Repaso ideológico de los Gobiernos de España (y 3)

De Mariano Rajoy a Pedro Sánchez

El período socialista de los gobiernos de Rodríguez Zapatero se agotó al cabo de su segunda legislatura como consecuencia de la crisis económica de 2008. Las medidas de preciso escarpelo para combatirla, reduciendo partidas de gasto del Presupuesto para equilibrar el déficit público, pesaron más que los avances en derechos y libertades conquistados bajo su mandato. Los electores prefirieron que la derecha administrase la austeridad a la que abocaba una crisis económica que la derecha supo utilizar como ariete del Gobierno. Así, en las elecciones de noviembre de 2011, el Partido Popular obtendría mayoría absoluta y sentaba a Mariano Rajoy en el sillón del Gobierno de España, el sexto presidente, desde 1978, de la democracia (contando a Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente tras la dimisión de Adolfo Suárez, en 1981, hasta el triunfo socialista de 1982. Fue un presidente de transición). Se producía, así, un nuevo vaivén del bipartidismo español que posibilitaba que la derecha recuperase, una vez más, el poder.

Mariano Rajoy Brey, un político gallego de amplio recorrido desde los tiempos de la AP de Fraga, además de abogado y notario, había sido un ministro “todoterreno” (Administraciones Públicas, Educación, Interior, Portavoz y vicepresidente) en los ocho años de Gobiernos de José Mª Aznar, hasta que este lo designó para sucederle como candidato del Partido Popular a las elecciones de 2004, en las que el PP perdió el poder. Es en las anticipadas del año 2011 cuando Rajoy consigue al fin, después de perder también las de 2008, acceder a la Presidencia del Gobierno, rodeándose de figuras destacadas de la derecha española y de colaboradores suyos en el partido. Su mandato, a lo largo de tres legislaturas (una de ellas non nata), se interrumpe abruptamente con la moción de censura que le presenta el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una sentencia del caso Gürtel.

Tal como había prometido, una vez formado su Ejecutivo, Mariano Rajoy comienza a aplicar su plan neoliberal para sanear la economía española de la recesión en la que había entrado desde finales de 2009. Tarda sólo dos semanas, desde su nombramiento, en anunciar el primer “hachazo” presupuestario, de casi 10.000 millones de euros, y la subida del IRPF. Empezaba, así, a cumplir e incumplir sus promesas electorales de ahorrar gasto, reducir las administraciones públicas, volver a las privatizaciones y bajar impuestos. Excepto esto último -que los subió-, cumplió con todo lo demás.

Era evidente que el Gobierno de Rajoy tenía, como más importante reto, afrontar la grave crisis económica del país, y en ello se empeñó con todas sus fuerzas, mediante las clásicas recetas del neoliberalismo. Frente al bisturí de Zapatero, Rajoy propinó tijeretazos al gasto público y al Estado de Bienestar. Y para reducir el desempleo, hizo una reforma laboral que flexibilizó el despido y precarizó el mercado del trabajo, desvinculando los acuerdos de empresa de los convenios colectivos sectoriales, todo ello bajo una fuerte contestación por parte de los colectivos afectados.

En lo económico, por tanto, las primeras iniciativas del Gobierno conservador fueron inmediatas y drásticas a la hora de reducir el gasto público y el tamaño de las administraciones. Continuaba, así, pero con mayor dureza aun, la senda de restricciones que había emprendido el anterior mandatario socialista, presionado por la UE y los mercados hasta el extremo de tener que acometer una enmienda a la Constitución que contemplaba priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público. Sin embargo, estas medidas iniciales de Rajoy no lograron frenar el peligro de rescate y la escalada de la prima de riesgo, que se disparó a cifras históricas insostenibles, de más de 600 puntos porcentuales. Ese escenario lo obligó a aplicar nuevas medidas impopulares, como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, la reducción de las plantillas en las administraciones públicas (la tasa de reposición por jubilación en Sanidad fue del diez por ciento), la práctica congelación de las pensiones (incremento anual de sólo el 0,25 por ciento), la subida de impuestos medioambientales y un nuevo recorte al Estado de Bienestar, como el copago farmacéutico, dejar sin dotación la partida presupuestaria de la Dependencia, exigua financiación a la investigación científica, la innovación y el desarrollo, entre otros recortes.

De la contundencia de sus duras medidas económicas es relevante que, durante el primer año de su Gobierno, Mariano Rajoy hiciera uso de 29 decretos-ley, una fórmula legal que se justifica por motivos de urgencia, aunque no fuera necesario al disponer de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar cualquier iniciativa gubernamental.  

A pesar de todo, Rajoy no pudo evitar la tutela de la Unión Europea en las cuentas públicas ante el riesgo creciente de recaída en la recesión. Bajo el eufemismo de “préstamo”, España solicitó formalmente un rescate por más de 80.000 millones de euros a Europa para ayudar a las entidades financieras y al FROB, el “banco malo” creado para asumir la deuda privada de las entidades nacionalizadas, como Bankia. Tan grave era la situación que, durante buena parte de su primera legislatura, las políticas de austeridad del Gobierno contribuyeron a profundizar y prolongar la crisis económica, aumentando las cifras de desempleo, que a finales de 2012 había alcanzado la cota más alta de la historia, un 26 por ciento de la población activa, y los índices de pobreza y exclusión social, que pasaron del 23 por ciento de la población a cerca del 28 por ciento, de lo que daba muestra el número de familias que fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas.

En lo social, como no podía ser de otra manera, las restricciones y el “austericidio” provocaron estragos en los servicios esenciales que provee el Estado a los ciudadanos, poniendo en cuestionamiento la viabilidad del Estado de Bienestar. La Educación, por ejemplo, sufrió recortes que mermaron su plantilla y aumentaron la ratio de alumnos por aula. También supusieron la reducción de la dotación para becas e investigación, el incremento del número de horas docentes del profesorado y la “racionalización” de las titulaciones, etc. En Sanidad, aparte de la reducción y congelación de los salarios, los recortes significaron la disminución de la plantilla de sanitarios de todas las categorías, la imposibilidad de seguir activo más allá de los 65 años, el copago sanitario y farmacéutico (recetas, traslados de enfermos, medicamentos, etc.) y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular. En Dependencia, como se ha señalado, no se proveyeron recursos para mantener su aplicación y atender a los nuevos demandantes de ese derecho. Y las pensiones, en contra de lo insistido por el Gobierno, estuvieron técnicamente congeladas, cuyo raquítico incremento fue siempre inferior al coste de la vida, la inflación, durante todos los años del mandato de la derecha. Además, el desajuste de la Seguridad Social fue tan desorbitado que prácticamente vació la “hucha” de las pensiones, el remanente acumulado durante la época socialista de Rodríguez Zapatero para garantizar su financiación.

En resumen, hay que señalar que las medidas implementadas para sanear la economía golpearon con especial dureza, dadas la austeridad y las restricciones que suponían, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, al reducir o eliminar prestaciones sociales y servicios de los que dependían para su subsistencia. Y es que esos estratos débiles, sin apenas ingresos, tuvieron que enfrentarse a la subida del impuesto del IVA, del 18 al 21 por ciento en el tramo general y del 8 al 10 por ciento el del tipo reducido; ver reducida su prestación por desempleo; ser castigados por la supresión de la deducción por vivienda en el IRPF; pagar por hacer uso de la Justicia (reforma de tasas judiciales); etc., y ser víctimas del resto de recortes descritos más arriba. Sin apenas acceso a los servicios esenciales de un Estado de Bienestar mermado, aquellas reformas económicas, que despreciaron a los más vulnerables, hicieron que los pobres sean más pobres todavía. Y los ricos más ricos.

Las grandes cifras macroeconómicas, gracias a las recetas y políticas neoliberales  implementadas para su exclusivo beneficio, es decir, para sanear sus cuentas y nacionalizar las pérdidas, junto a unas condiciones externas favorables (viento de cola) por el descenso del precio de los productos energéticos, un euro devaluado respecto al dólar y, sobre todo, las facilidades del Banco Central Europeo para abaratar el precio del dinero y dar liquidez al mercado financiero, posibilitaron la vuelta al crecimiento y la recuperación económica, fundamentalmente durante los últimos años de la segunda legislatura de Rajoy, pero a costa de crear una crisis social sin precedentes, en la que la desigualdad y la precariedad ensancharon enormemente las brechas sociales.

Y no sólo eso: en cuanto a derechos y libertades, la derecha con Rajoy volvió a sus fueros de regresión y autoritarismo.  Bastan tres ejemplos para demostrarlo. En primer lugar, la reforma de la Ley del aborto, que Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no al de Sanidad, y que endurecía los requisitos y eliminaba, incluso, la malformación del feto como supuesto para llevar a cabo la intervención, con la pretensión de satisfacer a su electorado más conservador, a los colectivos antiabortistas y a la Iglesia, se saldó con la dimisión del ministro y la no aprobación del proyecto de reforma. La contestación social, incluida la del sector conservador moderado, hicieron recular a Rajoy y retirar -de momento- aquella reforma. En segundo lugar, la nefasta “ley Wert”, como se llamaba a la LOMCE, la séptima ley de educación de la democracia, impulsada en solitario y sin consenso por el ministro que da nombre a la ley, el que aplicó los mayores recortes de la historia en educación. Aparte de reducir “gastos”, la ley suprimió la asignatura de Educación para la ciudadanía por la de Religión, con peso curricular en la nota del alumno. Además, el ministerio recentralizaba el diseño curricular, reduciendo el margen de las autonomías para configurar sus contenidos. Y, por último, la “ley mordaza”, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deja en manos de la Administración el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, en aras de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y que prohíbe, por ejemplo, tomar imágenes de la actuación y presuntos abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su cometido. Faculta a la policía a ser juez y parte en sus conflictos con los ciudadanos a la hora de valorar la “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “falta de respeto o consideración a las fuerzas del orden” público, etc. Todavía sigue vigente.

En política exterior, el mandato de Rajoy no se distinguió por su quehacer diplomático, salvo las debidas relaciones habituales con Europa y su aparente cordialidad con la canciller alemán, Angela Merkel, de quien dependían, en buena medida, las condiciones impuestas por Bruselas a la economía española. España seguía sin recuperar el peso perdido en Europa, como se demostró con el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo. Con EE UU mantuvo buenas relaciones, consiguiendo un nuevo acuerdo sobre las bases militares de utilización conjunta, pero sin llegar a los niveles de servilismo pronorteamericano de la época de Aznar. Lo mismo puede decirse de las relaciones con Latinoamérica y los países árabes, donde la preocupación se centraba en la región del Sahel y la amenaza del terrorismo del Daesh o Estado islámico.  

Sin embargo, era en política interna en lo que los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy fueron claramente deficientes, y con respecto de la corrupción, deplorables.

El otro gran problema al que Rajoy debía enfrentarse, aparte del económico, era el “conflicto” catalán. El desafío soberanista de Cataluña no fue abordado con la habilidad y la mano izquierda requeridas por parte de Rajoy. Enrocado en la legalidad, no supo o no quiso explorar vías políticas para acercar posturas y evitar lo que de hecho sucedió, el choque de posiciones maximalistas monolíticas. El recurso que había promovido su partido al Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado con modificaciones por el Congreso de los Diputados y sancionado en referéndum por los catalanes con el 73,9 por ciento de los votantes, con una participación del 49,4 por ciento, es decir, casi la mitad de la población con derecho a voto, fue la mecha que encendió el rechazo y las protestas en aquella comunidad contra España, dando alas a los partidarios de la independencia.

En 2010, se celebró en Barcelona una manifestación con el lema Som una nació, nosaltres decidim, que sirvió de ensayo para la celebración multitudinaria, en 2012, de la Diada de Cataluña, bajo el lema Catalunya,nou estat d´Europa. La deriva de todo aquello es de sobra conocido: referéndum ilegal, leyes del parlamento catalán para “desconectar” la Constitución y aprobar la independencia de Cataluña, la aplicación del artículo 155 para suspender la Autonomía, la huida al extranjero de parte de los miembros de la Generalitat, incluido su presidente Carles Puigdemont, aun prófugo en Bruselas, las condenas judiciales a los políticos responsables de aquellas decisiones que se quedaron en España y, como colofón, el actual presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, dedicado a incordiar todo lo que puede, etc.

En buena medida, el agravamiento de este conflicto se debe a la incapacidad de Rajoy, y de la derecha ideológica en su conjunto, de hallar y transitar vías políticas de diálogo y negociación para encauzar y moderar el problema, como supuso en su día la reforma el Estatuto catalán. El peligroso y desleal comportamiento de esa derecha, en la oposición o desde el gobierno, no sólo para ayudar a contrarrestar la extensión del independentismo, sino incluso para utilizarlo en la confrontación y como munición política que le deparaba réditos electorales en toda España, menos en Cataluña, ha sido bochornoso. Es una de las herencias del concepto de servicio al país que deja la derecha de Rajoy.

La otra es su deplorable actuación contra la corrupción que ha afectado gravemente a su partido, y lo que, tras seis años detentando el poder, ha causado su expulsión como presidente del Gobierno por culpa de una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular por financiación ilegal y trama delictiva. La condescendencia de Rajoy con los chanchullos del tesorero de su formación ("Ánimo Luis, sé fuerte", le decía), la trama corrupta de la Gürtel, los sobres que recibía el propio Rajoy con sobresueldos en negro del partido, más las múltiples ramificaciones que no dejaron de aflorar en su formación sin que él moviera un dedo, han conducido al presidente Mariano Rajoy a ser el primer presidente de la democracia en comparecer como testigo en un juicio contra su partido y el primero en ser expulsado del Gobierno por una moción de censura del Congreso de los Diputados, presentada por un PSOE, precisamente, en sus horas más bajas. Una vez más, la manipulación y los abusos condujeron la derecha a la oposición. Pero no fue una caída rápida, sino que requirió de varias elecciones generales y una moción de censura para derribarla del poder.

A partir de 2015 vendrían años en los que se inicia la época de mayor inestabilidad política en España y los del fin del bipartidismo clásico que ha caracterizado a la democracia desde 1978.

Comienzan cuando el presidente Rajoy convoca elecciones, al agotar su mandato, en 2015, en las que el PP obtiene un magro resultado de 125 diputados, 63 menos que en 2011, lo que hará imposible, por tanto, gobernar si no logra reunir apoyos suficientes. Pero su mayor oponente, el PSOE, tampoco consigue la confianza de los electores, obteniendo un resultado aún peor, de sólo 90 escaños, bajo la dirección de un nuevo líder, Pedro Sánchez. El PSOE pugnaba en dos frentes distintos: contra el PP y contra Podemos, la formación emergente a su izquierda, que concurría por primera vez a unas elecciones generales y que se había marcado el objetivo de dar “sorpasso” al PSOE. Casi lo conseguiría, pues se estrenó en el Congreso de los Diputados con 42 diputados. Vistos los pocos apoyos, Rajoy renuncia finalmente a proponerse al rey, Felipe VI, como candidato a la investidura de presidente de Gobierno. Y Sánchez lo intenta mediante un acuerdo establecido con Ciudadanos, la nueva formación de derecha liberal, confiando en la abstención de Podemos. Pero fracasa en una sesión histórica: por ser la primera en que un candidato que no ha ganado las elecciones concurre a la investidura, que pierde con los votos en contra de PP y Podemos, y por dar lugar a la primera legislatura fallida de la democracia española. El bipartidismo, tal como lo habíamos conocido, saltaba por los aires.

En 2016 se repiten elecciones, en las que el PP logra mejorar sus resultados (137 escaños), que dan la oportunidad a Rajoy de continuar al frente del Gobierno, gracias a los apoyos de Ciudadanos (actuando ya como partido bisagra) y Coalición Canaria, formación nacionalista. Pero, para ello, sería necesario que esta vez el PSOE se abstuviera, facilitando que la investidura reuniera más síes que noes (mayoría simple) en la votación parlamentaria. Y el nuevo líder del PSOE se negaba a ello en redondo, enrocándose en su lema “no es no”, a pesar de que bajo su liderazgo el PSOE había cosechado el peor resultado de su historia: sólo 85 diputados. Tales resultados y su obstinación pasan factura a Pedro Sánchez y lo obligan a abandonar la secretaría general del partido, que había ganado en las primeras primarias celebradas en el PSOE, en 2014. También renuncia a su acta de diputado. El “aparato” del partido optaba por la abstención para acabar con la parálisis de un gobierno en funciones que duraba ya tres meses. Y forzó su dimisión. Pero no se dio por vencido: volvió a presentarse a las siguientes primarias, enfrentándose a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que consigue nuevamente ser elegido Secretario General del PSOE.  

La derecha permanecía aferrada al poder con Mariano Rajoy, gracias a los apoyos parlamentarios que facilitaron su investidura, hasta que, en 2018, la Audiencia Nacional dicta sentencia de una pieza del caso Gürtel, en la que halla culpable al PP de mantener una estructura de contabilidad y financiación ilegal. El PP se convertía, así, en el primer partido condenado por corrupción en España. Y dejaba a su líder totalmente desautorizado moral y políticamente. Era la oportunidad ansiada por el líder del PSOE para retomar la iniciativa de expulsar a Rajoy del Gobierno. Con tal propósito, presenta una moción de censura que obtiene 180 votos a favor y 169 en contra. Sánchez, por fin, accede a la presidencia del Gobierno, gracias a la primera moción de censura que triunfa en la moderna democracia. Pero aquellos apoyos no le permitirían completar la legislatura, como pretendía. El rechazo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos que presentó en 2019, cuando apenas llevaba diez meses en el puesto, lo obliga a convocar nuevas elecciones, que se celebran en abril, en las que remonta resultados y convierten al PSOE en primera fuerza, con 123 escaños, del Parlamento, tras el batacazo del PP, que cae hasta los 66 escaños, conducido ahora, tras la dimisión de Rajoy, por un nuevo líder, Pablo Casado.

A pesar de ser el partido más votado, el PSOE no logra cerrar un pacto de coalición con Podemos, dadas las desconfianzas mutuas, y después de dos votaciones infructuosas para conseguir la confianza de la Cámara, se convocan las cuartas elecciones generales en los últimos cuatro años. En noviembre de 2019, los socialistas vuelven a ganar las elecciones, pero con sólo 120 diputados. Y lo que antes era imposible, ahora es imprescindible: el PSOE consigue formar el primer gobierno de coalición de España, junto a Podemos, aunque por la mínima, por sólo 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones. Pedro Sánchez, al tercer intento, logra, definitivamente, ser presidente electo del Gobierno de España. La izquierda retorna al poder por tercera vez, tras los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, madrileño, doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, concejal del Ayuntamiento de Madrid y luego diputado, con experiencia en asesoría económica en Bruselas y EE UU, es el primer presidente de Gobierno español que se relaciona sin intérpretes con sus colegas europeos. Y el presidente del primer gobierno que cuenta con mayoría de mujeres entre sus 22 miembros.

Durante su primer Gobierno (tras la moción de censura), los socialistas adoptan decisiones de fuerte impacto social, como autorizar el atraque en el puerto de Valencia del buque Aquarius, para acoger a los 630 migrantes salvados en aguas del Mediterráneo central que Italia no permitió desembarcar. También aprobaron una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitió exhumar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los caídos para trasladarlos a una sepultura privada donde no fueran enaltecidos. Esta iniciativa motivó un enconado enfrentamiento jurídico con la familia del dictador. Al mismo tiempo, se intentó desbloquear el concurso público para la elección del presidente del ente público de RTVE. Al no lograrlo, los socialistas designaron a la periodista Rosa María Mateo como Administradora Única hasta la resolución del citado concurso. También se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, un incremento del 22,3 por ciento, que beneficiaría a cerca de 2,5 millones de trabajadores. En total, pues, el primer gobierno de Pedro Sánchez impulsaría 13 proyectos de ley que no pudieron tramitarse por la brevedad de la legislatura, pues tuvieron que convocarse nuevas elecciones cuando el Parlamento rechazó la ley de Presupuesto presentada por el Gobierno. Pero hasta su celebración, el Gobierno hizo uso de reales decretos-leyes, lo que se conoció como “viernes sociales”, para, entre otras medidas, aprobar con carácter de urgencia la revalorización de las pensiones, mejorar las retribuciones del sector público, aumentar los permisos por paternidad, liberalizar el sector de la estiba, autorizar a las autonomías y ayuntamientos a reinvertir sus superávits, adoptar planes de contingencia ante un Brexit sin acuerdo, etc.       

No todo fueron luces en ese Ejecutivo. También hubo sombras, como las protagonizadas por el ministro de Cultura, Máxim Huerta, que tuvo que dimitir por sus problemas con Hacienda. Y la de Carmen Montón, ministra de Sanidad, por sospechas de plagio en su tesis doctoral. También se produjo el cese de la Directora General de Trabajo, Concepción Pascual, por avalar la legalización del sindicato de prostitutas. Además de otras diatribas y reconsideraciones de promesas efectuadas, como la derogación inmediata de la Reforma Laboral.

Apenas cumplidos los primeros cien días del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, el de coalición con Podemos, los socialistas se cruzan con otra crisis imprevista en su camino, esta vez sanitaria, provocada por un nuevo virus -desconocido, sumamente contagioso y contra el que aún no existe vacuna- el SARS-COV2, que produce la enfermedad Covid-19, y que  desata una pandemia global, declarada como tal por la OMS el 11 de marzo de 2020. Esta pandemia, que paraliza países enteros, entre ellos España, confinando a la población en sus domicilios y deteniendo en seco la actividad económica, se traducirá en una inevitable crisis económica sin precedentes. Como en la mayoría de países por donde se extiende, el Gobierno español declara el Estado de Alarma para combatirla, situación excepcional en la que nos hallamos a la hora de elaborar este artículo.

Lo que haga el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a este y otros asuntos será objeto de un futuro capítulo de este repaso de los Gobiernos de España, con el que se ha pretendido comparar la ejecutoria de siete presidentes de nuestra todavía joven democracia. Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Mariano Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez (2018- ), con la intención de valorar la diferencia ideológica entre gobiernos de derechas y progresistas. Las conclusiones que se puedan extraer de la comparativa depende de cada lector, cuyo juicio hemos buscado, modestamente, ilustrar con datos y hechos.