Economía vs. salud

Si había dudas de que la política está al servicio de la economía (de mercado, se entiende) y que los poderes económicos mandan sobre los políticos (que se supone responden al bien general), la confesión de Mariano Rajoy de estar sopesando una “flexibilización” de la legislación sobre el tabaquismo, más conocida como ley antitabaco (Ley 42/2010), lo aclara con rotundidad. No existe la más mínima confusión al respecto: el interés del magnate norteamericano Sheldon Adelson, empeñado en construir en Madrid un macro casino al estilo Las Vegas, está por encima de la salud de los españoles. ¡Es el negocio, estúpido! podría responderse a los que aún distinguen la economía y la política como ámbitos distintos en los que podrían colisionar intereses contrapuestos. Nunca habrá tal disyuntiva, pues siempre prevalecerá la economía, rectora de la gobernanza mundial, al interés común. Hasta tal punto hay esa subordinación que puede decirse que la democracia es fruto del interés del mercado por garantizar la seguridad y estabilidad de sus negocios transnacionales antes que al deseo por reconocer derechos y libertades a los ciudadanos. Por ello, los segundos están condicionados por los primeros.

De esta manera puede entenderse que, excusándose en la creación de puestos de trabajo, el Gobierno de España tramite incorporar exenciones a la ley que prohíbe fumar en cualquier establecimiento abierto al público para dar satisfacción a las demandas del propietario del casino y permitir no solo que sea posible mantener un cigarrillo en la boca mientras se juega a las maquinitas en salones enmoquetados, sino hasta que los menores de edad puedan hacer ambas cosas: fumar y jugar en las ruletas. No puede haber restricciones a una afluencia rentable de clientes, deslumbrados con las luces y los señuelos de un fácil enriquecimiento, que beneficie al impulsor del negocio, cuyo lucro ha de asegurarse por todos los medios, incluido el de la modificación de leyes sobre salud pública.

Previamente se ha “reformado” la “estructura” laboral para que el coste salarial de los trabajadores y los derechos que devengan en antigüedad, compensación por festivos o despido y contra posibles abusos, entre otros, no supongan un coste elevado a las empresas. Así pueden los patronos multiplicar sus ganancias y disponer de paraísos fiscales donde ocultar capitales para eludir pagar impuestos. Díaz Ferrán, aquel presidente de la patronal actualmente en prisión por su conducta fraudulenta al frente de sus negocios, es elocuente de esa ambición y avaricia sin límites.

Pero en vez de actuar con leyes que eviten tales irregularidades, el Gobierno se apresta a lo contrario, a desrregular las protecciones que hacían prevalecer la salud de los españoles sobre cualquier otra consideración, simplemente por atender la solicitud de un magnate que persigue sólo aumentar sus márgenes de beneficio. Y todo ello a cambio de unas migajas de puestos de trabajo en un país hambriento por trabajar, aunque sea en un sector que tan poco contribuye al progreso y desarrollo industrial como este dedicado al juego, la bebida y la prostitución elegante.

Hoy, Día Mundial sin Tabaco, me hubiera gustado celebrar que contamos con un Gobierno que, al regular un vicio perjudicial -científicamente comprobado- para la salud como es fumar, vela por el bienestar, la seguridad y la prosperidad, incluso sanitaria, de todos los ciudadanos, sin claudicar ante una economía que se guía únicamente por el lucro y la rentabilidad a cualquier precio. Y me hubiera gustado sentirme protegido por mi Gobierno, no sólo por no ser fumador, sino porque hace prevalecer que la exposición a los tóxicos contaminantes del humo del tabaco no provoque la muerte o la aparición de enfermedades respiratorias a millones de personas, fumadoras y no fumadoras.

Si cambiar el modelo productivo de la economía de España, basado en el ladrillo (ya desinflado) y el turismo, por el de casinos y lugares de ocio como espacios con inmunidad para saltarse las leyes que entorpecen su negocio, mal cambio hemos hecho. Si eso es I+D+i, será por las tragaperras de última generación, ruletas telecontroladas digitalmente y señoritas que innovan un viejo oficio. Sólo con esa intención se comprenden los recortes en becas, educación e investigación científica que se han realizado en nombre de una presunta austeridad. Sobran universitarios porque lo que se necesita son camareros, tiradores de cartas y vigilantes. Ya lo sabéis, chavales. El “amigo” Adelson os llama para daros trabajo.

Viernes insensato

Fin de mes y fin de semana, conjunción que permite disfrutar de alguna financiación –ahora que ni los bancos tienen dinero para prestar- para olvidarse en la barra de un bar de las preocupaciones que agobian a los que, afortunadamente, viven al día, aunque con el temor de perder lo único que atesoran: un trabajo. Otros, en cambio, ya han sido víctimas de las “reformas estructurales” del mercado del trabajo y  han ido a parar con sus huesos a la calle. Parece un crimen tener trabajo, casa y familia en este país enloquecido y absurdo, que incluye en su Constitución el deber de pagar una deuda antes que prestar un derecho a sus ciudadanos. Ojalá pasen estos tiempos con la velocidad que pasan los días y se suceden las estaciones, como en esa canción de mi juventud insensata. No para recuperar las posibilidades de dispendio, que también, sino para que el sentido común nos devuelva la solidaridad y una sociedad más justa. Insensato.

Un mundo en regresión

Últimamente se están produciendo una serie de acontecimientos en países que, a ojos del español que no hace mucho tiempo -en términos históricos- pudo sacudirse el yugo de una dictadura, parecían más avanzados en hábitos democráticos y sociales. Desde aquel complejo de inferioridad que nos hacía escudriñar lo foráneo, observábamos con devoción las sociedades educadas y tolerantes de Francia y Suecia, por citar ejemplos, con la sana envidia de asemejarnos a ellas no sólo en cuanto a niveles de renta y prosperidad materiales, sino sobre todo en relación al disfrute de derechos y libertades reconocidos a sus ciudadanos y a los estándares culturales que posibilitaban erradicar supercherías y el peso de unas rancias tradiciones soportadas sólo por ignorancia, aislamiento y manipulación doctrinaria.

Sin embargo, parece que el mundo está hoy día en franca regresión, tanto en esos paraísos admirados de nuestro entorno como en el propio solar español. Excepto en el ámbito tecnológico, retrocedemos a marchas forzadas por la rampa que nos devuelve a épocas pretéritas en casi todos los aspectos en que creíamos haber progresado aún a costa de trompicones. Salvo la técnica que evoluciona sin cesar hacia una complejidad que facilita lo inimaginable, sin importar si es útil o banal, las ideas y la convivencia andan sus pasos para retrotraernos a tiempos y condiciones que creíamos superados, pero -por lo que se ve- no olvidados definitivamente.

Por eso causa estupor, al españolito que creía haberse incorporado al mundo moderno, contemplar las desaforadas manifestaciones francesas contra el matrimonio homosexual, con enfrentamientos incluso graves a causa de la creciente crispación y radicalización de la protesta, en un país que se presumía libertino en sus costumbres y adonde se acudía para descubrir fetiches sensuales como Brigitte Bardot o asombrarse como un palurdo de las utilidades eróticas de la mantequilla en manos de Marlon Brando. Y todo por la inesperada y exagerada reacción promovida por los sectores más conservadores y religiosos de una sociedad que, ya en la década de los 80 del siglo pasado, bajo el mandato de François Miterrand, había despenalizado la homosexualidad, aceptándola como una expresión más de la conducta e identidad sexual del ser humano.

Ya no es sólo España, cuna de la Inquisición y reducto alcanforado de supuestas virtudes virginales inculcadas mediante imposiciones morales al gusto de la Conferencia Episcopal, la que está en peligro de caer en la desviación y el pecado, sino que es también la vecina Francia libertina la que se levanta en barricadas por los Campos Elíseos para oponerse, todavía sin obispos tras las pancartas, a que se reconozca el derecho al contrato matrimonial de los que desean vivir su sexualidad como les sale del culo, es decir, como les da la gana, sin que ninguna autoridad, ni terrenal ni divina, tenga que inmiscuirse en lo que concierne al ámbito privado del individuo, sin que obligue al heterosexual disconforme.

Pero es que la nórdica Suecia, patria de las esculturales bellezas que nos descubrieron el cuerpo femenino tapado sólo con dos trapos en las playas de nuestra adolescencia, la que se muestra ahora xenófoba e intolerante con los inmigrantes. El Estado de bienestar más sólido del mundo, modelo de equidad y prestaciones en lo que era el paraíso social por excelencia, ha saltado por los aires, no por culpa de la crisis económica que afecta a los demás naciones europeas, sino a consecuencia de las políticas de un gobierno conservador, impropias de la admirada sociedad sueca, con seguridad la más permisiva del continente. Las calles de Estocolmo y de otras ciudades han ardido por los enfrentamientos entre inmigrantes y policías a causa de los recortes en las ayudas dirigidas a una población no autóctona que había encontrado en Suecia el trabajo, la estabilidad, la integración y la convivencia que no hallaban ni en sus países de origen ni en otros de la Europa desarrollada del primer mundo.

Ambos países, otrora faros del progreso, son mitos que se derrumban estrepitosamente por la deriva que empuja a esas sociedades hacia el conservadurismo más insolidario y retrógado que pudiéramos imaginar. Y si esto es posible en esos paraísos que conformaron la meta de nuestros sueños para una convivencia cimentada en los derechos, el respeto y la pluralidad, sujeta sólo a principios democráticos y pacíficos, en nuestro país la derrota es aún mayor. Los recortes y los ajustes afectan a la mayoría de las víctimas de la crisis, no a la minoría privilegiada que la facilitó con sus abusos y avaricias. Aquí se eliminan derechos que nada tienen que ver con la supuesta austeridad material a que estamos obligados por un mercado sin rostro y sin alma, pendiente sólo de sus intereses. La religión vuelve a ser asignatura “troncal” en la educación, el aborto un delito para la mujer y el Estado se torna en un ente policial que carga contra cualquiera que ose manifestarse en contra de las injusticias que se ensañan con los más débiles, ya sean estudiantes de bachillerato, abuelos estafados con la preferentes o humildes familias a las que desahucian de sus viviendas tras expulsarlas del trabajo.

El mundo parece, pues, embarcado rumbo al pasado, a los tiempos felices que disfrutaban las élites de una sociedad estamental que levantaban fronteras infranqueables a las personas, no al capital. Retrocedemos a grandes zancadas a las épocas hipócritas de una moral puritana, partidaria de la caridad antes que de la justicia, cuando la iglesia legislaba con el poder absoluto de su connivencia con la política sobre asuntos de Dios y del César, y los pobres tenían que conformarse con la promesa del cielo, no de una justicia social redistributiva que les ayudara a escapar de situaciones indignas por la carencia de oportunidades.

Asistimos aturdidos a una derrota que nos humilla a vivir mejor que nuestros hijos, a quienes dejamos un horizonte sin esperanzas, sin trabajo, sin pensiones y sin socorros, entrampados de por vida por estudiar, adquirir un techo, tener salud o formar una familia. Ya no hay paraísos a los que escapar de nuestras miserias porque la globalización ha extendido lo peor de la miseria por el mundo: el egoísmo y el odio al semejante, por causa de la edad, el sexo, la raza, la religión o la condición social, para culparlo de nuestras desgracias, tanto en Suecia o Francia como en España. Vivimos un mundo en regresión

Diez años de una infamia

El tiempo pasa sin que se asuman responsabilidades por la serie de negligencias que determinaron la suerte de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del avión ucraniano Yakolev 42, estrellado contra las colinas de Trebisonda, el 26 de mayo de 2003, en Turquía. Se trataba de un vuelo contratado por el Ministerio de Defensa para trasladar a los soldados que regresaban de Afganistán tras servir en la misión que tenían encomendada por el Gobierno de España en aquel país asiático.

Una serie de circunstancias explica -que no justifica- el nefasto curso de los acontecimientos por los cuales una institución militar subordinada a directrices gubernamentales, como es el Estado Mayor de la Defensa, fleta un avión que no reunía las condiciones necesarias para el traslado de los soldados, es pilotado por una tripulación que tampoco, por lo que se ha conocido de la investigación, ofrecía mucha seguridad, al no respetar los descansos reglamentarios para realizar el vuelo en óptimas condiciones físicas, y al parecer no estaban instruidos para un aterrizaje, en condiciones de escasa visibilidad, en aquel aeropuerto turco. Fatiga, inexperiencia y negligencia son las causas inmediatas que explican el despiste de los pilotos en la aproximación a pista, errar el rumbo y acabar estrellándose contra las montañas. Fue la mayor tragedia sufrida en misiones de paz por el ejército español.

Esa cadena lamentable de errores, que lleva a un organismo oficial a confiar en empresas que subcontratan los servicios solicitados sin las debidas garantías de seguridad, puede ser explicada -que no justificada- por rutinas burocráticas y la inexistencia de contratiempos (?) previos en el traslado de tropas efectuados por medios ajenos al propio ejército, sin duda mucho más económicos y prácticos, aunque según José Bono, sucesor de Federico Trillo en el Ministerio  de Defensa, existían, al menos, 18 quejas sobre la seguridad de los vuelos contratados en este tipo de traslados. En cualquier caso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que juzgó a la cúpula militar de entonces, sentenció que no había “responsabilidad penalmente relevante” y achacó el accidente a la “fatiga y la falta de preparación” de la tripulación. Todavía hoy, en el décimo aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas del Yak-42 han tenido que apelar a la Justicia de Alemania para conseguir las indemnizaciones a las que debe hacer frente, por un importe total de 6,2 millones de euros, la empresa Chapman Freeborn, intermediaria en la contratación del avión.

Pero lo más lamentable y vergonzoso de este accidente fue la chapuza llevada a cabo en la identificación de los cadáveres y las prisas por celebrar un funeral de Estado, con los féretros repatriados a España, para dar carpetazo al asunto. Es lo más vergonzoso e infame, pues, tras las denuncias de los familiares de las víctimas, se comprueba la existencia de identificaciones falsas. Hay que esperar más de un año para que el Instituto Nacional de Toxicología certificase errores en 30 identificaciones, lo que daría lugar a un segundo proceso judicial que, en 2009, condena al general de sanidad, Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico, Miguel Sáez, por las irregularidades forenses cometidas en esas identificaciones. Eso obligó a exhumar los cadáveres para que los familiares pudieran enterrar los restos verdaderos de sus seres queridos. Mayor infamia no cabe.

Sin embargo, a pesar de las irregularidades, negligencias y falsedades que concurren en este caso, ninguna autoridad civil ni militar ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido, ya que el general Navarro falleció sin cumplir condena y sus subordinados fueron indultados por el Gobierno, al considerar que obraron de buena fe, aunque hubieran sido condenados por complicidad en el falseamiento de identidades y ocultación de pruebas.

Ayer, al cumplirse el décimo aniversario del fatídico accidente, los familiares celebraron un homenaje de recuerdo en Zaragoza, sin cejar en el empeño de exigir la asunción de responsabilidades y una justicia que creen que España les niega. Ninguna autoridad acudió al acto en demostración de que, para los políticos que nos gobiernan, morir por tu país no es motivo suficiente para honrarte, sobre todo si la causa no es una bala enemiga, sino la mediocridad y la negligencia de los que te obligan a subirte a un féretro volante.  

El timo de la crisis

Hace cinco años, desde la bancarrota de Lehman Brothers en septiembre de 2008, lo que nunca habíamos imaginado -reformas estructurales y recortes en derechos- se está produciendo a causa de una crisis económica que hemos interiorizado como fruto del gasto desorbitado por parte de los Estados. Tan eficaz ha sido la campaña de “mentalización” emprendida que ya nadie rebate la consigna de que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Nos han hecho creer que la crisis ha venido provocada por una deuda pública generada por el excesivo gasto en servicios públicos y sociales. Y lo hemos asumido sin rechistar, dejando que nos empobrecieran, rebajaran salarios, redujeran o suspendieran prestaciones y eliminaran derechos como nunca antes se había visto ni tolerado de forma tan sumisa y pacífica.

Tras cinco años de un colapso financiero que ha estrangulado a la mayoría de las economías de los países de nuestro entorno, seguimos sufriendo las consecuencias no sólo de una crisis sabiamente manejada por sus causantes para culpabilizar a las víctimas, sino además de ser maltratados por las medidas que la combaten con la disimulada intención de imponer el neoliberalismo en la economía global de mercado. Es el triunfo de una hegemonía ultraliberal que utiliza la crisis para barrer cualquier atisbo de oposición a su ideología, en una batalla que libra desde que irrumpiera el tándem formado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, a mediados de los años setenta del siglo pasado, contra aquellas políticas socialdemócratas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial que supusieron la reconstrucción de Europa y la erección de lo que desde entonces se conoce como Estado de Bienestar. 

Con la excusa oportuna de la crisis, hemos sido víctimas de un gran timo para responsabilizarnos de los desmanes de especuladores privados que, a partir de las hipotecas subprime y demás quiebras de entidades financieras (AIG, Fannie Mac y Freddie Mac, etc.), colapsaron el sistema llevando a la quiebra a bancos y entidades de crédito, dificultaron la financiación de los estados e hicieron estallar en nuestro país una burbuja inmobiliaria que nos mantenía en el espejismo de la abundancia. Las consecuencias no tardaron el llegar con el parón de la actividad económica, la caída enorme del PIB y el desempleo de millones de trabajadores.

La ortodoxia liberal había conseguido debilitar las ideas progresistas en el plano económico y social, haciéndolas aparecer como trasnochadas e ineficaces, hasta el extremo de obligarlas a renunciar de muchas de las conquistas igualitarias que contrarrestaban los abusos más groseros de un sistema capitalista desalmado. De este modo, las expresiones modernas de la socialdemocracia -la tercera vía de Tony Blair, el SPD alemán, el PSOE español, etc.-  actuaron acomplejadas por un pensamiento débil que les inducía a promover reformas liberalizadoras en las economías nacionales, a privatizar empresas estratégicas, a desregular mercados y a admitir los axiomas neoliberales acerca de una presunta intromisión del Estado que obstaculiza el crecimiento económico.

Son precisamente tales medidas supresoras de regulaciones y de controles del mercado, liberándolo del interés general de la sociedad, las que han propiciado una crisis generada por la avaricia de los especuladores financieros. La doctrina neoliberal de que el mercado se autorregula sin necesidad del intervencionismo del Estado queda, así, desenmascarada en su falsedad. Y los mismos que, imbuidos en ese pensamiento, promovieron esta situación de absoluto descontrol y alimentaron la rapiña de los especuladores, son los que ahora pretenden sacarnos del atolladero con el cinismo y la desfachatez que les caracteriza.

No hacen más que rehuir de su responsabilidad y endosársela a los ciudadanos. Del desastre de un mercado dejado a su albedrío, que elevó la deuda privada -que no la pública- hasta niveles que hicieron colapsar al sistema financiero, se ha pasado a una deuda pública que financia el rescate de aquella mediante recortes en educación, sanidad, dependencia y otros servicios públicos que trasladan el sufrimiento a la población y abocan a la parálisis a gobiernos y países cuya economía está siendo intervenida de facto y enajenada su soberanía. Personajes como, por ejemplo, Luis de Guindos, ministro español de Economía, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, son representativos de ser “pirómanos” y “bomberos”, simultáneamente, al proceder de agencias (Lehman Brothers) y bancos (Goldman Sachs) que prendieron el “incendio” de la crisis, sin que ello  los inhabilite para presentarse como los que van a “sofocarlo” con las medidas que nos están recetando. Pero, no nos engañemos: ellos son simplemente agentes manijeros de la ideología que aspira al dominio absoluto.

Sin embargo, tales medidas no se dirigen a aliviar a los Estados (y a sus nacionales indefensos) de la estafa de que han sido objeto. Antes al contrario, se les obliga a endeudarse aún más, prohibiéndoles acudir a los bancos centrales para financiarse y debiendo hacerlo a través de la banca privada en condiciones tan desfavorables como las que determinan los inversores especulativos y las agencias de calificación. La economía se impone, de esta manera, a la política y dicta las condiciones, como esas medidas de severa austeridad para “equilibrar” presupuestos que agravan la recesión económica y la convierten en una depresión generalizada. Para Paul Krugman, un economista crítico con esta “doctrina destructiva”, el fracaso de esas políticas es evidente.

Ya nadie se acuerda, a estas alturas de la debacle, que la crisis que estamos padeciendo es consecuencia de una crisis del sistema financiero, falto de regulación, y no al revés. Y que fue el modelo neoliberal el que provocó el surgimiento de esta crisis, que se ve agravada por las medidas que sus propios causantes nos están imponiendo porque les conviene, no sólo por maldad.

Según Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, el incremento de las desigualdades se ve favorecido por el desvío del ahorro de las clases más ricas hacia la especulación en vez de a la actividad productiva, lo que hace disminuir la recaudación pública. Y que esa desigualdad es producto deliberado de los grandes grupos oligárquicos que imponen moderación salarial, trabajo en precario, reformas laborales regresivas, etc.

Son esos intereses económicos e ideológicos preconizados por los ultraliberales los que niegan toda alternativa para combatir la crisis, aunque en un primer momento no se opusieran a las recetas neokeynesianas que aconsejó el G-8, reunido en Washington en noviembre de 2008, y que inicialmente se aplicaron en España cuando el sector de la construcción entró en deflación (pinchazo de la burbuja inmobiliaria) y se procuró infructuosamente contrarrestar el parón de la actividad mediante el Plan E, las ayudas a parados, inversión pública y otros estímulos fiscales. A pesar de contar con superávit, el derrumbe de los ingresos fiscales y las inversiones de emergencia destinadas a paliar la desaceleración económica provocaron el déficit al que ahora achacan los liberales la culpa de la recesión y la crisis.

Negando la mayor, se traslada a la ciudadanía y a los servicios que recibe del Estado la culpa de los desafueros cometidos por los bancos y los especuladores privados, como si aquellos hubieran forzado a los bancos a concederles hipotecas y éstos no hubieran ofrecido la suscripción de tales productos financieros sin las debidas garantías de solvencia, embriagados por la vorágine inmobiliaria. En un mundo globalizado, el riesgo de las hipotecas subprime se transfirió a bonos de deuda, fondos de pensiones, de inversión, etc., contagiando a todo el sistema financiero, sin que las entidades de calificación de riesgo (Standard´s & Poors, Moody´s, etc.), en parte beneficiadas por estas transacciones, alertaran de ninguna anomalía.    

Ingentes cantidades de dinero público se ha destinado a salvar los bancos, provocando la crisis presupuestaria que sufren unos Estados que han de financiarse por la banca privada. Alemania, cuya potente economía tiene importantes inversiones como país acreedor, no ceja en las políticas de austeridad en Europa para obligar a los países periféricos a que paguen la deuda contraída con los bancos alemanes. Hacia el país germánico está circulando un enorme flujo de capitales que beneficia su deuda pública, abaratando su coste por estar muy solicitada y convirtiéndola, ante la inseguridad y desconfianza de los mercados, en un depósito de seguridad, como explica el profesor Vinçen Navarro. Por ello, Merkel se niega a la emisión de eurobonos, a modificar el estatuto del Banco Central Europeo para que financie sin intereses a los Estados miembros (con los debidos controles) y a aquellas políticas que confían más en el crecimiento que en la austeridad para salir de la crisis.

 

Es evidente que esta crisis beneficia a algún país, enriquece a unos cuantos especuladores y, sobre todo, posibilita la imposición de un sistema que, ciego a sus fallos criminales, apuesta por un liberalismo acérrimo en la economía, a pesar de que conlleve la pobreza y la desatención de millones de personas. Y lo que es más grave, los recortes y “ajustes” en la inversión pública y el gasto social darán lugar a un futuro de penurias y sufrimientos que los ciudadanos no merecen, como advierte el catedrático citado de Sevilla. Los ciudadanos no fueron  los culpables de la crisis, ni tampoco los causantes de la deuda de los Estados, sino la avaricia de los que acusan a los inocentes y los castigan sin misericordia, simplemente por un frío cálculo económico e intereses ideológicos. La crisis es un timo de proporciones gigantescas e inmorales que tarde o temprano hará convulsionar a los damnificados

Depredadores

Vivimos una época dorada para los depredadores. Campan a sus anchas por dominios en expansión y están dotados de armas formidables para la supervivencia. Además, disponen de un encanto que subyuga a las víctimas, a las que embaucan con una belleza irresistible y una capacidad de simulación insuperable. Son de una voracidad insaciable y carecen de piedad a la hora de elegir presa, que puede ser de cualquier especie distinta de la suya. Te hunden sus garras con una elegancia y una precisión escalofriantes. Ocupan la élite del reino animal y se comportan con la displicencia que se adquiere al imponer siempre su voluntad. Son fácilmente detectables pues se ubican en la cúspide de cualquier hábitat, donde se exhiben sin pudor y sin miedo a ser despojados de su poder, porque pertenecen a la clase dominante. Tienen muchos nombres, halcones, tiburones, leones o explotadores, y todos son iguales: crueles.

La crisis de la prensa (y 2)

Es un vaticinio que se repite como un mantra: la prensa escrita está condenada a desaparecer. Hasta hay quien predice el momento exacto, situándolo hacia el año 2043, como se atreve a precisar  Philip Meyer en su libro The Vanishing Newspaper, un plazo que incluso parece optimista porque, a juzgar por la magnitud de los cambios que afectan al negocio, es posible que se adelante la fecha en que el último periódico en papel publique la esquela de su propia defunción. Ya nadie pone en duda una muerte tan anunciada.

Por todas partes asoman datos que pronostican tal desenlace. En primer lugar, la difusión de la prensa escrita en occidente lleva años acumulando descensos imparables que ninguna de las campañas de autopromoción llevadas a cabo (con ofertas de libros, videos, cuberterías, vajillas, juegos, relojes y todo tipo de artículos que se pueda imaginar) ha conseguido contrarrestar. Muchos de esos lectores han abandonado el papel por instrumentos electrónicos y aparatos digitales que permiten la consulta del periódico de forma permanente tras una transición que ha sido facilitada por los propios medios, que ven menguar el volumen de su negocio ordinario y optan por la ampliación a la edición digital para intentar compensar tales pérdidas. La totalitaria implantación de las plataformas digitales multimedia conforma el futuro modelo de negocio de los medios de comunicación, lo que ha provocado una carrera por ser de los primeros en ocupar un nicho de mercado que todavía nadie sabe cómo quedará determinado. Y eso provoca una primera reacción desesperada de consecuencias letales: la deuda empresarial.

Los antiguos periódicos han devenido, se han integrado o han sido absorbidos por conglomerados mediáticos que, como empresas multinacionales que son o tienden a ser, invierten ingentes cantidades de dinero para procurarse un lugar en una cúspide que proporcione dividendos a la sociedad o el holding. Esa concentración de medios en conglomerados multimedia y el elevado endeudamiento necesario para conseguirlo se ha convertido en uno de los elementos causales de la crisis que padece la prensa en general. Se ha querido poner una vela a la prensa escrita y otra a la digital, cuando la primera representa un negocio en extinción y la segunda una apuesta por una probabilidad todavía incierta. Para colmo, la crisis económica golpea a ambos modelos con igual dureza, agravando no sólo la disminución de la audiencia en papel sino, además, ocasionando el descenso en las versiones en digital y trasladando la pérdida de publicidad, crónica en papel, a las ediciones en internet.

Para el analista Juan Varela (http://www.periodista21.com/2013/04/caen-los-diarios-en-papel-y-en-internet.htlm), tal desplome de lectores -en papel y digital- evidencia “un agotamiento del modelo y una crisis de credibilidad que erosiona aceleradamente a las cabeceras tradicionales”.

Pero el problema no es sólo de adaptación a una revolución tecnológica de resultados inciertos. El problema surge cuando una empresa que se dedicada a editar un periódico no es rentable y busca el crecimiento para afianzarse como conglomerado de comunicación (prensa, radio, televisión, libros, contenidos, cine, etc.) y se endeuda hasta volverse inviable. Al descenso de las ventas se une la caída de la publicidad y la disminución del valor de los activos y de las acciones bursátiles, todo lo cual aboca a niveles de endeudamiento insoportables. Es así cómo la crisis de los medios permuta en un “capitalismo de casino” por el que los grandes ejecutivos y directivos empresariales, incluso siendo periodistas, se prestan entonces a escudarse en la revolución tecnológica para justificar sus desmanes imperialistas y se comportan como cualquier patrono neoliberal: recortando gastos de redacción con sucesivos expedientes de regulación de empleo en todas las unidades de negocio y permitiendo la entrada en el capital de fondos especulativos dispuestos a “pescar en río revuelto”. El problema, como señala Pere Rusiñol ("Papel mojado. La crisis de la Prensa y el fracaso de los periódicos en España" eldiario.es), es que, desde ese momento, dejan de existir las empresas editoras de periódicos para transformarse en empresas propiedad de sectores ajenos, fundamentalmente del financiero. La mayoría de los grandes medios españoles ha corrido esta suerte: pertenece al mundo financiero. Una realidad que afecta de lleno a la credibilidad de los periódicos por el conflicto de intereses que se genera en su núcleo.

Deben asumir una nueva cultura empresarial, obligada por la propiedad de estos conglomerados multimedia, que concibe la sociedad como mercado y a los lectores como clientes, lo que debe redundar beneficios en la cuenta de resultados. Y, para empezar, hay que reducir gastos. En los últimos cinco años se han eliminado más de diez mil puestos de trabajo en el sector, afectando especialmente a esos periodistas veteranos, reacios a vender su independencia por un plato de lentejas. Como ejemplo caliente, la abrupta salida de Maruja Torres de El PAIS, hace sólo unos días, por su posicionamiento en contra de ese “capitalismo de casino” que se practica en el diario de PRISA, empresa editora. Ella misma lo explicaba en las redes sociales: “El director de EL PAÍS me ha echado de Opinión y yo me he ido de EL PAÍS. Tantos años... Pero es un alivio".

Queda, por tanto, un modelo de negocio fuertemente controlado por sectores ajenos al periodismo que condiciona su labor y vulnera los valores y la esencia del mismo: su credibilidad. Plantillas maleables, la información como mercancía que puede y se debe explotar como espectáculo al gusto del consumidor y útil para su entretenimiento, la continua y permanente actualización de noticias que ni se contrastan ni se elaboran, simplemente se “cuelgan” en estado bruto a cualquier hora del día o de la noche, la precarización de unas estructuras cada vez más “baratas” a base de suprimir corresponsalías, ahorrar en colaboradores de prestigio y contratar a jóvenes periodistas mal retribuidos y sin tiempo para investigar ni hacer reporterismo de calidad, etc., todo ello es lo que está ocasionando la crisis mortal de la prensa. Dice Lluís Bassets en su último libro ("El último que pague la luz. Sobre la extinción del periodismo", editorial Taurus, Madrid 2013) que “el periodismo como oficio queda engullido en las profesiones de comunicación, hasta que éstas, a su vez, quedan englobadas en la vida digitalizada”.

Ese es el caldo de cultivo en el que proliferan los medios digitales dispuestos a ofrecer al lector la instantaneidad que desea, la comunicación constante y permanente, el flujo imparable de noticias sin apenas confirmación, procedentes en su mayor parte -a falta de fuentes y recursos propios- de gabinetes de prensa, agencias de relaciones públicas, de instituciones diversas y de otros medios en la red que se dedican a rebotar lo que reciben. La exuberancia informativa parece una característica del periodismo digital. Sin embargo, no son verdaderas noticias, en el sentido clásico del término, sino versiones y refritos de lo que puede convertirse en noticia o permanecer como un bulo miles de veces repetido, como esos mensajes que se reenvían hasta el infinito en los e-mails entre particulares.

Más que una crisis tecnológica, lo que está matando a la prensa es su claudicación ante la economía y los intereses extraños que hacen prevalecer los nuevos propietarios. Como ya adelantaba en la primera entrega de este comentario, se trata de una crisis mortal, a menos que el periodismo sepa evolucionar. Porque, sea en papel o en modo digital, la prensa sólo tiene una finalidad: desenmascarar al poder, reclamarle transparencia y desvelar la verdad que pretende ocultar, convertirse en la mosca cojonera de cualquier poder establecido, sea político, económico o social. Sólo así puede cumplir con su función antiséptica en las democracias, al extender la información relevante entre los ciudadanos para que pueda conformarse una opinión pública. Sea cual sea el soporte en que se base, la prensa tendrá futuro si los periodistas siguen confiando en un oficio imprescindible que ofrece información veraz, relevante y contrastada de manera diligente, elaborada con independencia de los hechos, de las personas que protagonizan esos hechos y de los poderes que intentan mediar en su trabajo, manteniéndose firmes en la lealtad inexcusable hacia los ciudadanos.

Eso es lo que me hace otear apesadumbrado un horizonte que se empeña en presentar negros augurios sobre la crisis de la prensa: está instalada en su mismo corazón, allí donde late el buen periodismo.

¿Por qué se fusionan hospitales?

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está embarcada en un proyecto para la fusión de los distintos hospitales existentes en algunas provincias andaluzas con el claro objeto de ahorrar costes en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Se trata de una intención que no ha sido explicada con claridad ni a los profesionales sanitarios, ni a los usuarios ni a las demás fuerzas políticas del Parlamento de forma previa. Sólo cuando se ha evidenciado la voluntad de las autoridades sanitarias es cuando éstas han justificado un “proceso de convergencia” que pretende aunar recursos y prestaciones asistenciales. Así, desde la idea inicial de crear “complejos hospitalarios” provinciales, se ha pasado a admitir la existencia de un proceso nacido supuestamente de la voluntad de los profesionales para agrupar  unidades por servicio y ciudad. Sea como fuere, independientemente de cualquier otra consideración, el proyecto nace en un período económico de crisis y envuelto en el oscurantismo y las contradicciones, lo que alimenta las sospechas de todos los afectados.

Esa desconfianza en las intenciones de la Consejería de Salud genera la radicalidad de las posturas que se enfrentan al dilema de fusión sí o fusión no, sin valorar abiertamente los beneficios o perjuicios de una opción que, en principio, ni es buena ni mala en sí misma, sino que depende de la finalidad perseguida y de la compatibilidad de las estructuras que se agrupan para aprovechar sinergias y eliminar duplicidades, todo ello sin restar calidad en el servicio, ganar eficiencia y no acarrear demasiadas incomodidades a los usuarios.

Los sindicatos, las asociaciones vecinales y las de pacientes se muestran unidas en el rechazo a este macro proyecto de fusión en la sanidad pública de Andalucía por considerar que se hace a espaldas de los profesionales y de los representantes de los trabajadores, porque se lleva a cabo sin presentar ningún estudio o informe previo que lo aconseje y, fundamentalmente, porque parece impulsado simplemente por la búsqueda de un ahorro basado en recortes de plantilla (mediante amortización de puestos) y la supresión de otras partidas presupuestarias, lo cual puede influir en un deterioro de la calidad asistencial.

El proceso de convergencia ha arrancado con la unificación de las gerencias de los hospitales destinados a fusionarse, lo cual, en estricta teoría empresarial, daría lugar a una nueva entidad que englobaría el patrimonio y los recursos de las empresas fusionadas. Y de hecho esa debía ser la meta proyectada a tenor del nombre corporativo de la nueva entidad resultante: “Complejo hospitalario Sevilla”, “Complejo hospitalario Granada”, etc. Es decir, desaparecerían las entidades que se fusionan para originar una nueva, conforme a la lógica empresarial. En las facultades se enseña que un proceso de concentración empresarial tiene la finalidad de abaratar costes y conquistar predominio en el mercado. Siendo lo segundo innecesario para una sanidad que monopoliza esa prestación como servicio público, la supresión de costes y la reducción de gastos emergen como el único objetivo racional para la fusión de estos hospitales.

Las autoridades manifiestan el propósito de avanzar hacia un modelo de descentralización y organización profesional por el que se redistribuyen servicios y tareas sin que dependan ni de  ubicaciones heredadas (los viejos hospitales) ni de nueva construcción. En esta especie de “hospitales sin muros”, cuyas instalaciones estarían repartidas por toda la ciudad, los servicios quedarán integrados -según carta interna del gerente del Virgen del Rocío de Sevilla, Dr. Torrubia- para “conseguir el desarrollo profesional de todos los sanitarios, independientemente del lugar en el que trabajen”. Se omite que igual de independiente de su zona de residencia quedaría el paciente, que deberá desplazarse hasta donde se concentre, tras la unificación, la consulta especializada de su hospital básico de referencia. Ya no existirán áreas hospitalarias para determinados servicios.

A nadie se le escapa que, en consecuencia, surgirá una plantilla que estará sobredimensionada en las unidades que acaben integradas y que se siente preocupada de su situación laboral. Poniendo el parche antes de que aparezca el grano, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado en el Parlamento regional que “en ningún caso se va a prescindir de estructuras existentes ni funcionantes; que en ningún caso va a llevar consigo recorte en la plantilla o una disminución de trabajadores y que tampoco se va a exigir la movilidad de los trabajadores, que va a ser voluntaria...”. Palabras que provocan más alarma que tranquilidad, puesto que en todas las fusiones de empresas realizadas en España –y no hay que olvidar que un hospital es una empresa- se ha acometido la adecuación de las plantillas a la nueva estructura resultante. ¿Si no a qué aventurarse en una fusión?

Es comprensible que en las especiales circunstancias de dificultad en que se hallan los servicios públicos y, por extensión, todas las empresas de España, a causa de una crisis económica que no tiene visos de solución próxima, se adopten medidas para la contención de gastos y la viabilidad de las prestaciones de servicios o de la actividad productiva empresarial. En ese contexto, la fusión es una estrategia útil para afianzar cualquier proyecto empresarial con ánimo de permanencia, fortalecimiento orgánico, posicionamiento industrial y dominio frente a la competencia. Pero en las empresas públicas, en las que la atención sanitaria no debería estar sujeta a condicionantes de rentabilidad o de consecución de beneficios, por responder a la materialización de derechos reconocidos en la Constitución, una iniciativa de la envergadura como ésta de la fusión de hospitales debería contar cuando menos con el conocimiento y la adhesión de todos sus trabajadores. Incluso, antes de impulsarla, hubiera sido “decorosamente” democrático abrir un debate para pulsar la opinión de pacientes, colectivos y demás entidades sociales afectadas por una transformación tan descomunal en las prestaciones sanitarias a la población.

 
Las posibles bondades de esta medida quedan empañadas, y hasta anuladas, por esa falta de transparencia de que adolece la fusión y la nula participación que ha contado entre los sectores involucrados, al no haber sido invitados a la elaboración del proyecto. No son obstáculos insalvables si la voluntad es realmente la de trabajar en beneficio del ciudadano y en dotar de mayor eficiencia al sistema sanitario público andaluz. Siempre se está a tiempo para el diálogo franco y sincero. Si no, estaremos ante una nueva cacicada de las que estamos tan acostumbrados como hartos.

Jueves de marioneta

La semana se acerca a su final en medio de unas rutinas que nos manejan como marionetas. Hilos invisibles pero fuertes, trenzados con el acero de la responsabilidad, nos levantan cada mañana y nos arrastran durante todo el día de un lugar para otro, del trabajo a la casa, para dejarnos caer por la noche, tras algunas estaciones intermedias tan previsibles como monótonas, en la cama cual muñecos inanimados y carentes de voluntad. Ningún deseo nace de una espontaneidad que no esté sujeta a esos hilos que controlan nuestra conducta porque incluso lo que parece evasión está regido por un plan establecido que nos mueve. Sólo los locos escapan de convertirse en títeres de fuerzas externas camufladas en rutinas, porque sus hilos surgen enrevesados desde el profundo marasmo de su demencia. Nada es más terrible que la consciencia del nulo albedrío que nos hace transitar semana tras semana.

La crisis de la Prensa (1)

Este es el lamento de alguien que sigue aferrado a un modelo caduco: el antiguo periodismo de rotativas, papel y tinta. Sabedor de poseer gustos obsoletos, el nostálgico no deja de otear un horizonte que no hace más que confirmar sus sospechas: la prensa está en crisis. Siempre lo ha estado, salvo períodos de inaudito esplendor, pero esta vez parece definitivamente mortal, mortal para aquel modelo añorado. No para el periodismo que sepa evolucionar.

Anterior a esta crisis financiera que afecta a todos los sectores de la economía, ya existía –o al menos se barruntaba- la crisis de la prensa, la que afecta a una manera de entender el periodismo. No se trata sólo de una transformación provocada por la sustitución del soporte papel (periódicos y revistas, también los libros), ineludible a la vista de cualquier profano por culpa de la revolución tecnológica digital y la implantación global de internet, sino además de la manera de entender el ejercicio del periodismo y el producto informativo por parte de los propios profesionales y por los consumidores. Estamos asistiendo al nacimiento de un fenómeno nuevo que, en parte, se parece al antiguo periodismo de novedades de interés público y, de otra, al intercambio comunicacional entre particulares, en el que se diluyen las arcaicas fronteras entre lo público y lo privado, sin depender siquiera de una pauta temporal, como era definitorio del periodismo clásico.

Las nuevas tecnologías nos han hecho cambiar nuestras costumbres y han forzado la adaptación de la actividad informativa a los hábitos imperantes, provocando nuevos modelos empresariales y nuevas formas de consumo. Para empezar, el periódico moderno ya ni siquiera es periódico. De acceder a la información a intervalos regulares (diarios, semanales o mensuales), hemos pasado a estar conectados a una fuente on line de información continua. Tampoco depositamos aquellas fidelidades lectoras en las firmas de prestigio que orientaban nuestra opinión con explicaciones, valoraciones e interpretaciones de hechos (datos o acontecimientos) de los que teníamos conocimiento precisamente gracias a los medios de comunicación. Cada vez es más rara la costumbre de comprar a primera hora de la mañana un periódico para saber cómo marcha el mundo, nuestro país y hasta nuestro pueblo porque, hoy, nos basta con hacer un “clic” de ratón para tener acceso a esa información e incluso para consultar cuántos términos –políticos, sociales, económicos, científicos, religiosos, culturales y deportivos, etc.-  internet nos pueda brindar a través de miles de entradas.

Este  medio por el que me lee, por ejemplo, le ofrece la información suficiente e instantánea que pueda interesarle, evitándole la necesidad de acudir a un quiosco para adquirir un producto en papel que mancha, cuesta dinero y no puede renovar sus noticias hasta el día siguiente con lo sucedido ayer. Frente al periódico antiguo, la alternativa digital sale gratis (de momento), puede incorporar la noticia de cualquier asunto relevante desde el preciso instante en que se produzca o se conozca, enlazar con asuntos y fuentes actuales, es limpio, no mancha y se utiliza desde la comodidad del hogar, sin tener que salir a comprarlo. ¿Esas son las únicas diferencias?

Aparentemente, es más democrático. Además de instantánea y gratis, la prensa electrónica permite una mayor participación de los usuarios, no sólo con comentarios y opiniones, sino también mediante la propuesta de temas, enfoques, estilos y hasta la selección y jerarquización de las noticias que gustaría recibir, comunicándolo directamente al medio y a los propios redactores. Atender esta demanda conlleva la disgregación y fragmentación de la audiencia a tenor del gusto de pequeños y múltiples grupos de interés. Tal vez por ello exista hoy en día tanta oferta de periodismo electrónico como lectores constituyen el mercado. Es la consecuencia de la estructura del mercado que impone la tecnología digital al posibilitar que cada lector configure su propia manera de consumir información. Sin embargo, esa máxima democratización va en detrimento del interés general al que debían servir los medios, cuyos índices de difusión en prensa escrita caen de forma imparable para ser sustituidos por los ordenadores, los teléfonos móviles, las tabletas y demás recursos de lectura digital, etc.

Lo grave, en cualquier caso, no es esta transición de un soporte a otro, del papel a lo digital, sino la diversificación del producto informativo para satisfacer a una demanda atomizada. Una disgregación del mercado que hace disminuir la audiencia de cada medio hasta extremos difícilmente rentables. Y para combatirla, la industria periodística acude a las recetas canónicas de contención del gasto, despidiendo periodistas, recortando recursos y, lo más indeseado, mostrando sumisión a la demanda del público, olvidando su viejo objetivo de encarnar la opinión pública en defensa del interés general, y decantándose hacia la espectacularización de unos contenidos que ya no  hacen ascos ni al rumor ni a la banalidad de los hechos.

Para quien todavía tiene que imprimir en papel lo que desea leer con detenimiento, resulta lamentable una crisis de la prensa que deriva hacia un deterioro tal en la calidad y la credibilidad de los periódicos. Entre otros motivos, además del fetichista como objeto físico, por comulgar con la función de los mismos que exponía el gran Mariano José de Larra: “…el periódico es el gran archivo de los conocimientos humanos, y que si hay algún medio en este siglo de ser ignorante, es no leer un periódico”.

No obstante, la alternativa es factible y está en manos de los periodistas que no se dejan atrapar por esta dinámica de “emborronadores de la verdad”, como la define Lluís Bassets en su libro “El último que apague la luz”: pasa por rescatar el valor de los contenidos de calidad, esos que surgen de las informaciones bien contrastadas y mejor narradas. ¿Se estará aún a tiempo?

Dos años más que "indignaos"

Hace dos años que se materializó una respuesta colectiva callejera de miles de ciudadanos hartos de ser las víctimas propiciatorias de un Sistema que preserva el Capital a costa de lo social y lo público. Era el Movimiento del 15-M, que canalizó la indignación en plazas y calles de España, en lo que su apóstol, Stéphane Hessel, llamaba “insurrección pacífica”, contra la dictadura del mercado, los recortes del Estado de Bienestar y, especialmente, las iniciativas de una clase política cuyo comportamiento, falto de transparencia y sobrado de corrupción, provoca la desafección de los ciudadanos, a quienes teóricamente debían representar y rendir cuentas de su labor.

En estos dos años transcurridos, el movimiento del 15-M, aquella acampada multitudinaria en la Puerta del Sol de Madrid y todas las que la emularon en otras ciudades, ha perdido consistencia unitaria al carecer de una estructura orgánica que la convirtiera en lo que tanto denostaban: un ente, un partido o un instrumento dependiente e integrado, finalmente, del Estado. Sin embargo, no le han faltado motivos para la protesta y de estímulo para la participación ciudadana.

Hoy, hay más de 6 millones de razones para combatir unas políticas económicas que empobrecen a la población y abandonan en el paro a ese número de españoles. Hay motivos para luchar contra una Reforma Laboral que hace recaer todos los sacrificios en la clase trabajadora frente a la empresarial cuando hay que dinamizar la actividad de las empresas. Más de 6.200.000 personas sin trabajo es el balance actual de esas políticas aplicadas al mundo del trabajo al dictado del mercado.

También hay una “marea blanca” que se subleva por una sanidad que se está privatizando en busca del lucro en vez de satisfacer las necesidades de la población. La salud de los españoles es puesta en manos de gestores que están más pendientes de la cuenta de resultados. Una salud medida al peso de la rentabilidad, único parámetro que mide la viabilidad de derechos reconocidos en la Constitución.

Incluso la educación se une en su totalidad –desde primaria hasta la Universidad, desde profesores y alumnos hasta las asociaciones de padres- para mostrar su repudio a reformas legales que persiguen, de igual modo, el desmantelamiento progresivo de un  sistema educativo que, aún en su imperfección, procuraba que las desigualdades sociales no fueran obstáculos para acceder a una enseñanza de calidad, obligatoria y hasta cierto punto gratuita. Tampoco es rentable según los parámetros de sostenibilidad del mercado.

Un mercado que, sin embargo, dota de ayudas ingentes a la banca para rescatarla de las quiebras que ella misma generó, pero que no puede permitir la dación en pago cuando los ciudadanos, abandonados sin recursos en la cuneta, no pueden hacer frente a hipotecas abusivas y son amenazados con desalojarlos de sus casas. La indignación por contemplar a la policía sacar por la fuerza a la gente de sus casas, mientras los directivos de los bancos rescatados se reparten fortunas por despido o se conceden multimillonarias indemnizaciones a causa de una jubilación obligatoria por motivos penales, ha dado lugar a los famosos escraches (para unos una presión inadmisible y para otros simple libertad de manifestación) frente al domicilio de aquellos políticos que favorecen este sistema injusto y no están dispuestos a modificar ni la ley hipotecaria –criticada por Europa- ni las leyes que posibilitan el desahucio de las viviendas.

Han sido dos años, pues, en que más que indignados, estamos ya francamente enrabietados y enfurecidos contra unas políticas y un sistema capitalista que sólo protege al dinero y no a las personas. Hartos de asistir sumisos a la eliminación de las protecciones que las políticas sociales públicas brindaban a los más desfavorecidos de la Sociedad. Y, como decía José Luis Sampedro en la introducción del librito citado, no queremos “sucumbir bajo el huracán destructor del consumismo voraz y la distracción mediática mientras nos aplican los recortes”.  Por eso, si se ha desvanecido y atomizado el movimiento del 15-M, habrá que refundarlo para luchar por lo que no es más que la participación cívica y pacífica de la sociedad en asuntos que le conciernen: su orden y el rumbo de lo que nos es común, nuestro modelo de convivencia. Y si a Dolores de Cospedal le parece mal, porque no nos limitamos como corderitos a votar cada cuatro años, allá ella. Es su problema.

La aflicción de los días

¿Aflicción mediática? Los hechos se suceden a tal velocidad que apenas dan tiempo para poder asimilarlos con un mínimo detenimiento, obligándonos casi a una lectura atropellada de los titulares que depara la actualidad antes de sentir el agobio del exceso de información. Cuesta esfuerzo –¡y tiempo!- seleccionar, valorar, contextualizar, relacionar y profundizar algún acontecimiento entre la maraña de datos, opiniones, propaganda y ruido que transmite cualquier medio de comunicación. Lo que pretendía la censura ahora es conseguido por esa avalancha descontrolada de información: impedir que sepamos lo que de verdad sucede. ¿Y dónde está la verdad? Se halla sepultada bajo el volumen inmenso de noticias que dan cuenta, en el mejor de los casos, de porciones tan diversas de ella como versiones tiene o se manifiestan. Ello nos instala en un estado de aflicción que parece extenderse a todos los estratos de la sociedad. Así, por ejemplo, he sentido aflicción últimamente con el acceso a los medios de información y he detectado esa misma aflicción en muchos de los personajes que protagonizan los asuntos que atraían mi atención.

¿Aflicción en palacio? Por el tobogán de los últimos días se despeñaban hechos como la desimputación de una imputada, lo que, en puridad, era hacerle una soberana putada a la susodicha -algo así como una imputación “en diferido”-, ya que no la eximían de sospechas, sino que la mantenían en suspenso hasta que los indicios de delito fiscal y blanqueo de dinero fueran más consistentes, a juicio del magistrado instructor, quien insiste en seguir pensando lo mismo que cuando la imputó. La misma Audiencia de Palma que anuló “de momento” la citación sostiene que la princesa afligida “debía saber o conocer” los trapicheos de la empresa de la que formaba parte junto a su marido, ese cónyuge espabilado acusado de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Nóos. Dentro del pulso institucional que se está librando, se trata de un triunfo pasajero del Fiscal General del Estado, travestido en abogado defensor en el entramado que afecta directamente al Palacio de la Zarzuela, residencia de una Familia Real que ve reducido su tamaño conforme tiene que despojar de tal condición a aquellos de sus miembros que son implicados en escándalos de variado pelaje. Es deprimente que condes y princesas, como en un tenebroso cuento de hadas, acaben en divorcios, pleitos y cárceles por avaricias insaciables del cuerpo y el alma.

¿Aflicción en el PP? La Policía, durante esos mismos días, certificaba en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que la contabilidad B era, en realidad, la contabilidad A del partido que goza del respaldo popular para que siga, no sólo gobernando a base de recortes a los ciudadanos, sino repartiendo sueldos, sobresueldos y “despidos en diferido” a los imputados por corrupción que, cual metástasis, le brotan desde la tesorería hasta las más opacas raíces y el frondoso follaje a una organización que presume de transparencia y tranquilidad. En botánica sería una planta podrida, pero en política es signo de vitalidad fisiológica y salud saprofita. Para el cariacontecido Rajoy, nada de ello es verdad, salvo una parte. El caso Bárcenas se enmaraña, así, en informes y fotocopias que, en última instancia, no hacen más que evidenciar “una actuación persistente en el tiempo en transformar donaciones por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos”. Si ese fraccionamiento de un dinero ilegal, procedente de donativos de grandes empresas que recibían contratos enjundiosos con la Administración, no sirvió para financiar al partido y, de paso, enriquecer a los que ocultan su patrimonio en paraísos fiscales, ¿para qué sirvió entonces? La trama Gürtel y su derivada causa Bárcenas tienen al partido del Gobierno sumido en una aflicción que se nota en las caras de unos dirigentes que ya no saben cómo explicar tantas tropelías.

¿Aflicción ideológica? Porque, aparte de las ilegalidades y las corruptelas, se constata la inmoralidad de los que no tienen empacho en apretar el cinturón de los españolitos de a pie mientras ellos se aflojan el suyo con el concurso, generoso en sobres para gastos de “representación”, del partido. Y es que tales personalidades que nadan en la abundancia, capaces de tener un jaguar en el garaje y no darse cuenta, son, en verdad, los únicos que pueden “representar” teatralmente la pobreza y la humildad, pues los demás las sufrimos en nuestras carnes, máxime cuando una impuesta austeridad recorta derechos y prestaciones en sanidad, educación, dependencia e, incluso, en el aborto. Tal vez de ahí derive el “lapsus” (¿) de la diputada popular Beatriz Escudero, defensora en el Congreso de la ley, cuando se atrevió asegurar que “en España, las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen”, dejando patente su percepción y su sensibilidad sobre las mujeres y los desafortunados: el vicio es cosa de pobres, pareció decir. Causa aflicción esta soberbia ideológica que el propio ministro Gallardón reconoce en la ley del aborto: obedece a la mentalidad (moral) del Gobierno que  promueve la modificación para hacer más restrictiva su aplicación. Y punto. Todavía hay quien cree que los ricos no abortan como tampoco “catean” en sus caros colegios privados. Si éstos expulsan a los que, ni con profesores de apoyo, son capaces de mantener la ratio de aprobados, otras sortean en el extranjero las trabas que aquí votan para impedir el aborto. Así es cómo pueden permitirse luego la indecencia de acusar desde una tribuna a los “menos formados” y tildarlos poco menos de asesinos por desear engendrar sólo los hijos que puedan criar y educar con un mínimo de dignidad.

¿Aflicción económica? Si el Gobierno impulsa leyes para beneficiar a los evasores fiscales, en vez de impedir y castigar el hurto a Hacienda ¿cómo no imaginar que lo estructural sea el engaño y la defraudación a escala general? No resulta extraño colegir, en estos días de tristeza, que semejante conducta sea la constante no sólo entre miembros de la Familia Real y el partido gubernamental, sino en la mayoría de las empresas más importantes de este país. Porque no es aflicción sino vergüenza lo que produce saber que 33 de las 35 empresas más representativas que cotizan en el selectivo índice IBEX de la Bolsa de Madrid tienen cuentas en paraísos fiscales, totalmente opacas al fisco. Son cuentas que no se justifican con la actividad mercantil de tales empresas, pero que seguramente permiten ser generosos en donaciones y dádivas a partidos, altas personalidades e instituciones con las que se interrelacionan con el propósito de que ese entramado político, económico y legal sirva a sus intereses, ya sea en forma de contratos con la Administración, leyes que favorezcan sus negocios o indultos cuando son sorprendidos en flagrante delito, lo cual no impide astronómicas jubilaciones. Así cualquiera.

 
Hay jornadas en que uno no para de llorar.

La luz primaveral que baña a Sevilla

Tras media primavera revuelta en chubascos, vientos y coletazos de frío, parece definitivamente instalado el buen tiempo sobre Sevilla, haciendo que reluzca en todo su esplendor la fisonomía monumental de una ciudad sobrada de campanarios, torres y lienzos almenados. Cielos celestes de límpida luz y una policromía floral en glorietas y jardines sirven de marco a la exuberante belleza con la que Sevilla se exhibe sin rubor a los ojos de quien la contempla por primera vez o no se cansan nunca de admirarla, prendados del hechizo que irradia cualquier estampa, como las que aquí figuran, captadas al vuelo de un paseo en autobús y con la sensibilidad a flor de piel de Loli Martín.

Bangladesh, aviso para navegantes

¿Lo de Bangladesh sólo puede pasar en Bangladesh? Soy reiterativo con el nombre del país porque allí, en la ciudad de Dacca, el hundimiento de un edificio en precarias condiciones, que albergaba decenas de factorías textiles para marcas occidentales, ha provocado la muerte de más de 400 personas y se estiman en centenares las desaparecidas bajo los escombros. Era el Rana Plaza, un antiguo centro comercial convertido en industria fabril, donde trabajaban cerca de 4.000 personas en apretados talleres que se repartían entre sus ocho plantas, tres de ellas elevadas sin ninguna garantía técnica sobre la estructura original de cinco alturas. Debido a la aparición de crujidos y grietas, los trabajadores habían alertado en repetidas ocasiones, incluso el día anterior a la tragedia, del pésimo estado de las instalaciones, pero esas advertencias habían sido ignoradas por el propietario de las instalaciones y por los gerentes de las empresas allí ubicadas.

¿Esto sólo pasa en Bangladesh? No era la primera vez. A finales del año pasado –hace sólo unos meses-, otras tragedias se habían cebado sobre sendos inmuebles que se convirtieron en pasto de las llamas, dejando un balance de 120 muertos en uno de ellos. También eran instalaciones bengalíes que fabricaban ropa para Occidente. La estadística de siniestralidad resulta terrorífica: más de 600 muertos y 2.000 heridos en seis años. Pero lo más vergonzoso de todo ello es que estos “accidentes” podían haberse evitados porque eran previsibles, dadas las amenazantes condiciones en que se hallaban los edificios. Pero nadie hizo nada por solucionarlo.

Zara, Massimo Dutti, El Corte Inglés, Mango, H&M, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y otras, son marcas de prestigio en España que elaboran parte de su mercancía, la que nos venden a precios occidentales, en talleres de Bangladesh, Pakistán o China, en inconcebibles condiciones laborales, insalubres y carentes de la más mínima seguridad, que vulneran abiertamente no sólo los derechos de los trabajadores, sino también los Derechos Humanos. Pero en las prendas que consumimos no figura la etiqueta “Made in Bangladesh” para saber que han costado la vida de quien las confecciona.

¿Y por qué se fabrica allí? Estas industrias florecen en esos países gracias al trabajo a destajo y los costes irrisorios, que proporcionan beneficios astronómicos a las empresas que las contratan. Con todo, estas contratistas presionan constantemente a los proveedores para acortar plazos y reducir aún más los costes, lo que empuja a ignorar todo tipo de garantías y seguridades en el trabajo. Más de tres millones de personas trabajan en las 4.5000 fábricas de un sector que supone uno de los motores de la economía de Bangladesh, segundo exportador de ropa del mundo, detrás de China. Toda esta pujante industria descansa, empero, en el desprecio del trabajador, cuyo coste salarial es de únicamente 32 centavos la hora, el más bajo del mundo, y en la nula inversión para mejorar sus condiciones laborales y no hacer caso de sus derechos más elementales. Constituyendo, por ejemplo, el 80 por ciento de las plantillas, a las mujeres no se les concede la baja por maternidad en la mayoría de las empresas, a la que deberán enfrentarse sin ninguna prestación económica.

Con una rentabilidad que multiplica por diez el coste real del producto, las presiones a la baja de las multinacionales del sector, unos salarios de miseria y alquileres flexibles y baratos de instalaciones e infraestructuras, se entiende fácilmente que las firmas extranjeras acudan como moscas a invertir en esos países donde las “catástrofes” se suceden como el monzón, con regularidad cíclica, sin que ninguna consciencia se remueva inquieta. Todas esas marcas participan, así, de un comportamiento criminal, cómplice de los propietarios de aquellas instalaciones, al desentenderse de las condiciones laborales existentes en los talleres donde confeccionan el género que lleva su etiqueta, por mucho que suscriban acuerdos de Responsabilidad Social Corporativa y Memorándum de Seguridad y Garantías, que sólo sirven como un elemento más de marketing para las ventas en Occidente, donde la moral es como la de los refrescos de moda, light.

Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿esto sólo puede suceder en Bangladesh?  Aparte de lo señalado, esta industria se asienta en esos países porque tampoco hay sindicatos que vigilen y luchen por un mínimo de seguridad laboral y a favor de unas condiciones dignas de trabajo; no hay administraciones públicas que regulen, inspeccionen y controlen a estas empresas, ni un Estado que ofrezca ayuda pública y protección a los maltratados por las desigualdades sociales y económicas. No existe formación en seguridad e higiene en el trabajo, las negociaciones colectivas brillan por su ausencia; la escala salarial no viene determinada en ningún convenio; no hay posibilidad de quejas y reclamaciones; la práctica de las subcontratas es habitual y opaca; por no haber no hay ni extintores ni escaleras de incendios en los edificios; las horas extras no se pagan pero se exigen; el agua potable es, en muchos casos, un lujo; faltar o retrasarse en el trabajo se castiga con reducciones desorbitadas de salario o con días adicionales sin sueldo; bajas, enfermedad, vacaciones y otras causas pautadas de libranza laboral ni se contemplan; el cómputo de horas lo determina el plazo de entrega o el número de piezas por hora, con semanas laborales de 54 horas y turnos arbitrarios; y son constantes las presiones y los abusos indiscriminados por parte de los empresarios. ¿Suena esta “música” de algo?

Bangladesh es un aviso a navegantes. Ese es el modelo laboral por el que abogaba un líder de la patronal (Díaz Ferrán, afortunadamente en prisión) para ser competitivos: “trabajar más y cobrar menos”, aplicado indudablemente a los trabajadores, no a los empresarios, como él mismo ejemplificó en sus propias empresas. Sigue siendo la meta de todas las propuestas que realiza no sólo la Confederación de Empresarios (CEOE), sino también de las políticas que está impulsando el Gobierno de España, convencido de que un mercado sin regular es más eficaz para atender y satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos. Para la visión neoliberal de la economía, sobran sindicatos, leyes y controles que supervisen la actividad mercantil y laboral de las empresas, cuyo afán es conseguir el máximo beneficio posible y la más alta rentabilidad. ¿Cuántas empresas conoce usted en España que no pagan las horas extras? ¿Cuántas que abonan salarios correspondientes a categorías inferiores de la formación y responsabilidad desempeñados? ¿En cuántas los turnos de trabajo no respetan el período de descanso establecido? Siendo cada vez más fácil y barato despedir, ¿en cuántas conoce usted que se trabaja con miedo a enfermar, discutir o contradecir alguna imposición de los jefes y encargados? ¿A cuántas ha ocultado en el currículo estar casada para evitar ser penalizada a la hora de un posible contrato? Parece que la regresión en las condiciones laborales y en los derechos de los trabajadores no se limita sólo a Bangladesh, aunque sea el caso más llamativo y tristemente espectacular. Parece que no hay que irse tan lejos.

La deslocalización de empresas persigue paraísos, como Bangladesh, en los que las condiciones laborales y la protección del trabajador apenas representan “coste” alguno para el inversor, mientras disfrutan paralelamente de excepcionales exenciones fiscales y de aranceles a la importación de material. Imponen, además, “normas” y requisitos que obligan a eliminar cualesquiera trabas legales que una exigua normativa laboral contemple, pero que pudieran significar alguna merma en los beneficios. De ahí que se alteren y modifiquen planes urbanísticos, se obvien medidas de protección ambiental y laboral, y se dicten excepciones a leyes que estiman perniciosas a sus intereses, como las de prohibición de fumar, el acceso de menores a casinos, etc. ¿Conocen  demandas parecidas a estas, por casualidad? No sólo Estados poco democráticos y con alta corrupción están dispuestos a transigir con estas multinacionales, sino también aquellos en los que los parlamentos se avienen a legislar a favor de las mismas por un puñado de puestos de trabajos en condiciones cada vez más retrógadas.

Por ello no es baladí el ataque y la laminación del Estado de Bienestar al que estamos asistiendo con la excusa de una crisis provocada por la ambición desaforada de los especuladores. Tampoco es baladí ni inocente la propuesta de Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid, para que el Estado se libere de todas las iniciativas sociales que proveía, transfiriéndolas al sector privado, como esos hospitales madrileños ahora en proceso de privatización. Y nada es baladí porque lo que buscan estos idólatras del mercado y el neoliberalismo es crear bangladesh españoles en los que la actividad económica no se atenga a ninguna regularización estatal ni, por supuesto, deba respetar derechos laborales de los trabajadores. Bangladesh es un aviso para navegantes porque nos ofrece la imagen del futuro al que nos encaminamos, donde la economía es un fin en si mismo y no está sujeta a ninguna finalidad social, salvo al lucro y el beneficio. ¿Vamos a permitir que aquí también pase lo de Bangladesh?