Desde el mismo día de los comicios, cuando el recuento de
votos permitía adivinar el resultado final, apuntábamos en este blog el arranque
de un tiempo nuevo en la democracia española que obligaría al diálogo y los
acuerdos para conformar mayorías que faculten la gobernabilidad del país. E indicábamos
que ello sería, en sí mismo, bueno para una oportuna regeneración del sistema
político por cuanto nadie podría, como era costumbre, imponer sus únicos criterios
sin atender los de otros grupos afines o contrarios. Un tiempo nuevo que traería
la necesidad de entendimiento entre distintas formaciones y tener que admitir
las aportaciones o enmiendas de cuantos participen a sostener al Gobierno. El
fin del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos emergentes eran
saludados, entonces, como una bocanada de aire fresco que vendría a renovar la
cargada atmósfera viciada de la política en España. Y confiábamos en la
capacidad de las distintas formaciones políticas para anteponer los intereses
generales del país a los suyos propios, actuando con alturas de miras y sentido
de la responsabilidad. Pero, por lo visto, erramos en la apreciación..Más de
cien días sin poder formar gobierno son demasiados para demostrar la
incapacidad de los partidos al pacto y la negligencia en atender el mandato de
los ciudadanos: constituir un gobierno que refleje la pluralidad de los
votantes.
Queda un último esfuerzo. El que intentarán en tiempo de
prórroga PSOE, Ciudadanos y Podemos, a partir de mañana, para mantener unas
negociaciones tripartitas, presididas por el pesimismo que generan las enormes
diferencias existentes entre las tres formaciones. Van a buscar ese acuerdo al
que no han sabido o podido llegar hasta ahora, aunque sean conscientes de que
los tres partidos están condenados a entenderse si pretenden desalojar al
Partido Popular y a su líder, Mariano Rajoy, del Gobierno. No hay posibilidad
de otra aritmética para sumar los apoyos suficientes, salvo la “gran coalición”
que propone el Partido Popular para conservar el Poder, que ahora ejerce en
funciones, negándose a ser controlado por el Parlamento.
PSOE y Ciudadanos acuden a esa reunión con el pacto de
gobierno que fue rechazado por el resto de los grupos parlamentarios para
investir al candidato socialista como presidente de Gobierno en marzo pasado.
Ambos socios persiguen que se sume a ese acuerdo Podemos, aunque Ciudadanos
preferiría que fueran los Populares los que indirectamente apoyasen la
investidura del líder socialista mediante su abstención. Podemos desconfía de
ese pacto porque considera que las medidas económicas que contempla son
idénticas a las implementadas por el Partido Popular y que han supuesto
recortes, empobrecimiento generalizado de las clases medias y trabajadoras y
disminución de las prestaciones sociales. Y Ciudadanos, y en menor medida el
PSOE, no se fían de los compromisos adquiridos por Podemos para convocar
referendos que materialicen el “derecho a decidir” en aquellas comunidades que
lo exijan con especial intensidad. Ambos partidos, PSOE y Ciudadanos, no admiten
ese supuesto derecho de autodeterminación que el referéndum ofrece a las
aspiraciones de independencia de algunos territorios, como Cataluña, País Vasco
o Galicia. Las desconfianzas y los recelos, por tanto, son enormes entre
quienes entablan mañana negociaciones para alcanzar algún acuerdo de
gobernabilidad y anteponen estos asuntos como grandes “líneas rojas” que ninguno
de ellos tolerará sean rebasadas bajo ningún concepto. Al menos, en principio,
antes de sentarse en la mesa.
Con todo, la mayor dificultad para llegar a algún pacto
entre formaciones que vigilan con celo la repercusión que ello pueda tener en
sus posibilidades electorales es, realmente, esa actitud táctica con la que
miden los “pro” y los “contra” de cualquier acuerdo en función de sus intereses
partidistas en vez de los que convienen al país. Ello es lo que ha impedido
hasta ahora entenderse. En esta ocasión, en cambio, los tres partidos que
tantean con mayor predisposición un posible acuerdo acuden a la negociación con
la presión del calendario, que aboca a nuevas elecciones si no rubrican un
pacto de legislatura o un gobierno de coalición. El temor a repetir las
elecciones procede de los sondeos que vaticinan el castigo de los votantes a
quienes juzguen culpables de no ponerse de acuerdo para garantizar la
gobernabilidad y estabilidad que reclama el país. En tal caso, los concernidos
aborrecen tener que explicar qué importantes condiciones partidistas prevalecieron
sobre los intereses generales de los españoles, hasta el punto de impedir
formar gobierno y convocar nuevas elecciones.
Por ello, y aunque sea casi imposible, parece que esta vez
se puede conseguir coronar un acuerdo de mínimos que posibilite que Pedro
Sánchez sea investido presidente de Gobierno, con el apoyo de unos y la abstención
de otros. A pesar de las diferencias programáticas y las exigencias mutuas, existen
varias posibilidades para la constitución del próximo Ejecutivo, que pasan por
un Gobierno de coalición PSOE y Podemos, con el apoyo de Ciudadanos desde la
oposición, o bien PSOE y Ciudadanos, y Podemos reservándose la llave
parlamentaria desde la oposición. Para ello sólo es necesario que Podemos ceda
en lo relativo al programa económico de Ciudadanos, ya pactado con el PSOE, y
que Ciudadanos ceda al programa social de Podemos, con las limitaciones de
gasto establecidas por Bruselas. Todo lo demás se abordaría en negociaciones
puntuales en el Congreso a la hora de aprobar iniciativas legislativas del
Gobierno o proposiciones de ley y
mociones de las Cortes. Si la voluntad de los que se reúnen mañana es formar
gobierno y no buscar argumentos para declararse incompatibles unos con otros,
disponen de la última oportunidad para lograrlo. De lo contrario, los votos en
unas nuevas elecciones reflejarán la frustración del electorado, harto de
cambalaches partidistas.
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