La deuda de Puerto Rico

Puerto Rico, la perla del Caribe, es una colonia de los Estados Unidos que disfruta de un estatus especial (Estado Libre Asociado) por el que dispone de cierta autonomía en su gestión interna, elige un gobernador, con voz pero sin voto en el Congreso norteamericano, que representa la soberanía isleña y preserva su antigua identidad hispana en muchas de las costumbres y en el idioma materno de los puertorriqueños. Sus habitantes gozan de nacionalidad estadounidense, la moneda que utilizan es el dólar USA y engrosan el Ejército de EE UU cuando prestan servicios militares.

La peculiaridad de su estatus político atrajo hacia Puerto Rico a un gran número de empresas, sobre todo petroquímicas y farmacéuticas, que se han beneficiado de incentivos fiscales que permitían acceder al mercado norteamericano sin pagar los royalties que gravan toda importación. De este modo, a pesar de ser un país pequeño y carecer de recursos naturales, salvo la industria agrícola del azúcar y el café que ya apenas tiene relevancia, la economía de Puerto Rico es de las más dinámicas y competitivas de la región, con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica.

Durante los años de bonanza, el sistema financiero mantuvo una laxitud en la concesión de préstamos que contribuyó al crecimiento económico de la isla, una situación que cambió radicalmente a raíz de la desaparición de los citados incentivos fiscales en 2006 y, especialmente, con la crisis económica mundial de 2008. Desde entonces, la deuda de Puerto Rico se ha triplicado hasta el extremo de no poder pagarse. Sólo la deuda pública supera el 100 por ciento de Producto Nacional Bruto, siguiendo una espiral endemoniada que ocasiona su aumento cuando menos ingresos se disponen. Para afrontarla, el Gobierno ha despedido a empleados públicos, cerrado escuelas, aumentado impuestos y forzado la emigración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos. Medidas muy parecidas, en el contexto europeo, a las adoptadas en España por idéntico motivo, tendentes a reducir gasto.
 

Pero, al contrario de lo que es normal en Estados Unidos, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota bajo la ley federal ni las empresas, ahogadas por las restricciones financieras, pueden reestructurar sus deudas mediante la declaración en quiebra. También tiene vedado acudir a los mercados internacionales para financiarse. La especial relación colonial con los Estados Unidos perjudica, en este aspecto, la economía de Puerto Rico.

Ante esta grave coyuntura, el Gobierno puertorriqueño ya ha dejado de hacer frente a vencimientos de su deuda en varias ocasiones y el deterioro económico generado por la contracción de la actividad, la caída del consumo y la recesión han disparado el desempleo, la emigración hacia el continente y unos niveles de pobreza que alcanzan el 45 por ciento de la población. Aunque los demócratas de Estados Unidos ponderan un rescate federal de la economía de la isla, los republicanos no están dispuestos a apoyar esta medida. Ello replantea la relación que Puerto Rico mantiene con la potencia del norte, en la que los partidarios de la total integración, como un estado más de la Unión, consideran que así se resolverían los problemas, mientras los independentistas ven en la crisis una muestra de la necesidad de recuperar la plena soberanía.

Puerto Rico intenta superar el escollo que atraviesa a causa de la deuda renegociando con los acreedores un plan de reforma fiscal e implementando medidas que estimulen su sector turístico y modernicen sus infraestructuras. Otros hablan de exigir la exención de la Ley Jones, de 1920, por la cual solamente barcos propiedad de un estado norteamericano, construidos y operados por éste, pueden transportar carga desde y hacia la isla. La liberación de ese tráfico generaría empleo en el sector, ayudaría a reducir la deuda y rebajaría el costo de algunos productos.

En definitiva, la deuda que asfixia a este vergel caribeño no es sólo económica, sino también política, con rémoras coloniales, que hipotecan su futuro. Y es el pueblo de Puerto Rico el que ha de decidir, por sí mismo, cómo solventar sus deudas.