Nostalgia de mayo

 

Apuramos mayo, sorbemos la última gota de un tiempo que se nos escurre en la vida con la velocidad de un parpadeo, sin apenas darnos cuenta de que al abrir los ojos ya no somos aquellos jóvenes que fuimos cuando los cerramos hace un instante. El verano ya cabalga sobre nuestras espaldas, obligándonos a despojarnos del peso de las vestimentas con las que ocultábamos nuestras ideas y disfrazábamos nuestro rostro, surcado de derrotas y otras heridas de alma. La eternidad fluye a través de los meses sin que seamos capaces de detener más que el instante que nos permite pensarla para inmediatamente abandonarnos en una temporalidad caduca, llena de nostalgias por lo que pudimos ser y perdimos. Se consume mayo y exhalamos el suspiro por el marchitar que nos alcanza irremediablemente con un tiempo que no se detiene ni para despedirse. Apuramos mayo con nostalgia.

En contra de la libertad

A quienes están en contra de la libertad, de la libre confrontación de opiniones, la pluralidad de la sociedad y la diversidad de tendencias, intereses y comportamientos existente en su seno, acaban siempre restringiendo la libertad en nombre de la libertad, terminan por secuestrarla con leyes que la condicionan y limitan, y no paran hasta que, finalmente, penalizan legalmente cualquier intento de escapar a las ataduras con las que se pretende sujetarla. Les caracteriza el miedo a una libertad que podría cuestionar su estatus y privilegios. Un miedo que no conoce de ideologías ni de regímenes. Ejemplos de ello se producen en gobiernos de derechas e izquierdas, si es que aún existe esta división política, que coinciden en coactar el ejercicio de la libertad.

En España, sin ir más lejos, el Ejecutivo del Partido Popular ha tomado iniciativas impensables en un régimen democrático digno de tal nombre. No sólo revisa leyes que suponían el reconocimiento de la libertad de los ciudadanos a conducirse según sus creencias y valores para adecuarlas a sectarias ideologías –como la ley del aborto-, sino que legisla para cercenar derechos consagrados en la Constitución, como la libertad de opinión, expresión y manifestación. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, hace poco aprobadas en el Congreso de los Diputados, supone límites al ejercicio de estas libertades y busca controlar las nuevas formas de protesta social, por el temor a que se extiendan el descontento y el rechazo a medidas gubernamentales que castigan sobremanera a los ciudadanos. Son leyes que penalizan la libertad, algo que tal vez sea coherente en regímenes autoritarios a la vieja usanza del ordeno y mando, pero no en sistemas democráticos modernos.

Pero es que, yendo más lejos en el espacio y la ideología, Vladimir Putin hizo aprobar el sábado pasado una ley que declara prohibidas las ONG extranjeras que osen denunciar situaciones de abusos, atentados a la Naturaleza e injusticias en Rusia. No se limita a restringir su actividad o a controlar los derechos de los ciudadanos, sino que da un paso más y legisla para multar con fuertes sumas de dinero y penas de prisión de hasta seis años a quienes colaboren con ONG “indeseables” que, a juicio de los que van contra la libertad en Rusia, suponen una “amenaza” a la defensa o seguridad del país y alteran el orden público o la salud pública. Y es que en Moscú no se andan con chiquitas como en España. Aquí obstaculizamos la libertad mediante leyes mordazas, y allí prohíben directamente el ejercicio de la libertad, compartiendo ambos métodos el mismo temor a la libertad.

Estas situaciones describen formas de “fascismo social”, tal como lo considera Sousa Santos* al analizar el pensamiento abismal. Reflejan un régimen de poder que trivializa la democracia hasta el extremo de crear sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas. De esta manera, el fascismo social coexiste con la democracia liberal, y las libertades con el control de las cosas y sobre la gente.

Y es que el poder, como históricamente es conocido, es el nudo de relaciones sociales de explotación y dominio por el control de los siguientes ámbitos sociales: el trabajo y sus productos, los recursos de producción, el sexo y la reproducción de la especie, el conocimiento y la cultura, y la autoridad y sus instrumentos de coerción que sirven para regular los patrones sociales y sus cambios. En definitiva, el poder va en contra de la libertad, lo detente tanto Rajoy como Putin, por lo que ambos legislan en idéntico sentido, al objeto de impedir que los ciudadanos gocen de libertad para controlar instancias básicas de su existencia social e individual: trabajo, sexo, subjetividad y autoridad. Por eso van en contra de la libertad: temen que los desalojen del poder.   

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* Boaventura de Sousa Santos et col., Epistemologías del Sur, Ediciones Akal, Madrid, 2014.

La España de las minorías

El segundo asalto electoral del año, tras el primero de la llamada a las urnas en marzo en Andalucía -aún pendiente de que ganadores y perdedores acaten el resultado de los votos-, confirma todos los pronósticos sobre el fin de un bipartidismo puro, el de dos únicos partidos que se relevan el sillón gubernamental donde quiera que se ubique el Poder, y la aparición de otras formaciones políticas que amplían el abanico a cuatro en una especie de bipartidismo impuro, de dos más dos, en el que actuarán de bisagras a la hora de pactar alianzas que hagan posible gobernar en un escenario sin mayorías absolutas. Era lo que estaba cantado de antemano y es lo que ha resultado de las elecciones de hace unas horas. La España de las mayorías hegemónicas ha desaparecido para dar lugar a una España de las minorías que, con voz y voto en el concierto de la pluralidad, viene dispuesta a que se la escuche, tenga en cuenta y se atiendan sus demandas. Tal es la traducción inmediata de lo que acaban de expresar las urnas.

Este 2015 es un año con inflamación electoral que ayer volvió a convulsionar con los comicios municipales y autonómicos. Más de 34 millones de ciudadanos estaban convocados a elegir alcaldes y concejales en 8.122 municipios, a la par que cerca de 20 millones de ellos podían también votar al partido que desean asuma la responsabilidad de gobernar en las 13 comunidades autónomas convocantes. Nunca antes unas elecciones habían sido tan inciertas, tan llenas de incertidumbres, por lo que los nervios de unos y las expectativas de otros apenas pudieron contenerse a lo largo de la campaña electoral. Tanto se jugaban todos en estas elecciones que la formación de gobierno en Andalucía se ha visto obligada a esperar estos resultados para poder formalizar los acuerdos que permitan la investidura de la única candidata que se ofrece a ello: la de la socialista Susana Díaz. Allí, ahora sí, tras tres votaciones en contra, a la cuarta será la definitiva.

Y los resultados de ayer no dan lugar a equívocos. Emerge la España de las minorías, de los matices, de la variedad de puntos de vista, de la verdad fragmentada en versiones que deben ceder y acordar para, mediante el diálogo, satisfacer los intereses de todos, de la mayoría. Se acabaron los rodillos parlamentarios y las mordazas a toda discrepancia y cualquier disenso. Se cerró el ciclo de las verdades indiscutibles y las imposiciones dogmáticas de los partidos hegemónicos con instintos absolutistas, para abrirse una nueva era determinada por la política de verdad, la que dialoga, argumenta, convence y pacta para buscar acuerdos que beneficien al interés general, no el particular de quien gobierna. Por fin las minorías, en las que todos los votos son útiles, consiguen la representación de su pluralidad y pueden aportar criterios más cercanos a los ciudadanos, a los problemas cotidianos de la gente, a las necesidades que atender antes que las grandes cifras macroeconómicas que interesan sólo a los mercados, de centrar el foco en las personas y no en el dinero y la lógica del capital, y en gobernar con equidad y transparencia, no para los poderosos y las élites.

Tal parece la tendencia surgida de las urnas, en la que la gran "mancha azul", que hace cuatro años se extendió por todo un país atemorizado por la crisis, se torna variopinta y multicolor en la búsqueda de soluciones que de verdad alcancen a los ciudadanos. Ayer se quebró el monopolio del Partido Popular, ganador aplastante de aquellas elecciones, al incumplir sus promesas, socorrer a la banca y abandonar en la orilla a los desfavorecidos, legislando para las empresas y contra los trabajadores, desmantelando derechos y saqueando recursos, como el fondo de las pensiones, para saldar deudas de los especuladores y de aquellos sectores, como el financiero, que han provocado la ruina de la población, el empobrecimiento de la gente. La corrupción y los recortes le han pasado factura.

En municipios y comunidades autónomas se ha producido un cambio profundo, una nueva forma de entender la política, menos mesiánica y si se quiere más desconfiada: aparecen las minorías, la voz de los descontentos, y avisan de que, en las próximas elecciones legislativas de otoño, esa tendencia se acentuará aun más, la queja será más contundente. Queda avisado el actual Gobierno de la Nación, obsesionado en ajustes que empobrecen a los humildes pero alivian la cuenta de resultados de los pudientes y de los grandes conglomerados, de los que piensan que un trabajador, un sueldo o un derecho sanitario, educativo o social son gastos insostenibles, no esas tarjetas opacas que remuneran su avaricia.

Toca la hora de dialogar y responder a las demandas reales de los ciudadanos, que no piden mucho en su sensatez, pero repiten el grito eterno de antiguas revoluciones: pan, tierra y libertad, que en la actualidad se traduce por trabajo, casa y derechos sociales, justo lo que el Gobierno ha socavado y hasta negado con tal de ganarse el favor del Capital, con el que las "ingenierías financieras" facilitan medrar y abrir cuentas en Suiza, patria de los patriotas con fortuna. ¿Y aun se extrañan de los resultados? Han resultados ser los que vaticinaban las encuestas y que ahora confirman las urnas con veredicto inapelable. Pierde el Partido Popular, más de tres millones de votos, donde más descarada ha sido su gestión, mayores tropelías ha cometido y más escándalos ha protagonizado. Pierde esa mayoría absoluta que lo facultaba, en creencia errónea, a hacer lo que le daba la gana, y ganan los que estaban hartos de aguantar tantas mentiras y tantos atropellos contra los de a pie, los indefensos y vulnerables de la sociedad. Ganan las minorías en esta España dispuesta a afrontar con civismo un nuevo ciclo de la democracia. Habrá que tenerlo en cuenta, en función de estos resultados. Marcan una tendencia en la que sobran la soberbia y la intransigencia y faltan el diálogo y la transparencia. Como describe Errejón, líder de Podemos, nada más conocerse los resultados: "España es un país diferente después de que entren nuevos partidos". Confiemos que para bien.

Acampada en el Virgen del Rocío



Hospital del Tomillar (Europa Press)

No hace mucho, los trabajadores de las cafeterías del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se vieron envueltos en un conflicto por la volatilidad que se cernía sobre sus puestos de trabajo a causa del cambio de contrata con la empresa prestataria del servicio. No era algo nuevo y, por lo que se ve, tampoco sería la última agresión que iba a sufrir la plantilla –o parte de ella- del centro. Son, simplemente, las consecuencias de la política que vienen impulsando los gestores de la sanidad pública, de manera gradual pero progresiva, para “externalizar” áreas, servicios o colectivos que conforman los “recursos” humanos y técnicos de un hospital, de tal manera que sean empresas privadas las que  ofrezcan tales servicios y/o se hagan cargo del personal que los dispensa, a cambio de un canon económico mucho más “rentable” (barato) que hacerlo con la plantilla propia. La cosa viene de antiguo: empezó con los guardas de seguridad que sustituyeron a los celadores en la vigilancia de los accesos y las visitas; siguió con las limpiadoras que ahora pertenecen a la empresa de servicios Eulen; afectó a los camareros de las cafeterías y, los últimos por ahora, al personal de mantenimiento. Una política que afectará, tarde o temprano, a todo el personal, sea subalterno, administrativo o sanitario, hasta concluir en la privatización en la gestión de la asistencia sanitaria a la población, siguiendo esa tendencia del capitalismo de transformar derechos (a la salud, etc.) en valores de cambio, es decir, mercancías.

Precisamente, contra eso es por lo que están luchando los trabajadores de mantenimiento de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que el futuro que les aguarda no sea la “externalización” de sus funciones y de la plantilla, con la excusa de una nueva normativa que reduce sus categorías profesionales y los aboca a la polivalencia. Por ello, desde hace dos meses, estos trabajadores han levantado campamentos en diversos hospitales públicos de Andalucía (Virgen del Rocío, Macarena y Tomillar, en Sevilla; Reina Sofía de Córdoba, Hospital Regional de Málaga y otros), sin que ello afecte a su trabajo diario, como acción de denuncia de una situación que consideran injusta. Al parecer, la Administración hace oídos sordos a sus reclamaciones y no se sienta a negociar las reivindicaciones del colectivo.

H. Virgen del Rocío

Un colectivo que vio modificadas sus condiciones laborales en virtud de una Orden del SAS, publicada el 16 de junio de 2008, que reducía las diferentes categorías profesionales existentes (albañiles, electricistas, fontaneros, mecánicos, etc.) a sólo dos, técnico de mantenimiento y técnico especial, para las que requería una titulación específica que supondría –como caramelito envenenado- una supuesta mejora salarial al acceder la mayoría de los profesionales al grupo C, en vez del D, en la escala retributiva del empleado público. Desde entonces ha llovido mucho y la situación sigue estancada y sin visos de entendimiento. Los trabajadores, sospechando las intenciones reales de la propuesta, exigen el mantenimiento de las categorías profesionales, la creación de una bolsa única de contratación y la publicación de los listados definitivos de la carrera profesional. Recuerdan, además, que a otros colectivos sanitarios, como el de las auxiliares de clínica, se les reconoció la nueva titulación con la antigüedad en el desempeño de tales funciones.

Consideran los trabajadores de mantenimiento, unos mil en toda Andalucía, que el SAS prepara el terreno a la privatización del servicio y a desprenderse del personal que lo presta, al tiempo que procura la polivalencia en sus funciones en vez de la especialización, sin tener en cuenta que estos profesionales velan, las 24 horas del día, por el normal funcionamiento de las infraestructuras que hacen posible la actividad rutinaria de un centro sanitario (que no falte agua, electricidad, funcionen los ascensores, estén preparados los gases para la anestesia, circule aire acondicionado, etc.) y solventan cualquier incidencia o avería que surja.

Soplan malos tiempos para las reivindicaciones laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores y los ciudadanos. Una crisis económica y el abandono de ideales progresistas nos hacen temer que estos compañeros lo tienen crudo. Pretender conservar derechos, mantener categorías profesionales y que los interinos y eventuales tengan las mismas oportunidades que los fijos –pensando en los hijos y el mundo que les entregamos- son retos casi utópicos que movilizan a unos trabajadores de mantenimiento y que ellos solos no deberían afrontar en desigual combate. Al parecer, están huérfanos de la solidaridad del proletariado, cuya unión nunca ha sido ejemplar. Ojalá tome consciencia de la amenaza antes de que los demás colectivos sanitarios deban unirse en la acampada. Puede que entonces ya no quede nada por privatizar.

Maestros memorables

Un estimado comentarista de un medio digital, Aureliano Sáinz, dedicaba su  artículo de opinión del domingo pasado a glosar los sentimientos que surgen en cualquier profesión, pero especialmente en la docencia, cuando llega el minuto final de la vida activa, tras lustros dedicados a la enseñanza. Sentimientos que embargan, no sólo al afectado que debe, tras la última lección, abandonar el aula donde ha pasado tantas horas como en su hogar, sino también a quienes ha sabido transmitir unos conocimientos y unos valores por los que será recordado con cariño y gratitud, conquistando ese espacio de “inmortalidad” en el que habitan los maestros memorables.

Nunca he ejercido la docencia, pero guardo deudas vitales con maestros a los que tuve la fortuna de escuchar y admirar mientras asistía a sus clases y atendía sus orientaciones, y a los que debo, en gran medida, el haber podido alcanzar las metas que me he propuesto en la vida. El más grande e influyente de todos ellos residía en mi propia casa, porque, además de maestro, era mi padre. De un profesor, como de un padre, las enseñanzas más relevantes son las recibidas desde el ejemplo y la actitud, ya que inciden en esa “formación interior del individuo” a la que aspiraba Francisco Giner de los Ríos con la empresa en la que volcó toda su energía pedagógica: la Institución Libre de Enseñanza.

Los maestros memorables no se jubilan nunca ni jamás dejan de tener alumnos que heredan su entusiasmo y su amor a la sabiduría. Son profesores que han sabido sembrar en sus discípulos la semilla de pensar por su cuenta para que el raciocinio y la libertad guíen la conducta de quien aprende que la verdad no es única, aunque abunden los dogmas que pretenden monopolizarla.

Nunca he ejercido la docencia, como decía, aunque he impartido charlas en colegios e institutos, pero he sido alumno permanentemente, una persona que no ha dejado de aprender constantemente de sus profesores académicos y de los que, sin ataduras laborales, siguen repartiendo sabiduría fuera de las aulas y en las plazas de la amistad, la camaradería y el compañerismo. Me he esforzado en seguir o acercarme a maestros que educan con el ejemplo, la actitud, la vocación y la adhesión a unos valores de los que no reniegan nunca. Maestros con un bagaje cultural que portan en la mochila de la experiencia y con la sensibilidad ilustrada de los que persiguen liberar al hombre de la ignorancia y las supersticiones con las que son fácilmente sometidos y manipulados.

Admite Aureliano que debe prepararse, aunque le falten unos años, a decir adiós como hizo, con el corazón encogido, el compañero suyo al que glosaba en su comentario. Para un docente, es un entrenamiento continuo: no algo que improvise el último día. Un buen maestro sabe decir adiós porque lo dice desde el primer día de clase, el adiós con el que deja que cada alumno piense sin tutelas, pero con criterio, que decida su porvenir emancipándose de los condicionamientos que impiden su progreso, con la libertad que se conquista gracias al conocimiento y la educación, y con esa honestidad que comparten educandos y educadores a la hora de forjar ciudadanos adultos y responsables.

 
El último adiós puede ser duro emocionalmente para cualquiera que agote el ejercicio activo de su profesión. Pero los maestros memorables nunca imparten una última lección porque siguen instruyendo desde el recuerdo, el ejemplo y los valores que supieron transmitir. Son como esos padres que, aunque desaparezcan, siempre consideramos cercanos a nosotros y presentes en nuestra conducta. Los maestros, como los padres, no se jubilan, amigo Aureliano. Siguen siempre ejerciendo el magisterio ético de la ejemplaridad y el pundonor.

A mi hija Hilda y mi padre Daniel, estirpe de maestros.

Palestina en la encrucijada de la paz

Nunca antes en su agitada historia Palestina había estado más cerca de hacer realidad su sueño como pueblo: convertirse en un Estado sin tutelas y con plenos derechos en el concierto internacional de las naciones. Lo tiene al alcance de la mano si no fuera por esa soga que se lo impide con obstinada ceguera por parte de Israel. Palestina, aún estando confinada en unos territorios que poco a poco se estrechan por la fuerza y las barreras bajo excusa israelí de proteger fronteras y los infestan de colonias sionistas que diluyen su población árabe, está dando pasos contundentes en pos de su reconocimiento estatal por toda la comunidad internacional, justamente cuando el ejercicio de la violencia en la lucha por su existencia ha sido sustituido por la diplomacia y la consolidación de sus relaciones multilaterales. Todo ello arrincona a Israel en el inmovilismo de su intransigencia y en el monopolio de una violencia inconcebible entre países limítrofes y condenados a entenderse. Cuanto más se acerca Palestina al modelo de Estado moderno, pacífico y democrático, más se radicaliza Israel en su obstinación por impedírselo y negar todo reconocimiento.

Ese camino alcanzó una cota de no retorno cuando en abril de este año la Corte Penal Internacional (CPI) admitía el ingreso de Palestina entre sus miembros, lo que confería a la Autoridad Palestrina la posibilidad de denunciar al Ejecutivo israelí ante el organismo internacional por crímenes de guerra y genocidio, obligándolo a reconocer al Estado palestino y respetar sus fronteras de 1967 en los diversos foros internacionales a los que acudan en defensa de sus derechos. Ese espaldarazo de la CPI, que no tiene potestad para reconocer estados, ha sido posible cuando la ONU ha otorgado a Palestina el estatus de Estado Observador, no miembro, en la Asamblea General, lo que en la práctica supone su reconocimiento formal, aunque previo, como un Estado soberano más.

El interminable conflicto palestino-israelí se interna, de este modo, en una encrucijada que pasa por el mutuo reconocimiento entre ambos estados, la garantía de la plena soberanía Palestrina sobre sus territorios, el respeto a las fronteras delimitadas por las resoluciones de 1967 y la firma de acuerdos de colaboración, de no intervención militar y de dirimir cualquier controversia por vía del diálogo y la paz. Más peliagudo resulta el asunto de Jerusalén, ciudad que ambos países reclaman como capital de sus respectivos Estados.

La actitud beligerante del Ejecutivo de Netanyahu, volcado en impedir cualquier reconocimiento de Palestina en el ámbito internacional, facilita curiosamente la estrategia de la Autoridad Palestina y su presidente, Mahmud Abbas, de conseguir ese reconocimiento que Israel le niega. El último en hacerlo ha sido el Vaticano, que no sólo ha anunciado el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, sino que el papa Francisco recibe en audiencia al presidente palestino calificándolo de “ángel de la paz”. Algo impensable para un miembro de una organización considerada “terrorista” por parte de Israel. Ello no ha sido óbice para que la bandera palestina ondeara por primera vez en el Vaticano, donde apuestan por la solución de los “dos Estados”.

En cualquier caso, el polvorín en el que se halla envuelta la zona y los intereses estratégicos de las potencias de la región, además de ese terrorismo islamista que los países árabes no saben, no quieren o no pueden sofocar, no ayudan precisamente a la conquista de la paz en Palestina, donde todos “meten mano” con la intención de perjudicar a quienes consideran adversarios o beneficiar a los afines. Sin embargo, si alguna viabilidad existe para solucionar este conflicto, ésta pasa sólo por la encrucijada de la paz, el diálogo y la negociación. Un camino que ya ha emprendido Palestina, a la espera de que Israel lo acompañe en el empeño por convivir pacíficamente como dos Estados limítrofes y amigos. ¿Será ello posible alguna vez?

Muere un rey, sobrevive su música

Acaba de fallecer B. B. King, un enorme músico que, a los adolescentes españoles desconocedores de la música negra, blues o jazz, nos abrió las entendederas para otros sonidos, otras melodías, otras cadencias. Nos ayudó a explorar algo más allá del rock y el pop en los tiempos hormonales de irrefrenables impulsos en guateques y discotecas. Sus punteos de guitarra en baladas tristes nos hacían sentir la pena tierna, la añoranza de lo perdido, la profundidad oscura de nuestros corazones sufrientes. También la alegría, la paz de la soledad y la belleza de una nota musical que rompe el silencio y nos comunica estados de ánimo y sentimientos. Muere un rey de la música negra, desaparece B. B. King, pero nos deja su música y el recuerdo de su simpatía.

     

La corrupción que no cesa

Un nuevo escándalo emerge del sumario de un juzgado de Sevilla en el que la instructora admite evidencias de irregularidades y falta de rigor en la adjudicación de las Minas de Aznalcóllar a determinada empresa mexicana. Es la enésima muestra de una corrupción que se halla incrustada en el sistema político e institucional español, infectando a todas las administraciones y todas las formaciones políticas en menor o mayor grado. A pesar de todas las promesas de erradicar un mal generalizado que desangra los recursos del país y la confianza de los ciudadanos, ninguna medida ha conseguido limpiar el cuerpo corrupto de la política en España, que sigue supurando casos que denotan la gravedad del mal que lo aqueja.

Las manifestaciones de la enfermedad son tan evidentes que ningún síntoma nuevo causa sorpresa, por mucho que incida en alertar del deterioro imparable en el que se halla la organización social parasitada. Estos son, en un resumen que no pretende ser exhaustivo, algunos los episodios de esa corrupción que no cesa y nos devora:

Operación Púnica: Tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal que lleva a la cárcel a Francisco Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y tiene imputados a más de cincuenta personas de aquella Comunidad.

Caso Pujol: Escándalo protagonizado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su familia por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, evasión de dinero, fraude fiscal, etc.

Caso de los ERE: Irregularidades en los expedientes de regulación de empleo y otras ayudas a parados y empresas en dificultades por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y en el que están presuntamente implicados los expresidentes Manuel Cháves y José Antonio Griñán, además de otros altos cargos del Gobierno andaluz.

Caso Gürtel: Trama de corrupción ligada al Partido Popular de Madrid, Valencia y Galicia por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en el que están imputados exalcaldes, exdiputados y decenas de políticos y empresarios.

Caso Bárcenas: Es una pieza separada del anterior por el que están imputados los extesoreros del PP por financiación ilegal del partido, soborno y fraude en las adjudicaciones públicas.

Caso de las Tarjetas Black: Despilfarro y fraude a Hacienda con dinero de Caja Madrid por parte de su cúpula directiva, a pesar de ser una entidad que, fusionada en Bankia, necesitó ser rescatada con fondos públicos.

Caso Noós: Trafico de influencias, malversación de dinero público y fraude fiscal que afecta a la hija del rey, la infanta Cristina, y su marido Iñaki Urdangarín, entre otros.

Caso de los Cursos de Formación: Irregularidades y fraude en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, desviadas a centenares de empresas e intermediarios y en el que están implicados gestorías, sindicatos y organizaciones empresariales, y con ramificaciones en Cádiz, Málaga, Almería y Granada.

Caso Palma Arena: Sobrecostes en la construcción de este velódromo de Palma de Mallorca, durante el mandato de Jaume Matas, imputado por prevaricación y fraude a Hacienda.

Caso Palau: Tráfico de influencias y expolio del Palacio de la Música de Barcelona y que afecta al partido CDC por presunto cobro de comisiones.

Caso ITV: Cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de licencias de ITV en Cataluña, en el que está imputado Oriol Pujol y empresarios catalanes.

Caso Pokémon: Trama de corrupción con las contratas municipales que afecta a políticos y empresarios de Galicia, Asturias y Cataluña.

Caso Mercasevilla: Cohecho y amaño en concurso público para la cesión de terrenos a terceros en el mercado central de Sevilla, en el que están imputados directivos y políticos socialistas durante el mandato del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

Caso Dívar: El expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se sufragaba sus escapadas a la Costa del Sol a cargo del presupuesto de la institución, por lo que tuvo que dimitir.

Caso Brugal: Soborno y tráfico de influencias en concursos públicos para la gestión del servicio de basuras en Alicante.

Y así hasta perdernos en los tiempos inaugurales de la democracia, cuando surgieron casos como los de Gestcartera, Gal, Naseiro, del Nilo, y muchos otros.

En la actualidad, más de 2.000 imputados y cerca de 200 casos abiertos, sujetos a investigación por parte de la Justicia, demuestran que el mal de la corrupción no cesa y se extiende por todos los partidos, organizaciones sindicales y empresariales e instituciones del Estado. Por si fuera poco, acaba de aparecer el caso de las minas de Aznalcóllar para poner en evidencia que ni la supuesta transparencia, la regeneración democrática y los golpes de pecho de quienes debían velar por la honestidad y el rigor en el desempeño de la dedicación pública y la gestión que se realiza con el dinero de todos eran tan sinceras como parecían ni tan profundas como decían. Y, así, hasta el próximo escándalo que surja, inmunizándonos de las sorpresas e inoculándonos la desafección y la tendencia a los populismos. ¿Hasta cuándo?

Actualización

Para colmo de la golfería, dos guindas coronan, hasta hoy, las prácticas corruptas en el país de la picaresca y la inmoralidad:

Caso Rus: Ese alcalde de Játiva (Valencia, dónde si no), Alfonso Rus, grabado contando dinero en el interior de un coche (“tres mil, siete mil, doce mil…”), que tiene la desfachatez de presentarse a las próximas elecciones para seguir cobrando comisiones y malversar el presupuesto de la alcaldía y la diputación a cambio de adjudicaciones y demás chanchullos que permiten saquear las arcas públicas.

 
Caso prótesis: Por dinero, se juega hasta con la salud de los ciudadanos. En Tarragona, un juez ha imputado a Teresa Gomis (primera teniente de alcalde, de CiU), al propietario de una empresa de prótesis óseas, Lluís Márquez y a media docena de “enchufados” de la empresa municipal que dirige el hospital Sant Joan, por un delito contra la salud pública al “aconsejar” la munícipe que se adquieran las prótesis caducadas de aquella empresa, lo que ha afectado a centenares de pacientes que presentan incapacidades, molestias y dolores con las piezas implantadas. Varias decenas de ellos han vuelto a ser intervenidos para sustituirles las prótesis obsoletas.

¿Es peligroso el aeropuerto de Sevilla?

Vaya por delante que, por el número de accidentes, el aeropuerto de Sevilla es uno de los más seguros del país y de Europa. También es verdad que no es de los aeródromos que más movimientos registra de España, ya que ocupa el puesto número trece en el ranking de aeropuertos nacionales por tráfico de pasajeros, operaciones y carga, por detrás de los de Alicante, Málaga, Valencia y Bilbao, entre otros, según datos de AENA. Sin embargo, ello no libra de riesgos a la población de una ciudad que linda físicamente con aquellas instalaciones y que vive confiada en la supuesta seguridad de un aeropuerto que no sólo acoge un tráfico civil de aviones de pasajeros y mercancías, sino que alberga además una fábrica de ensamblaje de aeronaves, integrada en el consorcio europeo de Airbus, que realiza en el aeropuerto sevillano las primeras pruebas de vuelo de unos aparatos militares que vende a clientes de todo el mundo. El siniestro de uno de esos aparatos, perteneciente al modelo A400M, que se estrelló el sábado pasado nada más despegar causando la muerte de cuatro de sus seis tripulantes, pudo ocasionar una tragedia aún mayor si no fuera porque los vientos preponderantes eran de Levante.

La pista de aterrizaje del aeropuerto sevillano está orientada en dirección Este/Oeste, para aprovechar los vientos de Levante y Poniente que suelen soplar en esos dos sentidos y que barren la llanura aluvial del Guadalquivir en la que se asientan aquellas instalaciones. Dependiendo de la dirección de las masas de aire, procedentes del Atlántico o el Mediterráneo, los aviones realizan sus maniobras de despegue y aterrizaje de cara al viento, lo que favorece la sustentación de la nave, haciendo la aproximación desde el Este (si el viento es de Poniente) o desde el Oeste (si el viento es de Levante). Cualquier pasajero que arribe habitualmente en el aeropuerto de Sevilla está acostumbrado ver aterrizar el avión viniendo desde Carmona (Este) o enfilando la pista desde el Aljarafe y sobre el puente del Alamillo (Oeste), en función de la dirección del viento. El despegue del A400M se hizo, precisamente, en dirección Este (hacia Carmona), por lo que levantó el vuelo sobre un club de campo situado casi en cabecera de pista y de las numerosas urbanizaciones campestres desperdigadas a ambos lados de la Autovía de Madrid. Por fortuna, se trata de una zona mucho menos poblada de la que, si hubiera despegado en dirección Oeste (hacia Sevilla) –como suele ser lo más habitual-, habría hallado al sobrevolar barrios de la ciudad (Parque Alcosa) o localidades limítrofes del sector norte de Sevilla (Valdezorras). Entonces las consecuencias hubieran sido catastróficas. Hay antecedentes que advierten del riesgo: en 1962, un avión que cubría la línea Barcelona-Valencia-Sevilla se estrellaba cerca de Carmona, muriendo sus cuatro tripulantes y los catorce pasajeros que transportaba. Una avioneta, en 2004, se precipitaba contra el suelo en Valdezorras. Y en 2006, una aeronave de la compañía Air Argelie se salía de pista al aterrizar, tras romper el tren de aterrizaje, sin que se produjeran víctimas mortales.

 

Esta cercanía del aeropuerto a la ciudad, provocado por el crecimiento urbano hasta las mismas vallas del recinto aeroportuario, en vez de comodidad supone un riesgo que se deberá abordar con rigor si en verdad se quieren evitar nuevos percances. Son factores que deberían tenerse en cuenta en la investigación del accidente del Airbus militar siniestrado, a pesar de que, hasta la fecha, no parecían representar ningún peligro inminente para la seguridad de la población. Y hay que replanteárselos porque el aeropuerto de Sevilla seguirá siendo la base desde la que se realicen los primeros vuelos de pruebas de las naves militares que Airbus ensamble en sus instalaciones de San Pablo. Y porque el aeropuerto de Sevilla, por su ubicación en una llanura sin obstáculos geográficos y una climatología benigna la mayor parte del año, también se utiliza para las prácticas de tráfico (aterrizar y despegar sin detener el avión) de los pilotos que deben acumular horas de vuelo y que sobrevuelan el aeropuerto en círculos, aterrizando y despegando tras cada vuelta hasta que completan el horario de instrucción. Todo ello se suma a la actividad comercial de un aeropuerto que ya ha avisado de los riesgos que representa su cercanía a la ciudad de Sevilla. Y aunque es uno de los más seguros del país, no está exento de peligros y accidentes, como el sufrido hace unos días por el avión militar. No es cuestión de confiar siempre en la buena suerte, sino de detectar sus puntos débiles y adoptar cuántas medidas los solventen, con la principal preocupación de proteger vidas humanas, no intereses industriales, económicos o políticos.

Susana busca desesperadamente

Susana Díaz

Si en otra ocasión hablábamos de que Andalucía estaba abocada al diálogo tras las elecciones autonómicas celebradas en la Comunidad, ahora hemos de reconocer que ello no parece posible. Un calendario electoral endiabladamente apretado mantiene a las formaciones políticas pendientes de sus estrategias electorales en vez de ponerse de acuerdo para resolver las vicisitudes del presente, aunque con esa actitud se obstaculice la gobernabilidad de la región más poblada de España. Doce millones de ciudadanos deberán aguardar al resultado de sofisticados cálculos electoralistas que podrían articular otra relación de fuerzas en los distintos escenarios en disputa (Andalucía, otras comunidades autónomas y ayuntamientos) antes de ver atendidas sus necesidades como colectividad. Se supedita el interés general al particular de los partidos políticos, aunque todos ofrezcan una “mano tendida” al diálogo. Y así nos va.

En uso de sus prerrogativas como presidenta de la Junta, Susana Díaz adelantó por pocos meses las elecciones autonómicas en Andalucía, confiando en que la apuesta favoreciera el objetivo de todo partido político: acceder o mantenerse en el Poder. Y lo consiguió a medias. Retuvo el respaldo mayoritario de la población, pero sin conseguir mayoría absoluta. El Partido Popular, principal partido de oposición y ganador por número de votos en las últimas elecciones, sufrió un gran batacazo al ver reducido su número de escaños en el Parlamento andaluz, pasando de 50 a 33 diputados. Y la irrupción de partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, confirmaron el pronóstico de las encuestas y los convirtió en imprescindibles “llaves de la gobernabilidad” a la hora de apoyar cualquier alternativa viable de Gobierno. Es esa fragmentación parlamentaria lo que me indujo pensar que Andalucía estaba abocada al diálogo, suponiendo sensatez, sentido común y generosidad democrática con los ciudadanos en unos partidos que, a lo que parece, carecen de tales virtudes. Tras dos votaciones en el Parlamento andaluz, la candidata a la Presidencia no ha conseguido aglutinar los apoyos suficientes para su investidura. Todos se acusan entre sí de intransigencia para el diálogo y de la inestabilidad en la que mantienen a la región. Pero nadie da su brazo a torcer hasta que se celebren las elecciones municipales del 24 de mayo, en las que se prevé que unos y otros se necesiten mutuamente para conformar mayorías en numerosas localidades. Todos, pues, aguardan el cambalache.

Líder del PP andaluz, Juan M. Moreno

Quien más claro lo manifiesta es el Partido Popular con su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada, una iniciativa que no practica (no vota en consecuencia en el Parlamento andaluz, dejando gobernar al PSOE) hasta que el resultado de las elecciones municipales le permita negociar la estabilidad del Gobierno de la Comunidad a cambio de que se les deje gobernar en los Ayuntamientos donde consigan ser la minoría mayoritaria. Es, en cualquier caso, lo que siempre se ha hecho, con la única salvedad de que ahora coinciden en el tiempo los comicios municipales y el autonómico en Andalucía. Pero estos cambalaches, en todas las ocasiones, se han realizado a espaldas de la opinión de los ciudadanos, a quienes se les hurta la posibilidad de que decidan democráticamente acerca de la cuestión. Se negocia en despachos contra el criterio expresado en las urnas y en función de intereses partidistas, hasta alcanzar incluso acuerdos “contra natura” entre formaciones totalmente opuestas en su ideario con tal de impedir –o apear- del poder a una minoría mayoritaria, unas veces a favor del PP, otras del PSOE y las menos en beneficio de Izquierda Unida u otros partidos locales o nacionalistas.

Juan Marín, líder de Ciudadanos

Susana Díaz confiaba en el apoyo, o al menos la abstención, de las formaciones cercanas ideológicamente al Partido Socialista Obrero Español en una segunda votación, cuando sólo se precisa mayoría simple de votos favorables. Pero el bloque opositor sigue votando en contra de su investidura, a pesar de haberse alcanzado algún preacuerdo que presagiaba la posibilidad de formar Gobierno en el plazo previsto. Díaz buscaba desesperadamente ese acuerdo con Podemos y Ciudadanos a través de unas negociaciones mantenidas por sus lugartenientes que a punto estuvieron de sellar el pacto con la rúbrica de un acuerdo contra la corrupción y en favor de la transparencia en la gestión de la Junta de Andalucía. Sin embargo, ambos partidos han endurecido, en el último momento, sus condiciones y exigen requisitos adicionales –la dimisión efectiva de los expresidentes Cháves (diputado nacional) y Griñán (senador, ya dimitido) y garantías por escrito de no mantener cuentas institucionales con bancos que desahucien a los propietarios de viviendas con deudas hipotecarias- para apoyar con su abstención la investidura de la candidata socialista. No desean que, ante la proximidad de nuevas elecciones, el “voto útil” les socave la confianza de los ciudadanos en favor de los partidos tradicionales que, en última instancia, asumen la responsabilidad de gobernar en solitario o en coalición. Esperan poder mantener, al menos, la condición de “imprescindibles” en futuras coyunturas antes de formalizar acuerdos de legislatura en Andalucía.

Teresa Rodríguez, líder de Podemos

Tal situación de “interinidad” gubernamental podría resolverse definitivamente con la instauración de un sistema electoral a doble vuelta, en el que los ciudadanos resolverían con su voto la elección de una autoridad (nacional, autonómica o municipal) entre los candidatos con mayores posibilidades que no alcanzan la mayoría absoluta en una primera elección, sin depender de negociaciones de partidos. En vez de dejar gobernar a la lista (minoritaria) más votada, serían los ciudadanos quienes determinarían democráticamente la opción que más les convence. Tal procedimiento electoral responde a situaciones, como la actual en Andalucía, caracterizadas por la atomización de la representación política y la pérdida de las mayorías absolutas, lo que provoca el bloqueo y paralización de las instituciones y la inestabilidad gubernamental cuando los partidos no logran ponerse de acuerdo. Pero debería ser una propuesta que se incluyera en los programas electorales de los grandes partidos, capaces de impulsar proyectos legislativos, en próximas elecciones generales, para que se debata y acuerde serenamente en las Cortes que surjan con ese mandato popular.

Evidentemente, los partidos emergentes, que ya ocupan el espacio que arrebatan a las  formaciones tradicionales, rechazan este sistema porque temen que la doble vuelta electoral perjudique sus posibilidades de representación y de gobierno en comunidades y ayuntamientos. También los partidarios de la “lista más votada” se manifiestan en contra de una propuesta a la que ha aludido la candidata socialista a la Junta de Andalucía. Pero lo que desea Susana Díaz es su investidura inmediata, por lo que expresa una estratagema que, en caso de existir, facilitaría su elección, y no una convicción por la mejora de la calidad de la democracia en España. Lo que busca desesperadamente Susana es convertirse en presidenta de la Junta de Andalucía, cuando quizá lo que corresponda, ante la falta de apoyos parlamentarios, sea convocar nuevas elecciones y que sean los ciudadanos los que decidan con su voto. O implantar la doble vuelta en nuestro sistema electoral. Ninguna de las dos opciones es inmediata ni gratis. Tienen un coste, además del económico, pero restituyen la responsabilidad democrática en los ciudadanos. Sin cambalaches ni chalaneos partidistas.

Signos de mayo

Nos adentramos en los prolegómenos del verano con las rosas engalanadas de pétalos coloridos y aromas que perfuman las brisas veleidosas que saludan y despiden los días. Mayo nos adentra en el calendario, dejando atrás un inicio ya remoto de nublados y frío y anunciando el imperio refulgente de la luz. Siempre auguró mayo promesas en la piel y restañó arañazos en el alma con el resurgir de esperanzas juveniles que el calor despierta de su letargo. Mayo se instala en los ojos que buscan tu mirada y en el azul que cubre tu cuerpo perdido en la memoria. Pulsiones de mayo en las que perduran noches de luna radiante y días de sol naranja que no sucumben al paso de los años. En mayo abandonamos definitivamente una estación para transitar por la senda luminosa del futuro que nos aguarda, tan halagüeño como incierto. Mayo nos hace recordar que hemos consumido ya casi medio año y media vida en sueños. Signos de mayo que marcan nuestro deambular sobre los adoquines de una existencia fugaz y delicada como una flor.

Las noches de mayo

Vivir joven es peligroso.

¿Recuerdas cuando el sol era naranja

y nunca se ponía detrás de tu pelo?

Las noches de mayo en doña Elvira

la luna subiendo al compás del agua

tus pies descalzos sobre la piedra regada.

La libertad era una palabra de cartón

que arañaba tus labios malvas.

Amar joven es doloroso.

¿Recuerdas el temblor de tu piel

bajo la mano pudorosa?

Las noches de mayo en Santa Cruz

bajo el adoquín estaba tu playa

la espuma de los veinte años.

La libertad era tu perfil de diosa

mirando a los ojos de la luna.

                               Francisco Gallardo

                              Cuadernos de Roldán

                             (Almanaque 2015, Mayo)

 

 

Ian Gibson, un hispanista agradecido

Una generación de españoles pudieron tener un conocimiento mucho más amplio y más cercano a la verdad sobre aspectos escamoteados de la historia de España gracias al empeño de unos historiadores foráneos que se vieron atraídos precisamente por las sombras que cubrían parte de ese relato y a algunos de sus protagonistas. Se especializaron en España e indagaron archivos, museos y testimonios de testigos, descendientes y de quien pudiera aportar cualquier dato que esclareciera los hechos y alumbrara el conocimiento exacto de lo sucedido, sin maniqueísmo ni parcialidad. Sus libros de divulgación se convirtieron en auténticos best seller para toda esa generación de lectores hambrientos en conocer su pasado y que pueblan las estanterías de cualquier biblioteca que se precie. La obsesión que mostraron con la España del siglo XX, y también del XIX, ha obligado a establecer una nueva categoría de historiadores: los hispanistas, ingleses la mayoría de ellos, que se dedicaron a estudiar la historia reciente de España, en especial la de la Segunda República y la Guerra Civil, justamente los capítulos que no figuraban en los libros de historia del Bachillerato. De ahí, ese afán por saber lo sucedido que despertaba lo vetado en la versión oficial obligatoria.

Hugh Thomas, Paul Preston, Raymond Carr, Gerald Brenan y Ian Gibson son, entre otros, las figuras más representativas de ese grupo de hispanistas ingleses que supieron cubrir el vacío que los historiadores españoles no pudieron llenar durante el franquismo, creando una escuela que ha sido seguida por excelentes investigadores españoles, a partir de la Transición, en la que sobresalen Ángel Viñas, Juan Pablo Fusi, etc. Les mueve un interés académico por un país que siempre ha despertado la curiosidad a viajeros británicos con una visión exótica y romántica de España. Muchos de ellos se sumergen en nuestra cultura, hablan nuestra lengua y hasta se nacionalizan españoles cuando se completa una integración que les fascina. Es el caso de Ian Gibson.

Este irlandés (Dublín, 1939), licenciado en Literatura Española y Francesa por el Trinity College de Dublín, fue profesor de literatura española en las universidades de Belfast y Londres. Tras varios viajes previos (1958 y 1965), en 1978 fija su residencia en España, país al que ha dedicado la mayor parte de su producción historiográfica. Para entonces, ya había publicado La represión nacionalista en Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca (1971), publicado en español por la editorial Ruedo Ibérico (Francia) y que estuvo prohibido en España hasta el restablecimiento de la democracia. Especialista en historia contemporánea, Ian Gibson profundiza sus estudios biográficos sobre este poeta fusilado en Granada y otros destacados artistas de su misma generación: el pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel.

Ahora, cuando se cumplen 50 años de su llegada a Granada, Gibson cede todo el archivo documental que posee sobre Luis Buñuel a los fondos del Museo Casa Natal de Federico García Lorca , de Fuente Vaqueros (Granada), gracias a un acuerdo firmado entre el investigador y la Diputación de aquella provincia andaluza. Se trata de una colección compuesta por más de 500 libros, cartas, películas y otros documentos que, dada la complejidad para su recopilación, se convierten en un archivo “único” que quedará a disposición de estudiosos e investigadores. Con esta cesión, el hispanista irlandés devuelve a la sociedad el legado que la historia de España le ha permitido atesorar, puesto que el museo ya cuenta con otros fondos de su propiedad, fruto de sus investigaciones sobre Lorca y Dalí. Por tal motivo, Ian Gibson se ha congratulado de que todo ese material esté reunido en un mismo lugar, pues opina que estos tres “genios” formaron “el triángulo amistoso-amoroso más apasionante del siglo XX”, con sus vidas y obras entremezcladas.

 

Si hoy, no sólo conocemos con mayor precisión la historia de nuestro pasado reciente, sino que disponemos de la posibilidad de apreciar su rastro a través de las huellas documentales que lo atestiguan, es gracias a historiadores hispanistas como Ian Gibson,  que nos ayudan a tener una visión global de la historia española contemporánea y una mejor comprensión de sus períodos más confusos y turbulentos, cuya influencia alcanza y determina en gran medida el presente. Con las donaciones de sus archivos, Gibson demuestra que, además de un gran historiador, es una persona generosa y agradecida.

Miedo a la información

Si existe un sector que infunde un miedo “frommiano” a la libertad y, paradójicamente, donde más se acusan las consecuencias de los que aplican la mordaza, es el de los medios de comunicación. La regresión de la libertad en los medios -no sólo en cuanto a expresión, opinión y prensa, sino también a su independencia-, es tan cotidiana que estamos acostumbrados a asistir a ruedas de prensa a través de un plasma y a la prohibición de hacer preguntas. A tal extremo se ha llegado conculcando el derecho a la información por ese temor que comparten los que generan información (y desean ocultarla, matizarla, administrarla) y quienes tienen el deber de buscarla y difundirla (sin cortapisas), los propios medios, al permitir cortapisas para sobrevivir. Una información insuficiente, descontextualizada y sesgada no sirve para la formación de una fundada opinión pública y la toma de decisiones colectivas. No es, pues, un asunto menor la batalla que se libra por el control de la información en nuestro país y el deterioro que está causando a la libertad de prensa, y a las libertades en general. Nunca antes, desde que España recuperó la democracia, ha habido tantos impedimentos para ejercer esta profesión ni tantos intentos por “regular” el derecho a la información y la libertad de expresión sobre los que descansa la libertad de prensa. Son amenazas que dejan ya de ser veladas para mostrarse francas y abiertas. Y sumamente peligrosas.

Nada más acceder al poder, el Gobierno del Partido Popular perpetró el retorno del control gubernamental de Televisión Española (RTVE) al modificar el sistema de elección del presidente de la Corporación para que el Parlamento pudiera aprobar su nombramiento por mayoría absoluta, no por dos tercios como había establecido la “reforma histórica” anterior. Desde entonces, RTVE se ha transformado en una copia vergonzante de Telemadrid, aquel medio al servicio de la presidencia de la Comunidad y cuyo director fue premiado con las riendas del Ente público nacional. Así, de querer emular el prestigio e independencia de la BBC inglesa, RTVE ha pasado a ser una cadena cuyos trabajadores denuncian continuamente injerencias, censuras y niveles de manipulación como en los peores tiempos de la dictadura. En este caso, los miedosos actúan con dos objetivos muy claros: control de la información para no perjudicar al Gobierno y deterioro de un modelo público de televisión para privatizarlo o bien reducirlo a la expresión de Boletín Audiovisual Oficial del Estado. Y lo están consiguiendo: sólo hay que ver la credibilidad y la audiencia que pierde un medio que debería prestar un servicio público que en nada está reñido con la objetividad informativa y el prestigio profesional.

Las presiones y los posicionamientos en la prensa son igualmente significativos. Los tres periódicos de mayor tirada de España han relevado a sus directores en los últimos meses. La Vanguardia, El País y El Mundo han renovado sus staff por motivos que van mucho más allá de buscar gestores que sepan enfrentarse a la caída de ventas y publicidad que afecta a todo el sector, sino también de situar al frente del negocio a directores que, como deduce José Sanclemente refiriéndose a El Mundo pero que es extensible al resto de cabeceras, dejen de marcar en exclusiva la línea editorial y los hilos políticos y periodísticos a su antojo, y se atengan a los objetivos señalados por los accionistas y la propiedad a la que pertenecen. El cuestionamiento del poder político, dispensador de subvenciones y ayudas al sector, parece quedar limitado a los casos más sangrantes de corrupción y desfachatez delictiva, en los que el poder judicial ya no ha tenido más remedio que intervenir e investigar. Salvo esporádicas y voluntariosas excepciones en soporte digital, causa sonrojo comprobar cómo la pretendida “recuperación” que vende el Gobierno es aceptada sin discusión por unos medios afines y ajenos, pero sumisos y dependientes todos ellos de la publicidad institucional, temerosos de los inspectores de Hacienda, proclives a pisar las alfombras de despachos y oficinas gubernamentales y pendientes de su viabilidad empresarial antes que del interés general de los ciudadanos por estar informados con diligencia y veracidad. Todos estos movimientos y posicionamientos de la prensa se inscriben en el “acomodo” a las directrices que emanan del poder político y económico que no duda en presionarlos para controlar la información.    

Y en cuanto se exceden, a los ojos del Gobierno, vuelve la amenaza explícita y tentetiesa. Unos “ojos” que consideran escandaloso que un policía proteja la nuca de un exvicepresidente del Gobierno al subirlo a un vehículo oficial, como hace con cualquier delincuente. Un escándalo que no era provocado por los medios de comunicación, sino por la alta personalidad política que comete fechorías delictivas. Ello motiva a todo un ministro del Gobierno, responsable del departamento de Justicia, Rafael Catalá, a “reflexionar” sobre la necesidad de multar las filtraciones de procesos judiciales a la prensa e impedir su publicación. La amenaza, aunque posteriormente matizada, no es sutil, sino clara y con la voluntad de amordazar a la prensa y obligarla a autocensurarse. Ya existe el delito por  las filtraciones de secretos oficiales, que castiga a funcionarios que no guarden el deber de mantenerlos y a los medios que difundan este tipo de filtraciones. Que un ministro con responsabilidad en la materia aluda a un endurecimiento de las sanciones, es un toque de atención a los destinatarios de la advertencia, en el sentido de que el Gobierno podría legislar para “multar” (y obligar a callar) a los medios que publiquen información bajo secreto de sumario sin que ningún juez dictamine si prevalece el derecho a la información. Como dice Ignacio Escolar: la estrategia no es nueva. Es poner al derecho a la información la misma mordaza que se puso al derecho a la manifestación. Ello es prueba de que el Gobierno actúa con miedo a la libertad, restringiéndola cada vez que convenga a sus intereses partidistas y en detrimento del interés general.

A veces soy muy torpe

Parece que no he sabido ser delicado, que no he valorado lo suficiente la susceptibilidad con la que podía ser percibido lo que pretendía ser un elogio y se ha tomado como una ofensa. Parece que contraponer virtudes que contrarrestan cualquier defecto, con palabras que juegan con imágenes y sentimientos, no es adecuado ni correcto. No hay talla que pueda compararse al honor, la dignidad y la grandeza moral de las personas. Eso quería expresar y eso no supe decir. Una amiga se ha sentido, al parecer, dolida el día de su cumpleaños con mi felicitación. Lo siento en el alma porque pretendía lo contrario: alegrarla y medirla por lo que vale, por su calidad humana, sus sueños y su lucha infatigable para crecer profesionalmente en este campo tan competitivo del periodismo y la comunicación, donde los navajazos son inmisericordes y las traiciones, dramáticas. Lamento haber herido sus sentimientos y pido perdón, tan públicamente como aquella desafortunada felicitación. Ella lo merece por su grandeza moral como persona. Y es que a veces soy muy torpe.

Día de la Vergüenza

Hoy celebramos algo que escasea en España, algo que la mayoría de la población consigue en precario. Hoy celebramos un derecho en regresión, al que se despoja de las condiciones que lo humanizan para que proteja sólo lo material. Hoy celebramos un instrumento que en vez de emancipar, nos somete; en vez de liberarnos, nos esclaviza, y en vez de permitirnos una vida digna, nos rebaja a recursos, gastos, excedentes, máquinas. Hoy celebramos el Día Internacional del Trabajo, esa entelequia cuya reivindicación es cada día más necesaria porque se la niegan al hombre y la mujer, impidiéndoles el único medio de desarrollo, progreso y bienestar. Hoy celebramos prácticamente una utopía que nos exige volver a luchar, volver a manifestarnos, volver a enfrentarnos, volver a morir para que se reconozca que el trabajo no es simplemente una concesión de los poderosos, sino una conquista de los humildes, de los que nacen sin fortuna y sólo disponen de sus manos y su inteligencia. Hoy es el Día de la Vergüenza porque en España se destruye trabajo, se destruye empleo, se destruyen vidas y familias por obtener unas décimas más de rentabilidad empresarial, un margen más amplio de beneficios, por ensanchar la brecha entre ricos y pobres. Hoy hay que gritar de rabia.