En España tampoco la libertad de informar se respeta
escrupulosamente, aunque sin llegar al extremo de meter en prisión al
periodista ni mucho menos matarlo. Se buscan subterfugios para obstaculizar su
labor, negarle el acceso a las fuentes de información, limitar la posibilidad
de documentar los hechos o, en algunos casos, denunciarlo por presuntos delitos
cometidos en el ejercicio de informar con veracidad y diligencia de aquellos
asuntos que interesan a la opinión pública.
El expresidentes del Gobierno, José Mª Aznar, perdió
recientemente una querella contra el diario El
País por informar de que había recibido sobresueldos, como otros dirigentes
del Partido Popular, durante la época del tesorero Luis Bárcenas, actualmente
en prisión a raíz, precisamente, de una investigación judicial por financiación
ilegal de este partido, derivada de la trama Gürtel. Plantear querellas por supuestos atentados al honor, la
intimidad y la propia imagen es uno de los recursos utilizados para coaccionar
la libertad de prensa.
Otro de los más vergonzantes instrumentos que limitan el
derecho a la información es la negativa a formular preguntas durante las ruedas
de prensa que convocan algunos personajes políticos en la actualidad. Se trata
de transmitir literalmente un mensaje a través de periodistas que actúan
simplemente como aparatos reproductores del sonido y la imagen, sin posibilidad
de indagar las intenciones, el contexto y las consecuencias que se derivan para
los ciudadanos de los asuntos comentados por estos líderes. La forma más burda
de este tipo de convocatorias ha sido la protagonizada por el actual inquilino
de La Moncloa ,
Mariano Rajoy, al ofrecer una rueda de prensa a través de una pantalla de
plasma, sin necesidad siquiera de estar físicamente presente en la sala. En
estos casos, los medios y los periodistas participan de la farsa al asistir a
tales encuentros, pudiendo negarse a ello si no se garantiza la libertad de
ejercer su trabajo dignamente. Un acuerdo corporativo para no difundir ninguna
información transmitida a través de ruedas de prensa sin preguntas sería
suficiente para que tal obstrucción a la libertad de prensa no se volviera a
cometer. Es preferible no informar que hacerlo condicionado por el Poder.
Es evidente que la verdad escuece a quien desea ocultarla.
Durante la manifestación en Madrid convocada por la Coordinadora 25S, los
agentes antidisturbios golpearon a siete periodistas gráficos que estaban
tomando imágenes de su actuación. No obstante, los excesos y el abuso violento
de autoridad no son, dentro de su gravedad, los elementos más preocupantes de
un gobierno que puede ser cuestionado desde los medios de comunicación. Sino la
deriva autoritaria que cercena la libertad de informar al legislar leyes que impiden, por ejemplo, captar
imágenes y grabar vídeos de tales excesos por parte de los profesionales del
periodismo e incluso de cualquier ciudadano. Es la declarada intención del
proyecto de Ley antimanifestación que está tramitando el Gobierno de España.
Tener capacidad de comprobar y fijar la realidad para
disentir de una versión oficial tergiversada no gusta a los manipuladores de
los hechos y a un Poder que recela de las libertades. No hace falta, pues, a la
hora de luchar por la libertad de prensa, esperar a que encarcelen o asesinen
periodistas. A tales extremos se llega previa desconfianza de su labor y de la
necesidad social del derecho a la información en cualquier sociedad
democrática. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, haya muertos y prisioneros
por informar, pero también que se pongan zancadillas legales a lo que vela
precisamente por la transparencia y la calidad de una democracia: el periodismo
libre e independiente. De ahí la conveniencia de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, a la
que se adhiere este blog.
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