La propaganda oficial repite el eslogan de que lo peor de la crisis ya ha pasado y, por lo tanto, que el país se encamina por la senda de la recuperación, camino que conduce al crecimiento económico y, por añadidura, a la creación de empleo. Explica esa propaganda que ello es posible gracias a las numerosas “reformas” que el Gobierno ha emprendido desde que tomó las riendas del Poder y que la prueba palpable de que la “luz al final del túnel” se avizora en el horizonte es que la prima de riesgo recupera cifras razonables, las mismas que este Gobierno heredó del anterior. Como conclusión, el argumentarlo propagandista tira mano de una afirmación triunfalista que pretende ser irrebatible: se ha conseguido que los mercados vuelvan a mostrar su confianza en España.
Aunque la mayoría de la gente, la que no pertenece a las
clases acomodadas, no percibe esa recuperación en sus condiciones de vida por
ningún lado, cabría preguntarse si en verdad estamos asistiendo a una
recuperación de la economía española y, de ser así, qué clase de recuperación será
esa si es indetectable por los presuntos beneficiarios de la misma: los
castigados por la crisis. Ante las dudas, debería exigirse una explicación más
detallada y cuantificada por parte de quienes han adoptado unas “reformas” tan
alabadas, a fin de valorar en sus justos términos la idoneidad de las mismas y
determinar si, realmente, sirven para traernos la prometida recuperación
económica.
De lo contrario, sería un sarcasmo hablar de “recuperación”
cuando ésta se circunscribe exclusivamente a las entidades financieras,
precisamente las causantes de la crisis que ha golpeado a los ciudadanos. Un
sarcasmo de magnitudes humillantes por cuanto el único “rescate” acometido para
combatir presuntamente la crisis se ha limitado a las ayudas a los bancos, siendo
éstos los que, de momento, dan muestras de estar en vías de recuperación
después de que con dinero público se hayan “nacionalizado” sus pérdidas y saneado
sus despropósitos especulativos y megalómanos.
Todo lo demás no se recupera, sino que se pierde o empeora.
Hemos perdido calidad de vida, trabajo y derechos para que el Capital sienta
“confianza” y ande a sus anchas, imponiendo sus condiciones y sin atender al
interés general. Ello se evidencia en las medidas que nos ha obligado aceptar,
podando drásticamente el Estado de Bienestar, destruyendo empleo, bajando
salarios, encareciendo servicios y encogiendo un sector público que era eficaz
y sostenible con nuestros impuestos. Sin embargo, a pesar de todos los
recortes, la deuda no se reduce y la población sigue empobreciéndose cada vez
más.
Una pobreza que, para Paul Krugman, no deriva únicamente de las
condiciones sociales, sino del estancamiento y constante pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, lo que acarrea un problema de aumento de la
desigualdad en una economía en la que una pequeña élite acapara todo el
beneficio del crecimiento y la recuperación. Las políticas de precariedad
laboral y salarial crean pobreza e hipotecan el futuro de toda una generación
de personas, especialmente la de esos jóvenes que engrosan el doble del
desempleo general, dejándolos sin alternativas, sin esperanzas, sin porvenir y
sin participar de ninguna recuperación. Y es que, según pronósticos internacionales
no contagiados de la propaganda gubernamental, la economía española no
recuperará los niveles de desempleo que tenía antes de la crisis hasta dentro
de veinte años.
Si ello es estar en vías de recuperación y creación de
empleo, que lo demuestren con datos y números, no con frases y eslóganes
publicitarios. Máxime, cuando es la banca la única que sale ganando con la
crisis: son ellos los que compran la mitad de la deuda pública, casi 300.000
millones de euros, con dinero prestado del Banco Central Europeo, a un interés
del 1 %, mientras financian al Estado a un 4, 6 e incluso un 10 % de interés.
Así, no hay dinero para particulares ni pequeñas y mediadas empresas, pues con
la compra de bonos consiguen un beneficio mucho mayor y más seguro, aunque el
Estado tenga que “recortar” gastos para pagar la “deuda”, pago que ha priorizado como imperativo
constitucional, antes incluso que la prestación de servicios sociales.
Esa, y no otra, es la recuperación que vislumbra el Gobierno
y la que vocean todos sus portavoces. Está obligado a ello por parte de unos
poderes económicos y financieros que controlan su capacidad de acción y, por
extensión, la de toda la Eurozona ,
como desvela Vicenc Navarro en un artículo reciente. Así que, detrás de las
tijeras de los “ajustes”, sólo había un objetivo lucrativo y no la consecuencia
de un “vivir por encima de nuestras posibilidades”: el de que los ricos sean
más ricos, aunque los pobres se empobrezcan aún más. Los primeros percibirán la
recuperación, los segundos seguirán pagando las facturas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario