Parapetado tras la legalidad, el Gobierno hizo todo lo
posible, jurídica y policialmente, por impedir el simulacro de consulta, con
resultado desigual, y desbaratar los planes de la Generalitat
de crear una legalidad autóctona que derogaba y sustituía a la constitucional y
amparaba sus iniciativas rupturistas con el Estado. La confiscación de las
papeletas y material impreso y demás actuaciones policiales por desarticular logísticamente
la realización del referéndum, en paralelo a la ofensiva judicial contra los
responsables y colaboradores de la consulta (imputaciones a funcionarios, consejeros, alcaldes
y particulares dispuestos a participar en su organización), no impidieron
totalmente que ésta se celebrase en medio de una situación excepcional de mucha
tensión, en la que el uso de la fuerza fue necesario para cerrar algunos locales
públicos utilizados para la consulta, levantar barricadas instaladas por los
simpatizantes de los independentistas (tractores, barreras humanas, etc.) y
suplir la inacción de la policía autónoma, los Mossos d´Esquadra, que hizo dejación para cumplir la orden del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir la apertura de los centros
electorales.
Mientras tanto, el Govern
catalán se afanó en representar normalidad en una jornada electoral, que no
contaba con sindicatura electoral ni sistema informático que controlara el
proceso y la participación, y desarrollada, en definitiva, sin garantías que avalaran
un mínimo de rigor a la consulta. No era su propósito. Independientemente del resultado de una
encuesta tan informal, la Generalitat perseguía
con denuedo la imagen de un “pueblo” al que se le impedía expresar el “derecho
a decidir” su relación con España. Y esa representación cumplió las
expectativas, hasta el extremo de que así fue interpretado por los medios de
comunicación del mundo entero. Basta con ver las portadas.
Nada más cerrarse los colegios electorales, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró a través de la televisión que el Estado
había hecho fracasar el proceso, haciendo prevalecer la democracia y el respeto
a la ley. Brindó diálogo dentro la ley y en el marco del Estado de Derecho para
restablecer la normalidad institucional y la convivencia. Al poco, el
presidente de la Generalitat , Carles
Puigdemont, hizo lo propio para afirmar lo contrario: que el referéndum había
sido un éxito, a pesar de la brutalidad policial, y que, respetando la voluntad
expresada en las urnas, pondría en marcha próximamente la ley del referéndum
para que el Parlament declare unilateralmente
la independencia de Cataluña.
Consumado, pues, el temido “choque de trenes”, cabe
preguntarse: ¿Y ahora qué? Qué va a pasar ahora con un Gobierno enrocado en el
cumplimiento estricto e innegociable de la legalidad y un gobierno regional
empeñado en saltarse la ley para lograr su independencia, sin ningún pudor de
actuar en abierta desobediencia y sin miramientos a la hora de respetar un mínimo
de rigor ni garantías que validen sus iniciativas. Pero, sobre todo, sin que
ninguno de esos gobiernos, central y autonómico, le importara jugar con los
ciudadanos, utilizándolos por un lado como escudos humanos para alcanzar
objetivos políticos inconfesables mediante la persuasión emocional, y, por
otro, menospreciando los deseos de una parte considerable de los catalanes por
expresar en libertad su opinión sobre la relación de su Comunidad con España. ¿Qué
se va a hacer para restablecer la convivencia entre los catalanes y entre
Cataluña y España?
Consumado el desafío y el enfrentamiento visceral, queda la
política, queda la pedagogía social y política para encauzar el conflicto por
vía del diálogo y la negociación tendentes a articular una solución definitiva,
que nunca satisfará por completo a las partes, al problema territorial de un
país que engloba sentimientos encontrados pero también un vínculo cultural e
histórico compartido. Hay que restablecer puentes basados en la confianza y la
lealtad institucional, con respeto democrático a la ley y al marco de un Estado
de Derecho constitucional, que den respuesta a las inquietudes de muchos
catalanes, incluyendo a esa mayoría, la que ha sido ignorada hasta ayer, que no
es independentista, ni violenta, ni sectaria. Probablemente, ni Rajoy ni
Puigdemont podrán ser interlocutores válidos para entablar este diálogo con
obligación de entendimiento y de alcanzar acuerdos, pero, si verdaderamente
confían en la democracia y en las leyes como dicen, deberán dar paso a las
personas capaces de restablecer la convivencia entre todos los españoles y de luchar
por la libertad y el bienestar, no solo de Cataluña, sino del conjunto de la
población, atendiendo a las demandas y necesidades de unos y otros.
Antes que emprender huidas hacia delante que sólo sirvan
para agudizar el enfrentamiento, hay que abrir un período de reflexión que
permita la búsqueda de cauces pacíficos que, con respeto escrupuloso a la
legalidad, posibiliten la construcción de un país en el que todos podamos
sentirnos cómodos y representados, sin privilegios ni exclusiones. Un país
habitado por personas, cada cual con su idiosincrasia y sentimiento identitario,
comprometidas con el progreso y el bienestar del conjunto, en paz y libertad, y
dispuestas a combatir los grandes y graves problemas que nos aquejan al margen
de banderas y diferencias. Un país en que nadie roba a nadie, salvo los
corruptos que roban a todos los ciudadanos sin distinción, y en el que no hay
opresión ni menoscabo de derechos más que los convenidos y regulados por una
democracia que todos nos dimos para ser iguales al amparo de la Constitución. Tampoco
distingos excluyentes ni privilegios que invaliden las distintas sensibilidades
e particularidades a las que se les profesa respeto en el marco de un Estado de
Derecho, Social y Democrático, homologable a la cualquier democracia de nuestro
entorno. Queda, en fin, una gran tarea que requiere hombres desinteresados y con
altura de miras, líderes generosos y con visión de futuro, ajenos a las
expectativas partidistas y los réditos inmediatos. Dirigentes que,
desgraciadamente, no alcanzo a distinguir entre los que conforman el panorama
político actual. Ahora queda todo por hacer. Queda la política.
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