Tras años y meses de acaparar por sí solo la recurrente
actualidad española y de representar, al mismo tiempo, la mayor preocupación de
los españoles durante todo este tiempo, más aún que el paro y la corrupción, lo
que queda para el recuerdo del problema del independentismo catalán es una
imagen que, en su miscelánea, refleja el sinsentido y la estulticia de una
aventura política que ha transmutado en opereta bufa. Podrán escribirse tochos
de cientos de páginas para intentar explicar, con racionalidad histórica, lo acaecido en una comunidad autónoma por empeño de unos políticos soberanistas que optaron por la ilegalidad, la movilización emocional de masas y la violación del orden democrático y constitucional con tal de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña con respecto de España, pero serán unas simples imágenes las que mejor resuman la inutilidad de lo ocurrido.
Unas imágenes que captan la manipulación de un pueblo con mentiras y
burlas; la huida cobarde a Bélgica de la máxima autoridad regional, el
presidente Puigdemont, en cuanto advirtió el fracaso del despropósito que
lideraba; el destino carcelario de la mitad de los miembros abandonados de su
gobierno sedicioso que permanecieron en España; la renuncia ante el juez a cuánto
había inducido contumazmente, desde instancias civiles e institucionales, la
presidenta de aquel parlamento, Carme Forcadell, una de las activistas
“nucleares” más señaladas de la rebelión: las rejas que silenciaron la agitación
civil de desobediencia y enfrentamientos dirigida por los “jordis”, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de
la Asamblea Nacional
Catalalana y de Òmnium Cultural, respectivamente; la miserable actitud de Artur
Mas, quien reclama, como hiciera en su tiempo una folklórica por sus deudas con
Hacienda, la contribución de los votantes engañados para que le ayuden a
afrontar las responsabilidades económicas de su conducta delictiva de
malversación; y, en fin, el reconocimiento internacional a la democracia española
y al
Estado de Derecho cuando ha hecho
frente legalmente, mediante la aplicación del artículo 155 de
la Constitución, al absurdo
atentado a la ley del independentismo catalán. Hasta organizaciones de Derechos
Humanos, como Amnistía Internacional, han salido al paso para recordar que en España
no hay presos políticos, sino políticos arrestados por la comisión de delitos y
violar la ley.
Este puzzle gráfico es, en sí mismo, más contundente y aclaratorio
que mil palabras sobre el fracaso del independentismo catalán y la afrenta a la
legalidad democrática y constitucional que supuso su intento de declaración
unilateral y a la fuerza, despreciando las leyes, la soberanía nacional y hasta
el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es la imagen de un independentismo
que no fue ni podrá ser, menos aún a las bravas, en contra de la historia, la
razón, la democracia y la legalidad. ¿Aprenderemos la lección? El día 21 de
diciembre sabremos la respuesta.
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