Enésimo trastorno horario

El día de hoy se me hace raro porque me induce a la tardanza en lo que haga. Me he levantado más tarde de lo habitual y casi he desayunado cuando, en otras ocasiones, habría empezado a quedar con amigos para el aperitivo previo del almuerzo. Siento una soñolencia pegajosa después de un almuerzo por obligación horaria que me impide levantarme del sofá para ir al cine. La tarde se hace eterna puesto que la oscuridad no acompaña mi tendencia hacia el pijama y el refugio hogareño, como era costumbre. Y todo por culpa del enésimo cambio horario que nos hizo adelantar anoche una hora en el reloj. Cambios automáticos para los cronómetros, pero cada vez más dificultosos para cualquier organismo vivo que está condicionado por su propio reloj interno, ajustado genéticamente a los períodos naturales de luz y oscuridad. Sin ninguna excusa para tantos trastornos, los gobiernos siguen por inercia obligando a unos cambios horarios que ni a los relojeros convencen. Y no saben cómo remediarlo sin alterar las rutinas de los ciudadanos y las molestias del cuerpo. ¡Ojalá sea mañana!     

El utópico impertinente

Soñaba con un mundo mejor y le molestaba el pragmatismo. Decían que vivía en las nubes y le aconsejaban que pusiera los pies en la tierra.  Le llamaban visionario porque no aceptaba las injusticias y los abusos en nombre del orden establecido, la tiranía de los mercados, la resignación religiosa y el cinismo de los poderosos. Le acusaban de ser poco práctico, de estar de espaldas a la realidad, de empeñarse en luchas inútiles. Pero él nunca perdía la esperanza porque soñaba despierto. Contestaba a los escépticos desencantados que sin esperanza no se conquista la libertad. Que los fracasos y las frustraciones constituyen motivos para redoblar la lucha, para levantarse y recuperar el aliento en pos de esa meta futura, utópica, de transformación, justicia y solidaridad. Era impertinente porque no aceptaba lo dado, la realidad, como inconmovible, sino como punto de partida para una lucha que reconocía desigual, pero estimulante. Que cada triunfo parcial, por pequeño que sea, era un paso hacia adelante. Su pesimismo era, pues, esperanzado porque no se cruzaba de brazos ante lo que paralizaba a los realistas. Su actitud contrastaba con el optimismo servil de los conformistas, a los que no dejaba de importunar con sus utopías, con el optimismo de su voluntad inconformista. Por eso lo tachaban de impertinente. Porque creía que el mundo no está predeterminado ni el ser humano programado, como pretenden hacernos creer quienes nos someten y alienan. Era un redomado utópico impertinente que vivía sin renunciar a sus sueños.

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Relato inspirado en el libro ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías?, de Juan José Tamayo.

España pide perdón

Ya no es el anglófilo Estados Unidos de América del Norte el que denuncia que los colonizadores que llegaron por la ruta que Cristóbal Colón abrió desde el Viejo Continente hasta lo que creía Oriente, fueron unos auténticos invasores sanguinarios, sino también algunos dirigentes de pueblos que, gracias a la cultura y lengua que los conquistadores sembraron por aquellas tierras americanas, los que reclaman el “perdón” de España por los “abusos” que cometieron los españoles durante el descubrimiento de América, hace 500 años. Es lo que acaba de solicitar por carta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rey de España, instándole a pedir disculpas por las barbaridades cometidas por los conquistadores cuando México no existía como tal.

Se trata de un nuevo capítulo de la Leyenda Negra que, originaria de Europa en boca de los enemigos protestantes del antiguo Imperio Español (Holandeses e Ingleses, sobre todo), se renueva hoy por quienes tratan de desprestigiar la hazaña protagonizada por España al descubrir y colonizar un continente, desconocido para los conocimientos de la época, navegando hacia el oeste por el Océano Atlántico desde Europa, y minusvalorar el legado histórico de una gesta que conformó lo que hoy es ese conjunto de naciones con seña de identidad hispánica: América Latina o Hispanoamérica.

La exigencia de un nuevo relato que subraye las brutalidades y sufrimientos causados a los pueblos indígenas por parte de los conquistadores españoles durante la expansión militar de colonización, evangelización e hispanización de América, que se extendió desde la Alta California hasta el Cabo de Hornos, constituye un ejercicio interesado de relectura selectiva del pasado con valores y perspectivas del presente, no por afán de clarificar los hechos y acceder a la aséptica verdad de la Historia, sino por utilizar ciertos aspectos del pasado con fines políticos, populistas o torticeros. Porque no son historiadores ni investigadores, por lo general, los que periódicamente exigen reinterpretar lo sucedido, sino políticos que persiguen la demagogia de las emociones y los sentimientos de sus parroquianos para que avalen su gestión actual.

No obstante, la crítica de la conquista de América es tan antigua como el descubrimiento mismo del Nuevo Mundo, pues ya tuvo a fray Bartolomé de las Casas como su más temprano representante. No es, pues, la crítica lo que sorprende, sino la insistencia de centrarla exclusivamente en la gesta española, como si los demás imperios coloniales que en el mundo han sido hayan obrado de forma pacífica y estuvieran exentos de guerras, brutalidades y sufrimientos. Si cada uno de ellos tuviera que pedir perdón por lo sucedido en el pasado, España estaría hoy exigiendo disculpas a los italianos por los atropellos del Imperio Romano, a los árabes por la invasión musulmana y a cada civilización que ha dominado a otra. Nadie cuestiona el sufrimiento de los indios de América del Norte, reducidos casi hasta el exterminio en reservas, por parte de “invasores” anglosajones, ni tampoco las brutalidades habituales de los imperios azteca o inca, que incluían sacrificios y matanzas, sobre otros pueblos indígenas de la época precolombina. Excepto el caso español, se entiende que las expansiones imperiales comparten el uso de la fuerza “militar”, entre otros métodos, para someter bajo su poder territorios y poblaciones. Pero, al parecer, sólo el imperio español cometió excesos “sanguinarios” en la conquista, ocupación y colonización de América.

Puestos, pues, a pedir perdón por el legado “salvaje” de los conquistadores españoles, como se exige desde la demagogia política y una falsa justicia retrospectiva, no estaría mal que España se disculpase por llevar a México la primera imprenta instalada en América por parte del impresor sevillano Juan Cromberger, sólo un siglo más tarde de que Gutemberg inventara el ingenio de tipos móviles. El primer libro impreso en México fue Breve y compendiosa Doctrina Christiana en lengua mexicana y castellana, en 1539, una especie de catecismo bilingüe.

O por fundar la Universidad Real de México, hoy conocida como Universidad Nacional Autónoma, una de las más antiguas de América, junto a la Autónoma de Santo Domingo y la Nacional Mayor de San Marcos de Perú, disputándose entre ellas la primacía fundacional. En total, España fundó 25 universidades por todo el continente, siendo la última, en 1792, la Universidad de Guadalajara, en México. En ellas surgieron las cátedras de lenguas indígenas, cosa que en el Norte anglosajón no sucedió hasta el siglo XX. También debería pedir perdón por levantar en lo que entonces era Nueva España, hoy México, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, uno de los primeros centros educativos en los que los conquistadores hicieron “sufrir” a los nativos de América y al resto de alumnos de todo color, casta y mestizaje con sus enseñanzas.

Disculpas que ha de brindar, asimismo, por poblar y urbanizar aquellos vastos territorios, levantando ciudades e instituciones sin ocupar asentamientos indios, en los que se erigieron ciudades como Santo Domingo, La Habana y Cartagena de Indias, entre otras muchas, pero también las mexicanas Veracruz, Puebla de los Ángeles, Valladolid, Oaxaca de Juárez y muchas más. Del mismo modo, ha de pedir perdón por la construcción de vías de comunicación estables y eficaces para que la vida de las urbes pudiera desarrollarse, como el Camino Real México-Veracruz y México-Acapulco, además del Camino Real de Tierra Adentro (México-Santa Fe de Nuevo México), declarado Patrimonio de la Humanidad, el Real de Chiapas (México-Guatemala) o el Real de Lima a Venezuela.  

Y, desde luego, aparte de por dejar una lengua con la que conviven más de 400 millones de personas en el mundo, una cultura que de alguna manera “modernizó” un continente en estado tribal en comparación con la sociedad europea y una religión que, a pesar de sus dogmas morales, no impidió las barbaridades, la esclavitud y los abusos pero homogeneizó una forma de ser y estar en el mundo, España debe disculparse por el legado imperdonable del mestizaje, esa costumbre sexual entre conquistadores y mujeres indígenas, fundamentalmente, que permitió que características raciales no se hayan perdido ni exterminados pueblos nativos por causa de una colonización “excluyente” y racista. Disculpas que se hacen extensivas, aunque tardías, a Maliche, por el daño infligido al convertirse en la amante maya de Hernán Cortés, con quien tuvo un hijo.

España, en definitiva, debe pedir disculpas por protagonizar una época histórica que ha causado daños irreparables a pueblos y personas que padecen aun hoy, al cabo de 500 años, las consecuencias, como el presidente de México, a pesar de que para los historiadores “la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia”.*

Andrés Manuel López Obrador sufre sin consuelo por hablar español, poseer nombre español y tener un abuelo oriundo de Cantabria, España. Una afrenta imposible de soportar para la dignidad de un demagogo. Perdón.

*Charles F. Lummis, Los Ángeles, 1916, citado por María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, Ediciones Sisruela, S.A. Madrid, 2016

La Internacional Ultra

Cada día, nuevos grupos o partidos de extrema derecha emergen en el panorama político, tanto en Europa como en Estados Unidos y América Latina, los cuales, gracias a un discurso populista y ultranacionalista, logran ganarse la confianza del electorado para acceder a las instituciones y, desde ellas, condicionar o formar gobiernos. El último en aparecer, hasta la fecha, ha sido VOX en España, que desde la insignificancia ha conseguido tener representación parlamentaria y convertirse en la llave que ha posibilitado la formación de un gobierno conservador en Andalucía, desalojando a los socialistas después de 37 años ininterrumpidos apoltronados en el poder.

De forma sorprendente e inesperada, a pesar de su ideología radical, misógina, racista y antiautonómica, Vox supo aprovechar las pasadas elecciones autonómicas en la región para, con un ideario extremista contrario a la “ideología feminista”, la Memoria Histórica a la que tacha de “revanchista”, los flujos migratorios que percibe como invasiones y la “ruptura” de España por parte de los independentistas catalanes, ganarse el voto que tradicionalmente buscaba cobijo en el Partido Popular. Tal presencia social de la ultraderecha, como fenómeno con capacidad de competir electoralmente, ha alterado y complicado el escenario político en España, último país europeo que se adhiere a la estela de un movimiento que desde hace años avanza y se afianza en Occidente. Gracias al partido de extrema derecha español, ya formamos parte de esa especie de “Internacional Ultra” que gana posiciones en el tablero político, extiende su ideología filofascista por medio mundo y aspira ser una fuerza mayoritaria en las instituciones europeas, tras las próximas elecciones, para destruir la Unión Europea desde dentro.

El impulso definitivo al resurgir de formaciones ultranacionalistas, que están en contra de la multilateralidad, la diversidad cultural y la globalización económica, se lo propinó la elección del magnate Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, convenientemente asesorado por su rasputín personal, Steve Bannon, ideólogo de las doctrinas más reaccionarias y supremacistas que caracterizan al extremismo de derechas en cualquiera de sus variantes: desde el Tea Party norteamericano hasta la Liga del Norte italiana o el Partido Social Liberal de Brasil. Pero antes de Trump, ya venían consolidándose en diversos países de Europa fuerzas conservadoras radicales que presumen de defender las “esencias” nacionales y la “integridad” de cada país frente a una Europa que disminuye soberanía a los Estados, una inmigración que altera las costumbres y diluye la identidad de las naciones que la acogen, y una economía y un comercio mundiales que perjudican, con su balanza comercial desequilibrada y la deslocalización de empresas, a la economía, la riqueza y el progreso de cada país, preso de reglas, tratados y entes supranacionales que dan forma a la globalización y la multilateralidad de las relaciones internacionales.

Fuerza Nacional (FN) francesa de Marine Le Pen ya era euroescéptica antes que Donald Trump promoviera el aislacionismo en EE UU y se dedicara a desunir a los países miembros de la UE, apoyando sin disimulo el Brexit del Reino Unido. Incluso Amanecer Dorado ya propugnaba el abandono de Grecia de la Unión Europea antes que Vox “cabalgara” por tierras españolas repitiendo lemas y soflamas reaccionarios que revitalizan a los nostálgicos de un franquismo camuflado entre los votantes de la derecha. Partidos minoritarios, como el UKIP del Reino Unido, que, aun siendo residual, forzó la realización del referéndum para que Inglaterra abandonara la Unión Europea. O no tan minoritarios, como el Fidesz de Viktor Orban en Hungría, la Liga del Norte de Matteo Salvini en Italia o el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro en Brasil, capaces de alcanzar el poder y gobernar con políticas de exclusión, aislacionismo e intolerancia que, al parecer, responden a las esperanzas de quienes se sienten ignorados o vapuleados por la complejidad del mundo contemporáneo y los problemas económico o los desafíos migratorios que periódicamente lo sacuden.

Más de una decena de gobiernos en Occidente están liderados por formaciones de ultraderecha, forman coaliciones de gobierno y parlamentarias con partidos radicales o están a expensas de una oposición que los ultras controlan. En Europa están presentes en cerca de 20 parlamentos nacionales y en el propio Parlamento europeo. Y es que los partidos conservadores convencionales, de tradición democrática, después de un primer momento de dudas o temor al contagio, ya no hacen ascos a legitimar la extrema derecha cuando conviene a sus intereses partidistas, bien para frenar la sangría de sus votantes más dogmáticos, copiando sus mensajes y compartiendo sus fobias, o bien para conseguir la mayoría necesaria con la que acceder al poder, aceptando su apoyo y condiciones. Los ejemplos abundan.

La Liga del Norte italiana ha formado coaliciones de gobierno casi desde su fundación, en 1989, pero no había tenido tanto poder como hasta ahora, que controla el Ejecutivo en coalición con los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas, permitiendo que Matteo Salvini, desde su puesto de ministro de Interior, dicte y domine la política antimigración, antieuropea,  islamófoba y económica de Italia. O el Fidesz, de Viktor Orbán, de Hungría, quien desde que accedió al poder no ha dejado de promover “mano dura” contra distintos sectores progresistas de la sociedad civil y ha aprobado leyes que criminalizan a los inmigrantes, negándose incluso a aceptar la cuota correspondiente de refugiados con que Europa combatía la última crisis migratoria. En Polonia, por su parte, el partido nacionalista Ley y Justicia tampoco vacila en utilizar medios cada vez más autoritarios para imponer su ideario, socavando la independencia de los medios de comunicación y tratando de reformar los juzgados para “colocar” jueces fieles al partido y controlar la judicatura.

Son muchos, pues, los países europeos en los que las fuerzas de extrema derecha dominan la política nacional. Partidos que han sabido atraerse la confianza de los ciudadanos para ocupar gobiernos e introducirse en las instituciones, como en Hungría, Austria, Italia, Bulgaria, Polonia, Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia y otros. Son aceptados y acogidos en el grupo Partido Popular Europeo (EPP) del Europarlamento, que ni los cuestiona ni los rechaza, a pesar de la deriva autoritaria de algunos de los gobiernos que conforman y las políticas xenófobas, racistas, misóginas, homófobas, islamófobas y ultraconservadoras que implementan, como la de no ratificar el Pacto Mundial de la Migración, siguiendo el modelo de Trump. El EPP no oculta, así, su intención de integrar al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa y el de Europa de las Naciones y las Libertades para, con sus parlamentarios de ultraderecha, llegar a convertirse en el mayor grupo del próximo parlamento, tras las elecciones europeas de mayo. He aquí el gran peligro que representan los partidos de extrema derecha en las instituciones democráticas: utilizan la democracia para imponer el retroceso democrático en sus países de origen y conseguir el desmantelamiento del proyecto común de unidad de Europa.  

A tal objetivo se ha sumado, con gran virulencia, la extrema derecha de España, que se vale de Vox para asaltar las instituciones. Con tan fuerza ha irrumpido en la política nacional que su discurso ha impregnado al del Partido Popular y Ciudadanos, formaciones conservadoras que compiten por el mismo electorado, hasta el extremo de no renunciar a lograr acuerdos entre ellos, como han hecho en Andalucía, ni excluir el apoyo de quienes no comparten la Constitución, como Vox que rechaza el Estado Autonómico, aunque paradójicamente critiquen a los socialistas por hacer lo mismo con los apoyos independentistas. Vox es un partido reaccionario, pero tiene en común con el resto de la derecha tradicional una concepción sectaria de la Patria, el cuestionamiento del progresismo igualitario y un liberalismo en lo económico que no se conjuga con lo social, aparte de preservar la tutela religiosa de un Estado presuntamente aconfesional, cual es España. Por eso, por sus semejanzas, los tres participan en la guerra de banderas y lazos, se manifiestan juntos contra el Gobierno socialista, pretenden ilegalizar a los partidos independentistas como solución al conflicto catalán y no tienen reparos en marchar juntos tras las pancartas.

Ninguno va por su cuenta. Tanto en Europa como en América actúan coordinados pues este renacimiento explosivo de la derecha radical viene condicionado por el afán de combatir, cada cual desde sus diferencias particulares, el socialismo o “marxismo cultural” que aboga por la solidaridad colectiva y el Estado corrector de desigualdades en vez del individualismo liberal y el nacionalismo egoísta y aislacionista. Eso es que lo lleva a Jair Bolsonaro, el presidente ultra de Brasil, a reunirse, en su primera visita al exterior, con Donald Trump para acordar una alianza nacionalpopulista e impulsar un Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), que aglutine a las derechas de la región en una política de bloques alineada con el intervencionismo de Washington. Y lo que hace que Steve Bannon, como artífice del populismo moderno de extrema derecha, lleve meses instalado en Roma, sin cargo ni credenciales oficiales, “asesorando” y diseñando desde Italia el “asalto” ultra al corazón de la Unión Europea a través de las próximas elecciones al Parlamento, para que Orbán, Salvino y Le Pen lideren la política del Continente y el movimiento nacionalpopulista en Europa. En sus planes, por descontado, incluye a Vox, a cuyos dirigentes ha aconsejado sobre cómo “colocar” sus mensajes mediante las redes sociales con cuatro ideas básicas pero contundentes sobre soberanismo, seguridad y economía. Mensajes que cuelan y hacen creer a la gente que sus problemas se resolverán, en un mundo sin fronteras, con el aislacionismo y la vuelta a los Estados-nación, los muros fronterizos, la insolidaridad con los marginados y oprimidos, el populismo simplista y ramplón y el supremacismo racial y religioso. Con estos mimbres se está estructurando una poderosa e inimaginable Internacional Ultra de la derecha en el mundo. Cosa probable si no nos espabilamos.

Caricias de primavera

Los meteorólogos informan, con datos que calculan los astrónomos, que a las 22 horas y 58 minutos de ayer llegó la primavera, aunque climatológicamente venimos sintiendo sus caricias cálidas bajo esa luminosidad que hace brillar el cielo desde hace días. Los expertos, con precisión científica, acotan a 92 días y 18 horas la duración de una estación en que las flores estallan de color y de deseos los cuerpos, sin darse cuenta de que la Naturaleza no conoce ni respeta más rigor que el que imponen la savia y las hormonas en unos organismos que se desperezan con los efectos de la luz y el calor. Y esa luz y ese calor ambiental se han adelantado a las fechas exactas de los expertos, permitiendo que la primavera releve con anticipación al invierno, para alborozo de una vida que se renueva cíclicamente. Sólo los seres humanos, dotados de una inteligencia no sometida a los instintos, son reacios a que las estaciones modifiquen su conducta, pero dejan que el egoísmo les impida convivir de manera pacífica y en solidaridad. Las caricias de la primavera no influyen en el odio y las guerras de quienes tienen consciencia de su existencia, pero no del mal que generan. ¡Qué envidia de las flores! ¿Por qué no podemos vivir juntos? Santana y Winwood.

Las listas de espera como señuelo

Cada alternancia en el Gobierno se acompaña del reproche acusatorio al equipo saliente y la consecuente promesa de revertir -a mejor, naturalmente- la “herencia” recibida. Andalucía no iba ser una excepción. Después de décadas de gobiernos socialistas, cabía esperar que el nuevo Ejecutivo del Partido Popular (PP) en la Junta de Andalucía denunciase una cascada de “males” que los recién desalojados del poder provocaron o no supieron o quisieron resolver. Es lo que acaba de hacer el flamante consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, nada más aterrizar en el cargo: declarar que el SAS (Servicio Andaluz de Salud) ocultaba miles de pacientes de las listas de espera sanitaria que no figuraban contabilizados como tales. Es decir, que el anterior gobierno socialista “maquillaba” las cifras, “falseando los números”, para “ocultar” el número real de pacientes que esperan ser atendidos en la consulta del especialista (lista de espera diagnóstica) o intervenidos quirúrgicamente (lista de espera quirúrgica). Para el consejero de Presidencia Elías Bendolo, también del PP, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) “ocultaba” más de 500.000 andaluces sin contabilizar en las listas del SAS. Nada de datos oficiales, estadísticas comparativas ni valoraciones: sólo titulares tremendistas que tan buena repercusión tienen en los medios de comunicación y morboso interés (y preocupación) generan en los ciudadanos. Queda, de esta manera, dirigido el “foco” hacia las listas de espera de la Sanidad pública como índice de una buena o mala gestión de las autoridades sanitarias y responsables políticos cuando se pretende desviar la atención sobre el modelo de sanidad pública que se piensa desarrollar. Y conociendo la “experiencia” sanitaria en las Comunidades Autónomas donde ha gobernado el PP, el temor, la alerta y la desconfianza están, cuando menos, justificados. Y, a menos que el PP andaluz sea genéticamente diferente de sus franquicias regionales y de la matriz nacional, la sospecha de recortes y privatizaciones, so pretexto, en principio, de “aligerar” las listas de espera, no sólo no es infundada, sino que es para ponerse a temblar.

Los “antecedentes” del PP en la gestión de la sanidad pública allí donde ha gobernado se resumen en dos hechos: deterioro intencionado y progresivo de lo público e incentivos o implantación de la gestión privada. Comprometido constitucionalmente, por ley, con el derecho a la salud de los españoles, el PP procura la provisión de la atención sanitaria, un servicio público esencial, a la iniciativa o gestión privada. No en valde los que militan en ese partido están convencidos de que lo privado funciona mejor, porque su fin es la rentabilidad, que lo público. Va en el ADN de su ideología conservadora neoliberal. Y así gestionan la sanidad pública cada vez que gobiernan. Ya lo demostraron en la Comunidad valenciana y lo siguen evidenciando en Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia. Ahora le toca a Andalucía.

Cuando el PP gobernaba en Valencia, en los infaustos tiempos de Zaplana y Camps (aparte de que ambos presidentes estén en el banquillo de los acusados por corrupción), se ensayó la primera concesión privada de la sanidad pública española con la construcción del Hospital de Alzira -el llamado “modelo Alzira”-, que resultó ser una losa para las arcas públicas y un enorme fracaso, al concebir la sanidad como negocio atractivo a la iniciativa privada. El procedimiento era sencillo: primero se crea expectativa, alabando las bondades de un nuevo y moderno hospital para el ciudadano, y después la Administración encarga a una empresa la construcción, gestión y contratación del personal del nuevo centro, a cambio de un “canon” anual por cada persona censada -que no atendida- del área de influencia del hospital. Los sobrecostes para la Administración fueron tan elevados que el hospital ha pasado, tras 18 años de gestión privada, a la titularidad pública, por ser más económica a la hora de ofrecer las mismas prestaciones. Y más beneficiosa y respetable con los trabajadores, dicho sea de paso.

En Madrid, desde los gobiernos de Esperanza Aguirre hasta hoy, el sistema sanitario ha estado expuesto, a través de concesiones, al capital y la gestión privados, emulando el “modelo” valenciano. La privatización de hospitales o la “externalización” de servicios y procedimientos han sido la característica dominante de la sanidad pública madrileña, en la que los recortes, la conflictividad laboral, los escándalos sanitarios (imputaciones de falsas de sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa, caso del ébola, etc.) y la “permeabilidad” hacia lo privado de sus responsables públicos (Lamela, Güelmes y otros consejeros de Salud emigraron a consejos de administración de empresas a las que habían adjudicado concesiones sanitarias) han acabado denigrando, no sólo la sanidad pública, sino las instituciones del gobierno regional, poniéndolas “al servicio de sus intereses políticos, empresariales o personales”, como concluye el informe elaborado por la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea de Madrid.

Otro tanto cabe decir de la Sanidad en Castilla y León, donde los recortes, las irregularidades y la mala gestión de unos responsables políticos, que conciben la prestación de un servicio público como posibilidad de negocio privado, han posicionado a la Comunidad castellano-leonesa en el ranking de la que menor número de personal médico por centro tiene de España. La escasez de médicos rurales (un médico para 10 municipios), listas de espera de oncología de más de 200 días, sobrecostes hospitalarios por alquiler de edificios privados, protestas por el procedimiento “a dedo” para el acceso a puestos directivos y hasta la condena del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la Junta por un doble fraude en la contratación de personal sanitario interino (encadenan contratos hasta cerca de 10 años), son algunos de los “logros” de la concepción del PP de la sanidad pública.  

También en la Castilla-La Mancha de Cospedal, que cerraba centros de salud y despedía personal con la excusa de la crisis económica y los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, o la Galicia de Feijoo, donde se “experimentó” el sistema de fundaciones hospitalarias que acabó en quiebra y en la que los jefes de servicio de Atención primaria, los médicos, usuarios y sindicatos todavía denuncian la mala praxis de la Administración que provoca una situación caótica del Servizo Galego de Saúde, condenado si no se rectifica al deterioro sanitario por la precariedad y la saturación, aparecen inevitablemente los “frutos” de la labor del PP cuando asume la responsabilidad política de los servicios sanitarios públicos.  

Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud

Y en Andalucía, último lugar donde “experimentar” su neoliberalismo sanitario, han hallado el asunto de las listas de espera para iniciar su labor de zapa de la sanidad pública. Y lo hacen desde la demagogia y con intenciones inconfesables. Porque, sin tener elaborado aun ningún Presupuesto para la Comunidad, el Gobierno del PP anuncia un “plan de choque”, dotado de 25 millones de euros, para reducir las listas y los tiempos de espera, sin especificar de dónde obtendrá ese dinero o de qué partida lo quitará. El consejero de Salud, previendo las críticas, asegura que potenciará los recursos propios (horas extras, extender horarios, contratar personal, intensificar actividad quirúrgica a tardes y sábados, etc.) antes de reconocer que se derivará a centros privados concertados lo que no se pueda atender en lo público. Una medida que ya existía y se utilizaba. Pero se guarda el consejero de exponer algunas explicaciones que clarificarían el problema, sin demagogia ni manipulaciones. Y, fundamentalmente, no aborda el problema más grave que aqueja a la Sanidad pública, cual es el déficit de financiación que le impide ofrecer una sanidad eficiente, incluso para reducir las listas de espera. Y no lo dice porque ya sabemos lo que opina el PP sobre financiación de servicios públicos: austeridad, restricciones, recortes y “adelgazamiento” de todo cuanto suponga “gasto” social, considerado genéricamente un despilfarro “insostenible”.

Por eso, antes de “meter mano” a la privatización de la sanidad pública -lo que han intentado en todos los sitios cuando han podido, como hemos visto-, los gestores del PP han preferido en Andalucía congraciarse primero con la población -por algo han estado 37 años en la oposición- anunciando medidas expeditivas para disminuir los tiempos de espera sanitarios, como si los planes de choque, como demuestra un estudio de la OCDE, no tuvieran sólo un efecto débil y pasajero que no resuelve el problema. Pero el asunto tiene repercusión mediática y concita el interés ciudadano, porque quien más o quien menos tiene un familiar aguardando algún tratamiento por una de esas patologías que engrosan las listas de espera.

No se reconoce públicamente que las listas de espera son consustanciales a una sanidad pública que atiende a la totalidad de la población en función de la necesidad, no de la rentabilidad. Evidentemente, una cosa son listas de espera y, otra, los tiempos excesivos. Pero ajustar los tiempos a un plazo racional, sin dejar de atender la actividad ordinaria y las prioridades que demandan lo urgente y lo grave en los hospitales, es posible con una racionalización de los recursos, incrementando el rendimiento con incentivos y coordinación entre centros, fijando objetivos por patologías y pacientes, según gravedad y estado, y estableciendo topes máximos de espera. Todo ello era lo que, justamente, se hacía antes de los recortes aplicados por la crisis económica. Aun no se han recobrado los medios disponibles previos al “tijeretazo”. Y debería ser lo primero, para no tener que detraer medios de otras partidas de forma provisional y puntual.

El “talante” privatizador del PP obliga a desconfiar de la supuesta bondad del propagandístico plan de choque con que pretende eliminar las listas de espera sanitarias en Andalucía, por cuanto, con el subterfugio de derivar pacientes a centros privados concertados, puede sucumbir a la tentación, como ha hecho cada vez que ha tenido ocasión, de “externalizar” otros servicios y procedimientos que, a la postre, benefician a la iniciativa privada en detrimento de la pública. Y, aunque es verdad que la gestión privada funciona en la actividad sanitaria, únicamente es rentable para determinadas prestaciones. Sólo la pública atiende a la totalidad de la demanda y todas las necesidades. Por eso existen clínicas muy confortables para dar a luz, pero pocas con servicios neonatales para atender a niños prematuros o con problemas graves. Ni con unidades de quemados o de trasplantes de órganos y tejidos como en la red sanitaria pública de Andalucía. Hay que estar atentos no vaya a ser que, por una tardanza, siempre criticable, en operarnos de cataratas o hacernos una resonancia, nos engañen para desmontar una red asistencial que, siempre también mejorable, es la “joya de la corona” de los servicios públicos, posibilitando un derecho a la salud a todos los ciudadanos, sin importar condición ni capacidad económica.   

Electoralismo de trincheras

Además de los comicios europeos, locales y autonómicos en trece comunidades que se celebrarán, de manera simultánea, en mayo próximo, también están convocadas elecciones generales adelantadas para un mes antes, en abril, en las que se elegirán las nuevas Cortes Generales que deberán nombrar a un presidente del Gobierno que cuente con el beneplácito de la mayoría del Congreso de los Diputados. Asistiremos, por tanto, a una primavera de concentración electoral y empalago de votaciones, en el intervalo de un mes, que exigirá de los ciudadanos un esfuerzo inaudito de decisión democrática, pero también de paciencia, después de años de tensiones territoriales, inestabilidad gubernamental y diatribas políticas que parecen no tener fin, ni siquiera acudiendo reiteradamente a las urnas.

Desde la restauración de la democracia, que reconoció nuestras libertades y, con ellas, a los partidos políticos y la periódica consulta cuatrienal de la voluntad popular expresada en votos, nunca se había vivido en España, si exceptuamos la Transición y la intentona golpista de Tejero, un período de tanta convulsión política y debilidad gubernamental como el de los últimos cuatro años. Un período que bien podría calificarse de cuatrienio negro de la democracia española por su inestabilidad política, indignación social, fragmentación ideológica y vaivenes gubernamentales, en el contexto de crisis económica que nos golpeó de lleno, unas fortísimas medidas de austeridad que empobrecieron a buena parte de la población, el conflicto independentista en Cataluña y su pulso a la legalidad constitucional, la corrupción política e institucional, con la guinda de la condena al Partido Popular (PP) por el caso Gürtel, y la aparición de nuevas formaciones políticas cuya presencia en el Parlamento liquidó la vieja alternancia bipartidista a que estábamos acostumbrados.

Si a todo lo anterior se le añade la abdicación del rey Juan Carlos I y la entronización de su hijo Felipe VI como nuevo monarca, la encarcelación de un miembro de la Familia Real (Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina), condenado por el caso Nóos, los desahucios masivos de viviendas, el desfile en los juzgados de políticos de todo pelaje (Caso ERE, Pujol, Papeles de Bárcenas, Camps, Zaplana, etc.) y de banqueros que se creían intocables (Tarjetas black, Bankia, Popular, Cajas de ahorro, etc.), se comprenderá mejor que el panorama, desde 2016 hasta hoy, se antoje sombrío y preocupante, por cuanto los viejos demonios de la incertidumbre, la polarización ideológica, la confrontación política, la inestabilidad gubernamental y la fractura social vuelven a sacudir una España confiada en sus domésticos y tranquilos rituales democráticos. La “cosa pública”, en tan breve tiempo, se ha complicado sobremanera y ha motivado que el descontento por todos esos problemas agite en la actualidad las banderías partidiarias, frente a la próxima y reconcentrada competición electoral, con ventoleras sectarias y un electoralismo de trincheras, es decir, de todos contra todos. Y desde una radicalidad desmesurada, si se admite la redundancia.

Y es que del “polvo” de la X legislatura (2011-2015), la del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy caracterizado por los recortes, reformas laborales que podaron derechos de los trabajadores, educativas que adoctrinaron la enseñanza, y sociales que limitaron libertades y prestaciones públicas (en sanidad, farmacia, pensiones, becas, dependencia, intento de restringir el aborto, ley mordaza, etc.), junto al rescate de la banca, la abdicación del rey por sus escándalos personales (cacería en África y “amiga” íntima) y aquel sarampión de indignación popular del 15-M (mayo 2012) que ponía en cuestión una política percibida a espaldas de los ciudadanos (cada día se conocían nuevos casos de corrupción), procede en parte el “lodazal” que actualmente nos anega hasta las cejas.

Pero es en la XI legislatura (enero-mayo 2016), en la que Rajoy estuvo en funciones 111 días (la legislatura más corta de la democracia) al no ser capaz de conseguir la investidura por una Cámara a la que acceden Podemos y Ciudadanos, los nuevos partidos de izquierdas y de derechas que se cuelan en el Parlamento, cuando los “polvos” de la confrontación partidista y de hartazgo social inundan de “lodo” definitivamente el paisaje político, dando paso, tras una repetición electoral, a la XII legislatura (julio 2016 a junio2018) en la que Rajoy, al fin. logra ser investido presidente del Gobierno por mayoría simple, al segundo intento, gracias al apoyo de Ciudadanos. Es, entonces, cuando se recrudece el conflicto catalán por la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 y la consecuente aplicación del Artículo 155 de la Constitución (que suspende la Autonomía), el 27 del mismo mes, hechos que tensionan la política, judicializándola, y enervan los nacionalismos sordos (todos apelan al diálogo, pero ninguno escucha), que llenan de banderas las calles y balcones del país.

Se acumula tanto “fango” que, al cabo de sólo un año, cuando se conoce la sentencia judicial que culpabiliza al PP como partícipe lucrativo por financiación ilegal en la trama Gürtel, una moción de censura, presentada por los socialistas y apoyada por toda la izquierda parlamentaria, incluida la independentista y la nacionalista, tiene éxito por primera vez en democracia y logra desalojar al PP del Gobierno, permitiendo que el PSOE acceda al Ejecutivo justamente cuando menos representación ostenta en la Cámara Baja (84 diputados). Pedro Sánchez, líder del PSOE, forma un Gobierno minoritario de izquierdas que sucede a otro de derechas, también en minoría. Es la constatación de que las mayorías absolutas u holgadas del antiguo bipartidismo quedan descartadas a causa del “barro” que mancha la credibilidad de las siglas políticas, provocando la desconfianza y la atomización ideológica de los ciudadanos. Y con razón.  

Pero la “cosa” iba empeorar. Nada se había resuelto con la repetición de elecciones ni con la moción de censura. Desde ese momento (junio 2018), Pedro Sánchez, que lidera al PSOE tras haber sido repudiado como secretario general del partido y haber recuperado el cargo tras un proceso de primarias que dejó fracturada a la militancia, se convierte en presidente del Gobierno sin pasar por las urnas. Ni el PP ni Ciudadanos se lo perdonan, como tampoco le consienten que gobierne amparado en los apoyos de independentistas catalanes y separatistas vascos afines al antiguo y vencido terrorismo de ETA. Incluso su socio prioritario, Podemos, que en la anterior legislatura se negó a dejar gobernar a los socialistas, le reclama ahora iniciativas más radicales a cambio de su apoyo parlamentario. Con intención temporal, en principio, y luego con afán de agotar la legislatura, los socialistas conforman un gobierno tan minoritario y cogido con pinzas que sólo puede tomar iniciativas a golpe de decreto-ley, mecanismo legal para elaborar leyes que, por su carácter de urgencia, no siguen el procedimiento ordinario de tramitación y aprobación parlamentario. Y así se mantiene hasta que es incapaz de aprobar la Ley de Presupuestos para el presente curso ante las exigencias inasumibles de sus socios independentistas, lo que obliga a convocar nuevas elecciones generales anticipadas, para el próximo 28 de abril. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo se inicia el juicio contra los líderes independentistas que no huyeron y fueron detenidos por quebrantar la ley e ignorar la Constitución cuando proclamaron la República de Cataluña, que inmediatamente dejan en suspenso, después de un referéndum ilegal de nula credibilidad, malversar fondos públicos, retorcer el funcionamiento del parlamento regional y promover manifestaciones tumultuosas en las calles. Por todo ello podrían ser condenados por cometer delitos de rebelión o sedición.

Las grietas, pues, por las que se colaron el barrizal del descontento y el enfrentamiento son enormes. Ellas han facilitado que la confrontación política y la polarización ideológica chapoteen en el “fango” surgido del “polvo” acumulado desde hace cuatro años, posibilitando la eclosión social e institucional de la extrema derecha, una derecha radicalmente racista, xenófoba, machista, misógina, nacionalcatólica e inconstitucional de la que creíamos estar a salvo por ser residual y quedar constreñida en la militancia rancia y facha del PP. Pero que en Andalucía se independiza del partido maternal, izando la bandera del descontento popular con los independentistas, los inmigrantes, la globalización económica y el empobrecimiento que nos trajo la austeridad, y accede por primera vez, en democracia, a las instituciones (Parlamento) como grupo político que tiene la llave para que cuaje, también por primera vez, una alternativa de derechas al sempiterno gobierno socialista andaluz. Gracias al apoyo parlamentario de Vox (extrema derecha), Partido Popular y Ciudadanos asumen el gobierno de la Junta de Andalucía después de 37 años de monopolio gubernamental del PSOE.

En semejante escenario, completamente enfangado, no resulta extraño que los partidos políticos afronten el denso calendario electoral previsto con actitud intransigente y planteamientos de barricadas, en absoluto proclives al debate sereno, la explicación de propuestas serias y el respeto al adversario. Desde el lodo sólo se percibe suciedad y se combate con malos modos, acritud, descalificaciones y exabruptos. Así, los independentistas acusan al Estado español de franquista, aunque España sea considerada uno de los veinte países del mundo de democracia plena. El PP tacha de “felón” al presidente Sánchez y de “traidor” y “poner de rodillas a la Nación española” por dialogar y negociar con el Govern para encauzar “políticamente” el conflicto catalán. Ciudadanos, por su parte, acusa al PSOE de dejar de ser un partido “constitucionalista” y promete no llegar a ningún acuerdo con Pedro Sánchez, de quien no se fía. Ambas formaciones de derechas compiten entre ellas por atraer el voto útil conservador, que les disputa Vox, con mensajes cada vez más radicales. Y el PSOE advierte al electorado de que la extrema derecha casposa y fascista viene de la mano del PP y Ciudadanos, que la “blanquearon” en la gran movilización celebrada en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez, permitiéndole participar de la iniciativa en pie de igualdad. Y de apoyarse en ella cuando convenga, a pesar de su programa ultramontano, como dejaron demostrado en Andalucía.

Este electoralismo de trincheras, vociferante y aturdidor, puede acabar con la paciencia de los ciudadanos, a quienes se recurre cada vez con más frecuencia cuando los políticos son incapaces de consensuar soluciones a los problemas que preocupan a los españoles, echándolos en brazos de los populismos de uno y otro signo, cuando no en los de la desafección y la frustración. Tras un cuatrienio negro que ha enfangado la política y la convivencia pacífica en España, todavía puede ocurrir que, después de tanta concentración electoral en esta primavera, la situación se mantenga tan sucia y embrollada como al principio. Que la crispación y los insultos continúen en los modos y en el vocabulario de los políticos. Si no fuera una situación tan peligrosa, sería para dejarlos a todos chapoteando en el fango. Pero nos salpican y ensucian, nos contagian de su sectarismo y estrechez de miras. ¿Dejaremos que sigan embarrándonos?     

Apresurados

Vivimos tiempos de tanta celeridad que hasta el clima se apresura. Todavía no ha finalizado el invierno cuando marzo se comporta ya como si fuera mayo y las plantas, engañadas, comienzan a ofrecer sus flores a un sol tan impropio como inseguro. El refrán recoge esta paradoja climática al prevenirnos de que, cuando marzo mayea, mayo marcea y los fríos y las lluvias todavía pueden sorprendernos en mangas cortas. Pero el engaño es tan convincente que las hasta rosas exhiben sus pétalos ruborizados a la benignidad de unos días tan templados que recuerdan el verano, como si las estaciones sucumbieran a esa carrera por adelantarse y aturdir a una naturaleza acostumbrada al fluir cadencioso e imperceptible del transitar del tiempo. Una vorágine que nos conduce a otoños veraniegos e inviernos primaverales que en los parterres enloquece a las plantas y hace confluir a gente en zapatillas o con abrigos en las calles. Todos -clima, naturaleza, personas-, apresurados por adelantarse a un destino que, por mucho correr, no es posible esquivar.    

El fracaso de un bocazas

A veces, los refranes aciertan de pleno. “Por la boca muere el pez” es uno de ellos que alude a la actitud del que habla de lo que ignora y presume de lo que carece, dejándose llevar por una incontinencia verbal que le hace opinar sin que se lo demanden. En los casos más graves, el bocazas se embarca en actuaciones, como consecuencia de sus bravuconadas verbales, que demuestran la irracionalidad de sus comentarios y la irresponsabilidad de sus arrebatos. Es el sino de todo bocazas: errar, pero continuar con su verborrea. Como Donald Trump.

Que el ínclito presidente ultrapopulista de EE UU es un bocazas mentiroso, no resulta ninguna novedad a estas alturas de su mandato. Destacados y prestigiosos periódicos de su país se encargan de contabilizar cada día las trolas que salen de la boca de un mandatario que es incapaz de callar o dejar de twittear sus baladronadas. Se inventa problemas, exagera peligros, presume de recetas para resolver cualquier conflicto y amenaza sin pudor a quien ose contradecirle. Nadie en la Casa Blanca ha sabido encarar ningún asunto como es debido hasta que él ha ocupado el Despacho Oval. Ningún acuerdo o tratado le parece satisfactorio, ninguna negociación ha respondido a los intereses nacionales de manera ventajosa, ninguna relación con otros estados es justa para EE UU, las reglas del comercio global le parecen perjudiciales y hasta la OTAN le supone un gasto en defensa que sólo beneficia a Europa. Habla y habla de saber arreglar cualquier asunto como lo hace un hombre acostumbrado a negociar, como él: de manera directa y mediante presiones. “Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas”, parece que es su mantra empresarial ante las delicadas cuestiones que ha de abordar como gobernante. Y así le va.

Lo del muro con México habrá que dejarlo para un improbable segundo mandato, porque en este no dispondrá de tiempo para inventarse nuevos delitos de los que inculpar a los inmigrantes ni de reunir el dinero para afrontar su construcción a lo largo de toda la frontera, ni siquiera esgrimiendo una supuesta emergencia de seguridad nacional. Ni el Congreso ni la Justicia están por seguirle el rollo. Tampoco parece que el aislacionismo y los aranceles ayuden milagrosamente a la economía y el comercio interior como aseguraba sin parar. Se ha embarcado en guerras comerciales que, aunque perjudican a países exportadores, también dañan el comercio y el empleo de EE UU, de una forma u otra, encareciendo productos (el importe del arancel se repercute en el precio) o fabricando más caro (lo importado era más barato). Ya ha quedado demostrado que, en contra de lo esperado, el déficit comercial en 2018 ha subido en vez de bajar. Ni en negocios, su fuerte, parece un experto el bocazas presidencial.  

Pero donde se ha cubierto de gloria, tras dos tandas de reuniones al más alto nivel, es en su mediática y resolutiva negociación con Kim Jung-un, el “hombre-cohete” de Corea del Norte, país con el que formalmente EE UU continúa en guerra (no han suscrito la paz, sino un armisticio) y que mantiene su intención de dotarse de misiles balísticos que podrían lanzar una bomba atómica sobre territorio norteamericano. Nadie hasta la fecha, desde la Guerra de Corea de los años 50 del siglo pasado, había podido dar carpetazo al asunto. Y Trump se propuso solucionarlo de un plumazo, tras los alardes con cohetes del coreano y las amenazas de represalias superlativas del norteamericano. Llegaron a celebrar dos cumbres con mutuos regateos y alabanzas, cada uno a su estilo, la última de las cuales en Vietnam. Pero el fracaso fue clamoroso por más que el silencio en que se ha envuelto también lo sea. La supuesta argucia negociadora del magnate neoyorquino no ha podido con la astucia del desconfiado sátrapa de la dictadura coreana. No hubo acuerdo, ni restablecimiento de relaciones, ni declaración del fin de la guerra, ni comunicado final. Nada de nada.

“Bla, bla, bla” demuestra ser la tesis troncal de su Art of the deal para una negociación que ha acabado en un rotundo fracaso y en una vuelta a la situación previa de amenazas y provocaciones. EE UU mantiene las sanciones y Corea del Norte continúa con sus ensayos balísticos y pruebas nucleares, reconstruyendo sus instalaciones parcialmente desmanteladas. China y Rusia se frotan las manos porque ahora vuelven a ser tres los que plantan cara al imprevisible Trump, que es incapaz de entender la complejidad de un mundo regido por relaciones multilaterales. Y, para colmo de males, el fracaso se ha consumado en Hanói, capital de Vietnam del Norte, donde la cumbre Corea del Norte-USA acabó abruptamente, recordando la derrota que obligó a EE UU abandonar aquel país tras años de guerra, napalm y muertos.

Donald Trump ha conseguido demostrar, en estos primeros dos años, ser un fracaso como charlatán comercial, fracaso como diplomático de relaciones internacionales y fracaso como negociador en la resolución de conflictos. Ha alcanzado el destino de todo bocazas: el fracaso y la falta de credibilidad. Y todavía resta la mitad de su mandato para conquistar nuevos éxitos, como los que les reserva el fiscal especial Mueller, que investiga su relación con la trama rusa de injerencia electoral. 

No cabe duda de que el 45º presidente de EE UU pasará a la historia de su país con un mérito indiscutible: por bocazas.

Día de la mujer

Porque, si compartimos genes, compartimos también los mismos derechos. Por eso, el Día de la Mujer nos incumbe a todos en la aspiración por la Igualdad.

Porque sin igualdad no existe libertad.

Pederastia eclesial: aspirinas contra un cáncer

La Iglesia tiene un cáncer en sus entrañas y no sabe o no se atreve combatirlo con decisión quirúrgica: se limita a recomendar aspirinas para ver si se alivia. Es la conclusión que se extrae de la insólita cumbre celebrada, del 21 al 24 de febrero pasado, en el Vaticano por los jerarcas de la Iglesia Católica para reflexionar y buscar soluciones a la pederastia y abusos a menores que se cometen tras los muros de parroquias y centros religiosos en todo el orbe cristiano. 190 obispos, cardenales y arzobispos, cuyas diócesis estuvieron representadas por 114 presidentes de conferencias episcopales, fueron convocados a Roma por el Papa Francisco, desbordado por los escándalos que proliferan en el seno de la iglesia causados por sacerdotes que abusan sexualmente de fieles y acólitos, socavando la imagen y la credibilidad de una institución que basa su existencia en la fe y la moral cristiana. Una cumbre que levantó mucha expectación entre las miles de víctimas abusadas por parte del clero, pero que, ante la constatación de la gravedad y envergadura de un problema, como es la pederastia que corroe la moralidad de la Iglesia Católica, los prelados optaron por culpar al diablo y recomendar un “cambio de mentalidad” para atajar el mal. Simples aspirinas.

La aparición de casos de escándalos sexuales perpetrados por sacerdotes, de los que han sido víctimas, según algunas investigaciones, alrededor de 100.000 menores de edad en centros católicos repartidos por el mundo, ha motivado la convocatoria de esta cumbre pontificia que ha decepcionado a las víctimas y a quienes esperaban un cambio radical de actitud de la Iglesia. La jerarquía eclesiástica, santos varones enfaldados, muchos de los cuales son cómplices de los abusadores por encubrir y ocultar conductas no sólo pecaminosas sino delictivas de algunos sacerdotes de sus diócesis, sólo fue capaz de pronunciar frases compungidas y difusas “mea culpa” con las que solventar el problema. Y de editar un ambiguo vademécum de orientación a los obispos, que obligará comunicar a la justicia ordinaria (civil, por supuesto) futuros casos de abusos sexuales por parte del clero, como si la Iglesia acabara de conocer que los abusos a menores son crímenes perseguidos y castigados en cualquier país democrático que respete los Derechos Humanos de los más indefensos, los niños.

No profundizaron los clérigos católicos en las causas de un mal que se engendra en una organización arcaica de moral retrógrada, basada en un régimen teocrático de estructura machista, homófoba y patriarcal que, para colmo, obliga a sus integrantes a un hipócrita celibato y un voto de castidad que provoca no pocos trastornos psiquiátricos o traumas. No son extrañas, por tanto, esas pulsiones sexuales reprimidas en el clero de una Iglesia para la que el sexo es una obsesión condenable, sólo si la comete la feligresía, fruto del pecado y por culpa sobre todo de la mujer, un ser pecaminoso, que ya tentó a Adán, al que hay que someter como monja o esposa.  Así surgen casos, como el clan de los Romanones de Granada, que veían en los acólitos sus objetos sexuales de placer, esos miles de escándalos de abusos a menores que se están conociendo ahora y hasta libros bochornosos, como el del arzobispo granadino, que recomienda a las mujeres “Cásate y sé sumisa”.

Incluso el número tres del Vaticano, el cardenal George Pell, miembro del círculo de confianza del Papa y encargado de las finanzas de la Iglesia, ha sido presa de esa doble moral que caracteriza a una parte del clero que abusa de menores mientras sermonea contra divorciados y homosexuales. El altísimo príncipe purpurado ha sido condenado por un tribunal de Australia, de donde es natural y ejerció el sacerdocio, a ingresar en prisión por sus delitos. Y es que el cáncer está tan extendido que tiene metástasis por todo el cuerpo de la Iglesia.

Cardenal Pell

Los jerarcas católicos, reunidos en esa cumbre sobre la pederastia y abusos sexuales a menores en la Iglesia, han desperdiciado la oportunidad de corregir con contundencia y medidas concretas el problema que allí los congregaba. Volvieron a olvidarse de las víctimas, a las que no escucharon de viva voz ni dejaron participar para que aportasen sus propuestas, en su ofuscación por minimizar el daño a la imagen y la credibilidad de la organización religiosa que lideran. Ni siquiera abordaron que esta crisis de abusos se inscribe en la tendencia homosexual, negada pero no completamente reprimida, existente en buena parte del clero católico. Y de esa concepción de la sexualidad humana como acto condenable por constituir un pecado de la carne que únicamente debe estar orientado a la procreación, no para el disfrute, y que lleva a la Iglesia a mantener estereotipos machistas y patriarcales de la familia, la vida en pareja y las relaciones entre adultos. También a prohibir el uso del preservativo incluso para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Intentaron banalizar el grave problema que afecta a la reputación de la Iglesia aduciendo que el grueso de los casos de abusos a menores en la sociedad se producen fuera de los muros religiosos y son cometidos en el ámbito familiar, pero olvidaron reconocer que, aun siendo un porcentaje menor, los abusos del clero gozaron de la laxitud y el silencio de las autoridades eclesiásticas, la impunidad de los culpables, la falta de empatía hacia las víctimas cuando no su culpabilidad y del encubrimiento y ocultación sistémicos para evitar el escándalo público por parte de quienes tenían la obligación, al menos desde esa moral que predican, de zanjarlo con determinación y sin hipocresías.

Por eso, en una actitud defensiva, no se acordó en la cumbre de la pederastia medidas de tolerancia cero, de expulsión del sacerdocio de todo cura abusador, de mecanismos de rendición de cuentas, de abolir el secreto pontificio, de evitar juicios opacos eclesiásticos que se sustancian sólo con el traslado del delincuente a otra parroquia, y de derivar siempre a la justicia civil, desde el primer momento, los indicios de todo delito de abusos sexuales que se cometan en el seno de la Iglesia.

No cabía esperar otra cosa. Pero todo lo que no sea cortar de raíz este mal, actuando sobre las causas profundas y dogmáticas que lo generan, será inútil y perjudicial para una Iglesia como institución religiosa que pretende la tutela moral de la sociedad, y lo que es peor, no evitará que se sigan cometiendo “actos impuros” contra niños inocentes que se acercan a estos depredadores sexuales. Será como tratar con aspirinas un cáncer, el que corroe a la Iglesia católica. Y su pronóstico es gravísimo.

Crímenes de guerra de Israel

Ya lo advertíamos en comentarios anteriores acerca del comportamiento de Israel contra los palestinos que se manifestaban en la frontera de Gaza durante la llamada Gran Marcha del Retorno para reivindicar el regreso de los refugiados que abandonaron sus tierras tras la creación del Estado judío. Lo denunciábamos cuantas veces fue necesario cada vez que se producía la muerte de un manifestante desarmado por disparos de francotiradores el Ejército israelí contra la multitud en un enfrentamiento tan desigual como espeluznante. Los muertos los ponía siempre un bando, el de los civiles desarmados; los verdugos, el otro. Ahora, un informe de una comisión de investigación de la ONU determina la existencia de “indicios racionales de violaciones de los Derechos Humanos y de la ley humanitaria internacional, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra y contra la Humanidad”. No había que ser un lince para percatarse de que aquello era una carnicería impropia de un país democrático y con un pasado de persecución y exterminio.

Era evidente la innecesaria crueldad en la actuación represora del Gobierno sionista contra el pueblo palestino en su intento, no sólo a la hora de enfrentar una manifestación cerca de la frontera de la Franja de Gaza, sino de confinar y disolver a los palestinos en espacios cada vez más reducidos y rodeados de asentamientos de colonias judías que acabarán conquistando demográficamente en su totalidad lo que fue Palestina hasta la creación del Estado de Israel. Una actuación tan agresiva como ilegal por cuanto viola resoluciones de la ONU e ignora acuerdos internacionales para la resolución del conflicto mediante la propuesta de dos Estados, que Israel se niega aceptar.

Pero su comportamiento matón contra los palestinos se vio exacerbado con la actuación del Ejército israelí durante las protestas realizadas todos los primeros viernes de cada mes, desde el 30 de marzo al 31 de diciembre de 2018, que produjeron un balance, según el citado informe, de 189 palestinos muertos, entre ellos 35 menores, dos periodistas y tres sanitarios, y más de 6.100 heridos. Muertes y lesiones producidas por disparos del Ejército contra manifestantes civiles, desarmados y que no mantenían actitudes hostiles y, por tanto, no representaban ninguna amenaza para el Estado el Israel. De ahí que se creara una comisión, en mayo pasado, dirigida por el jurista argentino Santiago Cantón, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar las eventuales responsabilidades del Ejército israelí al abrir fuego contra manifestantes. El informe elaborado acaba de ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, y será decisión de la Alta Comisionada de la ONU de elevarlo ante la Corte Penal Internacional.

En abril del año pasado mostrábamos nuestra indignación por el grado de vileza con que actuaba el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino sin que la ONU o la Corte Penal Internacional intervinieran. Con sus pasos lentos, la Justicia parece ahora responder ante una masacre cometida a ojos de todo el mundo y que sólo los pusilánimes denunciábamos continuamente mientras los muertos seguían cayendo del lado de los palestinos. No nos sentimos satisfechos que se reconozcan aquellos hechos porque, aunque la Corte Penal condene a Israel, quien ya ha calificado el informe de la comisión de “mentiroso y parcial”, la justicia llegará tarde para los muertos, el conflicto seguirá existiendo e Israel continuará comportándose casi como los nazis: eliminando a ciudadanos palestinos con cualquier excusa y expulsándolos poco a poco de sus tierras, sin prestarse a encarar una solución definitiva de la situación que pasa por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, el respeto de las fronteras en ellas establecidas y el reconocimiento de la existencia de dos Estados que han de convivir de manera pacífica y colaboradora.