ERE en los zapatos de los expresidentes de Andalucía

Griñán y Cháves

Coincidiendo con la imputación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su participación en la trama de financiación ilegal del Partido Popular en aquella comunidad, se hace público un nuevo capítulo del caso de los ERE de Andalucía con el escrito de acusación del Fiscal por el que solicita castigos muy duros a los expresidentes de la Junta, Manuel Cháves y José Antonio Griñán, junto a otros 18 exaltos cargos del Gobierno andaluz. En esta pieza relativa al procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales, que durante más de 10 años estuvo presupuestando y otorgando el Ejecutivo andaluz, la acusación de la fiscalía estima la implicación activa o pasiva de los expresidentes, para los que pide penas de inhabilitación por prevaricación para Cháves y de 6 años de cárcel, por malversación, para Griñán y varios exconsejeros.

Ajustándose al criterio de la juez instructora, Mercedes Alaya, el fiscal del caso y el juez que ha de juzgarlo, Álvaro Martín, consideran que todo el programa de ayudas de la partida presupuestaria 31L es ilegal y su uso delictivo, por lo que todo el dinero otorgado a prejubilaciones de trabajadores y ayudas sociolaborales a empresas en situación de especial dificultad ha sido malversado. De ahí que se acuse a estos exmandatarios de robar o permitir robar a otros cerca de 800 millones de euros, a pesar de que el Tribunal Supremo fallara que sólo una pequeña parte de los ERE subvencionados fueron fraudulentos o improcedentes. El matiz no es baladí.

Caso de los ERE en cifras

Malversar dinero público es un delito penado con severidad, por lo que la prueba ha de ser contundente e indiscutible y no basarse en meras sospechas indiciarias que tienen más de persecución política que de rigor legal. Máxime cuando los inculpados han pagado el precio político de abandonar todo cargo y puesto partidista o institucional a los que hubieran accedido. Ambos dimitieron de la presidencia de la Junta de Andalucía y de sus escaños en el Congreso y el Senado, respectivamente. Tampoco se les ha probado un lucro personal derivado de su presunta implicación en el escándalo por el que son inculpados, una implicación que reviste una gravedad considerable si se considera, como estimaba la juez Alaya, que toda la partida habría sido creada en los Presupuesto de Andalucía, durante más de una década, con la finalidad ilícita de saltarse la ley a la hora de otorgar subvenciones a empresas y trabajadores en zonas o comarcas con especial incidencia de paro y destrucción de empleo. Si toda esa partida era un fraude, los imputados pueden ser acusados de malversación y condenados según lo solicitado por la fiscalía. Aparte del perjuicio político y penal, se les infiere un daño moral en su hasta ahora intachables honra, honestidad y dignidad personal que sería imposible de resarcir si, al final del proceso, resultaran inocentes.

Que el escrito acusatorio del fiscal se haga público en estos momentos no es una casualidad del destino en cuanto la dependencia del ministerio fiscal con el Gobierno que nombra al Fiscal General del Estado es reglada y motivo de críticas cada vez que su actuación parece obedecer a criterios gubernamentales antes que judiciales. Justo cuando el Gobierno se siente acorralado por los escándalos del caso Soria-Guindos, el de Rita Barberá y el reconocimiento de que la mayor parte del rescate a la banca no se podrá cobrar y se cargará a los ciudadanos vía impuestos, aparece el escrito de la fiscalía dando a conocer oportunamente su calificación de los hechos y las penas que demanda. Mucha casualidad para cualquier avezado lector de prensa que no se haya mareado ante tan prolija relación de escándalos y los impedimentos que encuentra el actual inquilino –en funciones- de la Moncloa para conseguir la investidura que le permita seguir gobernando como si tal cosa. Es mucha casualidad que ese candidato sea el líder, mira por donde, del partido corroído por esos escándalos de corrupción que ahora pasan a segundo plano tras la actuación del fiscal del caso de los ERE.

No seré yo quien defienda a estos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, que para eso disponen de toda una serie de abogados expertos en la materia, pero sí puedo mostrar mi extrañeza por unos procedimientos judiciales tan alargados en el tiempo, pero tan oportunos a la hora de materializar cada uno de sus pasos, tal como acostumbraba la juez instructora, Mercedes Alaya, con los autos que dictaba coincidiendo cronológicamente con comicios o actos del partido socialista en Andalucía. Demasiada casualidad.

Sin embargo, ello no me impide reconocer la nefasta gestión, descuidada y poco ejemplar, que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo con esa partida presupuestaria, dando lugar a actuaciones, al menos, irregulares y arbitrarias en la concesión de tales ayudas sociolaborales a empresas y trabajadores. La falta de rigor y de controles han provocado que los abusos y el fraude contaminaran un instrumento de auxilio social del que se aprovecharon unos cuantos desaprensivos. Es reprobable, inaceptable y corregible. Pero de ahí a la “imputación masiva” y la conspiración criminal para delinquir desde la propia Junta de Andalucía y sus más altos dirigentes a lo largo de más de una década, hay un trecho. El mismo que se sorteó desde la instrucción del sumario hasta el escrito de acusaciones del Ministerio Fiscal.

Mientras no se demuestre lo contrario, yo me alineo con el periodista Antonio Avendaño, quien mantiene que Cháves y Griñán son personas “honorables a los que cabe atribuir errores pero no delitos, atajos pero no atracos, chapuzas pero no conspiraciones, debilidades pero no maldades” y, en suma, equivocaciones pero no robos. Ningún ilícito, penal o no, debe consentirse en la administración pública, aunque no todos sean de la misma magnitud y perversidad. La corrupción política es indeseable e intolerable. Pero no es lo mismo robar que errar en un procedimiento administrativo. El matiz no es baladí, a pesar de que la fiscalía no lo tenga en cuenta, porque presupone una condena antes de que exista sentencia en la honra y dignidad de personas que, una vez puestas en duda, no podrán recuperarlas ni en el caso de que sean declaradas inocentes. El daño ya estará hecho, que es lo que presumiblemente se busca: poner un ERE en los zapatos de los expresidentes de Andalucía.