaron para que por fin en España haya paz sin muertos.

Hasta las trancas

El Partido Popular es la formación política que gobierna España y la mayoría de las Comunidades Autónomas, y la que engloba bajo sus siglas a toda la derecha ideológica, tanto de centro como de extrema derecha, del país. No es ningún descubrimiento sociológico afirmar que ese partido acoge en su seno desde herederos nostálgicos de la dictadura, caso de su fundador ya desaparecido Manuel Fraga, hasta liberales expertos en “ranas”, como Esperanza Aguirre, condesa consorte últimamente muy llorosa. Buena muestra de representar este amplio espectro del conservadurismo español, de imposible homologación con cualquier otra derecha democrática europea, es el espectáculo sucedido en Nerja (Mälaga) durante el entierro del que fuera la “sonrisa” del régimen franquista, el falangista José Utrera Molina que reía las gracias de un dictador que hasta el final de sus días firmó condenas de muerte, en el que se cantó el “Cara al Sol”, se exhibieron saludos falangistas-hitlerianos y se vocearon vivas a José Antonio Primo de Rivera y a Franco estando presente el yerno del finado, el exministro de Justicia, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la Capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

Tal alarde público de apología del fascismo franquista es inconcebible, por ejemplo, en Alemania, donde se persigue y se condena toda exhibición apologética del régimen nazi. En España, esos fanáticos “ultras” de extrema derecha están instalados cómodamente en el Partido Popular e impiden que éste suscriba en el Parlamento una condena explícita de la dictadura del general Francisco Franco, otorgue un reconocimiento moral a las víctimas del franquismo, dé amparo legal y financiero al descubrimiento de las fosas comunes, colabore de buena gana con la ley de Memoria Histórica para eliminar signos (placas, estatuas, nombres de calles) que continúan exaltando a los sublevados que iniciaron una Guerra Civil e, incluso, que no suprima la asignatura de religión –católica, faltaría más- del currículo escolar, así como ritos de esta confesión en actos y funerales de Estado, algo impropio de un Estado constitucionalmente aconfesional. Todo ello son rémoras de un pasado indigno que aún permanece en la mentalidad e ideología del Partido Popular. Pero también la consideración de que España es su “finca” particular, casi por designación divina más que como botín de guerra.

Pues bien, este partido que congrega a la derecha española más rancia, cuyos dirigentes creen que representa a la España de bien, que consideran que sus políticas son las que convienen al país porque son las únicas posibles al aplicar el sentido común del mercado, y que piensan, totalmente convencidos, de poseer las claves para que España “funcione” como Dios manda, es el partido que tiene sus estructuras carcomidas por la corrupción e irregularidades de todo tipo. Es la formación que tiene el triste honor de generar el mayor número de saqueadores de dinero público, de evasores de capitales a paraísos fiscales y de delincuentes que hacen lo imposible, es decir, lo ilegal, por apropiarse de lo ajeno y, de paso, eludir pagar impuestos –ya que para eso se autoconceden la correspondiente amnistía fiscal- y quedar, encima, como genios de las finanzas. Para ello se valen de su paso por las instituciones públicas y de una actuación clientelar, con ese entramado de relaciones y favores elaborado en beneficio del enriquecimiento personal y la financiación ilegal de la organización, no por amor a las siglas –sean charranes o gaviotas, tanto da- sino por ser indispensable para afrontar las campañas de imagen y electorales que les conducen al poder.

No es de extrañar, por tanto, que el Partido Popular sea el único partido político de España investigado por la Justicia por supuesta financiación ilegal y el que tiene a todos sus extesoreros bajo sospecha o investigados de múltiples manejos nada respetuosos con una contabilidad honrada y transparente. Y que sea, por esa sostenida actitud pasiva ante estos hechos salvo presión política o judicial, el partido en el que han aflorado las mayores tramas de corrupción jamás conocidas en un país que desgraciadamente asiste a chanchullos y “conchabaches” extendidos por todo el espectro político y a todos los niveles de la Administración. Y, como remate, el único partido, hasta la fecha, que verá a la figura del presidente del Gobierno, presidente, a su vez, de la formación, acudir a los tribunales a prestar declaración como testigo por la existencia de una contabilidad “b” descubierta de manera manifiesta en su organización. ¡Un presidente de Gobierno en ejercicio testificando ante un juez de instrucción! Sólo por esta última eventualidad, en cualquier otro lugar donde brille la decencia, el político en cuestión hubiera puesto su cargo a disposición del Parlamento, incluso si se descubre que ha copiado en un examen durante su época universitaria.

Sin embargo, en España el Partido Popular sigue pretendiendo que se crea que todos los casos de corrupción que han germinado en su interior son hechos aislados y obra de individuos concretos que han abusado de la confianza en ellos depositada. Nadie, salvo los que intentan minimizarla y ocultarla, duda de que la corrupción que aqueja al Partido Popular y a las instituciones donde gobierna es de tal magnitud e intensidad que se ha convertido en sistémica, en una característica patognomónica de su estructura y funcionamiento. Por donde ellos pasan dejan inevitablemente un reguero de corrupción, ya que el funcionamiento ordinario de su organización política se sustenta en la corrupción y las irregularidades. Ello no es un fenómeno reciente sino que viene de antiguo, desde que se percataron que en democracia podían ser desalojados del poder en el momento más inesperado e inoportuno. Desde entonces, intentan por todos los medios -legales, alegales e ilegales- poner las instituciones a su servicio y utilizar el dinero público para urdir una tupida red de intereses a su favor con grandes empresarios, mundo de la banca y finanzas, medios de comunicación, judicatura y cualquier sector que les pueda servir para seguir ganando elecciones, controlar la caja de los caudales públicos e imponer su modelo sectario de sociedad. Pero, sobre todo, enriquecerse aún más de lo que ya están. El Partido Popular está cubierto de corrupción hasta las trancas porque actuaba confiado en una impunidad que creía tener asegurada con esos “amigos” ubicados en puestos clave, como la Fiscalía, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado.

Ya no se trata de cuatro “mangantes” cogidos con las manos sucias por la corrupción, sino de una verdadera estructura criminal que afecta al conjunto del partido y a gran parte de sus dirigentes. Una proliferación de escándalos y casos de corrupción que evidencian, en su conjunto, la extensión y gravedad de la lacra que corroe al partido. Ya no es sólo Bárcenas, Fabra, Matas, Rato, Barberá, Granados o González, ni siquiera la trama Gürtel, Púnica o Lezo, por citar las más recientes, sino ese descaro con el que unos personajes practicaban el mafioso arte de cobrar comisiones a cambio de contrataciones de obra pública o pagar sobrecostes para engordar sus cuentas corrientes particulares y financiar ilegalmente al partido, mientras simultáneamente privatizaban empresas públicas o reducían prestaciones sociales. Algo que todos sabían, todos hacían y algunos han sido sorprendidos por la justicia gracias a jueces estoicos ante las presiones y las campañas difamatorias, a policías ajenos a las directrices políticas y a fiscales que desoyen las órdenes del fiscal anticorrupción o las instrucciones del Fiscal General del Estado.

Tan confiados se sentían en el Partido Popular y en el Gobierno que continúan mandando mensajes telefónicos, como aquel de Rajoy a Bárcenas, ahora del ministro de Justicia a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con domicilio en la cárcel de Soto del Real, o la entrevista concedida por el Secretario de Estado de Seguridad al hermano de aquel, justo el día antes de que ambos fueran detenidos, en claro desprecio a la dignidad de las instituciones y a la actuación imparcial de la Justicia. Ese desprecio a la legalidad, la honradez y a las instituciones donde gobiernan, que deberían estar al servicio de los ciudadanos y no a “su” servicio, es el mayor daño que los corruptos perpetran a nuestro sistema de convivencia, a la democracia. Creían que la “finca” era de su propiedad y tenían derecho a beneficiarse de ella. Estaban hasta las trancas de corrupción y ya no pueden evitar que el país entero se tape la nariz por el  hedor que expelen. Ni pueden, como intento de justificación, acusar a otros de “más de lo mismo”. Ha llegado la hora de limpiarse y de asumir responsabilidades.   

¿Qué hacer en el día del libro?

Hoy se celebra el Día del libro, una conmemoración innecesaria si la educación sirviera para algo, para algo más que preparar mano de obra sumisa a las empresas y con los conocimientos justos para la realización del trabajo que le encomienden, no para el desarrollo de las personas. Pero, incluso un instrumento, como es el libro, que podría ayudar a la emancipación de las personas y despertarles la capacidad de cuestionar la vida, sus vidas, con un criterio racional y con una pasión no sólo emotiva (tan fácil de conseguir por cualquier manipulador), sino fundada en el conocimiento (tan difícil de adquirir sin determinación), incluso el libro, como decía, es un producto industrial sometido a la ley de la oferta y la demanda del mercado. De ahí que se fomente la lectura de libros y se le dediquen días como el de hoy, no para ayudar que las personas tomen conciencia de las ataduras que les impiden ser libres y mejores, sino para socorrer al comercio del libro (autores, editoriales, distribuidores, publicistas, fábricas de papel, etc.). El último eslabón y el último interés es el lector, objeto de la atención de este día que pretende inútilmente el fomento de la lectura. No se niegue a ello, lea en cualquier caso. Y no sólo hoy, sino cada día, pero porque le apetece y le proporciona placer descubrir todos los mundos que le brindan las páginas de un libro. Si la educación sirviera para algo, no haría falta que nos invitaran a leer. Bastaría con gastar el dinero en crear más bibliotecas y subvencionar un libro asequible a todos los bolsillos. Piénselo y actúe en consecuencia.

Muchos sueños, todavía

Siempre hay que tener la mente llena de sueños, cuando se es joven y cuando se es mayor. Los sueños, los proyectos, las ilusiones nos ayudan a mirar el futuro con esperanza y optimismo, a pesar de los obstáculos y las decepciones que pueda depararnos. Es también marcarse metas que nos estimulan a seguir avanzando, a no caer en la derrota ni en el abandono de la inactividad y la apatía. Vivir es, en fin, afrontar cada día con la cabeza llena de sueños, el ánimo dispuesto a perseguirlos y, en lo posible, realizarlos para que esa satisfacción de alcanzarlos nos impulse a seguir soñando, sin desmayo ni cansancio. Es la mejor forma de permanecer despiertos, y vivos. ¡Que seáis ricos en sueños, amigos!

Andalucía, centro del mundo



Hace 25 años, tal día como hoy, abría sus puertas, en la Isla de la Cartuja, la Exposición Universal de Sevilla de 1992 que, con motivo del quinto centenario del Descubrimiento de América, situó a Andalucía en el centro del mundo durante seis meses. Pero más que los pabellones y las visitas de millones de turistas, la Expo supuso el mayor esfuerzo gubernamental jamás acometido en la historia de España por modernizar Andalucía y sacarla del marasmo tercermundista en el que estaba arrinconada por la falta de infraestructuras, la carencia de un tejido industrial, el latifundismo caciquil, el analfabetismo y la falta de desarrollo económico, político y social. La Expo fue la excusa esgrimida para insuflar un empujón modernizador a una región secularmente castigada por la desidia, el paro y la pobreza. Y el resultado fue espectacular, a pesar de sus sombras y decepciones que no invalidan aquella apuesta política, impensable sin el motivo de organizar en España una Exposición Universal que, para no despertar demasiados recelos en otros territorios, se hizo coincidir con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Capitalidad Cultural de Madrid.

Hoy, un cuarto de siglo más tarde, cuesta imaginar cómo era aquella Andalucía paleta y retrasada, maltratada por comunicaciones tan deficientes que hacían que se tardase más en llegar a Almería que a Madrid desde Sevilla, tanto en tren como en avión o automóvil. O que la capital de la región viviese de espaldas al gran río de la Comunidad, el Guadalquivir, al que sólo tres puentes permitían cruzarlo de una orilla a otra, contando entre ellos el taponamiento de tierra de Chapina, única salida hacia Huelva y Extremadura por carretera y ferrocarril. La transformación de la fisonomía urbana de Sevilla y la modernización de las infraestructuras de Andalucía constituyen, a vista de hoy, un hecho histórico, cuyo mérito hay que reconocer al Gobierno socialista y a las distintas administraciones de la época, que supieron adherirse y respaldar la iniciativa innovadora del Ejecutivo de Felipe González. Y es histórico, no como exageración laudatoria, sino porque ya figura en los libros de Historia aquel esfuerzo inversor, contrario a las demandas de las regiones ricas del Norte, por sacar “al Sur de su tradicional aislacionismo y dar esperanza a la mayor bolsa de pobreza del país”, como recoge Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga en su Breve Historia de España (Alianza Editorial).

Los sevillanos, al principio desconfiados e incrédulos hasta que se derribó el muro de la calle Torneo y se vislumbró lo que se construía al otro lado del río, en los terrenos baldíos donde se ubicaba la antigua fábrica de loza y porcelana de Pickman, levantada con sus chimeneas en forma de botella sobre los restos del viejo monasterio de la Orden de los Cartujos, se toparon de repente con el futuro y el refulgir del progreso. Descubrieron que la ciudad disponía de nueve nuevos puentes sobre el río; una estación flamante que ponía Madrid a dos horas y media en tren de alta velocidad, el primero que se construyó en España; que dos nuevas autovías, la A-92, que cruza la región de Este a Oeste, y la A-5, que desdobló la antigua carretera nacional a Madrid, constituían ejes de comunicación más seguros y eficientes para vertebrar la comunidad y posibilitar su desarrollo; que un anillo de circunvalación daba fluidez al tráfico y evitaba atravesar la ciudad; que un aeropuerto ampliado y remozado, bajo la dirección de Rafael Moneo, daba la bienvenida a los viajeros con una imagen moderna; y que en el recinto de la Expo, en la Isla de la Cartuja, se levantaron 98 pabellones que albergaron la participación de 108 países, 23 organizaciones internacionales, 17 comunidades autónomas y otros muchos de empresas privadas, como Kodak, Ranx Xerox, Fujitsu o Siemens, entre otras.

Sevilla fue transformada radicalmente para convertirse en el centro del mundo mientras duró aquel acontecimiento internacional, acogiendo la visita de reyes, príncipes, jefes de Estado y de Gobierno, políticos, artistas, personalidades de la cultura y más de 40 millones de visitantes que se sintieron atraídos por esa demostración de ingeniería, espectáculo y vanguardia concentrada en las 215 hectáreas de la Isla de la Cartuja, un espacio que ni siquiera era una isla propiamente dicha, sino una lengua de tierra delimitada por el cauce del río, por un lado, y su dársena, por el otro.

¿Qué ha pasado con aquel futuro tan prometedor con el que soñaron Sevilla y Andalucía durante el medio año que duró la Expo? El legado de la Exposición nadie lo discute, aunque para algunos el balance es negativo y, para otros, positivo. El futuro se hizo presente en una red de comunicaciones mejoradas, en nuevas avenidas y rondas urbanas que cambiaron la red viaria radicalmente, en el soterramiento de las vías ferroviarias que partían por la mitad a la capital hispalense, en un puerto con nuevos muelles que facilitaron el acceso de embarcaciones hasta la Cartuja, y, sobre todo, el futuro se materializó en el Parque Tecnológico Cartuja 93, donde 423 empresas y entidades diversas, que dan trabajo a más de 16.000 personas, supieron aprovechar la inversión en tecnología y equipamientos que dejó la Expo en aquel recinto ya anexionado a la ciudad como un barrio más de ella. Junto a las empresas, algunas de ellas punteras en tecnología e investigación, se sumó la universidad con el traslado de algunos de sus centros educativos, como la Escuela Superior de Ingeniería, la facultad de Comunicación y el Centro de Ceade, para estar cerca de donde se transforma el conocimiento en resultados concretos y rentables. También un parque temático, Isla Mágica, abierto gran parte del año, ha quedado como herencia lúdica de aquel sueño de hace cinco lustros.

Con todo, Andalucía sigue sin alcanzar el nivel socioeconómico de las comunidades más desarrolladas de España y continúa encabezando el ránking de desempleados en el país. Es decir, a pesar del empujón y las inversiones que propició la organización de la Expo del 92, ello no fue suficiente para catapultar la región hacia los estándares de desarrollo, trabajo y riqueza que disfrutan otras regiones más ricas y avanzadas de España. Sin embargo, cuenta con más posibilidades, gracias a la modernización de sus infraestructuras, y dispone de las mismas oportunidades para avanzar y conseguir esa meta de pleno empleo y bienestar que sigue persiguiendo Andalucía, haciendo aun más encomiable y justificada aquella apuesta histórica de Felipe González por sacar del vagón de cola a esta comunidad, condenada hasta entonces a ser mano de obra barata, con o sin cualificación, para las demás y fuente de materias primas que enriquecen a quienes obtienen un valor añadido de las mismas.

Si antes de la Expo soñar el futuro era una quimera, después de ella es un objetivo asequible con sólo esforzarse en alcanzarlo. Ese cambio de mentalidad, y la disposición de más recursos, es el mayor legado de la Exposición Universal de 1992, incluso sin ser el centro del mundo.        

Las bombas de los fanfarrones

En los últimos días hemos asistido a un “revival” belicista de Estados Unidos con el lanzamiento de bombas a diestro y siniestro, es decir, en Siria y Afganistán, para demostrar músculo militar y la determinación de combatir, no sólo el terrorismo mundial, sino también la pérdida de fuelle del nuevo inquilino de la Casa Blanca, el veleta Donald Trump, el amigo/enemigo de Putin, amigo/enemigo de Basar el Asad, enemigo/amigo de China, aniquilador/fortalecedor de la OTAN, enemigo/enemigo de México (en esto último todavía no ha cambiado).

Es probable que sus primeros decretos presidenciales, firmados con todo el bombo mediático posible pero sin el efecto deseado -como la prohibición de entrada en USA de extranjeros de determinados países musulmanes, la construcción del famoso muro fronterizo con México o el desmontaje del “Obamacare” que deja sin seguro médico a millones de norteamericanos-, no guarden ninguna relación con esta inusitada e imprevisible agresividad bélica emprendida por el nuevo comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, pero transmiten esa sensación. A lo peor, sí. Ante la ineficacia de iniciativas internas, se pone el énfasis en las externas. Todo vale para demostrar que se adoptan iniciativas, aunque no vayan acompañadas de una estrategia ni de ningún plan previo. Nada más fácil militarmente que tirar bombas desde un barco o un avión y volver a la base. Así se empiezan muchas guerras, pero pocas se acaban.

Existe una vieja coplilla que decía que “con las bombas que tiran los fanfarrones las gaditanas se hacen tirabuzones”. Bombas que, si no matan, proporcionan material para otros fines, incluso para reírse del agresor. Basar el Asad no se hará tirabuzones porque, a estas alturas de su guerra civil, 59 misiles tomahawk lanzados contra una base aérea siria no le impedirán seguir masacrando a su población por cualquier otro medio tan letal como el ataque químico por el que se le ha querido reprender. Se ríe en su búnker de Damasco de estas represalias tan poco determinantes para variar el rumbo de los acontecimientos ni hacerle cambiar su determinación de aferrarse al poder. Tampoco Rusia dejará de apoyar al carnicero árabe que le deja instalar una estratégica base aereonaval a orillas del Mediterráneo desde la que la flota rusa controla y vigila cuanto se mueve –navegue o vuele- en el Occidente europeo. Esos tomahawk sirven para exteriorizar la firme voluntad de un presidente aguerrido frente a la pusilanimidad de un Obama que procuraba negociar en vez de bombardear.

Un acierto de Donald Trump si no se ponderan las consecuencias de su aventurerismo belicista, porque, a los pocos días del bombardeo norteamericano, un atentado con coche bomba causaba más de 168 muertos, entre ellos 68 niños, en una explanada cerca de Alepo donde aguardaban los convoyes que evacuarían a zonas seguras a los civiles y excombatientes de varias poblaciones asediadas. Una nueva matanza indiscriminada y sin necesidad de perpetrar ningún ataque químico. El sátrapa sirio, los rebeldes y los terroristas se ríen de las bombas que tiran los fanfarrones, alimentando, así, la reacción y los motivos de guerra.

Envalentonada por el “éxito” de sus misiles, la USA Air Force, con esa manga ancha que le ha dado su recién estrenado comandante en jefe, deja caer la “madre de todas las bombas”, un artefacto no nuclear de más de 10 toneladas de peso, sobre una zona de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, en la que existen túneles donde se esconden terroristas yihadistas de la rama afgana del ISIS, algo así como su campamento de verano o de entrenamiento. Es la primera vez que se utiliza esta bomba en un combate desde su creación, allá por el año 2002. Y su enorme potencia explosiva, equivalente a 11 toneladas de TNT, la hace eficaz para destruir cuevas y búnkeres excavados bajo tierra. Según fuentes oficiales afganas, la bomba ha matado a cerca de 40 miembros del mal llamado Estado Islámico, una cifra aun por confirmar. Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza de los militares norteamericanos en Afganistán son los insurgentes talibanes, que se cuentan por decenas de miles. ¿A quién se combate, pues? Esta acción tan “sofisticada” con la mayor bomba convencional del mundo dista mucho de resolver, por sí sola, el problema del terrorismo yihadista al que el presidente Trump prometió plantar cara definitivamente. O sus generales le han metido un gol al presidente para probar “in vivo” una nueva arma o se han equivocado de objetivo, porque la cabeza de la hiedra del ISIS no se oculta en esas remotas montañas de Afganistán. O ambos, generales y presidente, han querido demostrar a su país y al mundo entero su nula vacilación para utilizar todos los medios disponibles, a sólo un paso del nuclear, en esta guerra contra el terrorismo, sin caer en la blandenguería de Barack Obama, que sólo consiguió liquidar, en mayo de 2011, en una operación secreta ejecutada por un comando de fuerzas especiales militares, a Osama bin Laden, líder de Al Qaeda y el terrorista más buscado tras el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Otra bomba fanfarrona al servicio de la propaganda del imprevisible Trump y del poder ofensivo de su Ejército, pero perfectamente inútil para variar el curso trágico del terrorismo yihadista.

Es lo que tienen los fanfarrones, que no se cansan de fanfarronear. Ni de tirar bombas. Encasquetado con su gorra de comandante en jefe y acostumbrado a dar el placet  a cualquier propuesta militar que le infle su vanidad, la presidencia de Donald Trump la emprende ahora con Corea del Norte, esa espinita que tiene clavada Estados Unidos desde aquella guerra que libró en los años 50 del siglo pasado y que propició la división de la península, a lo largo del paralelo 38, en dos Coreas: la del Sur, apoyada por Estados Unidos, y la del Norte, apoyada por China y ayudada por la Unión Soviética de entonces. Una guerra que todavía no ha firmado el armisticio ni ha sellado la paz. Teóricamente sigue en guerra con EE UU. Claro que el niñato que dirige el gobierno de Pyongyang, capaz de asesinar a sus propios familiares caídos en desgracia, merece una buena reprimenda si los Derechos Humanos fueran de obligado cumplimiento en todo el mundo (cosa imposible porque no habría cárceles suficientes para encerrar a cuantos los violan), pero de ahí a enviar una flotilla liderada por el portaviones Carl Vinson a aquellas aguas para amedrentarlo hay un abismo, si ello no responde a una estrategia bien elaborada (diplomática y militarmente) que dé mejores resultados que la política de contención de Obama. De lo contrario, estamos ante una nueva improvisación belicista de los halcones de la Casa Blanca, parecida a la del general MacArthur en los tiempos de Truman de atacar con armas nucleares a China, que podría tener consecuencias desestabilizadoras en la región, tal como sucedió con la intervención norteamericana en Irak, todavía pendiente de estabilizar y de apaciguar el avispero de insurgentes desencadenado. La excusa de que el país dispone de un programa balístico y nuclear, en función de su claustrofóbica soberanía estatal, no es motivo suficiente para hacer sonar los tambores de guerra, ya que muchos otros países buscan o consiguen el mismo objetivo, en principio, defensivo (EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel, etc.), sin que reciban en sus aguas territoriales el aviso de los buques de guerra norteamericanos. A menos, otra vez, que el propósito sea otro, de índole interna, para un personaje mal acostumbrado en sus negocios a conseguir cuánto se le antoja sin pararse en los medios. Es decir, o hay detrás una estrategia que incluye a Pekín, Japón y Rusia, o hay una táctica propagandística para contrarrestar el fiasco de las iniciativas de política interna de la Administración veleidosa de Donald Trump. En cualquiera de los casos, el mundo no parece más seguro con un fanfarrón tirando bombas por doquier.

Nostalgia de la República

El pasado 14 de abril se conmemoró el 86º aniversario de la Segunda República española (1931-1936), proclamada pacíficamente y con alborozo popular tras unas elecciones municipales celebradas dos días antes, en las que 45 de las 52 capitales de provincia pasaron a ser gobernadas por partidarios republicanos, lo que obligó al entonces rey de España, Alfonso XIII, partir hacia el exilio en Roma (Italia). Los españoles no perdonaron en las urnas el apoyo del monarca Borbón a la dictadura de Miguel Primo de Rivera ni a la “dictablanda” de los gobiernos de Dámaso Berenguer y Juan Bautista Aznar. A pesar de ser un período convulso, cuyos males y la violencia que generaron venían de antiguo, desde, al menos, la época de la Restauración y la referida dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República supuso un serio esfuerzo por la modernización de España, pero que fue inmediatamente boicoteado por las fuerzas reaccionarias y conservadoras que temían perder sus privilegios. Era la última democracia que florecía en Europa tras la Primera Guerra Mundial, y no la dejaron, ni supo ni pudo, consolidarse para aplicar su política reformista.

Los detractores del orden republicano contaban con el apoyo de buena parte de la burguesía y de una Iglesia a la que se intentó expulsar de los ámbitos público y educativo para que se circunscribiera a la esfera privada de las personas, conforme al estricto laicismo constitucional republicano que respetaba, no obstante, la libertad de culto para todos los credos. Sólo por esa voluntad cercenada de reducir la presencia clerical en lo público, desde donde la Iglesia pretende tutelar gobiernos y leyes, siento una nostalgia infinita de la República. Entre otras cosas porque el peso actual de las sotanas en España es asfixiante, como son intolerables las continuas muestras de subordinación religiosa del Gobierno de Mariano Rajoy cuando concede medallas y otras condecoraciones a vírgenes y hermandades religiosas o autoriza ondear la enseña nacional a media asta en señal de luto durante la Semana Santa por la “muerte de Dios”, sin importarle la supuesta aconfesionalidad del Estado, recogida en la Constitución. Es evidente que la Segunda República supo ser, en esta materia, al menos, mucho más valiente y coherente con la independencia del Estado frente a la Iglesia que los gobiernos contemporáneos de nuestra monarquía parlamentaria.

Pero es que, en relación a derechos y libertades que hoy consideramos esenciales en una democracia, aquella joven República fue novedosa y bastante ambiciosa, ya que emprendió, en su corta vida, una reforma agraria y de las relaciones laborales, universalizó el derecho a la educación y la sanidad, declaró la laicidad del Estado y la libertad de culto, reconoció el voto de la mujer por primera vez en la historia de este país y estableció el sufragio universal sin distinción, eliminó la censura y amparó la libertad de manifestación y reunión, reconoció el derecho al divorcio y al aborto, defendió la unidad integral de España pero autorizó el derecho a la autonomía de municipios y regiones, emprendió una reforma militar y consolidó un sistema parlamentario y democrático acorde con la clásica separación de poderes. Todo lo cual, en el contexto de los años 30 del siglo pasado, supone el programa de reformas más vasto jamás emprendido en España, incluso en comparación con la restauración de la actual democracia. Es también por eso que siento añoranza de una República nada timorata en apostar decididamente por extender y aumentar derechos sociales y garantizar los intereses y libertades de los ciudadanos. Tan inmenso fue su afán por modernizar y democratizar este país que si nuestra Carta Magna reconoce esos derechos en los españoles es porque ya figuraban, total o parcialmente, en la Constitución republicana.

 

Siento añoranza porque admiro esa voluntad de la Segunda República de convertir España en un país moderno, pacífico, plural y progresista, en contraste con unos tiempos actuales en los que se manifiesta el sectarismo ideológico, el integrismo moral y el liberalismo económico en perjuicio del interés social. Es verdad, como todo el mundo sabe, que no fue un régimen perfecto y que cometió grandes y graves errores, pero nadie puede negar el hecho de que fuera el primer régimen verdaderamente democrático en la historia de nuestro país, del que deberíamos sentirnos orgullosos y guardar una memoria mucho más fiel con la verdad histórica. Aun cuando su imagen esté condicionada por la Guerra Civil como ejemplo de fracaso. Un fracaso provocado por una derecha que continúa, todavía hoy, impidiendo cuanto puede el eficaz reconocimiento de derechos sociales y el ejercicio de libertades ciudadanas que considera perjudiciales para sus privilegios, con la inevitable bendición de los purpurados. Por eso trata, por todos los medios, de impedir que se conozca la importante labor de la Segunda República española y no se reconozca su legado. Para eso, piensa y actúa, no hizo una guerra.

Efemérides

Si la historia avanza en una sóla dirección, del pasado al presente, camino de un futuro que no sabemos cómo será pero al que los hechos pretéritos condicionan, haciéndolo asequible o imposible a nuestros anhelos y proyectos, entonces es conveniente guardar memoria de lo que marcó un hito y cambió en el pasado el curso de esa historia. Es bueno recordar aquellas efemérides de acontecimientos que nos condujeron a un futuro mejor que hoy es ya presente. Este año nos brinda la oportunidad de celebrar muchas de ellas, de variada significación. Estas son algunas:

Hace 500 años se produjo una escisión de la Iglesia católica, promovida por un fraile que estaba en contra de la venta de indulgencias, con las que los ricos y poderosos compraban el perdón de sus pecados, y la corrupción reinante en la Roma de los Papas. Martín Lutero emprendió, clavando un simple papel con sus “95 tesis” en la puerta de la iglesia de Wittenberg (Alemania), lo que se conoce como Reforma Protestante, que tuvo consecuencias, no sólo religiosas, sino también políticas. Fue en 1517.

Hace 100 años estalló la Revolución Rusa, un movimiento compuesto por campesinos, obreros y soldados que se enfrentaron al poder absolutista de los Zares, con Nicolás II como último soberano, y lograron derrocarlo, implantando el comunismo, basado en la doctrina de Karl Marx. Aquello supuso una enorme esperanza para los trabajadores del mundo entero, aunque hoy casi ningún país mantiene un régimen comunista, por las desviaciones y atrocidades cometidas en su nombre. Fue en 1917.

Mañana, hace 86 años, se cumple el aniversario de la Segunda República española, a la que dedicaremos un comentario más extenso. Sus conquistas y su ilusión no se han perdido, aunque fuera un intento frustrado por la modernidad de España. Fue en 1931.

Hace 80 años que aviones de Hitler y de Mussolini se aliaron para perpetrar un despiadado bombardeo sobre la población de Gernika (Vizcaya) en apoyo a la sublevación del dictador Francisco Franco contra la República española. Es oportuno recordar quiénes se alinearon con unos y con otros para valorar el curso de los acontecimientos, sin que las mentiras de los vencedores logren ocultar la verdad. Fue en abril de 1937.

Hace 75 años de la muerte en una cárcel franquista de Alicante del poeta Miguel Hernández. Su delito: poner su sensibilidad a ras con su honestidad y mantenerse fiel al régimen legítimo y democrático de la República. La muerte, el exilio o el silencio eran el precio que impuso la dictadura de Franco a la ilustración y la inteligencia que no se doblegaron frente a la fuerza bruta de los sublevados vencedores. Fue en 1942.

Hace 50 años de la muerte del “Che” Guevara, asesinado en Bolivia, donde pretendió extender el foco revolucionario que había iniciado en Cuba, al lado del dirigente Fidel Castro. Fue en 1967.

También hace 50 años de la publicación de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez,  la novela considerada la segunda en importancia en lengua castellana, después del Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Un buen motivo para leerla.

Hace 50 años de la muerte de José Martínez Ruiz, “Azorín”, un maestro de la concisión y la precisión en el periodismo y la literatura de España. Era figura destacada de la generación del 98 que no dudó en abordar la realidad de España en sus obras, a través del paisaje, las ciudades y los personajes. Otro motivo de lectura para conocerlo.

Y, por último en este sucinto resumen, hace cerca de 45 años de la Revolución de los Claveles, en el vecino Portugal, cuando el Ejército materializó, con el Movimiento del 25 de abril, la sublevación más pacífica y deseada contra la dictadura salazarista, a la que derrocó, posibilitando una transición hacia la democracia que, desde España, causaba admiración y envidia. Nada, desde entonces, ha sido como imaginábamos, pero fue mejor de lo que teníamos. Así se avanza hacia el futuro, casi a ciegas.

De todo, menos santa

Sé que lo que escribiré a continuación no será probablemente del agrado de buena parte de los que lean este comentario, ya que es una opinión particular acerca de una celebración religiosa muy arraigada en el orbe católico, especialmente en España, que se desarrolla durante toda esta semana. Me refiero a la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, en la que el fervor popular por la Pasión de Jesucristo, siguiendo las leyendas y la tradición, se hace apabullante con esa exhibición de imágenes que marchan en procesión por las calles, día y noche, dando pie a oficiar solemnes misas en unas iglesias que se abarrotan de gente para visitar los pasos de las cofradías, antes o después de hacer su estación de penitencia. Pese al enorme trastorno que ocasiona en la rutina y en la movilidad urbanas, se trata de una semana esperada para la expresión pública de una fe que congrega a miles de creyentes y curiosos al paso de las hermandades y cofradías de nazarenos en todas las ciudades de España, lo cual, aparte de la religiosidad que supuestamente la motiva, sirve de reclamo fundamental para el turismo y la actividad económica de cada localidad. Tanto es así que es imposible separar una cosa de la otra hasta el extremo de que, aunque el germen religioso regresara a la intimidad sombría de los templos y al alma silenciosa del católico, cosa tal vez mucho más acorde con el íntimo sentir religioso, la celebración pública de la Semana Santa no podría suprimirse sin más por el enorme menoscabo que ocasionaría a la hostelería, al turismo, al negocio hotelero y demás industrias o actividades que obtienen beneficios de ella. Esta es una de las razones por las que considero a la Semana Santa de todo, menos santa. El espíritu que la anima parece, más bien, comercial, como casi todo lo que contamina el mercado en nuestra sociedad del consumo.

Quede, no obstante, constancia de mi respeto a quien vive sinceramente su devoción religiosa con especial intensidad durante esta semana, pero no entiendo que para ello se tenga que participar de todo ese entramado comercial que abarca desde alquilar sillas en la vía pública o adquirir trajes de nazareno para procesionar, hasta consumir en la calle, pertenecer a alguna hermandad religiosa y pagar papeletas de sitio, contribuir a la compra de mantos bordados en oro, varales de plata, velas, flores y demás exornos de los tronos, contratar bandas de música, lucir peinetas y mantillas o vestir traje y corbata para demostrar públicamente el fervor religioso y exigir que todo el mundo, sea creyente o no, acepte esta conducta exhibicionista como la más natural y apropiada de un cristiano católico, y que todo el ceremonial espectacular en la vía pública sea considerado una muestra irrefutable de la religiosidad de la población. Que esta costumbre rayana en la idolatría, nacida originariamente por iniciativa seglar y gremial, sea “cuantificable” de esta manera es esgrimida por la Jerarquía católica como argumento para exigir del Estado la correspondiente compensación económica y de privilegios como confesión de preponderancia social. Es, por tanto, una tradición semipagana que continuamente se refuerza y no se combate desde las instancias religiosas, aunque no guarde coherencia con su propio credo.

Y esta es otra de las razones que me apartan de la festividad semanasantera: la de la evidente contradicción existente entre la prohibición de adorar imágenes y el uso de éstas para exacerbar el fervor religioso que comentamos, muy apegado a la costumbre pagana de venerar imágenes para atraer a la gente, algo expresamente prohibido y condenado por las Escrituras bíblicas, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Es verdad que la Iglesia intenta diferenciar entre adorar y venerar para justificar sus templos repletos de imágenes y advocaciones de vírgenes y santos a los que rinde culto y veneración. Tanta sutileza queda cuestionada por los enfrentamientos entre hermandades, que en algunas localidades llega hasta la intolerancia, y el apego irracional a unas determinadas imágenes y el rechazo visceral a otras. No son pocos los que dedican mayor atención a las hermandades que a la religión. Aunque las imágenes sean una representación que ayuda a recordar al Dios que se dice adorar y al que se dedica todo culto, lo cierto es que esa veneración mariana e imaginaria constituye la razón principal en muchos creyentes católicos, vivida con un fervor idólatra que se hace patente en Semana Santa. Y como todas las tradiciones vigentes, acaban asumiéndose como un componente cultural, artístico y sociológico, aparte del económico, que hay que mantener como rasgo de una identidad colectiva y, en el caso religioso, preservarlo de todo cuestionamiento crítico o racional.    

Todo ello, a pesar de que gran parte de la ciudadanía simplemente aprovecha que Jesús -sea Dios u hombre- fue crucificado hace dos mil años y gusta rememorarlo, formando parte de la muchedumbre, en la vía pública, para disfrutar desinhibidamente con la familia y los amigos del espectáculo callejero. Al fin y al cabo, es una ocasión festiva para tomar unas breves vacaciones, y a lo que no hay que darle muchas vueltas, salvo si estás en contra de que tantas supersticiones influyan y mediaticen la vida de las personas, cohibiéndoles incluso mostrar su disconformidad para no ser tomados por herejes. Pero, de ahí a que esta semana sea santa, como afirma el discurso oficial, va un abismo.  

¡Vaya semanita…!

La primera semana de abril se ha presentado descarnada en acontecimientos que nos revelan, por si se nos había olvidado, la naturaleza cruel e hipócrita del ser humano, tanto en guerra como en la “paz” de la confrontación política. Así, hemos presenciado estos días las imágines de un episodio, otro más, de lo que acontece en Siria y, como buenos actores, hemos adquirido el semblante de alarma por la matanza indiscriminada de civiles -hombres, mujeres y niños, sobre todo niños-, bombardeados con armas químicas. Los cínicos dirían que así es la guerra y que se libra para matar y aniquilar al enemigo y atemorizar hasta la rendición a la población. Nada nuevo en cualquier guerra, como demostró Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Pero los que, aceptando su sangrienta violencia, intentan que se respeten ciertas normas, ciertas limitaciones, aseguran infructuosamente que no todo vale en una guerra, por muy fraticida que sea, y no es lícito matar a gente inocente atrapada en medio de las hostilidades. Y denuncian que gasear a civiles no es un acto de guerra sino un crimen de masas que la justicia y la política, si es que existen, habrán de castigar cuanto antes. Lo malo es que, en Siria, los criminales asesinos son muchos y no todos, sobre todo los más poderosos, están sobre el territorio sino en otros países desde los que teledirigen una contienda geoestratégica a varias bandas, incluida la de la barbarie contra la civilización. De hecho, Rusia impone su veto a cualquier resolución de la ONU que pretenda condenar al régimen de Bachar El Asad como autor del ataque químico. Este mandatario, como tantos dictadores y sátrapas habidos y por haber, consiguen su fortaleza como peones de una partida geopolítica a nivel mundial, de la que son apartados y combatidos cuando ya no sirven a la causa que los encubra y protege. Abundan los ejemplos por doquier. ¿Y los Derechos Humanos? Son negociables como un lujo al alcance de sólo los pocos privilegiados que puedan permitírselos.

En esta partida endemoniada, Rusia tampoco se libra de las consecuencias de ser un actor protagonista en el escenario internacional y, al igual que Londres, Madrid, Nueva York, París, Bruselas y cualquier otro lugar aleatorio, se convierte en diana de la respuesta desesperada de unos radicales que la emprenden con bombas allá donde y cuando pueden. He escrito radicales y no islamistas porque radicales hay de muchas tendencias y todas se distinguen por el fanatismo asesino de sus actos. Y como es imposible poner un policía detrás de cada ciudadano, estos “lobos solitarios” tienen fácil colocar un artefacto explosivo en cualquier lugar público atiborrado de transeúntes para provocar una tragedia. O lanzarse con un camión contra las personas para atropellar al máximo número posible de ellas. El fanatismo lunático no se para en cuestiones morales ni ante víctimas inocentes. Luchan contra todos porque todos somos considerados verdugos e infieles que les impiden, en nuestros países, con nuestros estilos de vida y con nuestra cultura, alcanzar sus objetivos, sean estos religiosos, económicos o políticos. San Petersburgo ha sido el último botón de muestra de esta guerra sin cuartel del terrorismo mundial, por muchas bombas que Rusia ayude a tirar en Siria, en Chechenia o en Ucrania. Lo malo es que, tras la etapa multilateral y dialogante de Obama, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el del flequillo imposible y la corbata desmesurada, está impaciente por intervenir con más contundencia en este avispero del yihadismo, siguiendo los consejos de su asesor más extremista e islamófobo, Steve Bannon. Se auguran, por tanto, nuevos estallidos de intransigencia mortal en cualquier lugar del mundo.

Pero radicales obsesionados con poseer la verdad absoluta los tenemos también en casa y no se apean de sus creencias, aunque estas hayan sido rebatidas por la realidad y sancionadas y condenadas por los tribunales de justicia. Tanto es así que todavía el expresidente José María Aznar mantiene que su apoyo incondicional y entusiasta a la guerra de Irak fue un acto de patriotismo y un alineamiento con los aliados de nuestros “valores”, como Estados Unidos, Portugal y Reino Unido. Dice sentirse orgulloso de la “foto de las Azores”, en la que comparte encuadre con los líderes de estos países antes de embarcar a nuestro país en un conflicto declarado ilegal por esa ONU a la que Rusia impide hoy actuar. En una reciente entrevista informal y dicharachera de televisión, emitida durante esta semana infame, nuestro inefable líder del conservadurismo más rancio afirma entre fogones que repetiría aquella foto cuantas veces fuera preciso, sin someterla a la más mínima reflexión crítica ni condicionarla a ninguna precisión histórica, negándose incluso a reconocer que las repercusiones de su obsesión y las mentiras propaladas para encubrirlas nos trajeron unos niveles de violencia jamás conocidos en España, donde ETA campaba por sus fueros mediante tiro en la nuca y coche bomba durante décadas. Es lo que tienen los fanatismos de cualquier pelaje: son sumamente peligrosos y sus consecuencias las pagan inocentes que nada tienen que ver con ellos. Encima, hay que reírles la gracia por saber cortar un tomate o conducirnos a una guerra.

No se inmutan por nada. Precisamente este líder y cofundador de un partido carcomido por la corrupción acaba de ver cómo otro de sus amados dirigentes, siguiendo la estela de Matas, Camps, Fabra, Barberá, Granados, Bárcenas y muchos otros, Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, se ha visto forzado a dimitir al estar imputado en varias causas penales y perder, por ello, los apoyos necesarios para afrontar con éxito una moción de censura presentada por los socialistas en el Parlamento regional. La lista no termina de crecer. No se sabe cuántos casos de corrupción puede soportar el Partido Popular hasta verse severamente castigado por los ciudadanos y dejar de ser el partido más votado de España. Parece que su aguante es infinito, gracias a lo cual sigue gobernando. Todos sus tesoreros en democracia han sido cuestionados por la Justicia, el partido como tal ha sido el primero y único que está siendo investigado por financiación irregular, su actual presidente y presidente, al mismo tiempo, del Gobierno figura en papeles comprometedores de una Caja B ilegal que llevó a la policía a registrar la sede nacional, muchos de sus líderes regionales, como los citados anteriormente, han sido pillados y condenados por corrupción mientras estaban en el poder, hasta la boda “imperial” de la hija del mismísimo Aznar estuvo arropada por los personajes más siniestros de la mayor trama de corrupción que ha asolado este país, y toda la demás podredumbre que exuda esa formación no ha resultado suficiente para que pierda la confianza de los que consideran al Partido Popular como la derecha que conviene a España, con su intransigencia política y su ideología retrógrada, capaz de hacernos comulgar con la religión en las escuelas y derramar su conmiseración con los restos del franquismo, al que no condena, pero inmisericorde con sus víctimas, a las que continuamente tilda de actuar por venganza. Por eso se niega a desenterrarlas de cunetas y fosas comunes y de impulsar una reconciliación que restablezca la dignidad de tantos inocentes vencidos y humillados, aunque no olvidados. Ese es el partido que nos gobierna y del que surgen líderes como el engreído Aznar, el que hablaba catalán en la intimidad y con acento tejano ante sus ídolos, insobornables en su iniquidad.

Es el mismo partido que sostiene a un Gobierno que, viéndose en esta coyuntura con minoría parlamentaria, presenta unos Presupuestos Generales del Estado en el que todas sus partidas se reducen en distintos porcentajes, excepto las de Defensa, justo las que Trump ha exigido incrementar. Y como disciplinados subordinados, alineados con nuestros aliados como Aznar recomendaba, nos disponemos a gastar más en lo militar y menos en parados, sanidad, educación y pensiones. Es lo que dicta el mercado, estúpido ignorante, y la alta política, esa que se cuece en las alturas entre los grandes estadistas del mundo mundial que gestionan nuestras miserias. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, el que diseña amnistías fiscales para evasores y otros delincuentes, presume de elaborar los presupuestos más sociales de los últimos años. Obvia concretar que se refiere a los años en que nos empobrecieron hasta lo indecible y profundizaron las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Comparados con aquellos recortes salvajes y ajustes inhumanos que podaron hasta casi eliminar toda inversión social y desmontaron lo que se conoce como Estado de Bienestar, cualquier euro escaso dedicado a pagar una pensión puede considerarse todo un triunfo presupuestario, aun cuando las pensiones continúan cada año perdiendo poder adquisitivo, siguen disminuyendo las prestaciones por desempleo, las becas son insuficientes en número y cuantía, las ayudas a la dependencia no alcanzan sus objetivos, los empleados públicos no recuperan ni plantillas ni salarios o la inversión en infraestructuras sigue congelada salvo alguna excepción sujeta a negociación política. Es evidente que se nota la recuperación económica de la que se ufana el Gobierno en cualquier declaración, pero la notan las cifras macroeconómicas y los acaudalados, esas elites financieras, políticas y empresariales que siguen recomendando austeridad a los trabajadores mientras ellas incrementan sus beneficios en dos dígitos.

Y es que esta primera semana de abril ha sido descarnada en mostrarnos lo mejor de nosotros mismos, como esa libertad que disfrutamos y que permite condenar a una tuitera de Murcia por publicar unos chistes supuestamente ofensivos sobre un ogro de la dictadura que fue asesinado hace años por ETA, desbaratando así los planes de Franco de dejar atado y bien atado la prolongación de su régimen con un delfín igual de sanguinario. El verdugo del pueblo y victima del terrorismo merece una mayor y más cualificada protección por la ley que el derecho a la libertad de opinión reconocida en la Constitución.

Y si esto sucede sólo durante la primera semana de abril, no quiero ni pensar lo que nos deparará hasta que concluya la primavera. ¡Miedo y sarpullidos me da! 

Congresos formativos o congresos turísticos

Los que ejercen actividades sanitarias –médicos, enfermeros, químicos, farmacéuticos, técnicos, etc.- están obligados a actualizar sus conocimientos constantemente y compartir sus experiencias con compañeros nacionales o extranjeros, según la especialidad, para estar al día y consensuar criterios, procedimientos y habilidades que redunden en su formación y en el trabajo que desarrollan cada día. Es decir, que les sirvan para ofrecer lo mejor a usuarios y pacientes. Esta –y no otra- es la razón fundamental de los congresos, reuniones y encuentros científicos que se celebran desde antiguo en España. También es la causa de los abusos que cometen algunos de estos profesionales sanitarios para disfrutar de unos días de asueto dedicados al turismo, pagados por la industria farmacológica y por la empresa (hospital generalmente público) en la que trabajan. Raro es el año en que no se celebran uno o dos congresos por especialidad, de entre dos y cinco días de duración, a los que asiste el personal sanitario, algunos de los cuales lo hacen de manera sistemática. Es decir, se prestan a acudir cada año al congreso correspondiente, aun cuando rara vez expongan alguna comunicación o ponencia o la elaboren sobre temas tan manidos que no suponen ninguna novedad de lo ya sobradamente conocido. Unos pocos, ni siquiera eso: se limitan a ser congresistas invisibles que no pisan la sede del evento, salvo para el cocktail de bienvenida y la cena de clausura.

Una de las consecuencias afortunadas de la crisis económica ha sido la racionalización de estos gastos por parte de las empresas que financian la participación de los congresistas y la necesaria justificación, no sólo para acudir sino también de la asistencia, para lograr los permisos por parte de los centros de trabajo a quienes pretenden asistir a estos congresos en los últimos años. Y con el control del gasto ha llegado también la transparencia en la relación entre industrias del sector y los hospitales a la hora de contribuir y financiar la realización de estos congresos, una relación que ni es tan desinteresada como parece ni realmente útil a parte de los se benefician de la misma. Ello ha provocado ya las primeras quejas entre los más afectados, en los que no quieren verse identificados en un listado en el que se cuantifica, sin repercusión fiscal de momento, lo que han percibido para enriquecer su formación. La transparencia y la publicidad de estos gastos invertidos –en permisos remunerados, ayudas por desplazamiento y dietas o con la colaboración económica de firmas proveedoras externas-, en la formación de sus trabajadores por parte de la empresa pública, siempre resultará irreprochable y justa, aportará objetividad en el empleo de tales recursos y podrá impedir abusos o compromisos espurios con las empresas que subvencionan estos gastos. Hay que tener en cuenta que en España se celebran decenas de eventos de esta naturaleza cada año, sólo en el sector sanitario, a los que asisten miles de trabajadores públicos de todas las categorías profesionales. Regularizar la participación de los trabajadores y racionalizar este gasto, por parte de instituciones y patrocinadores, eran medidas imprescindibles para garantizar la necesaria actualización en la formación del personal de manera eficaz, equitativa y eficiente.

No obstante, ha surgido la alarma entre los médicos cuando se ha sabido que la patronal de las compañías farmacéuticas, Farmaindustria, ha anunciado su intención de publicar de manera individualizada las relaciones económicas que mantiene con los facultativos de este país a partir del año 2018. Es de suponer que la medida incluirá, sin importar la categoría, a cualquier profesional que sea beneficiario de tales ayudas o subvenciones. Aducen los afectados que dicha información podría ser considerada por la voraz Hacienda como un pago en especie por parte de los laboratorios que sufragan estos congresos y, por tanto, estar sujeta a carga fiscal. Parece un argumento falaz, a menos que la cuantía suponga una suma relevante en comparación con el resto de percepciones del profesional sanitario. Pero ni siquiera en tal caso tendría reproche fiscal, ya que una proposición no de ley, aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso, insta al Gobierno a "seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Los recelos proceden, más bien, del hecho de que se personalicen los agraciados de unos recursos que deberían estar a disposición de todos los profesionales, en su conjunto, para la pertinente actualización de conocimientos, y no destinados a premiar de manera injustificada a los más acomodaticios con la voluntad arbitraria de los que toman estas decisiones o consienten sean monopolizados por unos pocos. Y son esos pocos, precisamente, los que cuestionan una trasparencia que es exigencia ineludible para la erradicación de privilegios y evitar abusos intolerables que convierten los cónclaves científicos en excursiones turísticas.

Dado el imparable avance de la ciencia y la técnica, los congresos son instrumentos imprescindibles para que los avances científicos, las nuevas vías de investigación, los descubrimientos técnicos y procedimentales, todo el conocimiento acumulado y las experiencias útiles sean compartidos por la mayor parte de la comunidad científica y profesional posible. Pero ello exige rigor, ecuanimidad y equidad en la administración de unos recursos formativos que son limitados y tienen una finalidad objetiva: la adecuación de los profesionales a las nuevas demandas asistenciales. Pero, en vez de protestar para que estas partidas estén a disposición de todos sin distinción, se protesta porque se individualiza e identifica a los que aparecen en la lista de los agraciados. A veces, es mejor quedarse calladitos.