Reglas de charlatanería

    

¿Qué se puede decir cuando no se tiene nada que decir pero se quiere decir algo? Lo primero, seguir el consejo de no verificar con palabras lo que la gente ya se imagina. Es una sabia actitud que, sin embargo, pronto se desecha porque se prefiere satisfacer las pulsiones propias en vez de mostrar precaución ante los temores ajenos, Se opta, pues, por dejar que las moscas invadan la cavidad bucal antes que guardar un silencio azaroso e insoportable. Lo segundo sería exponer, al menos, algo coherente con la inesperada exigencia de atención que no defraude las expectativas generadas. Lo primero no siempre se cumple, pero lo segundo se convierte en una constante en este tipo de comunicación impulsiva: los balbuceos, las frases hechas y la nadería guardan coherencia con las expectativas y sospechas que despiertan los charlatanes y los necios.

¿Por qué dimite la ministra de Sanidad?

Adelantaré la hipótesis: al final Ana Mato dimite o es cesada, que no se sabe, por despistada. Eso es lo que pretende hacer creer tras presentar ayer tarde su dimisión al frente del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de forma sorpresiva, aunque todo el mundo pedía su renuncia desde hacía meses.

Ana Mato era la ministra que no vio necesario dejar el cargo cuando aplicó el mayor recorte presupuestario jamás realizado en la sanidad española. Nada más asumir las riendas del ministerio, redujo las partidas sanitarias en más de 7.000 millones de euros para que el déficit del Estado se acercara a los parámetros que dictaba Bruselas con sus políticas de austeridad y “adelgazamiento” del Estado de Bienestar. Tampoco quiso dimitir cuando retiró la cartilla sanitaria a los inmigrantes irregulares que residen en nuestro país, ni cuando impulsó el copago farmacéutico que, por primera vez en la historia, obligaba a los pensionistas a asumir parte del precio de las medicinas. Ni siquiera se planteó la dimisión el día que presentó la propuesta de aplicar un repago por ciertos servicios y prestaciones sanitarias, como el traslado en ambulancias en casos no urgentes, la adquisición de prótesis, muletas, sillas de ruedas y otras prestaciones complementarias que no se adquieren por capricho, sino por indicación médica.

La ministra Mato no consideró que sus iniciativas para reducir la financiación de la Ley de Dependencia la obligaran a dimitir, a pesar de que esa reducción pasaba por, no sólo disponer de menos recursos económicos para lo que se considera la “tercera pata”  del Estado de Bienestar, sino por eliminar de las listas a dependientes moderados, a los que les negaba el derecho a recibir alguna prestación o ayuda para sus cuidados y necesidades.

Ana Mato no contempló tampoco la dimisión cuando asumió “colegiadamente” la retrógrada modificación de la Ley del Aborto que estaba elaborando su compañero de Justicia, el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, quien sí presentó su dimisión el día que no pudo aprobar un proyecto que era masivamente rechazado en la calle, pero considerado insuficiente por la Iglesia. La sensibilidad de la ministra para estas cuestiones sociales de su ministerio quedó claramente de manifiesto cuando, al poco de tomar posesión, pretendió restar importancia a un caso de violencia machista al calificarlo de asunto doméstico, sin valorar que se trata de un problema de una gravedad extraordinaria que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres en España. Entonces no vio razones para dimitir.

Ni las halló durante la nefasta gestión de la crisis que ella misma había provocado al expatriar a España a dos misioneros religiosos contagiados por ébola en África. Las chapuzas, improvisaciones y la carencia de protocolos adecuados con los que, en un primer momento, se actuó para dispensar tratamiento terminal en nuestro país a los dos sacerdotes afectados por una enfermedad mortal que no tenía cura, determinaron que una auxiliar sanitaria resultara contaminada, dando lugar al primer caso de contagio por ébola producido fuera de aquel continente. Ser temporalmente apartada de la gestión directa de la crisis, para ser sustituida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no la condujo a presentar entonces su dimisión.

Ni siquiera los condenados a muerte por Hepatitis C, a quienes les dilata en el tiempo la posibilidad de incorporar en la financiación pública el medicamento (Sovaldi) que podría curarlos, le despiertan las ganas de dimitir por su incapacidad para resolver ningún problema, ni le quitan el sueño.

Finalmente, cuando nadie lo esperaba, se ha visto obligada a dimitir en cuanto el juez Pablo Ruz hizo público ayer el cierre del sumario de instrucción del caso Gürtel, en el que sostiene que Ana Mato fue “partícipe a título lucrativo” de los negocios de su exesposo, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (Madrid), imputado en la trama de corrupción. Es decir, que la ministra Mato se había beneficiado del lucro obtenido ilegalmente por el entonces su marido, a pesar de que ella esgrimiera siempre, en todas sus declaraciones, que nunca tuvo conocimiento de esas actividades delictivas ni se había percatado de las dádivas con las que era obsequiado su esposo, como la existencia de un coche de lujo en el garaje de su casa, los viajes de vacaciones al extranjero y las celebraciones de las fiestas de cumpleaños de sus hijas, por parte de los cabecillas de la trama.

Todo esto es lo que pretende hacernos creer Ana Mato con el comunicado que emitió ayer tarde su ministerio: que la ya exministra, al final, dimite por despistada en todo lo relacionado con el caso Gürtel, y no por su incompetencia y mediocridad al frente del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sinceramente, no sé cuál es peor motivo para dejar un cargo.

Sotanas sospechosas

Se expurga actualmente en España un caso de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en una parroquia de Granada. No es el primer caso ni será el último de los que se incuban bajo las sotanas de la Iglesia Católica en este país y en otros rincones del mundo. No obstante, lo sucedido en Granada es representativo de un mal que, a pesar de conocerse su existencia, apenas es denunciado para que intervenga la justicia ordinaria, aunque, cosa extraordinaria, es el primero en que interviene la máxima autoridad eclesiástica, el Papa de Roma, para instar personalmente a desvelar y denunciar los hechos, obligando incluso a la diócesis granadina adoptar medidas disciplinarias que no acababa de infringir a los curas pederastas. Y es que los abusos en la Iglesia Católica forman parte de una leyenda ampliamente extendida allí donde arraiga una confesión que exige el celibato a sus ministros sin que jamás, salvo escándalo mayúsculo, haya intentado siquiera atajar el problema con la contundencia y sin el encubrimiento con que deberían afrontarse no sólo la violación de sus propias normas morales (pecados), sino también las legales, con la comisión de delitos de índole penal. No deja de sorprender que, como en toda leyenda, algo de verdad acompañe a unos hechos que se transforman en relatos ampliamente difundidos entre la colectividad. Y el de los abusos sexuales en la Iglesia Católica es un mal que persigue a esta religión desde antiguo, carcomiendo sus entrañas sin que, hasta hoy, se haya combatido con la severidad y el rigor que ha demostrado el actual papa Francisco.

Porque no es hasta este último escándalo, y gracias a la intervención directa del Papa, cuando la diócesis granadina se ve obligada a apartar a unos sacerdotes que actuaban para cometer sus agresiones sexuales como si fuesen una secta. Se trataba de un clan formado por 10 sacerdotes y dos seglares que, amparándose en la autoridad que ejercían sobre los menores, cometían sus vejaciones sexuales en inmuebles parroquiales, casas y locales repartidos en Granada y su área metropolitana. Sólo cuando los medios de comunicación dieron a conocer la gravedad de lo acaecido bajo las sotanas de esos sacerdotes granadinos, tras la denuncia de una víctima al Sumo Pontífice, es cuando el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, conocedor de lo que sucedía en su diócesis, toma medidas disciplinarias y entona un tardío “mea culpa”, postrándose en el suelo de la Catedral para pedir perdón por los “daños” causados a los niños.

No se apartaba el arzobispo granadino de la actitud tradicional de la Iglesia católica en relación a los abusos sexuales en su seno. Intenta tapar con un manto de silencio lo que se cuece bajo las sotanas de algunos miembros religiosos que están en contacto frecuente con niños y adolescentes. Sigue la costumbre que procura encubrir estos casos, considerando enfermos a los pederastas antes que delincuentes, para evitar las denuncias civiles e impedir unas críticas que no dudan en confundir con campañas de “ataques para que no se hable de Dios”, como aseguró el cardenal Cañizares al referirse a esta problemática hace unos años.

Marcial Maciel recibe la bendición papal.

No se trata, pues, de un problema pequeño ni infrecuente. Según un estudio antiguo de la Universidad de Salamanca, realizado en 1994 por el catedrático de Psicología de la Sexualidad, Félix López, alrededor de un 10 por ciento de los varones menores que sufrieron abusos sexuales fueron agredidos por un sacerdote católico. Y un trabajo posterior del conocido escritor Pepe Rodríguez va aun más lejos: sus estadísticas reflejan que un 7 por ciento de los sacerdotes en activo comete esta clase de delitos contra menores. La mayor parte de tales afrentas no llega a conocerse porque las víctimas no se atreven a denunciar. Son chavales que se acercan a la vida parroquial, como monaguillos o estudiantes de colegios católicos y seminarios, que tras la agresión se sienten culpables y guardan silencio, atemorizados, sometidos y traumatizados ante la “autoridad moral” de los agresores. Una “autoridad” que llega a considerarlos incitadores en vez de víctimas, como hizo el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, cuando afirmó en 2008 que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos)”.

Por tanto, ni la respuesta de la jerarquía eclesiástica ni la actitud del arzobispo de Granada ocultan que los abusos sexuales a menores no son un hecho esporádico en la Iglesia católica española. Ya, en los años 50, se produjo en nuestro país el caso de pederastia en la Iglesia católica más grave a nivel mundial, al descubrirse que en uno de los seminarios de los Legionarios de Cristo, el de Ontaneda (Cantabria), sometían a los alumnos a todo tipo de vejaciones por parte de un grupo de sacerdotes liderado por el mexicano Marcial Maciel, fundador de la Orden y el mayor crápula conocido en ámbitos eclesiásticos hasta la fecha.

Lo grave de toda esta problemática no es que algunos miembros de la Iglesia caigan en la tentación y se dediquen a delinquir amparados en la impunidad que las sotanas les proporciona, sino que la estructura religiosa, como organización jerárquica, practique el silencio y mantenga el encubrimiento clerical sobre unos crímenes execrables cometidos contra menores vulnerables, indefensos e inocentes, a los que causan imborrables daños físicos y psíquicos. Una actitud que fue promovida por las máximas autoridades eclesiásticas cuando exhortaban a todos los obispos -antes de que la presión de las críticas obligara cambiar de estrategia- de “prohibir que los casos de abusos contra menores fueran denunciados a la policía, pues estaban sujetos a secreto pontificio y no debían ser denunciados a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones internas fueran completadas”. Tal era la consigna remitida por carta “urbi et orbe” por Benedicto XVI cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes de ser elegido Papa.     

Este silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica, en los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero, contrasta con la “obsesión” sexual que manifiesta en otras ocasiones. Precisamente fue la diócesis del arzobispo de Granada la que publicó el libro “Cásate y sé sumisa” que levantó una gran controversia por las ideas machistas que contenía. Monseñor Francisco Javier Martínez comparó, en 2009, el aborto con un “genocidio silencioso” y fue beligerante contra las políticas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero relativas al matrimonio homosexual y la Ley Orgánica de Educación (LOE). Su laxitud con los pederastas de su diócesis no es comparable al celo que mostró al acosar moralmente a un sacerdote exarchivero de la Catedral, que lo denunció y lo convirtió en el primer prelado español en ser juzgado por los tribunales ordinarios, aunque acabó absuelto tras recurrir la sentencia que lo condenaba.

Existen una mentalidad, una actitud y un comportamiento institucional detrás de estos escándalos que los convierten en intolerables e incompatibles con los fines y la moral que dice perseguir la Iglesia católica. También por ello sorprende la decidida reacción del Papa Francisco de cortar de raíz un problema tan endémico que ha llevado a obispos de Irlanda, Alemania, Estados Unidos y Holanda pedir perdón y prometer mano dura o tolerancia cero. Pero mientras ello no sea la norma y no una excepción, las sotanas de los sacerdotes continuarán siendo prendas sospechosas de la inmoralidad y la maldad más perversas, la que se disfraza de amor al prójimo para abusar de inocentes menores.

La hora de Palestina

Justo cuando algunos que no lo han hecho en Europa y varios países de otros continentes parecían dispuestos a reconocer Palestina como un Estado más, soberano e independiente, resurge el terrorismo y vuelve a golpear a Israel. Toda una oleada de atentados se ceba sobre los israelíes para continuar con el juego macabro de la provocación y la muerte, que tan buenos dividendos brinda a los extremistas de uno y otro lado, a los “halcones” permanentemente dispuestos a dialogar con bombas, balas y fuego. Siempre que se acerca la paz, rebrota la violencia.

La última espiral sanguinaria se inició en junio pasado con el secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos en Cisjordania, lo que provocó que, en venganza, varios israelíes quemaran vivo, un mes después, a otro joven palestino, al tiempo que el Ejército de Israel emprendía la enésima campaña militar en Gaza, que se salda con 2.000 palestinos y 70 israelíes muertos en el fragor ciego del combate, y la destrucción de la mayoría de los túneles que sirven de avituallamiento (de víveres y armas) a los habitantes de aquella franja árabe, al sortear bajo tierra la frontera del vecino Egipto.

Cumplidos los objetivos para debilitar a las facciones armadas palestinas que motivaron la Operación Margen Protector del Ejército de Israel, las escaramuzas y las provocaciones han continuado siendo la forma de relacionarse de ambas comunidades. Por un lado, un palestino atropella y mata a varios peatones en Jerusalén antes de ser abatido por la policía. Otro día, fuerzas israelíes matan por disparo a un palestino, dando lugar a fuertes disturbios en la Explanada de las Mezquitas. Luego, una serie de, al parecer, acciones individuales hace que dos conductores palestinos, sin aparente conexión entre sí, lancen sus vehículos contra las paradas del tranvía en Jerusalén, matando a cuatro ciudadanos y un bebé israelíes antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad. La tensión se mantiene con la agresión que posteriormente sufre un ultraderechista judío que exigía poder rezar en la Explanada de las Mezquitas, lo que obliga a la policía a matar al agresor. También mata a balazos a un palestino que blandía un cuchillo en otro incidente. Un soldado israelí es asesinado tras ser atacado por un palestino en una estación de tren y fallece una mujer judía acuchillada en Cisjordania por otro palestino. Los agresores fueron muertos por la policía. Esta espiral continúa con el ataque, con pistolas, porras y cuchillos, a una sinagoga en Jerusalén en la que caen asesinados cinco israelíes, antes de que los dos palestinos agresores fueran finalmente eliminados por las fuerzas de seguridad desplazadas al lugar de los hechos.

Ante esta violencia, la nación judía muestra su rabia contra los que asesinan a su gente y contra los que muestran equidistancia frente a un fenómeno que debe generar el rechazo más absoluto y contundente. Frente a estos hechos, nadie duda del derecho de Israel a perseguir y castigar a quienes atentan contra las vidas y bienes de sus ciudadanos, aunque también debería mover hacia una valoración, lo más fría y objetiva posible, lejos de la emotividad y pasión inmediatas, de los acontecimientos y las circunstancias que causan o favorecen de alguna manera esas reacciones desesperadas de venganza, odio, muerte y destrucción. Hay que analizar las semillas que hacen posible el terrorismo para evitar que germinen e invalidar de raíz cualquier excusa que pretenda justificarlo. Entre otras razones, porque está comprobado que sólo con la fuerza y las operaciones militares no se resuelve el problema ni se alcanza la deseada paz en la zona.

De ahí que la iniciativa surgida en los últimos meses por conseguir que se haga realidad el proyecto de un Estado propio palestino sea, en contra de lo temido por Israel, una vía necesaria e ineludible para conseguir la pacificación y la estabilidad en el Cercano Oriente. Suecia lideró en Europa esta vía al ser el primer país de la Unión Europea que reconoció oficialmente Palestina como Estado. Le siguieron Reino Unido e Irlanda, cuyos parlamentos aprobaron proposiciones no vinculantes al respecto pero que representan un fuerte carácter simbólico en esta dirección. Y ahora también lo hace España, donde el Congreso, casi por unanimidad, insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (319 votos a favor, una abstención y dos noes). Europa como institución se suma a ese respaldo con el apoyo de la nueva jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, que asegura perseguir tal logro durante el mandato que ahora comienza.

Pero no es una vía de pacificación fácil ni rápida. A pesar de la progresiva aceptación de lo que debe ser una realidad en la que participan dos Estados obligados a entenderse y negociar su convivencia armónica en la región (Israel y Palestina), existen poderosas naciones occidentales que le niegan ese estatus a Palestina. Alemania, Holanda y Dinamarca son de las que, en la propia Europa, no reconocen esa posibilidad de existencia de Palestina como Estado. Y la más poderosa de todas en el mundo, EE UU, se alinea con la estrategia de Israel en contra de tal reconocimiento, aunque muestra reparos a los métodos intransigentes de las autoridades judías y a las ocupaciones de los territorios palestinos con colonias israelíes. Sin embargo, todas las partes, incluidos los renuentes al reconocimiento, abogan por la solución de los dos Estados. ¿Dónde surge, pues, la divergencia? En el cuándo reconocer la realidad estatal de Palestina.

Para unos, debe ser fruto de las negociaciones de paz; para otros, el inicio de esa negociación. Unos entienden que otorgarles el reconocimiento como Estado sería una acción unilateral que contraviene el espíritu de las negociaciones, pero otros están convencidos de que sólo desde la consideración como iguales podrían alcanzar la deseada paz entre ellos, al tiempo que se delimitan fronteras definitivamente, se aplican las resoluciones de la ONU y concluyen las ocupaciones territoriales por parte de Israel. Poco a poco, ante el fracaso de la vía militar o la fuerza, se va imponiendo la del mutuo reconocimiento y la negociación.

Pero cuando más cerca está la paz, resurge la violencia. Las bombas y el terror aparecen para cobrarse, en los prolegómenos de la paz, vidas humanas entre los bandos de un “conflicto” que lleva cerca de cien años en permanente estado de guerra. La única manera de parar esta dinámica infernal es evitar que los violentos determinen y boicoteen con sus acciones las iniciativas de esperanza entre dos sujetos estatales dispuestos a entenderse y convivir en paz. Por eso, el reconocimiento de Palestina no es el final de la paz, sino el principio de ella. Toda la espiral de violencia descrita anteriormente obliga a ello, a buscar la paz desesperadamente, incluso con la generosidad del reconocimiento de la realidad como Estado de Palestina. No sería una concesión, sino una conquista que evitaría más derramamiento de sangre en una tierra bañada de ella. Porque ya es hora de la paz, es la hora de Palestina.

20 veces inmoral y 14 millones injusto

Si veinte personas o titulares de patrimonio poseen una fortuna equivalente a la que pueden reunir 14 millones de personas en su conjunto, es que el sistema es veinte veces inmoral y catorce millones de veces injusto. No puede funcionar con normalidad un sistema que permite que unos pocos acaparen tanta riqueza y que muchos no tengan siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Algo falla y falla estrepitosamente.

Falla el sistema y fallan estrepitosamente los mecanismos legales, políticos y morales que lo permiten, consienten, mantienen y posibilitan. No se está construyendo con ese sistema una sociedad cimentada en la justicia, la equidad y la igualdad necesarios para ofrecer a sus miembros condiciones dignas de desarrollo, progreso y bienestar. Antes al contrario, lo que se erige sobre esa base es una sociedad basada en desigualdades, injusticias sociales y en la rapiña de los poderosos, todo ello a costa de explotar a los más débiles, someter a los desfavorecidos y empobrecer permanentemente a los que poco o nada tienen. Tal situación es la que reflejan los datos facilitados en su último informe por la ONG Oxfam Intermón sobre la brecha entre ricos y pobres en España.

No se puede aceptar una sociedad así de inmoral e injusta como si fuese una catástrofe natural e inevitable. No es el azar lo que la produce, sino las intenciones e intereses de su clase dirigente o dominante. Y no tiene justificación. Únicamente la justifican y preservan los depredadores sociales que la explotan y se lucran con las injusticias: ese 1 % de ricos que posee tanto o más que el 70 % del resto de los españoles, o esas 3 personas que atesoran una riqueza que duplica a la del 20 % más pobre de la población. Desde cualquier punto de vista, se trata de una situación humillantemente lacerante máxime si, para colmo, las desigualdades y las injusticias se producen en un país que tiene a más de 5 millones de sus ciudadanos sin trabajo, con pocas o ninguna posibilidad de encontrar empleo como no sea precario y mal pagado, y con un Gobierno que reduce las prestaciones por desempleo y acorta su duración con tal de beneficiar al sistema, a los empresarios y a los pudientes bajo la excusa de una crisis económica provocada, precisamente, por la avaricia de esos mismos sectores y clases dominantes.

Este sistema social y económico que, cuando más lo necesitan abandona a su suerte a los que peor lo pasan, es un sistema caduco y, por ende, rechazable. Cuando las soluciones que ofrece se limitan a reducir o eliminar ayudas y servicios públicos, cuando empuja al desamparo a millones de personas a causa de los recortes aplicados en sanidad y educación, precisamente las dos palancas que contrarrestan el peso de las injusticias y las desigualdades, es que es un sistema más injusto y más inmoral de lo que las cifras dan a conocer. Es un sistema podrido.

Pero en vez de combatirlo, lo apalancamos y lo consolidamos como si fuera insustituible. En vez de luchar contra las desigualdades que provoca, las fomentamos y las agrandamos. En vez de exigir a los que más tienen, empobrecemos a los que ya son pobres o apenas tienen. En vez de invertir para corregir los desequilibrios que refleja la brecha entre ricos y pobres, se fomenta gracias al socorro a los bancos, las autopistas, las compañías eléctricas y las finanzas. Se ayuda a la minoría acaudalada eliminando socorros públicos con la reducción del gasto en sanidad, educación, dependencia y pensiones, en perjuicio de una mayoría que no puede costeárselos. En vez de fomentar el trabajo, se permite a las empresas despedir sin justificación y sin apenas costo, abaratar la mano de obra y reducir salarios, precarizar el poco trabajo y empeorar las condiciones laborales, perjudicar en cualquier caso al trabajador para conseguir que aumente la cuenta de resultados y alimentar el insaciable lucro del capital, aunque la caída del consumo que se deriva del empobrecimiento de los asalariados sea, a la postre, perjudicial para la actividad productiva y económica.

Cuando el sistema sólo sirve a los pudientes y poderosos, no es de extrañar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más numerosos y más pobres, pudriendo una sociedad que se transforma en injusta, crea desigualdades y sus miembros sucumben a la desconfianza en las instituciones y en los medios que contribuirían vencer sus lacras. Justo eso es lo que reflejan estas cifras de Oxfam Intermón de la situación en España. Reflejan el descontento de la población con un sistema que no ha sabido dar respuesta a sus demandas ni ha podido satisfacer sus ansias de progreso y bienestar con equidad y justicia. Reflejan un sistema fallido que posibilita el surgimiento de los populismos y los pescadores de ríos revueltos.

Gracias a seis años de crisis provocada por los especuladores financieros y afrontada exclusivamente con la austeridad en el gasto público y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, España ha conseguido convertirse en el segundo país más desigual de la Unión Europea. Esas medidas restrictivas en el gasto, lejos de solucionar el problema, han traído consigo el incremento del número de desempleados hasta cotas inasumibles, han deteriorado las condiciones laborales hasta cotas vergonzosas, han recortado salarios y derechos de los trabajadores hasta niveles tercermundistas y han, en su conjunto, empobrecido a la población como nunca antes en la historia moderna de España, salvo el período inmediatamente posterior a la Guerra Civil.

Y ello no ha sido involuntario ni indeseado, sino todo lo contrario. Todas las políticas implementadas para afrontar la crisis se han decidido con la intención de favorecer a la élite del capital en detrimento de las masas proletarias. Son fruto de un modelo de sociedad que descansa en las injusticias y las desigualdades, es decir, en la iniciativa privada y el mercado como motores de la actividad económica. Si de ello se deriva la ampliación de la brecha que separa ricos de pobres, no debería sorprendernos. Se trata de una lógica y esperada consecuencia. Lo tenemos tan asumido que cuando un representante de esa élite privilegiada fallece en sus mansiones, el pueblo se presta a mostrar entristecido su lealtad a un miembro del sistema que se sustenta en la explotación de unas clases por otra. Pero no suelta ni una lágrima por su propia condición de pueblo sometido y esquilmado. Así nos va. Desgraciadamente, Oxfam podrá seguir detectando nuestro empobrecimiento durante muchos años.   

¡Ya era hora. un Estado palestino!

Por fin se extiende la idea de que el "conflicto" palestino podrá avistar su solución definitiva con el reconocimiento como igual a la parte más débil del enfrentamiento: Palestina. El día que sea reconocida como Estado soberano en el concierto internacional de las naciones y esté integrada en sus organizaciones (ONU, etc.), entonces Palestina podrá negociar con Israel un acuerdo de paz eficaz, estable y verdadero. Mientras no sea así, seguirá siendo una entelequia sin fronteras que es continuamente reducida mediante la política impune de las ocupaciones con poblados israelíes de su territorio. Palestina no es el final de un proceso de paz, sino el comienzo de la paz.

La Cultura de Wert

Que los ministerios de Cultura suelen dedicarse bien a la propaganda, bien al sectarismo, bien al “perifollo” del Gobierno de turno, que finge estar interesado en “eso” que, en esta época utilitarista y de crisis, está abocado a la desaparición por su inutilidad mercantil, cual es la cultura en su más amplia concepción, es cosa sabida y asumida. De hecho, la cartera menos apetecida por cualquier político es, precisamente, la de Cultura, pues obliga a tratar asuntos y gente con los que apenas se comparte ninguna afinidad y que sólo aguardan del ministerio ayudas y subvenciones.

No es ninguna novedad la utilización de este departamento, generalmente agregado a otros en una especie de cajón de sastre donde se amontona lo inservible –como deportes, educación, etc.- para simplemente premiar a “amigos” incómodos y afianzar valores dominantes en sociedad o ideológicos de la política en el Poder. Claro ejemplo de todo ello es José Ignacio Wert Ortega, ínclito ministro del ramo, con seguridad el peor considerado de los que ha habido en democracia en España y el más abiertamente entregado a la causa de la manipulación y el adoctrinamiento de cuántos se han sentado en el edificio de la calle de Alcalá. Ni siquiera los premiados por su departamento le quieren. Prefieren rechazar las dádivas a tener que agradecérselas a quien hasta los estudiantes niegan el saludo de manera notoria. Y no es para menos, pues se ha ganado el repudio a pulso de los que no se venden por un plato de lentejas.

Este ministro, abogado experto en estudios sociológicos y demoscópicos, es un político del Partido Popular al que Mariano Rajoy encomendó la cartera de Educación, Cultura y Deporte en 2011. Desde entonces ha destacado por desmontar todo el sistema educativo “heredado” de los Gobiernos progresistas anteriores para retomar las reválidas, reintroducir la asignatura de religión, reducir ayudas y becas y aplicar un recorte presupuestario y de personal como jamás se había realizado en España. Esta actuación de Wert no sólo propició la huelga más amplia conocida en el sector de la enseñanza -desde infantil, primaria y secundaria, hasta la universitaria-, sino que motivó, además, que todos los rectores de Universidad le dieran plantón al ministro, en un Consejo de Universidad, por el incremento de las tasas universitarias y una política de recortes económicos que limitan sobremanera la educación pública y la ponen en serio peligro, frente a una privada que sigue gozando de conciertos y beneficios.

Nunca se había producido en nuestro país un enfrentamiento de tal calibre, en el que toda la comunidad educativa muestra su rechazo, como describió el profesor Díez Gutiérrez de la Universidad de León, a “una ley mercantilista, segregadora, privatizadora, clasista, sexista, antidemocrática y profundamente regresiva” como la LOMCE impulsada por Wert. No es de extrañar, por tanto, que los estudiantes galardonados por el ministerio a los mejores expedientes académicos afearan al ministro su actuación negándoles el saludo tras recibir el diploma en un acto público.

Pero es que en Cultura su legado no es mejor. Aparte de subir los impuestos a los bienes culturales -al libro, los museos, los espectáculos, etc.-, a José Ignacio Wert no le tiembla el pulso para, no sólo asfixiar económicamente al sector, sino incluso ahondar el “desprestigio en el que se ha sumido la cultura en los últimos años”, según denuncia Colita, artista que rechazó el Premio Nacional de Fotografía de 2014. Esta fotógrafa se sumaba a la actitud seguida anteriormente por Jordi Savall (Nacional de Música), Javier Marías (Narrativa, en 2012) y Josep Soler (Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2013), todos los cuales expresaron con su rechazo a los premios su inconformidad con la gestión desarrollada por el ministro, al que acusan de aplicar “una política deliberada de intento de hundimiento de la cultura”. Y es que, para algunos, todo el planeamiento cultural, diseñado por el ministerio en el Nuevo Plan Estratégico General 2012-2015, no hace sino reproducir el modelo reaccionario desarrollado durante el franquismo, tendente a usar la cultura como instrumento de propaganda y control ideológico.

Según el dramaturgo Guillen Clua, “al PP jamás le ha interesado una cultura que ponga en cuestión su base ideológica y todavía menos su política cultural”. Así, con excusa de una supuesta racionalización en el “gasto”, José Ignacio Wert ha acometido una política de recortes y privatizaciones de las principales instituciones del ámbito cultural que ha deparado el despido de miles de trabajadores, la pérdida de innumerables empresas circunscritas al sector y un “adelgazamiento” de la inversión en industrias que suponen, en su conjunto, el 3,5 por ciento del PIB. La subida del IVA al 21 % y los fuertes recortes están llevando la Cultura casi a su desaparición, salvo la que el Gobierno tacha como Marca España: aquella determinada producción cultural destinada a sostener de cara al exterior una estrategia diplomática y política. El resto se abandona sin recursos o se deja en manos de la iniciativa privada. El tejido cultural del país, desde la óptica neoliberal del ministro, debe estar regido por el mercado, interesado sólo en el espectáculo de masas que garantice la inmediata rentabilidad, aunque ocasione una sociedad compuesta por aborregados y sumisos espectadores.

Es este tipo de política cultural, que se aproxima a la desarrollada durante el franquismo de desdén y hostilidad hacia la propia cultura y los intelectuales”, lo que causa sorpresa al escritor Javier Marías por no provocar más rechazo y renuncias, sobre todo entre quienes “presumen de tener conciencia social y ser de izquierdas”. Una política que por un lado asfixia a sectores culturales tan vulnerables como el teatro, la industria editorial, la música o entidades de la talla de la Real Academia Española de la Lengua, mientras que, por otro, dispone de recursos para iniciativas tan cuestionadas como el Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de Historia, que incluía una entrada hagiográfica sobre Francisco Franco que generó una enorme controversia. Sin embargo, a pesar de lo recomendado por el Congreso, el ministro Wert sigue incluyendo financiación para esta obra, que suma ya más de seis millones de euros invertidos en unos tomos que deberán ser revisados en aras de la exactitud y objetividad históricas.

Este uso de la cultura como instrumento de manipulación y propaganda no es nuevo, ni privativo del actual Gobierno ni exclusivo de nuestro país. De manera subliminal o burda, todos los países han intentado enmascararse tras su oferta cultural para irradiar la imagen que estimaban conveniente en cada momento. Pero la que está desarrollando el Partido Popular de la mano de José Ignacio Wert es franca, sin disimulo y decididamente reaccionaria, encaminada a destetar la acción cultural de las ubres del Estado y acoger sólo los elementos culturales significativos con determinada concepción “nacional” o “patriota” para usarlos de reclamo en una campaña de imagen de cara al exterior. De esta manera, se promociona El Quijote como hito de la literatura española al mismo tiempo que se impide su lectura en los colegios por los recortes que hacen disminuir el número de profesores y maestros, los impedimentos a la edición de libros y el deterioro que se perpetra a la educación pública. Así es la Cultura de Wert, un recurso publicitario y no un medio para la transformación de la realidad y emancipación del ser humano.

Baeza

Antes de que las nieves cubran la serranía y los vientos helados barran los pueblos de las laderas y los valles por donde culebrea el Guadalquivir, una visita a Baeza, esa Cáceres andaluza que castellaniza en piedras su tranquila faz urbana, es una iniciativa aconsejada. Merece perderse por los cerros de Úbeda para extasiarse con ese mar de olivos que ocupa todo el paisaje hasta donde la montaña impide el cultivo de un árbol milenario que es fuente imprescindible de riqueza y cultura. Contemplar la humilde y austera aula en la que impartió clases el alma de un poeta universal que sólo hablaba al hombre que va consigo y perderse por callejas empedradas alrededor de la Catedral, ya convierten el viaje a Baeza en una experiencia sumamente satisfactoria. Y degustar su aceite, con el que elaboran toda una rica gastronomía, y asomarse al mirador de la Muralla para empequeñecerse ante la portentosa silueta de las Sierras de Cazorla y Mágina, es algo que una vez en la vida, al menos, todo andaluz, en particular, y todo español, en general, debería hacer para agrandar el horizonte de su existencia y apreciar los rincones paradisíacos de su tierra. Baeza y Úbeda ocuparon las horas de un inolvidable fin de semana que rompe la monotonía y expande el espíritu.

Cafeterías del Hospital Virgen del Rocío, a peor.

Al parecer, las cafeterías del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla no salen de la “mala racha” y continúan a merced de una dinámica que sólo persigue, no prestar un servicio, sino explotar un negocio con el que obtener el máximo beneficio al menor costo. Los empleados de las cafeterías y los trabajadores y usuarios del hospital son rehenes de esta situación. Han de tragar con lo que les echen, si quieren –los primeros- conservar un trabajo, en cada vez peores condiciones, y disponer –los segundos- de un sitio donde tomar un café, si es que a “eso” se le puede llamar café.

Los tiempos, no se sabe si por la crisis o las ambiciones de unos (Gerencia) y otros (Empresa), no están para prestar un servicio digno de hostelería a los trabajadores sanitarios ni a los transeúntes y usuarios del hospital más importante de Andalucía por el número de camas. Tras los “problemas” surgidos con la anterior empresa concesionaria, Marhan Catering del grupo Márquez Han, que terminó aplicando un ERTE a los trabajadores, suprimió determinados complementos retributivos a la plantilla, adeudaba nóminas y pagaba con atraso los salarios, la Gerencia del hospital ha presentado nuevo concurso, que ha sido ganado por otra empresa especializada en estos menesteres: Serunión, conocida firma española del sector, filial del grupo Elior (el tercer grupo europeo en restauración colectiva), dedicada a prestar servicios de catering a empresas y colectivos sociales. Tiene su sede en Barcelona y consta de varias divisiones: restaurantes, salud, mayores, vending, etc. No es, por tanto, ni una intrusa ni una “novata” en trabajar para cafeterías y comedores de empresas, hospitales, colegios, residencias, centros sociales, etc. Pero los cambios en las cafeterías del hospital sevillano no se han hecho esperar.

Cambios que no sólo afectan al uniforme de los camareros o los nuevos paneles que anuncian lo obvio a la entrada de las cafeterías, sino a la calidad. Sin llevar apenas un mes explotando el negocio, ya empieza a detectarse la búsqueda del ahorro en los nuevos responsables de las cafeterías, al sustituir productos por otros de marcas más económicas, sin importar las preferencias de los clientes. Es lo que ha pasado con el café, que ha sido sustituido por el de otra marca desconocida que en absoluto satisface a los degustadores de esta bebida, a pesar de ser, con seguridad, el producto más solicitado y rentable de cuantos se consumen en estas cafeterías. Los trabajadores del Hospital ya piensan recoger firmas para expresar su rechazo por este cambio en el café al que estaban acostumbrados desde hace décadas. Y no es cuestión de marcas, sino de sabores y calidad.

Pero si esta anécdota, que probablemente no genera la más mínima preocupación a los directivos de Serunión, sí al menos debiera alertarlos de las exigencias y las críticas que comienzan a producirse por una forma de “trabajar” que antepone el beneficio frente a la calidad y la satisfacción de sus clientes. Debería obligarlos atender las demandas de un público que no va a consentir que, con menoscabo de la calidad y la seguridad sanitaria en aras de la rentabilidad, se reproduzcan en las cafeterías del Virgen del Rocío las mismas “incidencias” que esta empresa cometió en otros sitios y que son de dominio público.

Porque ya fue noticia en los periódicos que aquí, en Andalucía, Serunión mantuvo una larga lista de problemas cuando se enfrentó a la suspensión del servicio de comidas que ofrecía en 11 colegios de Granada y a la intoxicación de un centenar de niños en otros de Sevilla, en el año 2007. También que tuvo que retirar las legumbres del menú que servía en dos colegios de Málaga. Y que hasta en media docena de centros educativos, cinco de ellos en la provincia de León, se hubieran detectado larvas de gusanos en las comidas. Este último escándalo ha suscitado que la ONG Ecologistas en Acción se haya dirigido al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León para que rinda cuentas y haga públicos los controles realizados en los comedores escolares, al tiempo que exigía al director provincial de Educación “la rescisión del contrato con la empresa de catering Serunión por la baja calidad de las materias primas y la falta de garantías sanitarias de sus menús”.

De ahí que lo del café no sea sólo anécdota y se haya convertido en síntoma preocupante de que las cafeterías del Virgen del Rocío van a peor. Los trabajadores del Hospital no piensan tolerar esta tendencia hacia la peligrosidad alimenticia y la pérdida de calidad que practica, por los antecedentes expuestos, la actual concesionaria que explota las cafeterías. Ni los clientes, por otra parte cautivos, de las mismas (trabajadores del hospital y usuarios) merecen ser atendidos con semejante irresponsabilidad ni los empleados de las cafeterías deberían verse obligados a contrarrestar con su profesionalidad y amabilidad las miserias de una empresa que antepone su cuenta de resultados a la calidad del servicio que presta y a la confianza y satisfacción que debiera generar entre sus clientes.

Es por todo ello que muchos se preguntan qué irrechazable oferta habrá presentado Serunión a la Gerencia del Hospital para conseguir la concesión de las cafeterías, cuando no se han tenido en cuenta los nefastos antecedentes que arrastraba la empresa.  Todo un misterio que hace temer que las cafeterías del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla irán a peor. Pero, ¡ojalá estemos equivocados!

El `aguijón´ de Rosetta

Si todo sale como está previsto, la sonda “Rosetta” de la Agencia Espacial Europea (ESA) hará descender, hoy miércoles, un pequeño módulo de casi 100 kilos de peso, el Philae, sobre la arrugada superficie de un cometa con forma de cacahuete, que se halla actualmente entre las órbitas de Marte y Júpiter, tras un viaje de persecución de más de 6.000 millones de kilómetros. De resultar con éxito, se trataría de una hazaña sin precedentes de la industria astronáutica europea, empeñada en misiones de bajo coste relativo para la investigación espacial. Las posibilidades de conseguir hacer aterrizar el artefacto sobre el satélite, lo que no se ha realizado nunca hasta la fecha, son del 70 por ciento, por lo que los responsables de la misión contendrán el aliento durante las siete horas que tardará en completarse la maniobra de descenso.

Nada en esta misión ha sido fácil. El viaje ha durado 10 años desde que Rosetta fuera lanzada al espacio el 2 de marzo de 2004, describiendo órbitas elípticas que le han permitido aprovechar los campos gravitatorios de la Tierra y Marte para impulsarse hacia el encuentro con el cometa 57P/Chrryumov-Gerasimenjo, de tan sólo 5 por 3 kilómetros de diámetro, es decir, una mota de polvo en el Universo.

Un cuerpo sideral tan pequeño apenas tiene gravedad, por lo que el módulo Philae, si consigue aterrizar sin novedad, deberá clavar dos arpones en la superficie del cometa, como sendos aguijones, para anclarse y evitar salir rebotado otra vez hacia el espacio. Una vez “sujeto” al peñasco espacial, el módulo obtendrá por primera vez en la historia imágenes “in situ” de un cometa e iniciará los estudios que tiene encomendados sobre la composición geológica del terreno, análisis de polvo y plasma y medición del campo magnético, entre otros. Está previsto que el artefacto permanezca, al menos, una semana en plena actividad, transmitiendo a la Tierra los datos que obtengan los diferentes instrumentos de que dispone, a través de una compleja configuración de comunicaciones entre el módulo, la nave y el centro de control en la Tierra. En el proyecto de ESA, con un coste aproximado de 1.400 millones de euros, han participado compañías de 14 países europeos y grupos científicos españoles.

El interés de la misión estriba en conocer la composición de un cuerpo que pasa la mayor parte de su vida congelado, lo que hace suponer que se conserva tal como se formó hace millones de años, sin apenas alteración, permitiendo así conocer los materiales originales con los que se “construyó” nuestro sistema planetario. Para entenderlo mejor gracias a un símil: se estudiará el ladrillo con el que está construido el edificio cósmico en el que habitamos una de las viviendas. Además, el módulo permitirá detectar los cambios que se producen en un cometa debido al incremento de la radiación solar en su acercamiento al Sol, cual es la emisión de gases que se produce cuando el aumento de la temperatura hace que se evapore parte del hielo presente en su composición y se escapen los gases atrapados en su interior, formando la característica cola. Incluso puede aportar datos interesantes que avalen la teoría de que la vida, en su forma más primitiva e inorgánica, provino a bordo de estos cuerpos caídos en la Tierra, hace millones de años.

De ahí las enormes expectativas que depara el aterrizaje que hoy debe producirse sobre ese minúsculo cometa que vaga solitario por el espacio, un desafío acorde a la ambición científica que lo motiva y a la audacia tecnológica que lo hace posible. Como aquella milagrosa piedra que permitió descifrar los jeroglíficos de la antigüedad, la nave homónima puede ayudar a comprender y conocer algo mejor los misterios que aún encierra nuestro Sistema Solar. Nada hay más fascinante que la ciencia explorando lo ignoto, dedicar el raciocinio al servicio de la Humanidad para elevar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Hay que felicitarse porque todavía miremos y busquemos las estrellas en busca de respuestas.  

Noviembre

Ribera del Huéznar

Transitamos un mes denostado por quienes lo consideran triste y gris, como si una pena infinita les embargara con sólo leer su nombre en los calendarios. Nace justo para recordar a los ausentes, a los abandonados en los camposantos de la desmemoria, y sus días desembocan sin dilación en los rigores del invierno, acostumbrándonos al abrigo y los impermeables con que nos protegemos de nuestras propias impertinencias y petulancias. Sin embargo, noviembre esconde el encanto marchito de la intimidad y los rincones umbríos donde apreciamos el silencio que hace estremecer el aire y las hojas. Así se descubre la alegre tristeza de noviembre, este mes denostado por quienes no saben estar en diálogo consigo mismos ni son capaces de admirar la existencia desnuda y natural, sin los abalorios artificiales que la ahogan.

Monago y los monaguillos

Comparado con lo que otros de su partido han “extraviado” en asuntos de más enjundia (como puede ser el hacerse rico, sin más), lo de Monago es una falta de monaguillos, “pecata minuta”. Gastar del dinero de los españoles, con cargo a la institución senatorial (cuyo nombre suena ya a residencia de ancianos), más de 30 mil euros por visitar cada 15 días, durante dos años, a una “amiga” en Canarias, es simplemente arrebato pasional, un calentamiento sin más ambición que la del desahogo sentimental, muy comprensible viendo las fotos del implicado y de la señora, correligionaria que hace suyo eso de volar cual gaviota por los cielos azules de la política. Por mucho menos, hay quien monta la Tragicomedia del mozo inteligente Calisto y la bella Melibea, pero con más arte, menos descaro y algo de decencia. Porque en esta historia, que no pasará a los anales de la novela amorosa, lo que ha faltado es sobre todo decencia, que no moral, por mucho que el señor cogido por sus partes sea representante de una formación que pretende que todos los españoles vayan a misa, no aborten, paguen por respirar y sigan obedeciendo sin rechistar al señorito que los arruina con tal de vivir de las rentas.

Nadie, ni personal ni moralmente, impide al presidente de Extremadura visitar a quien desee y le satisfaga, siempre y cuando sepa distinguir entre asuntos privados y públicos, incluso en horas laborales, porque para algo tiene dedicación exclusiva. Sin embargo, cargar en la tarjeta del Senado los gastos de sus escapadas a las Islas Afortunadas como si fuesen asuntos institucionales, es de mala cabeza, comprensible por el ofuscamiento sentimental pero imperdonable desde la ética de la gestión pública. Y ahí es donde llueve sobre mojado, ya que si de lo que están hartos los españoles, no es de bajas pasiones, sino de que hasta los monaguillos sisen del cepillo.

Un partido que tiene a todos sus tesoreros cuestionados y algunos de ellos imputados por diversos delitos fiscales, un partido del que todo el mundo, menos su presidente, sabía que mantenía una financiación ilegal y distribuía sobres para remunerar de forma extraordinaria a sus cuadros dirigentes, un partido que alimenta tramas corruptas allí donde gobierna y mantiene puertas giratorias por las que transitan sus líderes para acceder al sector privado cuando abandonan la poltrona, un partido que no puede meter en la cárcel, como arguye su secretaria general, a sus delincuentes condenados, pero los saca en un santiamén, en definitiva, un partido podrido por la corrupción, como el Partido Popular, lo que menos le conviene ahora, para colmo, es un lío de faldas con cargo al erario público. Y esa es la guinda escandalosa que ha proporcionado José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura.

El dispendio y el saqueo del dinero de los contribuyentes no distingue ya de cuantificaciones, sino de decencia. Es indecente robar mil millones por la cara como 30.000 euros por placer. En estas profundidades del lodazal en el que nos ha hundido la falta de decencia en la “cosa pública”, no se admiten ya ni perdones ni arrepentimientos a moco tendido. Lo único que exige la gente a la que obligan pagar todas esas “facturas” de los indecentes y los manirrotos es la devolución de lo escamoteado, el castigo de los culpables y recobrar el respeto y la virtud en la administración de lo que es de todos, con más rigor que si fuera propio.

Y si el monaguillo engaña a la iglesia, que no corra a cuenta de los feligreses, sino que la diócesis lo expulse y le haga devolver lo rapiñado en las obras de caridad, para que el cura pueda seguir dispensándolas. Monago ha pecado como un monaguillo y ha de ser castigado porque la parroquia ya no tolera más escándalos, ni mortales ni veniales.   

Hartos de decidir

Cuando el 9N (9 de noviembre) suceda lo que suceda en el simulacro de referéndum catalán, doblemente prohibido por el Tribunal Constitucional, y se constate su ineficacia legal para abordar los asuntos que decían lo hacían imprescindible, muchos podrán sentirse aliviados de la hartura del “problema” de Cataluña, que no de los catalanes, los cuales han sido conducidos a una encrucijada diabólica: o eran independentistas y, por ende, más democráticos que nadie en su exigencia de “decidir”, o eran peyorativamente españolistas y, por tanto, señalados por parecer antidemocráticos al no reconocer el “derecho” de aquellos empeñados con “decidir”. Tal disyuntiva ha supuesto el problema más controvertido de la política nacional, obligando al Gobierno a recurrir por dos veces ante el Tribunal Constitucional la pretensión catalana, y ha motivado el enfrentamiento más enconado entre los españoles, no sólo de los catalanes, a la hora de opinar sobre ese supuesto “derecho a decidir” que genera todo el problema.

Y apelamos a la sensación de alivio que muchos experimentarán al concluir sin dramatismo el anunciado “choque de trenes” promovido por la Generalitat de Cataluña, porque el tema lleva toda la legislatura protagonizando la actualidad política nacional y la saturación monotemática está a punto de provocar el hartazgo, si el Gobierno no le da por complicar aún más la situación con medidas coercitivas y punitivas contra los responsables de esta pacífica e inútil desobediencia civil ciudadana. Puede que, después del 9N, muchos de los movilizados a favor y en contra de la pseudoencuesta sobre la independencia impulsada por los soberanistas aprecien que se trata de un subterfugio que desde ciertas instancias han inventado para inocular en la población sentimientos y emociones, en vez de criterios racionales, que les impiden detectar la tomadura de pelo de que han sido objeto. Porque, en realidad, ese archireclamado derecho a decidir lo llevan ejercitando los catalanes, en particular, y los ciudadanos de todas las regiones españolas, en general, cada cuatro años desde que votan elecciones autonómicas.

Son esas elecciones autonómicas, legales, controladas, voluntarias, libres y abiertas a todos a través de un censo electoral perfectamente riguroso y verificable en cuanto a requisitos, participación, recuento de votos y resultado del escrutinio, sin coacciones ni presiones, salvo las derivadas de la campaña de propaganda electoral en las que participan todas las opciones concurrentes, las que posibilitan a los catalanes decidir qué opción y cómo prefieren ser gobernados. Porque en tales elecciones, también en las generales, desde hace más de treinta años se presentan ofertas políticas independentistas, nacionalistas y estadistas, todas ellas constitucionales (se adecuan a lo establecido en la Constitución) y suficientemente representativas del sentir y la diversidad de los ciudadanos votantes, contando incluso con la abstención como actitud pasiva de no participar ni decidir.

Por eso, si en verdad lo hubieran deseado, los catalanes hace tiempo que habrían elegido en cualquiera de esas oportunidades, de manera clara y contundente como sólo en democracia es factible (por mayoría) las opciones independentistas que se le ofrecían en cada ocasión. Entonces, y sólo entonces, los elegidos estarían legitimados para exigir al Gobierno de España la apertura de conversaciones y negociaciones en busca de repuesta a la expresión avalada legalmente con los votos de la mayoría. Y ello, en toda la historia reciente de la democracia española, no ha sucedido nunca, lo que se quiere solventar con subterfugios plebiscitarios que sustituyan el verdadero y válido mandato popular.

Lo del referéndum y elecciones participativas no dejan de ser “maniobras orquestales en la oscuridad” para entretener al personal mientras algunos partidos y algunos dirigentes catalanes se empeñan en tensar la cuerda de la legalidad para alcanzar bien mayores competencias de las que disfrutan y credibilidad ante su electorado o bien desviar la atención de los graves problemas que afectan a aquella región, tan golpeada por la crisis y la corrupción como otras del país, aunque tal vez menos afortunadas en cuanto a recursos y nivel de vida.

 
No parece, pues, que la solución a los complejos problemas que en la actualidad afectan a todos los españoles, también a los catalanes, dependa de ese obcecamiento soberanista por celebrar un referendo independentista que les posibilite atraer el apoyo social que en las demás elecciones no consiguen. Ojalá que, suceda lo que suceda el próximo 9N, una profunda sensación de alivio de extienda por todo el país, tras conseguir ejercitar el manoseado “derecho a decidir” nada, y, calmados los ánimos, la política vuelva a centrarse en los verdaderos problemas de la gente: bienestar, progreso, justicia, paz e igualdad, residan donde residan y se expresen como se expresen

Ambiciones de un mindundi

Quería ser como aquellos jóvenes a los que espiaba en los parques, confiados y contentos, ya que apenas había podido relacionarse con nadie en el seno de una familia huraña, de la que siempre recelaron. Envidiaba a la gente que podía ensimismarse en la lectura de un libro cuando él sólo había sido capaz de aprender las cuatro reglas y garabatear una firma confusa e infantil. Le habría gustado poder escribir las más bellas palabras que de su boca era imposible que brotaran porque solo se entendía con los animales que le hacían compañía en su casa. Los jardines florecidos y cuidados le llamaban la atención frente al desorden con que acumulaba todas las cosas que recogía en la calle por si podían serle de una utilidad que rara vez hallaba. Miraba los coches atraído por la posibilidad de alejarse raudo de cuanto le rodeaba sin importarle lo más mínimo la máquina. Le obsesionaban las nubes que cruzaban parsimoniosas sobre los árboles sumidas en un silencio inmaculado. Siempre le había apetecido volar pero sus brazos sólo sirvieron para deformarse con el esfuerzo y las enfermedades. Ni siquiera tuvo imaginación para soñarlo. Había nacido entre los desafortunados y, cuando cerraba los ojos, ni la noche le proporcionaba descanso.

Tráfico carcelario

Francisco Granados

Últimamente, la cárcel está pareciendo un centro comercial, donde se mezclan gente de toda clase y condición: desde simples “robagallinas” y drogadictos hasta delincuentes de guante blanco y políticos corruptos, que también esnifan lo suyo, sobre todo con dinero de los contribuyentes. Mientras los primeros permanecen largo tiempo entre rejas, los segundos entran y salen como si fueran sólo a tomar café, en lo que sus abogados reúnen la fianza, elevan recursos y elaboran mil ardiles para conseguir la libertad de sentirse poderosos. Nadie, ni unos ni otros, devuelve nada de lo robado, bien porque se lo han gastado o comido o bien porque lo tienen a buen recaudo en paraísos fiscales e intrincada “ingeniería financiera”. Los primeros, a celdas comunes; los segundos, a módulos especiales como medida de “protección” y comodidad. Lo cierto es que en España la cárcel está teniendo un tráfico de personas “elegantes”, entrando y saliendo, más propio de un local comercial que de un centro penitenciario.

Luis Bárcenas

Hace escasos días fueron varios alcaldes y un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, entre otros, los que ingresaron en prisión por cometer esos delitos en los que se especializan, al parecer, los que se dedican a la política para prosperar: robar dinero público mediante cohechos, tráfico de influencia y comisiones. Lo habitual. Cumplirán el procedimiento y, tras ofrecer la imagen deseada de una justicia igual para todos, saldrán al poco tiempo al conseguir enseguida el tercer grado y la libertad condicional, independientemente de la cantidad saqueada y nunca recuperada. Así, al tiempo que Francisco Granados, exsecretario general del Partido Popular de Madrid, ocupaba su celda junto a Gerardo Díaz Ferrán (ex patrono mayor de la patronal) y Luis Bárcenas (exgerente y tesorero del mismo partido, a nivel nacional), salía tan contento Jaume Matas, expresidente de Baleares y exministro de José Mª Aznar, tras pasar sólo tres meses entre rejas. Otros aguardan el mismo recorrido, como Carlos Fabra, el que construye aeropuertos sin aviones y que antes de entrar ya espera un indulto, e Isabel Pantoja, que tiene a España hecha unos mocos y a la que aguardan tras los barrotes su examante, Julián Muñoz, delfín de Jesús Gil en la cosa de los saqueos marbellíes, y su exesposa, Maite Zaldívar. Muchos más se amontonan en la puerta como si la cárcel estuviera de rebajas. Hay tramas por doquier e inquilinos pendientes de alojamiento penitenciario con los ERE, Pokémon, Palau, Brugal, Pujol y demás casos de la geografía corrupta de España.

Mario Conde

Mario Conde, que no es del partido que más gente tiene en la cárcel, también anduvo entre barrotes el período suficiente para escribir un libro lacrimógeno y doctorarse en tertulias donde impartir lecciones de moralidad política y social. Tampoco es que devolviera nada de lo saqueado en Banesto, al que arruinó y tuvo que ser “rescatado” para “fusionarlo” con el banco Santander antes de ponerse de moda el rescate bancario, pero al menos cumplió una minúscula parte de su condena. El expresidente de Bankia, antiguo presidente de Caja Madrid y amigo de infancia del citado Aznar, Miguel Blesa, en cambio, tras pasar dos veladas jugando a las cartas, abandonó el recinto carcelario para denunciar al juez que lo enchironó, el ya exmagistrado Elpidio José Silva, y lograr apartarlo de la carrera judicial. Aprendió de otro caso de corrupción que afecta al Partido Popular, la trama Gürtel, del que lograron expulsar al juez Baltasar Garzón, al tiempo que otorgaban libertad provisional a los cabecillas de la misma: Francisco Correa y Pablo Crespo, entre otros. Todavía anda Blesa en trámites legales porque su avaricia es ilimitada y lo han “pillado” también en la estafa de las preferentes y el uso de tarjetas “negras”, inmorales y opacas, para “gastos personales” que se autoconcedió, además de las tarjetas de representación y su sueldo millonario. Pero se defiende, tirando de agenda y amigos, y anda suelto por la calle, velando unas posesiones que no le dan para hacer frente a la fianza. Aún no ha escrito ningún libro. Será por la poca experiencia carcelaria.

Miguel Blesa con Gerardo Díaz Ferrán

Este tráfico carcelario con los pudientes no se compadece con la rigidez que muestra con otros. Así, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 22 años de prisión al “loco” que se hizo pasar por cura para asaltar la vivienda del delincuente Bárcenas. Aunque éste lleva algún tiempo entre rejas, seguro que sale antes que el demente. Y es que no hay comparación entre sus delitos. Uno suplantó un cura para acceder al domicilio de un ladrón, mientras el ladrón sólo había sisado unos cuantos millones de euros -que se sepa- de las cuentas que abastecían la financiación ilegal del Partido Popular.

Y es que para la Fiscalía de este país y para el Código Penal, los delitos se castigan penalmente en función de su importancia y peligrosidad. Y los de “guante blanco” podrán ser importantes a causa del defalco cometido, pero no son peligrosos. Todavía no han matado a nadie, aunque de tanto “adelgazar” el gasto en las cuentas del país, para rescatar a la banca y no a los ciudadanos, ya haya gente muriendo debido a falta de asistencia sanitaria, por carecer de cuidados apropiados y ayudas a la dependencia y al no poder acceder a unos fármacos y prestaciones que el Estado deja de subvencionar.

Isabel Pantoja

Hasta el mismo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, deplora que la ley está pensada para el “robagallinas” y no para el “gran defraudador ni los casos de tanta corrupción”. Es una evidencia constatable hasta por el más lelo, sin que se vea obligado a dimitir en consecuencia.

Por eso se siguen imputando a los participantes de piquetes informativos durante las huelgas, a quienes la Fiscalía acusa de atentar contra el derecho de los trabajadores, de lesiones y contra los agentes de la autoridad, con penas de prisión que acumulan hasta 99 años de cárcel, según asegura Rodolfo Benítez, miembro de la Ejecutiva del sindicato Comisiones Obreras. No es de extrañar, por tanto, que sean centenares los sindicalistas que se enfrentan a acciones penales y administrativas que, a juicio de la autoridad pertinente, son mucho más graves y peligrosas que robar dinero público o estafar a los clientes de un banco.

Con todo, resta por asistir a alguna medida ejemplarizante para que los ciudadanos confíen, con alboroto y sorpresa, en la Justicia. No me refiero a la orden de detención contra Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina –suegro del exministro Alberto Ruiz-Gallardón-, cursada por la Justicia argentina, a instancias de la magistrada María Servini, con fines de extradición para ser interrogados por crímenes cometidos durante la dictadura de Franco y en la Transición española. Para los “bienpensantes” nacionales, estos delitos están prescritos pues no los consideran de lesa humanidad, aunque la Justicia Universal así lo estime. Quedarán, pues, sin castigo. Del mismo modo que las torturas, que tampoco se condenan si el torturado es “terrorista” (aquí no cabe lo de “presunto”), al que no le asisten los Derechos Humanos, según la sentencia del Tribunal Militar que ha revocado el procesamiento de cinco militares españoles por torturas contra dos iraquíes detenidos en Base España, Diwaniya (Irak), en 2004, a pesar de que se aprecie nítidamente en un vídeo difundido por el diario El País en 2013.  

Duques de Palma de Mallorca

La medida ejemplarizante, que acaparará las portadas de diarios y revistas y llenará de contenido las tertulias y programas del “corazón”, será el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, el balonmanista que se casó con Cristina de Borbón y Grecia, duquesa de Palma de Mallorca e hija del rey “abdicado”, y se dedicó a amasar una fortuna, gracias a sus relaciones políticas y el asesoramiento de su socio, Diego Torres, también imputado. Esa, y la del ingreso de la Pantoja, serán las fotos que darán la vuelta al mundo. Entonces se escribirán editoriales y se elaborarán densos reportajes para que la población aprecie que todos somos iguales ante la ley, aunque unos más que otros. Porque siempre habrá pardillos que servirán de chivos expiatorios en los que la Justicia descargará todo el peso de una ley que nos protege de los “robagallinas”, para que los demás entren y salgan, al grito de: Luis, sé fuerte, aguanta.  ¡Y es que la cárcel tiene últimamente un tráfico…!