Isla Cristina

Casi haciendo frontera con Portugal, a sólo 7 kilómetros del río Guadiana que separa España del país vecino, se halla un bellísimo pueblo que mira ensimismado al mar Atlántico desde la costa onubense de Andalucía. Rodeado de salinas, marismas, una ría  y el océano, Isla Cristina se aferra al continente gracias a un cordón de arena que se engrosa con los años para milagrosamente impedir con firmeza que este pueblo de pescadores acabe al pairo de las olas y el viento, elementos de los que, no obstante, extrae su riqueza y su razón de ser.

La antigua Real Isla de la Higuerita, fundada por levantinos y catalanes atraídos por los ricos caladeros de su litoral, es hoy Isla Cristina –rebautizada así en agradecimiento a la reina María Cristina por los favores prestados durante una epidemia de cólera-, una ciudad próspera que no abandona su dedicación tradicional a la pesca y las salinas, pero que mira al futuro con las lentes del turismo y, en menor medida, la agricultura, salvaguardando un litoral casi virgen y bendecido por la naturaleza. Quince días disfrutando de sus encantos es como una inmersión terapéutica en un paraíso todavía no profanado por ese turismo de masas y bloques de cemento y ruido que tanto gusta a los horteras. Saben a poco estas jornadas pero se incrustan en la memoria de manera indeleble. Quedan estas imágenes de lo que, nada más partir, ya se añora, y estos párrafos con los que se intenta mostrar gratitud con lo único que disponemos: las palabras.

 

 

Hasta luego

También de opinar se harta uno. Se cansa quien expresa su parecer y se cansan los lectores que siguen estas entradas después de una temporada intentando desbrozar los asuntos que al autor le causan desasosiego y recelos. Llega el turno del descanso, no se sabe si merecido o no, pero que resulta necesario para todos en general, tanto para quien escribe como para los que leen unas opiniones a veces compartidas, y otras, rebatidas por los que no están de acuerdo con ellas. Así es el diálogo silente de intercambiar impresiones.

Este blog también enmudece por vacaciones. Sólo quince días, un descanso relativo que permitirá a quien lo elabora poder hacer con placer y sin premuras lo que normalmente realiza sometido a la presión de la actualidad y las urgencias de lo inmediato. Un receso, libre del reloj, para seguir desde una hamaca el curso de los acontecimientos y no perder el pulso de la actualidad, pero especialmente para recuperar los viejos asuntos que siempre quedaban pospuestos a una mejor ocasión. Mientras el blog calla, llega el período de las aficiones, aunque éstas coincidan muchas veces con las obligaciones rutinarias: desempolvar libros, retomar escrituras, hacer caminatas, deslumbrarse ante alguna tontería de la naturaleza y compartir charlas con amigos y familia. En definitiva, recrearse en deambular por calles y pensamientos sin más rumbo que el que brinde la sorpresa y por mera distracción física y mental.



Lectura vacaciones

Se trata de un paréntesis que se asume porque es saludable atenerse a los ciclos del calendario, adaptarse a los ritmos que condicionan la convivencia colectiva y regulan la actividad humana. Se respetan como obligadas estaciones de tránsito que interrumpen la rutina y permiten estirar las piernas, dándonos oportunidad de organizar prioridades y evaluar lo conseguido, separando lo anecdótico de lo sustancial y satisfactorio. Nada mejor para reflexionar que estar sentado frente a un horizonte infinito en el que medimos nuestra insignificancia mientras el Sol se oculta con rojizo desprecio a la soledad consciente que lo contempla.  

Al cabo de 15 días retomaremos el siempre agradable encuentro con los invisibles babilonios que curiosean estas páginas. A todos ellos les deseo un buen verano, aunque la expresión resulte un simple convencionalismo que podría ofender incluso a quienes, por culpa de una crisis que tantos estragos está causado, no puedan siquiera permitirse el lujo de descansar. Serán ellos los que, precisamente, me harán impacientar por volver a establecer una relación en la que podemos manifestar nuestros anhelos por un mañana infinitamente mejor que cualquier ayer y para que esa cacareada recuperación de la que tanto hablan se convierta en una realidad en todos los hogares españoles y no sólo en los bancos.

El 31 de julio, si nada se tercia, tenemos una cita a la que Lienzo de Babel acudirá puntual. Mientras tanto, gracias por dedicarnos vuestra atención y tener la paciencia de seguirnos. Y para que no se haga demasiado larga esta quincena sofocante, les propongo la compañía de Al Jarreau, que siempre deleita el oído con tu canción. Hasta luego.

Envejezco de los nervios

Siento que últimamente me afectan mucho las situaciones de cambio, me desvelan sucesos que de alguna manera suponen una ruptura en mis rutinas, por nimios que sean. No hace falta que sean graves o preocupantes. Un simple viaje ya me hace levantar tres o cuatro veces en la noche, si no me obliga a ingerir un tranquilizante para poder cerrar los ojos. O si me aguarda al día siguiente alguna eventualidad a la que presto o me exige cierta atención adicional. Irme de vacaciones ya me altera a pesar de ser un hecho deseado y esperado todo el año que se supone aportará descanso y tranquilidad. Cualquier cosa imprevista o que rompa la normalidad predecible de los días me excita imperceptiblemente en apariencia pero agita mi corazón y aleja el sueño por las noches, por muy cansado que me acueste. Esta intolerancia anímica a los cambios y modificaciones en mis hábitos rutinarios la percibo como un síntoma inquietante de envejecimiento, como una señal clara de que me estoy transformando en un viejo gruñón que se irrita, no contra los demás, sino contra sí mismo. Como si mis nervios fueran lo primero que se está deteriorando con la vejez. Envejezco de los nervios.

Simpatizo siempre con el perdedor

Reconozco esta tendencia en mi carácter: elijo siempre a la parte más débil de cualquier confrontación. Es una actitud que procede de mi forma de pensar (el débil se enfrenta al poderoso espoleado por la razón o porque ya no soporta más abusos) y de mi personalidad: me considero perdedor, soy uno de ellos. Por tal motivo, si fuera militante socialista, yo hubiera votado a José Antonio Pérez Tapias, quien ayer cosechó el menor número de votos en las primarias que designaron a Pedro Sánchez Secretario General del partido socialista. Era el candidato que mejor me caía y mejor discurso construía, seguramente por su bagaje filosófico, más próximo a las ideas utópicas que al pragmatismo político que impulsa hacer lo que se pueda, no lo que deba. De igual manera, soy partidario de la causa palestina por su inmolación frente al poderoso Estado militar de Israel, de cuya arrogancia, crueldad e impunidad para asesinar tenemos sobradas muestras. Son dos ejemplos distintos y distantes que evidencian mis simpatías.

En el primer caso, serían muchas las lecturas que podrían hacerse del proceso de primarias instaurado por el PSOE como mecanismo para la elección de los cargos más importantes de una formación política y que afectan al ciudadano, como son los del secretario que dirigirá el partido y el candidato que propondrá en unas elecciones generales, autonómicas o municipales. Como herramienta en sí de participación, abierta a todos los militantes no sólo a los compromisarios, las primarias representan un paso positivo en pro de una mayor democracia y transparencia en el funcionamiento de cualquier formación. Distinto es la forma de seleccionar a los posibles candidatos, ya que, en el caso de los socialistas, requiere el aval de un número importante de militantes, requisito que sólo pueden cumplimentar los compañeros que sean muy conocidos en el partido en función de su actividad orgánica o su puesto público. Es decir, salvo honrosas excepciones, los candidatos siempre serán propuestas de los aparatos burocráticos, decididos a renovar la “tarjeta de visita” con la que se presentan a la gente para que nada cambie, como aconsejaba Lampedusa a través de su personaje Tancredi en El Gatopardo ("Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie").

En ese contexto, la figura de un tercero en discordia, José Antonio Pérez Tapia, resulta muy atractiva por provenir, no del aparato oficial, sino de la militancia anónima que conserva la ilusión por unas ideas de transformación, progreso y justicia en la sociedad, se adhiere a aquellos viejos ideales socialistas de justicia, igualdad y libertad que todavía no han sido pisoteados por los intereses del mercado y el sistema político que los favorece. Este candidato era, a todas luces, el perdedor por utópico de una confrontación que buscaba modificar antes el escaparate que la estructura del PSOE, y en la que ha resultado vencedora la apuesta del aparato. Yo hubiera estado entre los perdedores votantes de Tapias, satisfecho por haber tenido la oportunidad de manifestar mis preferencias perdedoras de manera tan inútil.

En el segundo caso, me alineo con la causa palestina en el conflicto que enfrenta a esta devastada “reserva” árabe con Israel y su capacidad de fuego y destrucción, acorralada no sólo por un humillante muro de separación, sino por la infestación de centenares de colonias judías con las que se intenta “disolver” aquella población originaria del territorio. Estoy a favor de la perdedora Palestina a pesar del execrable crimen de asesinar a tres jóvenes judíos secuestrados y que ha dado lugar a un, a todas luces, excesivo “castigo” que ya acumula cerca de 200 víctimas muertas por el impacto de las bombas de la aviación israelí, en su mayoría civiles, no sobre Cisjordania, donde se produjo el secuestro, sino en la Franja de Gaza, donde gobierna el movimiento Hamás, enemigo acérrimo del Estado sionista, aprovechando la ocasión para aniquilarlo o, al menos, debilitarlo.

Se trata de la enésima reactivación de un “conflicto” histórico surgido cuando se dividió Palestina para fundar el Estado de Israel. Desde entonces, a pesar de las numerosas conversaciones auspiciadas por la ONU o EE UU para lograr una paz estable en la región, jamás ninguno de los radicales de ambos bandos ha permitido que culminaran con éxito, mediante provocaciones e intransigencias recíprocas que interrumpían las negociaciones. Pero siempre perjudicando a los palestinos, únicos perdedores de la tierra, los recursos, los bienes y las vidas por el dogmatismo y la cerrazón de los poderosos que pueden permitirse la inmoralidad de pisotear al débil cada vez que les apetezca o convenga. Y ahora conviene atizar a Hamás y arrasar las pocas poblaciones en las que malvive un pueblo que parece ser culpable del holocausto judío, dada la crueldad y fiereza con la que se le castiga. Frente al prepotente Israel, yo prefiero a los palestinos y su causa perdida. Me lo exige mi moral y mi forma de ser.

Por eso, y con dos ejemplos basta, me atraen los perdedores. Suelen tener la razón de su parte y la ética de su perdición. No vencen, pero convencen, y sus convicciones arraigan más en el tiempo que los triunfos materiales de los poderosos. La humildad de unos frente a la arrogancia de otros no tiene comparación y hay que ser muy cínico para hacer de comparsa con el ganador. Así que, puestos a decidir, yo escojo siempre al perdedor. No lo puedo evitar.

Prohibido protestar

El Gobierno de Mariano Rajoy –no se olvide nunca quién manda- acaba de aprobar el proyecto de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana –debería llamarse Ley de Mordaza Ciudadana- por la que se castiga, sin necesidad de mediar ningún juez, una serie de actos y conductas producidos durante las protestas o las manifestaciones públicas. Todo el aparato represor del Estado, con sus leyes, delegados del Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no era suficiente para regular, controlar, vigilar y disolver cualquier concentración multitudinaria celebrada en la calle. Faltaba la potestad exclusiva de imponer sin intervención judicial multas a lo que al Gobierno le molesta y cataloga como faltas leves, graves y muy graves: actos de protestas y de desenmascaramiento de presuntos abusos de autoridad y excesos por parte de las Fuerzas del Orden. Había que silenciar a los desobedientes y criminalizar a los testigos de cualquier desafuero represor. Todo ello en nombre de una supuesta “seguridad” del ciudadano. Decimos “supuesta” porque como no se refiera al ciudadano que gobierna, que es el único que sale protegido y blindado por ese concepto de “seguridad”, no hay otro, ya que el resto sale perjudicado en lo que la Constitución reconoce como derechos: opinar, reunirse y expresar su desacuerdo. A partir de ahora, esos derechos estarán restringidos y serán caros de ejercitar.

Y todo ello a pesar de que la ley ha sido suavizada de las pretensiones originales del Gobierno. La quería más dura y estricta, y mucho más cuantiosa en sus castigos. Por indicación de diversos órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado, órganos en cuya composición influye e interviene el Gobierno), los aspectos más agresivos de ella fueron modificados para que no resultaran claramente inconstitucionales, aunque sigue manteniendo artículos de dudosa legalidad al castigar las protestas por un desahucio o disolver una manifestación atendiendo sólo el criterio de la policía. Ningún juez dirime la razón entre las partes.

De ahí que, como constata el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquím Bosch, lo que la nueva ley pretende es “impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas al poder político. Y lo hace a costa de restringir derechos”.

Este endurecimiento de lo que eran simples faltas administrativas afectará también al Código Penal, el cual será reformado siguiendo el espíritu de esta ley para tipificar las conductas punibles en delitos e infracciones, con lo que el Gobierno se asegura su aplicación “legal”, dejando que la Ley de Seguridad Ciudadana se encargue de castigar a estas últimas. Eso sí, siempre de manera discrecional a criterio policial.

Para el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, se trata de “sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas”, como son las que entorpecen un desahucio, toman imágenes de los agentes durante su actuación o provocan perturbaciones en el desarrollo de una manifestación. Todas estas expresiones públicas alteraban, al parecer, la seguridad ciudadana y ponían en grave riesgo a las instituciones del Estado, que se encontraban indefensas ante esas nuevas formas de discrepancias callejeras.

Un motivo que rebate el citado portavoz de Jueces para la Democracia, quien asegura que no existe tal alarma en la población. En un comunicado afirma que “se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social, pues la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes”. Una opinión que comparten diversas ONG, como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, las cuales consideran que “no existe un problema de seguridad ciudadana” que justifique esta ley ni la creación de una legislación específica para perseguir la protesta o restringir el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Hasta Greenpeace visualizó su rechazo a la ley desplegando una pancarta desde lo alto del Faro de Moncloa, hasta donde treparon cuatro activistas de la organización ecologista, pues con esta nueva ley se podrán castigar quienes suban a edificios públicos, se introduzcan en instalaciones consideradas críticas, como aeropuertos, centrales nucleares, etc., o entorpezcan su funcionamiento. Es decir, ya no podrá esta organización colgar un cartel de denuncia en ninguna instalación por muy peligrosa que sea para los ciudadanos ni por el daño que ocasione al medio ambiente. Sólo falta declarar como “infraestructura” turística “crítica” el hotel Algarrobico para que nadie impida la construcción y apertura de aquella mole.

Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz

La futura Ley de Seguridad Ciudadana contempla fuertes multas dinerarias por la comisión de una serie de faltas –a criterio policial-, que van desde los 100 a 600 euros (faltas leves), de 601 a 30.000 euros (graves) y hasta los 600.000 euros (muy graves), y que podrían cometerse si una manifestación no cuenta con los permisos necesarios o no ha sido comunicada. Cualesquiera faltas que no lo sean, podrían convertirse en muy graves si provocan una “perturbación grave de la seguridad ciudadana”. Pero quien decide si existe perturbación es la policía, no un juez.

Y es que esta ley no gusta a nadie que no sea el Gobierno y su coro mediático. Además de JpD, también el Consejo General de la Abogacía expresó su desacuerdo porque, según su presidente, Carlos Carnicer, el proyecto presenta aspectos “inconstitucionales”. Tampoco determinadas asociaciones policiales la consideran necesaria y tachan al texto de “indeterminado”, “incorrecto” y de no aportar nada nuevo, según el Sindicato Uniformado de Policía (SUP). El portavoz de este sindicato, Javier Estévez, considera que la nueva ley “no aporta beneficios ni para los ciudadanos ni para los policías.”

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado iniciará su tramitación parlamentaria una vez el Ejecutivo lo remita al Congreso. Y aunque tiene asegurado su convalidación gracias a la mayoría absoluta con que cuenta el partido gubernamental, la oposición asegura que mantendrá sus críticas a lo que califica como “ley mordaza”. El PSOE (socialistas) adelanta que mostrará su rechazo radical porque considera que con esta ley se produce un “retroceso de muchos años”, pues supone volver al “viejo orden público franquista”. Por su parte, IU (comunistas) estima que el texto ”criminaliza la protesta” y “sitúa fuera de la ley al disidente”, subrayando que representa “un camino peligroso” que puede situar a España entre los países de “peor calidad democrática”.

 
La única justificación que hallan todos los que se oponen a esta ley, cuyo proyecto ya ha aprobado el Gobierno, es que sólo sirve para prohibir la protesta. Se trata de otra de las “necesarias reformas estructurales” que el Gobierno conservador del Partido Popular está acometiendo para “moldear” la sociedad española y adecuarla a los parámetros ideológicos que ese partido preconiza. La única libertad que toleran los conservadores es la del mercado y las finanzas, sectores que pueden disponer de las ayudas y los apoyos que el Gobierno pueda concederles, incluso hasta solicitar una intervención limitada de la “troika” de Bruselas para sanear sus cuentas. Los demás sectores (cultura, servicios públicos, prestaciones sociales, derechos ciudadanos, etc.) están sometidos a un fuerte “ajuste” que, en realidad, significa retrotraerlos a épocas preconstitucionales, cuando discrepar era delito y, los derechos, un papel mojado con el que la policía podía torturarte sin dejar huellas en la piel. Así que, ya lo saben, queda terminantemente prohibido protestar. Como el cante en algunos bares.

Matute murió inventando

Hace muy poco, el 25 de junio pasado, falleció Ana María Matute, una escritora que aún a sus 88 años barruntaba palabras para seguir inventando una realidad diferente y sana. la de su literatura.
Del Centro Virtual Cervantes extraigo el siguiente párrafo del discurso que pronunció Matute cuando recibió el Premio Cervantes, máxima distinción de las letras españolas, en 2011, en recuerdo emotivo de tan gran novelista:

"Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador: creía en el honor y la valentía, e inventaba la vida. San Juan dijo: «el que no ama está muerto» y yo me atrevo a decir: «el que no inventa, no vive». Y llega a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita: «La música de papá, no te la creas: se la inventa». Con alivio, he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna —esa que llevamos dentro, como un secreto— nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril Aldonza. Inventó sensibilidad, inteligencia y acaso bondad —el don más raro de este mundo— en una criatura carente de todos esos atributos. (¿Y quién no ha convertido alguna vez a un Aldonzo o Aldonza de mucho cuidado en Dulcineo o Dulcinea...?)".

Días yermos

Hay días áridos como un desierto, secos y yermos en los que nada puede echar raíces entre una arena de infertilidad. Así se encuentra hoy mi inspiración: abrasada por ese viento ardiente que todo lo quema, todo lo destruye, todo lo arrasa. Hasta la imaginación se abotarga en la esterilidad de cualquier esfuerzo, del que sólo consigue pergeñar garabatos que nada expresan y nadie entiende. Hoy es un día inútil en medio de la más absoluta orfandad creativa que también sirve de bagaje para conocer los territorios cognitivos por los que vagamos.

Primarias, secundarias, terciarias

El pueblo español ha dado muestras más que sobradas de su madurez democrática en estos últimos 37 años de vigencia de un sistema de libertades en nuestro país. Había conquistado la democracia después de pasar la más larga y desoladora noche de la dictadura franquista con un apetito que aún no se sacia de libertad y reconciliación para con todos, vencedores y vencidos. La madurez y la responsabilidad de las que ha hecho gala la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos han convertido a España en un país políticamente estable, jurídicamente seguro y socialmente formal, más fiable que muchos otros de mayor “pedigrí” democrático en Europa. Ello se constata en el modo en que ha afrontado una crisis económica que ha encendido revueltas y revoluciones en otras latitudes, pero que aquí, lejos de generar algarabías callejeras y violencia incendiaria, ha servido para confirmar en el poder a los mismos que la provocaron con sus políticas de liberar todo el suelo como edificable, hinchar una burbuja inmobiliaria y permitir el enriquecimiento fácil y rápido, sin apenas control y menos aún regulación. Luego, cuando se difuminó el espejismo, se los mantuvo en el poder para que decidieran el empobrecimiento de una población sumisa y resignada a su suerte, aunque cada vez más frustrada por la persistencia de unos males que siempre castigan a los más débiles, sumiéndolos en una desafección que les impide votar siquiera a aquellas formaciones populistas o radicales que florecen cual setas en momentos de zozobra ideológica y nubarrones en el horizonte. No es un pueblo partidario de los experimentos.

Es por ello que los españoles se sienten plenamente capacitados para ejercer su soberana voluntad democrática de manera mucho más activa que la que le brindan los partidos políticos instalados en el sistema. Dada la seriedad con la que cada cuatro años asumen su derecho con las urnas, ya sería hora de depositar más confianza en el buen juicio de unos votantes tan formalitos y centrados, justo cuando las formaciones políticas comienzan a plantearse una confusa regeneración democrática con la que buscan recuperar la credibilidad perdida. Todos los partidos del arco parlamentario ofrecen alternativas de regeneración, pero ninguno afronta con rigor una verdadera renovación de estructuras, aparatos, personas y procedimientos internos que los vuelva más transparentes y democráticos ante los ciudadanos, únicos “auditores” de su funcionamiento. Únicamente los partidos de izquierdas (PSOE e IU) han comenzado a emplear el sistema de “primarias” para la elección de determinados candidatos (a la secretaría general y posiblemente para el cabeza de lista en unas elecciones generales), más bien como estrategia en momentos de baja estima social que como sincera y permanente voluntad de apertura hacia los militantes y simpatizantes. Las primarias posibilitan la novedad de asistir al debate entre los candidatos de una formación en el que confrontan pequeños matices del mismo proyecto para atraerse el apoyo de sus correligionarios, sin despertar demasiado entusiasmo de puertas afuera de la sede del partido. Pero algo es algo.

Sin embargo, queda mucho por hacer. La democracia española aguarda una profunda reformulación que la transforme en un sistema mucho más abierto y diáfano de lo que  en la actualidad es, pues se halla prácticamente prisionera de los partidos políticos y de un sistema electoral rígido, complejo y limitado, que no “transcribe” con fidelidad la expresión literal de la voluntad popular cuando se le consulta. Mientras un bipartidismo favorecido por ese sistema conseguía mayorías claras para alternarse en el poder sin ser cuestionado, la cosa funcionaba sin más sobresaltos que el intercambio periódico de poltronas. Pero en cuanto surgen amenazas a ese cómodo reparto del pastel entre dos que nunca disentían de la “infraestructura” económica ni de la “superestructura” social que les convenía, empiezan a aflorar los nervios y las ocurrencias a mitad de partido, como la presentada por el Partido Popular para, por ley, elegir a partir de ahora el alcalde de la lista más votada (en caso de minoría mayoritaria, se entiende). Ellos, que se han coaligado con comunistas para evitar que gobiernen socialistas en pueblos y comunidades autónomas, vienen ahora con supuestas normas de respeto a los votantes. No lo hacen por prurito democrático, como argumentan con énfasis sus áulicos portavoces, sino por el vaticinio certero de que perderán muchos ayuntamientos y alguna comunidad de su feudo histórico por no lograr mayorías absolutas. En tales circunstancias, un eventual acuerdo entre las demás formaciones que configuran la oposición podría desalojarlos del poder. Demasiado poder perdido como para andarse con chiquitas. De ahí que vendan esa reforma exprés de la ley electoral como una mejora democrática que cumple las aspiraciones de los ciudadanos. Aluden a los votantes con el nepotismo clásico de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Si de verdad se desease respetar los deseos de los ciudadanos, lo suyo sería dejarlos decidir. Debieran ser ellos, y no los partidos mediante una ley a conveniencia, los que se encarguen de señalar con su voto al designado para cada puesto entre candidatos sometidos a una segunda vuelta. Sería un sistema de “secundarias” (por seguir jugando correlativamente con el término empleado en las primarias) que le brindaría a los electores una segunda oportunidad para votar una terna con las opciones de mayores posibilidades e incluso para cambiar de opinión respecto a su primera votación. Las segundas vueltas en unas elecciones favorecen la integración de intereses fragmentados en torno a una candidatura exitosa, lo que obligaría a realizar negociaciones y acuerdos entre partidos y candidatos para responder a las preferencias de los ciudadanos. Ello atenuaría el voto dividido entre formaciones que comparten el mismo espectro ideológico. Evidentemente, tal sistema no es del agrado de la derecha española, representada en todas sus variantes -desde el centro hasta la extrema derecha- por un sólo partido, el Partido Popular. Por eso prefiere que se respete la lista más votada, no por una súbita susceptibilidad democrática. Más bien, al contrario, muestra un desprecio supino a la madurez del pueblo español para tomar decisiones que le comprometen y competen.

De esta manera se hurta al ciudadano la posibilidad verdaderamente democrática de elegir entre ofertas que no consiguen mayorías absolutas. Todo lo demás son aritméticas electorales diseñadas para conservar el poder cuando los votos pueden decantar cualquier resultado, siempre perjudiciales para quien detenta el poder. Tan democrático es que gobierne la minoría mayoritaria como la coalición formada por el resto de las minorías. Pero más democrático sería dejar que el pueblo decidiera entre los candidatos minoritarios con mayores posibilidades en una segunda votación, aunque a la derecha le  repugne la idea.

Y es que no hay convicción alguna para profundizar en la democracia realmente. Si la hubiera, a estas alturas ya estarían establecidas las listas abiertas para que los votantes escojan sin restricciones quién desea que les represente. Parece inaudito que, 37 años después, los partidos no se fíen de los ciudadanos y los obliguen a regirse por un sistema de listas cerradas con el que votan a una lista de candidatos (papeleta electoral) elaborada por los partidos, sin posibilidad de alterar el orden ni las preferencias. Son listas bloqueadas que sólo posibilitan el todo o nada. Las listas abiertas, que significarían unas terciarias entre las posibilidades de regeneración que estamos exponiendo, darían oportunidad a los ciudadanos de votar al candidato conocido en su demarcación, no a una lista de políticos en su mayor parte desconocidos y ajenos a los problemas de la circunscripción por la que se presentan. La lealtad de los candidatos de una lista cerrada es hacia el aparato del partido que los incluye en la papeleta, no para con los votantes a quienes deberían representar, ganarse su confianza y atender sus requerimientos. Poder establecer la preferencia entre candidatos de una lista abierta es un sistema que ya rige en España para las elecciones al Senado, pero no para el resto de elecciones, y que está establecido en países como Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Brasil, Italia, Finlandia y otros.

Es evidente que el sistema de listas abiertas supone una mayor transparencia y una más activa participación del ciudadano en la elección de sus representantes, pero resta protagonismo a los partidos políticos para distribuir puestos a su antojo. Sería una terciaria que acentuaría la soberanía democrática en quien la posee, el pueblo español, y no en esos meros instrumentos de participación que son los partidos políticos.

Por eso, puestos a “pulir” nuestra democracia con reformas que la fortalezcan, sería conveniente no limitarse en instaurar primarias, sino continuar también con secundarias y terciarias que propicien la adhesión y la credibilidad de la ciudadanía en su sistema político. De lo contrario se corre el riesgo de tirar por la borda todo lo bueno y positivo que la democracia nos ha deparado y que se resume en una palabra: libertad.

Regeneración

La palabra de moda últimamente es “regeneración”, se pronuncia como si fuera un talismán que milagrosamente limpiará de todos los males a la democracia y, en particular, a unos partidos políticos que más que regeneración lo que necesitan es demolición. La democracia se ha pervertido –la han pervertido- en un sistema que, en vez de atraer a los ciudadanos, los ahuyenta. Cada vez –en cada elección- hay menos participación y triunfa la abstención y la dispersión hacia novedades que ofrezcan alguna ilusión.

La izquierda se ha ganado a pulso el descrédito que conseguía entre los trabajadores y los humildes al dejarlos en la estacada siempre que el capitalismo se lo exigía. Inventaron las primarias para, de alguna manera, contrarrestar la desafección de militantes y ciudadanos a la hora de seleccionar a sus candidatos, pero no acaban de creerse su propio invento. Y la derecha, ante la anunciada pérdida de decenas de ayuntamientos, propone ahora respetar la lista más votada para la elección de alcalde. Ya no vale la democracia, vale la aritmética que favorece a unos y maltrata a otros cuando perciben la derrota y no tienen competencia para representar todo el espectro conservador, desde el centro hasta la extrema derecha, en un único partido. A la izquierda, fragmentada en familias que disputan siempre matices, se le impide con la propuesta de la derecha poder reagruparse si alcanzan alguna posibilidad de unir sus fuerzas para arrebatar el poder a la derecha allí donde gobierna.

¿Alguien piensa en el pueblo? Sí, todos, pero sólo cuando tiene que depositar un papelito en la urna. Esa es la democracia pervertida que todos dicen querer regenerar, cuando la única regeneración posible es resetear el sistema y reiniciar el contrato con los ciudadanos para cumplir las promesas y los programas electorales, no para vivir de la política, con planes de pensiones en paraísos fiscales y privilegios que ofenden a quienes se les exige sacrificios que sólo provocan el empobrecimiento más injusto. Si de verdad quieren regeneración, dimitan. Dejen de imponer su terca voluntad. Es muy fácil.

 

 

El placer de contar

El periodismo es una profesión poco admirada por quienes la desconocen. Muchos periodistas han ayudado a que se generalice ese desconocimiento y cunda el poco aprecio cuando se prestan a cualquier cosa menos a hacer periodismo. Es más, existe mucha desconfianza en el periodista y no se valora la importancia de su labor en una sociedad democrática y libre como la que gozamos en nuestro país. Es verdad que es un trabajo, una forma de ganarse la vida, pero tiene mucho de vocación. El periodista verdadero ama su profesión y sintió esa atracción desde mucho antes de decidirse a estudiar la carrera. Todo buen periodista siente el placer de contar, de “contar a la gente lo que le pasa a la gente”, como explicara en su día un maestro del periodismo, Eugenio Scalfari, el fundador del diario La Repubblica de Roma.

Hoy día abundan los falsos periodistas, los que creen que cualquiera puede ser periodista si dispone de un instrumento para transmitir su mensaje. Ello lo ha posibilitado la existencia de Internet, que pone al alcance de todo el mundo los recursos para elaborar un blog con forma de periódico. O un móvil para tomar una fotografía y grabar un vídeo. Son aprendices que confunden el medio con el mensaje y se limitan a transmitir contenidos que rebotan en las redes sociales, sin respetar las reglas deontológicas de la profesión ni las básicas para la redacción de una noticia. Cortan y pegan cualquier información sin preocuparse en confirmar la teoría de las W (del inglés What, Who, Which, How, When, Where y Why) que se refieren al Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde y Por Qué de todo suceso. Pasan olímpicamente de la debida diligencia y de contrastar los hechos antes de ser publicados.

Hay otros que, sencillamente, se prestan al espectáculo en las múltiples tertulias y programas dedicados a gritar e insultar al contrario en una competición sobre quién pronuncia la más elevada boutade o coloca la banalidad más contundente que luego será retuiteada miles de veces. Nada de eso es periodismo en su digno nombre. Será lo que se consume masivamente hoy día, lo que deja dinero, pero no es buen periodismo ni cumple sus objetivos, que son los de explicar lo que sucede a la gente de la manera más clara y completa posible, sin aportar elementos de nuestra cosecha, de nuestras fobias, de nuestra ideología o de nuestros intereses.

El buen periodismo no se presenta sólo en papel, sino que se vale de cualquier soporte (prensa, radio, televisión, Internet) para difundir el producto elaborado: información. Información precisa, exacta y veraz, sin tergiversaciones que camuflen parte de los hechos al lector, oyente, televidente o internauta, ni manipulaciones en la confección que conduzcan a una determinada interpretación torticera. Ser buen periodista no es fácil para quien no sea auténtico periodista, pero sumamente grato para quien vive la profesión, para aquella persona que siente placer por contar lo que le pasa a la gente y disfruta explicando la realidad con nobleza y honestidad. Esa es otra condición del periodismo, como señalaba Kapuscinski, premio Príncipe de Asturias en 2003 de Comunicación y Humanidades: Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Lo dejó escrito en "Los cínicos no sirven para este oficio".  

Sin embargo, es fácil percibir el buen periodismo: su calidad y profesionalidad impregnan cada página, cada texto, cada titular, cada fotografía, cada línea del producto que ofrece al público. El buen periodismo genera credibilidad y confianza, se cubre de prestigio porque nunca engaña al lector, nunca lo defrauda con medias verdades ni le oculta datos relevantes. El buen periodismo no alecciona al lector ni le dicta cómo pensar, sino sobre qué pensar y le explica los motivos por los que esos hechos concretos pueden interesarle en estos momentos, le presenta la actualidad a través de los sucesos que la conforman, sin interpretaciones tendenciosas ni mezclando opinión con información.  

Los buenos periodistas asumen estos retos y cada día los vencen con esfuerzo, dedicación y entusiasmo. Saben ser pacientes, cautelosos, rigurosos y perseverantes a la hora de investigar un suceso, de reunir datos. Y son honestos cuando han de elaborar cualquier información, dejándose llevar por la premisa de la diligencia, sin claudicar ante ninguna presión que pueda condicionar su trabajo. No se prestan a ser portavoces de ningún poder, ni comparsas de ninguna fuerza, sea económica, política, religiosa o social. Cuentan lo que saben, lo que descubren, lo que entienden de interés general para la opinión pública; no lo que le dicen que diga o lo que le pagan para que diga.

 

El buen periodismo sigue existiendo y se materializa diariamente de múltiples maneras, incluso a través de los medios digitales. Es fácil descubrirlo porque aporta lo que los ciudadanos demandan: saber lo que les pasa. Sólo basta con ver (leer) y comparar, como pedía aquel anuncio antiguo. Y si lo halla, disfrútelo, tanto como lo disfrutan quienes lo hacen. Y agradézcaselo: gracias al buen periodismo y a los buenos periodistas conocemos lo que pasa y nos conocemos todos un poco mejor.

Sombras de la noche

La noche me desvela con sombras que me acorralan en la esquina del terror, donde me estremecen ruidos desacompasados que nacen en mi interior y golpean mi mente. Huyo a oscuras por los pasillos para escapar de los miedos y me refugio en la soledad de un pánico que espanta el sueño. Ni los tranxiliums ni las lecturas desesperadas logran calmar la ansiedad de un temor infundado y sólo el cansancio acaba venciendo unos párpados agotados de velar la nada. Sin embargo, en cuanto las primeras luces se escurren entre las rendijas de las persianas y disuelven la oscuridad, atravesándola con haces luminosos cual espadas refulgentes, abro los ojos somnolientos y olvido el pavor de una noche tenebrosa. Recupero el aliento con la llegada del nuevo día, sin importar si es soleado o nuboso. Siento otra vez la vida palpitando jubilosa con cada latido y vuelvo a confiar en el mañana.

Julio primaveral

Avanza julio con su parsimonia luminosa y nos regala de entrada unos días más primaverales que veraniegos. Los amantes de los baños de sol y de mar andan descontentos con tanta bondad climática y confían en que sirvan de señuelo para coger desprevenidos a los ingenuos que aborrecen el calor y los asfaltos derretidos, creyendo que el verano se ha amansado. Los grillos y las chicharras entablan sus conciertos camuflados entre la vegetación que bordea la civilización y las terrazas se animan con el eco de voces, músicas y cruces de miradas que sacian su sed sin importar ni la hora ni la temperatura, sólo la compañía. Diga lo que diga el termómetro, es verano y la gente disfruta de vacaciones. Bien merecidas.

Una sociedad laica

Ser laico no es ser antirreligioso y menos aún anticristiano, tampoco anticatólico ni ateo o agnóstico. Es más, se puede aspirar a vivir en una sociedad laica y ser creyente. Quienes intentan equiparar el laicismo con cualquier “anti” es que pretenden confundir y engañar para impedir que la propuesta de laicidad, siempre esgrimida de forma razonada, llegue e interese a la gente. Jamás el laicismo se postula desde la imposición, el dogmatismo o la fuerza, como han hecho, hacen y seguirán haciendo los que profesan cualquier religión. Cualquier religión, repito, porque todas procuran extender su tutela al conjunto de la sociedad y no se conforman con sermonear a los feligreses que voluntariamente se acogen en su seno.

Una sociedad laica respeta por igual todas las religiones y, evidentemente, también a los que se consideran laicos. Ninguno de esos grupos disfrutaría de privilegios ni recibiría más apoyos que los que se conceden a cualquier colectivo social de variada índole: cultural, deportivo, benéfico, ecológico, etc. Tratarlos a todos por igual es la única manera de reconocer la libertad que tiene cualquier persona para creer, pensar, opinar y conducirse según las convicciones que estime oportunas, sin que nadie pueda imponer su modo de vida al resto. El único límite a esa libertad es la ley, el cumplimiento con la legalidad vigente.

España se declara “aconfesional” en la Constitución. Es el término escogido para, sin ser un estado laico, seguir conservando los privilegios que disfruta la confesión católica. Ello va en contra de los derechos que asisten a las demás confesiones y, sobre todo, a los que desean que ninguna de ellas tenga consideración estatal, por entender que la religión –todas las religiones, insistimos- buscan inculcar su moral y su modelo social al conjunto de la sociedad, y no se limitan con predicar a sus seguidores desde los púlpitos. Pretenden influir en el tipo de familia, en los usos y costumbres sociales y hasta en las leyes. La jerarquía eclesiástica de cualquier religión dominante en un Estado, sin ser elegidos por nadie, cuestiona y tutela la labor de los representantes civiles elegidos democráticamente por el pueblo en la regulación de la convivencia común. Tal intromisión religiosa en los asuntos civiles es inaceptable en una sociedad sana, democrática y laica.

Una sociedad laica permite que cada cual se comporte como quiera, que adore al dios que quiera, que practique los ritos que quiera y que regule su vida según los catecismos que quiera, siempre y cuando respete la ley y respete al prójimo, quien también tiene  derecho de hacer lo que le apetezca. La persona laica no se considera en posesión de la Verdad, pero el creyente sí lo cree y percibe como equivocada cualquier discrepancia. Y en vista de la disparidad de opiniones y creencias, lo más sensato y ecuánime, también lo más constitucional, sería dejar que todos piensen lo que quieran, sin que nadie imponga a los demás sus creencias y opiniones. Ni por supuestos imperativos históricos, ni tradicionales, ni por ser mayoría social, ni por nada que contravenga a la razón y la Constitución.

Sería fácil criticar a las religiones. Ya lo hizo hace siglos el filósofo Heráclito de Efeso (540 A.C.) cuando comprendió el mundo en que vivía: “Este mundo, el mismo para todos los seres, ninguno de los hombres ni de los dioses lo creó, sino que fue, es y será siempre fuego, siempre vivo, que se enciende y se apaga con medida”. Pero no se trata de eso, no se trata de cuestionar a nadie, sino de convivir en igualdad -ateos, laicos y creyentes-, dejando a la religión su ámbito, el que le corresponde: el ámbito personal e íntimo de las personas, no una norma legal de obligado cumplimiento que mediatiza y controla el comportamiento de todos los ciudadanos, sean creyentes o no.

Por ello, Lienzo de Babel apoya la iniciativa por una sociedad laica que impulsa Andalucía Laica, un movimiento que forma parte del grupo Europa Laica en nuestra Comunidad, donde se articula, a su vez, como grupos territoriales en función del ámbito geográfico de actuación (Sevilla Laica, Córdoba Laica, Huelva Laica, etc.), y comparte su preocupación por erradicar el confesionalismo que impregna a la sociedad española, mediatizando la esfera política, la vida civil, la educación, la sanidad (prohibición del aborto) y hasta la cultura. Entre sus objetivos figura conseguir la separación “real”, no sólo formal, del Estado y la Iglesia, a fin de evitar que ninguna religión imponga sus creencias, su moral y sus dogmas al conjunto de los ciudadanos.

Ni funerales de Estado presididos por un crucifijo, ni capellanes castrenses en los cuarteles, ni colegios públicos obligados a impartir religión, ni centros católicos subvencionados con fondos públicos, ni juramentos civiles sobre la Biblia, ni exenciones económicas o fiscales a ninguna Iglesia, ni, por supuestos, intromisiones religiosas en las decisiones políticas. Nada de ello puede seguir consintiéndose en una sociedad laica y en un Estado aconfesional.

Entre otras razones, porque el laicismo se entiende como un principio asociado a la democracia y la razón, que persigue la defensa del pluralismo ideológico, la libertad y la igualdad real, jurídica, política y social de todos los ciudadanos para evitar que ningún grupo imponga sus creencias y sus valores sobre el resto.

No se deben aceptar amenazas de excomunión, acusaciones de blasfemia o anatema en asuntos de la esfera pública y civil por parte de ninguna supuesta autoridad religiosa. Tampoco se debe aceptar el adoctrinamiento religioso en la enseñanza pública ni la presencia de símbolos religiosos en actos civiles ni en instituciones públicas. El ámbito religioso debe quedar circunscrito a la esfera íntima y particular de quien profese cualquier creencia.

Una sociedad laica es aquella que se declara ajena de toda influencia religiosa, pero que respeta la libertad de cada cual a guiarse por cualquier convicción y creencia. En ella, tan digno y respetable es un ateo como un cura, permitiendo que cada uno de ellos se conduzca de acuerdo con sus opiniones, sin recibir por ello ningún privilegio por parte del Estado. Es lo más justo.

Dolor en Israel… y Palestina

Acabó de la peor manera el secuestro de tres adolescentes israelíes en un asentamiento judío en Cisjordania: acabaron asesinados por sus secuestradores, a los que buscaban, rastreando palmo a palmo la zona, el Ejército más poderoso de la región. Fueron hallados muertos, semienterrados bajo un montículo de piedras, en un descampado cerca de Haldul, un pueblo palestino situado al norte de la ciudad de Hebrón. Israel no lo ha dudado: culpa directamente a la organización islamista Hamás y promete represalias, que ya comenzaron a materializarse con el bombardeo de edificios y otros emplazamientos, tanto en Cisjordania como en Gaza, que se suponen pertenecen a esa facción armada palestina.

Gilad Shaar, Neftalí Fraenkel, ambos de 16 años, y Eyal Yifrad, de 19, habían sido capturados mientras hacían autostop por los alrededores del asentamiento de Gush Etzion, que cuenta con controles militares y civiles por parte de Israel, cuando regresaban de clases de unas escuelas talmúdicas. Se conoció inmediatamente el secuestro porque uno de los jóvenes pudo llamar con su móvil a la policía israelí. Desde ese instante se puso en marcha un despliegue militar que peinó la zona, bloqueó las entradas y salidas de Hebrón e impuso prácticamente un estado de queda, que incluyó medidas represivas, arrestos y registros, hasta conseguir dar con los cadáveres de los desafortunados chavales y, de paso, asestar un golpe de fuerza que debilitase a Hamás, una organización que mantiene su presencia en Cisjordania, especialmente en las inmediaciones de Hebrón, y controla toda la franja de Gaza.

Se trata de un sangriento episodio más que viene a sumarse a los que jalonan el llamado “conflicto” Palestino-Israelí, una guerra que se recrudece o apacigua periódicamente, pero que nunca consigue llevar la paz a la zona. En cualquier caso, hay que lamentar estos asesinatos inútiles y gratuitos que sólo favorecen a los intransigentes de uno y otro bando en su empeño por mantener las hostilidades y ampliar infinitamente el número de víctimas que pagan con su vida la espiral de odio y fanatismo de los violentos. Hoy son estudiantes judíos de una colonia de asentamientos  en Cisjordania, y mañana, cinco palestinos –entre ellos, un chaval de 15 años llamado Mohamed Dudin- caídos durante las refriegas con el Ejército israelí que peinaba el área. Por un motivo u otro, se cuentan por miles los muertos de un “conflicto” que se resolvería con el mutuo reconocimiento de dos Estados condenados a convivir en paz, estableciendo el diálogo como única forma de afrontar los problemas y basándose en el respeto a los acuerdos y leyes que les afectan.

No hay que apoyarse en leyendas bíblicas para justificar el origen de este enfrentamiento entre árabes e israelíes, pues así podríamos remontarnos a los tiempos de los Cananeos, hace miles de años, hasta llegar al Imperio Otomano y, más recientemente, a la 2ª Guerra Mundial y el Holocausto de Hitler. Los hechos de la Historia, con o sin intervención divina, determinan la constitución del Estado de Israel, en 1947, dividiendo Palestina en dos Estados, según resolución de la ONU. Aquellos acuerdos que consagraban una tierra para el pueblo judío en medio de un espacio hostil ocupado por árabes, es la fuente desde entonces de guerras, terrorismo, actos de fuerza y violencia, entre ambos contendientes. A ello se unen influencias religiosas, fanatismos dogmáticos e intereses geoestratégicos que acaban configurando un contexto en que dos grupos étnicos pugnan por expulsarse el otro al otro y en negarse mutuamente el derecho a coexistir cada cual dentro de sus fronteras.

Dejando de lado lo que sus respectivas cosmovisiones particulares insten, Palestina e Israel tendrán que resolver el “conflicto” de su coexistencia de forma pacífica, erradicando los métodos violentos y las pretensiones de aniquilación mutuas. Los árabes que muestran simpatías por la causa palestina habrán de aceptar la existencia del Estado de Israel y establecer relaciones diplomáticas y amistosas con ese miembro de la comunidad internacional convertido en hogar de los judíos que históricamente han soñado con regresar a la Tierra de Jacob. E Israel deberá cumplir las resoluciones de la ONU relativas a fijar sus fronteras internacionales, retirándose de los territorios árabes ocupados a Palestina y paralizando su política de asentamientos en territorios palestinos.

Ni todos los palestinos son terroristas ni todos los israelíes son sionistas fanáticos dispuestos el uno al otro a aniquilarse entre si. Aprovechar esta desgraciada provocación del secuestro y asesinato de los tres jóvenes judíos para retomar los enfrentamientos militares o declarar una nueva Intifada, sólo beneficiaría a los “halcones” sanguinarios de ambos bandos, no a los ciudadanos que son tomados como rehenes cada vez que se opta por las hostilidades. Por ello, más que bombardear para demostrar venganza y aplicar la ley del Talión, lo sensato sería emprender negociaciones sinceras para la búsqueda de acuerdos, basados en el mutuo respeto y aceptación. Se desmontaría así la estrategia de los que prefieren la violencia para mover fichas de dominó en una región donde tantas partidas confluyen, sin que tengan en cuenta realmente los intereses de los pueblos israelí y palestino. Ya hay muchos focos de tensión en Oriente Próximo como para volver a encender la mecha de este inacabable conflicto.

Orden vs justicia o legalidad

Es propio de los autoritarios (personas, regímenes) apelar al orden, al orden establecido por una legalidad elaborada concienzudamente en función de sus intereses. Todo lo que se aparte o discuta del ordenamiento que afianza la consolidación de fuerzas que favorecen al pensamiento  conservador, es tachado de revolucionario, antisistema o radical de izquierdas, por más que la intención de los discrepantes sea buscar la equidad de las leyes, una mayor justicia en el reparto de la riqueza nacional o corregir desigualdades que perjudican a la mayoría de la población. Cualquier iniciativa o actitud que vaya contra el orden de los que mandan es motivo de denuncia y, llegado el caso, de represión o castigo hasta eliminar, o al menos reducir a la mínima expresión, el foco contestatario. Esto se ha podido constatar en multitud de situaciones de la vida diaria, pero hay dos ejemplos significativos en los que los tribunales han dado la razón a los contrarios al abuso de autoridad o intolerantes defensores del orden... a su modo.

Se tratan de casos distintos y de ámbitos políticos contrarios, pero siempre con la derecha exigiendo el respeto al orden “legal” en perjuicio de situaciones humanas dramáticas. Me refiero, en primer lugar, a la política seguida por España de practicar devoluciones “en caliente”, es decir, expulsar a inmigrantes de manera inmediata tras ser detenidos en territorio español, incluso si solicitan derecho de asilo. Ninguna presión causada por los deseos migratorios de ciudadanos extracomunitarios que intentan acceder a Europa a través de las fronteras de España con Marruecos justifica la expulsión automática de quien ha logrado pisar suelo español. Ni siquiera bajo el concepto “operativo” de frontera que defiende el Ministerio de Gobernación, una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil, la imaginaria a base de disparos de pelotas de goma sobre el mar o la valla interior donde exista doble valla fronteriza. La frontera no se interpreta, sino que es una perfectamente precisa línea de demarcación entre dos países.  

Es cierto que la llegada masiva de inmigrantes a las fronteras de Ceuta y Melilla acarrea problemas de espacio en los centros de acogida de refugiados, papeleos burocráticos a la hora de elaborar los procedimientos judiciales de expulsión y conflictos sociales por las dificultades de integración de algunos, según procedencia, de los que se quedan en nuestras ciudades, donde se congregan en barrios formando guetos e intentan mantener sus costumbres, a veces chocantes y contrarias a nuestros parámetros culturales.

Sin embargo, los inmigrantes son seres humanos a los que no les frenan ni las vallas, ni las alambradas con cuchillas ni las expulsiones en caliente en su obsesión por huir de la miseria, el hambre y la opresión de sus países de origen. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó las prácticas conocidas como devoluciones en caliente en una sentencia reciente sobre un caso de deportación de 30 saharauis, sin aguardar a la resolución de sus peticiones de protección internacional, y que habían llegado en pateras a la isla canaria de Fuerteventura en 2011 y 2012.

El “orden” en nuestro país no se mantiene incumpliendo la ley, como ha sentenciado el TEDH, ni equiparando inmigración con delincuencia, por mucho que moleste a los amantes de “su” orden la presencia en nuestras ciudades de personas de distinto color, distinta religión, distinta lengua o distintas costumbres. Son foráneos a los que también les asisten los derechos fundamentales de las personas y la aplicación internacional de los derechos humanos. Y cual personas hay que tratarlas. En primer lugar, cumpliendo nuestra propia legislación, que dictamina que todo extranjero que haya entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no puede ser devuelto sin ser sometido al procedimiento de expulsión, con las debidas garantías de asistencia jurídica y de intérprete, como regula la ley de extranjería. Es decir, la justicia y la legalidad han de preceder al orden que tanto proclaman los adalides del “sistema”.

El otro ejemplo significativo es el producido con el realojo de los “okupas” del edificio bautizado “Corrala Utopía”, en Sevilla, propiedad de la entidad bancaria IberCaja, que fueron desalojados por mandato judicial. El Ayuntamiento hispalense, gobernado por el Partido Popular, se negaba a facilitarles viviendas provisionales de las que dispone vacías del Patronato municipal, esgrimiendo que estas familias debían formalizar la solicitud de una vivienda y aguardar el turno correspondiente. La Junta de Andalucía, en cambio, valorando la difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo donde guarecerse una vez fueran expulsadas estas personas del edificio, decidió realojarlas en pisos vacíos de titularidad del Gobierno regional. Esta iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU), provocó el primer enfrentamiento público entre el PSOE e IU, que forman la coalición de gobierno de la Junta, y que se sustanció con la retirada de las competencias sobre la vivienda a la Consejería y restituirlas al día siguiente, mediante sendos decretos de Presidencia. El Ayuntamiento y los medios afines no se cansaron de denunciar la arbitrariedad de la medida y el oportunismo político, que tildaban de estilo bolivariano, en la actuación de la Consejería. Había que mantener el orden, en el que no encaja la consideración de bien social de la vivienda que repudia un pensamiento neoliberal que da prioridad al mercado.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de reconocer, en una sentencia que archiva la denuncia del sindicato Manos Limpias, que el realojo de las familias de la Corrala Utopía no estuvo “inspirado por una finalidad arbitraria o injusto, sino por la necesidad de atender una situación urgente”.  El auto del TSJA recuerda que el realojo responde a lo dictado por el Juzgado de Instrucción número 3, que ordenaba “proveer lo necesario en el caso de que en el edificio se encontraran menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

Otra vez una interpretación torticera de la legalidad y una flagrante injusticia de los defensores del orden establecido iban a provocar el desamparo y el abandono a su suerte de familias con hijos expulsadas a la calle. Un orden que protege antes los bienes materiales y los intereses mercantiles que las personas y sus derechos fundamentales. No obstante, también en esta ocasión, son los tribunales los que dictaminan lo correcto y señalan los límites que no deben traspasar las iniciativas políticas o sus consecuencias para evitar lesionen derechos y legalidades; en definitiva, para que no causen una injusticia mayor.

La defensa del “orden” a cualquier precio, retorciendo el espíritu de las leyes y pisoteando la justicia, provoca desorden, rechazo y tensiones indeseables que alteran la paz y la convivencia social. Y todo a causa de mantener un determinado modelo social que beneficia exclusivamente a esa minoría privilegiada que no admite que se modifique un milímetro el orden de las clases dominantes y su pugna, sin apenas oposición, por realizar recortes y reformas que reducen derechos, eliminan o privatizan servicios públicos y criminalizan cualquier protesta o contestación. Quieren mantener su orden contra la justicia y la legalidad.