Comienzan las movilizaciones en un otoño que se presumía “caliente”. Motivos para “arder” no faltan ante las innumerables agresiones que está sufriendo la mayor parte de la población (esas clases medias en continuo declive) por parte de unos gobernantes que no dejan de echar “gasolina” a la situación, ya de por sí “explosiva”, a causa de todos los recortes en servicios públicos y la supresión de derechos sociales. Ahora son los estudiantes los que expresan su rechazo a las medidas que les afectan y perjudican. Otra vez.
Porque otra vez, ante la inminente aprobación en las Cortes
de una nueva ley (LOMCE), toda la comunidad educativa se manifiesta hoy por las
calles y plazas de España para mostrar su repudio y hartazgo frente a las pretensiones
del Gobierno de volver a utilizar la educación como espejo donde se refleje su
modelo de sociedad: liberal y elitista. Y no son sólo los chicos, sino también los
profesores y hasta los padres/madres de alumnos los que quieren hacer constar públicamente
su disconformidad por los “modos” con los que el ministro del ramo, el ínclito
José Ignacio Wert, pretende imponer una “reforma” educativa tan plagada de
ideología que hace retroceder la enseñanza a la época franquista, cuando la
escuela servía para enseñar las “cuatro reglas” a los hijos de obreros destinados
a convertirse en mano de obra sin cualificar, y reservaba la formación superior
a los pudientes de las clases acomodadas y, por supuesto, vencedoras del
régimen.
Salvo los burócratas del ministerio y del partido que
sustenta al Gobierno, nadie está de acuerdo con esta Ley supuestamente para "la
mejora de la calidad educativa". Nace sin consenso y se aplica por una mayoría
absoluta que extiende su rodillo para aplastar cualquier disenso, aunque sea
constructivo. Pocas veces un Ejecutivo es capaz de legislar en contra de la
opinión mayoritaria de los afectados, sin su concurso y con su total oposición,
salvo cuando goza de una mayoría absoluta parlamentaria y cree estar en
posesión de la verdad absoluta. Pero se equivoca, también absolutamente.
Todos los partidos de la oposición advierten de un cambio de
modelo en cuanto se produzca un cambio de Gobierno, lo peor que puede ocurrir a
un asunto de Estado como la educación, algo que debería ser estable porque
alcanza a generaciones venideras. El clamor popular en contra de la nueva ley
es ensordecedor y tiñe de verde -color de la esperanza- a las manifestaciones
que hoy recorren España. Manifestaciones que claman porque esta ley, contra
todos los criterios tendentes a evitar cualquier discriminación, reafirma la
segregación por sexo y por rendimiento escolar;
persigue la merma de las becas y endurece las condiciones para
conseguirlas; reinstaura las reválidas que actuarán como “filtros” en distintos
niveles de la enseñanza para eliminar alumnos, en vez de potenciar las clases
de apoyo; allana el camino a una futura privatización de los estudios de
bachillerato y no contempla la fase preescolar dentro de la enseñanza pública, con
lo que las guarderías sólo serán privadas; establece una FP dual que favorece
la mano de obra barata al empresario y porque, de manera global, la educación,
en cuanto derecho básico de los ciudadanos, está siendo zancadilleado o ignorado
a causa de los recortes económicos, el descenso de la inversión presupuestaria,
la reducción del profesorado, el aumento de las ratio de alumnos por clase, los
cambios en las asignaturas curriculares y los criterios ideológicos que
orientan una “reforma” que no persigue la mejora de la calidad educativa, sino
simplemente su entrega a la iniciativa privada y el retorno a los tiempos en
que sólo las élites podían estudiar.
Por todo ello, la educación se torna verde en las calles y plazas de España para gritar por una enseñanza pública de calidad y permanente. Unimos nuestra voz a ese grito.
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