Las puertas del verano cogen a unos ayuntamientos y algunas
comunidades autónomas sin apenas cumplir los 100 días que se conceden a los
gobernantes para que aterricen en el cargo y tomen el pulso de la situación a
la que deben hacer frente con las bonitas promesas con las que aseguraron poder
resolver cualquier problema. Y, naturalmente, nada más llegar no van a empezar
haciendo lo mismo que la “casta” e irse de vacaciones… Tendrán que lidiar en
verano con la falta de recursos, paralizar desahucios, ofrecer servicios y
prestaciones a los ciudadanos y demostrar que, efectivamente, otra política es
posible sin necesidad de exprimir con impuestos a los vecinos, no caer en
sectarismos y evitando “profesionalizarse” en el ejercicio del servicio público
vía sueldos escalofriantes, coche oficial, escolta y demás milongas.
En algunos gobiernos regionales y municipales el cambio
político ha sido “radical” (según expresión de moda con la que el Partido
Popular califica a quienes lo apartan del poder) y las expectativas que despiertan
son enormes, directamente proporcional al giro político producido. La
confrontación con el Ejecutivo central será inmediata en multitud de materias,
sin esperar al descanso vacacional, debido a la implantación de 
Pero es que, con las primeras calores, la Justicia , además, ha propiciado
un, no por esperado menos preocupante, sobresalto en relación con el caso de los ERE de Andalucía, amargando
las vacaciones a quienes fueron nada menos que presidentes en aquella
Comunidad, Manuel Cháves y José Antonio Griñán, junto a otras personalidades.
El Tribunal Supremo los acaba de imputar por sendos delitos de prevaricación a
la hora de gestionar la partida presupuestaria andaluza destinada a ayudar a
empresas y trabajadores en dificultades, acusándolos de arbitrariedad en la
concesión de tales ayudas. La
Justicia , que no descansa en su exasperante lentitud, al fin
ha alcanzado en plena canícula a la cúspide de los implicados en el mayor y más
sostenido en el tiempo (diez años) escándalo de corrupción conocido en
Andalucía (al menos, hasta que no finalicen las investigaciones judiciales
sobre los cursos de formación), aunque estos ilustres imputados no buscaran su
enriquecimiento personal ni les moviera la avaricia o el lucro. Pero, como dice
Soledad Gallego-Díaz en un artículo, asombra que personas sensatas y
experimentadas desconozcan que “cuando las subvenciones son arbitrarias, las
comisiones son inevitables”. Saltarse la norma y la ley, aún para “dar mayor
agilidad” a los procedimientos, es abrir la puerta por donde se cuela una
corrupción que a la postre infecta todo el sistema. Estos otrora prohombres de
la política en Andalucía, hasta ayer diputados y senadores de las Cortes
Españolas, deberán este verano asumir la responsabilidad que les corresponda,
sea cual sea lo que sentencie en su veredicto final el Tribunal Supremo.
Por lo pronto, el auto de imputación del Supremo ha dado la
razón a las formaciones emergentes que exigían sus dimisiones antes de
consentir cualquier pacto de investidura o de gobierno allí donde tales apoyos
eran necesarios. Y tener razón de una parte es restársela a la otra, justo al
arranque de una legislatura sin mayorías absolutas y dependiente de acuerdos
puntuales que hagan viable cualquier iniciativa, entre otras, los proyectos de
ley de presupuestos. Ello augura más enfrentamientos a varias bandas y con el
sudor resbalando por la frente. Y, eso, en los partidos “ganadores” de las
últimas elecciones, que si hablamos del “perdedor”…
El Partido Popular lame sus heridas procurando que el
“enemigo” siga ubicado en el exterior, acusándolo de todos los males habidos y
por haber (extremismo, radicalidad, populismos, independentismo, la herencia
recibida, etc.), y no emerja del interior de las propias filas. La adhesión de
la “piña” se diluye cuando se pierde el poder, y son muchos los “barones” que
se han encontrado de la noche a la mañana sin la voluntaria dedicación
remunerada a la política institucional. Y, claro está, analizan y cuestionan la
situación, señalando con el dedo a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, como
máximo responsable de la mala suerte. Hasta Aznar, quien lo nombró sucesor al
frente del partido, ha roto su silencio para lanzar pullas a la gestión del
Gobierno, de la que dice que no tiene un problema de comunicación, como ha
querido hacer ver Rajoy para buscar un motivo al descalabro electoral, sino “de
respeto, de cuidado, de atención al votante”. Y conmina al Partido Popular a
rectificar, volver a las esencias, de
manera suficiente, creíble y enérgica, deseándole a Rajoy los mayores éxitos,
pero con la advertencia de que ha de ganárselos. A buen entendedor…
Por todo ello, el verano se presenta de aúpa para unos y otros, sin tiempo para el descanso. Y aunque faltan ingredientes perturbadores en este escenario (conflictividad laboral y resistencias para disminuir las cifras del paro, inestabilidad en los mercados a causa de Grecia, nuevas reformas que agudizan la austeridad de las cuentas públicas –ya se habla de abaratar las pensiones y ampliar el periodo de cálculo-, encarecimiento de la factura del petróleo tras la bonanza táctica de los últimos tiempos, ofensiva secesionista en Cataluña, etc.), las posibilidades para un verano relajante, que calme los ánimos, son realmente inexistentes. Sólo cabe esperar que las temperaturas, al menos, se compadezcan de nosotros en este verano infernal. Pero tal como ha comenzado la cosa, me parece que tampoco.
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