¿Qué ha pasado desde
entonces? Rajoy ganó las elecciones con un mensaje tan simple como
atractivo (bastaba su presencia para generar confianza), sin aludir ni
concretar ninguna de las reformas que mantenía ocultas en su programa
electoral. A pesar de reclamar medidas urgentes, atrasó deliberadamente la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado hasta la celebración de las elecciones
autonómicas andaluzas, para no perjudicar a su candidato, Javier Arenas, que
finalmente no conseguiría la presidencia de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, los
ciudadanos ya le habían confiado una mayoría absoluta con tal de que cumpliera
sin dilación las promesas ofertadas durante la campaña. Una mayoría
desbordante. Nunca antes en democracia la derecha española había acaparado
tanto poder como el que atesoró Mariano Rajoy, controlando la mayoría de los
gobiernos regionales, la inmensa mayoría de las capitales de provincia, el
Gobierno central de la Nación
y demás instituciones cuyos responsables dependen de la designación por mayoría
del Parlamento.
Un poder que obnubila y posibilita dar la vuelta, como a un
calcetín, al país en su conjunto, como se evidencia con las iniciativas que los
conservadores emprenden desde el primer día no solo en economía, sino en políticas
sociales, especialmente. La regresión en materia de libertades y derechos
individuales ha sorprendido incluso a los propios votantes del Partido Popular,
que no esperaban que un ministro aparentemente tan “progresista” como Alberto
Ruiz-Gallardón, antiguo “verso suelto” entre los conservadores, fuera el
artífice de una reforma de la ley del aborto que retrocede prácticamente a los
tiempos en que, salvo en supuestos muy restringidos, estaba prohibido. Se vuelve a sustraer a las mujeres
la capacidad de decidir sobre su maternidad, un derecho ya arraigado entre la
población, salvo en aquellos sectores más reaccionarios y beligerantes contra
la libertad sexual y de costumbres de la sociedad española.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Mariano Rajoy también se
apresura a suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía del
currículo escolar y el ministro del ramo, José Ignacio Wert, consigue el raro
privilegio de ser el primer responsable gubernamental al que dejan plantado en una
Junta de Rectores universitarios que debía presidir. Con él, la educación
pública sufre los mayores envites de la historia, con el endurecimiento de los
requisitos para la concesión de becas, el encarecimiento de las matrículas
universitarias, la modificación de la enseñanza secundaria y el bachillerato,
la recuperación de las antiguas reválidas al final de cada etapa educativa, la
reforma de las plantillas docentes y, en definitiva, la apuesta por la
enseñanza privada en detrimento de la pública, a cuyo profesorado no se tiene
empacho en tildar de vago e incompetente. No es de extrañar que ante semejante “vuelco”
en la enseñanza, el profesorado elevara su protesta, en forma de huelga, consiguiendo
la participación de todos los niveles educativos, desde infantil a la
universidad, en toda España. Tampoco resulta sorprendente que, a causa de esta
agresión, en nueve autonomías comience a verse reducido el número de docentes
por primera vez en 23 años, a pesar del incremento de alumnos. La calidad de lo
público se resiente con estas medidas nada improvisadas.
En Sanidad, lo más valorado por los españoles, se mete la
tijera a destajo y, con la excusa del ahorro en la provisión de un derecho (a
la salud) que al parecer es insostenible, se deja sin cobertura sanitaria a los
inmigrantes, se aumenta el copago en las recetas, incluyendo a los
pensionistas, se eliminan medicamentos de la financiación pública y se pretende
establecer una cartera de servicios única a todas las autonomías,
menospreciando la potestad de éstas a administrar unas competencias
transferidas. Sin embargo, a Andalucía se le obstaculiza la subasta de
medicamentos con la que se ahorrarían muchos millones en gasto
farmacéutico. Para la derecha, pues, sobran
médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y administrativos dedicados a velar
por la salud de la población en un sistema público que hasta ayer era la
envidia del mundo. Y, del mismo modo que en educación, la emprenden con medidas
que, previo deterioro intencionado, obliguen a los ciudadanos a optar por una
sanidad de titularidad privada que les ofrezca lo que comienza a negárseles en
la pública: calidad y prestaciones.
La estrategia es idéntica en cualquier servicio público que se
contemple y en materia de derechos y libertades. Se reducen las ayudas a la Dependencia y las
prestaciones por desempleo. Se legisla para establecer la pena de prisión
permanente revisable (cadena perpetua) y se endurece la actuación policial ante
las manifestaciones ciudadanas, aunque estuvieran constituidas por escolares de
bachillerato (como en Valencia, el pasado mes de febrero), proyectándose una
reforma del Código Penal que pretende castigar más severamente los delitos de
desórdenes públicos y atentados contra la autoridad, con lo que toserle a un
policía puede derivar en penas de prisión. Y por si fuera poco, la información
se controla férreamente mediante una Televisión pública adscrita nuevamente al
Gobierno, que asume el nombramiento del presidente de la RTVE entre afines bajo el
subterfugio de la mayoría simple, por falta de acuerdo parlamentario para una
mayoría cualificada que garantice su independencia gubernamental. Es así como
una televisión que estaba alcanzando cotas de neutralidad informativa y calidad
profesional relevantes comienza a decantarse por el sectarismo y la mediocridad,
bajo la batuta del nuevo presidente, Leopoldo González-Echenique, y un equipo de
“urdacitas” seleccionados en Tele Madrid o Intereconomía, que expulsa (por las
buenas o las malas) a responsables de programas de la talla de Pepa Bueno, Juan
Ramón Lucas, Toni Garrido, Ana Pastor y Fran Llorente (director de
informativos). Hasta los documentales y las series retornan, para no desentonar
con la mentalidad, al “El hombre y la Tierra ” y “Curro Jiménez”. Pero hay más: se amenaza
a organizaciones cívicas por criticar los recortes que Rajoy ha decretado, con
la finalidad de impedir que entes, cuya razón de ser es velar por los derechos
de los consumidores, como la
Federación de Consumidores Facua, informen de la posibilidad de ejercer recursos de
inconstitucionalidad contra muchas de esas medidas indiscriminadas que lesionan
derechos.
¿A dónde nos quiere
llevar Rajoy? Aparte de la vuelta al pasado en servicios y derechos
conforme a una ideología conservadora que se impone al conjunto de la sociedad,
Rajoy y sus medidas económicas nos conducen abiertamente al rescate de Bruselas
y a la quiebra del país. Con todas sus reformas estructurales y su capacidad
para generar "confianza" en los mercados, raro es el día que la prima de riesgo
no alcance la mayor subida de la historia y la Bolsa de Madrid se hunda en el pozo de las pérdidas.
Con sólo siete meses en el poder, el paro aumenta hasta rozar los 6.millones de
personas, la prima de riesgo se balancea alrededor de los 600 puntos básicos (Irlanda
fue intervenida con 544, Grecia con 500 y Portugal con 517) y los recortes nos
mantienen en una recesión de la que costará salir sin un empobrecimiento
general de las clases medias y trabajadoras.
Los “ajustes” de Rajoy, que ya lleva dos reformas del sector
financiero, una draconiana reforma laboral, recortes en sanidad y educación,
subida del IVA y otros gravámenes, supresión de innumerables subsidios y
bonificaciones a la industria (carbón) y trabajadores (a la contratación),
eliminación de la deducción por vivienda, asfixia económica de la administración
autonómica y municipal, nueva rebaja de sueldo a empleados públicos, despido o
no sustitución de funcionarios, aumento de la jornada laboral en el sector público,
liberalización de horarios comerciales, rescate bancario tras la ruina de
Bankia, y planes para recortar en pensiones, elevar la edad de jubilación y
continuar las tijeras en la función pública, no han servido hasta la fecha para
frenar el paro, evitar la recesión y reducir significativamente el déficit de
las cuentas del Estado.
Antes al contrario, el Gobierno se encamina directamente hacia
un nuevo rescate en otoño a causa de la parálisis de la actividad económica, que
se ha agravado con sus políticas de austeridad a raja tabla. Desechada
cualquier otra manera de combatir la crisis, como es el estímulo al crecimiento
que promueven los partidos de izquierdas, el Gobierno de Mariano Rajoy se deshace
en llamamientos dramáticos para que el presidente del Banco Central Europeo,
Mario Draghi, se decida a comprar deuda soberana que rebaje la presión de los
mercados sobre la prima de riesgo. Con una recesión activa, las políticas de
austeridad exprimen donde no se puede rascar más: en el bolsillo de unos
ciudadanos que ya comienzan a sentir frustración ante la incapacidad y las
mentiras de Rajoy para afrontar con éxito la salida de la crisis económica.
Ni queriendo podría Rajoy orientarnos al rescate por camino
más directo. Todas y cada una de sus medidas nos acercan más y más a una situación
que requerirá mayores recortes y más sacrificios de la población, hasta
despojarnos de cualquier servicio financiado por los Presupuestos y de derechos
que precisen de recursos públicos. Movido por su ideología liberal, sus
iniciativas desmantelan los socorros que el Estado de Bienestar prestaba a los
más desfavorecidos y entrega a la iniciativa privada la prestación de los
mismos en condiciones mercantiles. Europa entera está a merced en estos
momentos del apetito voraz de un capitalismo que nos doblega en nombre del
mercado, y Rajoy está convencido de la bondad de los mordiscos. Tan
narcotizados estamos que no nos damos cuenta de ello hasta que nos hayan comido
vivos… Con ayuda de Rajoy.
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