Injusticia universal

España, que era referente en la aplicación de la Justicia Universal, ha dado pasos atrás para reducir o impedir esa jurisdicción en nuestro país. Los jueces españoles ya no pueden investigar genocidios o crímenes como los de lesa humanidad, torturas, la desaparición forzada o el terrorismo que, por su gravedad, son imprescriptibles y deben ser perseguidos por una justicia internacional que trascienda fronteras. Y todo porque, gracias a una reforma impulsada por el Partido Popular, presionado a causa de una orden de detección cursada por la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula militar y política de China, obligará a dejar sin condena a los culpables de casos en los que ha habido víctimas españolas, como el del cámara de televisión José Couso, cuyo sumario ha sido cerrado por el juez que lo instruía Santiago Pedraz. Los tres militares norteamericanos, autores del disparo de cañón contra el Hotel Palestina de Bagdad que acabó con la vida del periodista español, verán que su delito quedará impune, a pesar de que el hotel no era considerado objetivo militar y, por tanto, estaba amparado entre los bienes y personas protegidos en un conflicto armado. El juez razona su decisión y señala el motivo: le es imposible seguir investigando porque la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, “salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España”.

China, pues, se ha salido con la suya porque España ha cedido cuando se ha visto forzada a optar entre los negocios o la justicia. Con tal de evitar una crisis diplomática con el gigante asiático y aliviar las presiones que recibía de un país que veía con estupefacción cómo la Audiencia Nacional imputaba a sus expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, junto a otros líderes, por el genocidio que causó decenas de miles de muertos en el Tíbet, el Gobierno de Mariano Rajoy ha preferido dar satisfacción a las autoridades chinas y ha paralizado la investigación judicial, reformando la jurisdicción universal en España. De manera urgente y aprovechando la mayoría absoluta de que goza en el Parlamento, el Gobierno impuso un nuevo requisito al derecho de Justicia Universal que prácticamente lo deja inoperante: sólo podrán investigarse crímenes internacionales cuando el acusado, bien sea español o bien extranjero, resida o se encuentre en España. Una condición contraria al espíritu que promueve la existencia de una justicia transfronteriza: perseguir criminales en cualquier lugar del mundo.

De haber estado vigente tal norma entonces, nunca hubiera podido el juez Baltasar Garzón ordenar el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, aplicando el principio de Justicia Universal y tras incoar procesamiento en la Audiencia Nacional. En vez de avanzar, retrocedemos. A partir de ahora, esos crímenes quedarán sin castigo y los casos que se estaban instruyendo en España serán sobreseídos, como el del citado José Couso, el genocidio del Tíbet, las torturas chinas contra el movimiento religioso Falun Gong, la masacre al pueblo saharahui, las torturas a presos de Guantánamo o el ataque del Ejército israelí a la Flotilla de la Libertad, entre otros.

Pero no es algo excepcional o aislado. Esa restricción a la Justicia Universal se enmarca en una estrategia que cercena o limita el ejercicio de derechos y libertades en nuestro país desde que el Partido Popular detenta el poder. Hay una deliberada intención en maniatar las libertades que los españoles han conquistado tras años de lucha, en la que se inscriben leyes que prohíben o condicionan las manifestaciones públicas, rodear edificios o instituciones como forma de protesta, tomar fotografías de cargas y abusos policiales, publicar imágenes de detenidos para ocultar a la opinión pública el arresto de políticos u otras personalidades, la realización de `escraches´ para impedir desahucios y hasta el endurecimiento para poder abortar. Muchas "mordazas" que suponen una vuelta atrás hacia un Estado autoritario que, formalmente defiende los derechos reconocidos en la Constitución, pero que limita su ejercicio con una normativa sumamente severa. Por un lado, en aras de la seguridad, se recortan libertades; y por otro, para no molestar a poderosos clientes, se impide puedan ser enjuiciados. La legalidad se amolda a los intereses de gobernantes y mercados, evidenciando una causa común: su preocupación por los negocios. Los escraches ponen en peligro el negocio de bancos e inmobiliarias, y la Audiencia Nacional hace zozobrar suculentos contratos del Estado (deuda, armas, etc.).

Los impedimentos para aplicar la Justicia Universal son, en realidad, ataques a valores morales y la dignidad de los españoles, a los que se les niega la posibilidad de perseguir a criminales que asesinan compatriotas de manera impune, como José Couso, ni pueden investigar e intentar castigar salvajadas que masacran a la Humanidad, como las torturas, los secuestros y la piratería. Si la ley no está por encima del dinero, ¿qué legalidad ampara nuestros derechos como simples ciudadanos en cualquier lugar del mundo? ¿Qué modelo de sociedad pretende imponer el Partido Popular en su afán por recortar, también, libertades y derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico? Algún día habrá que planteárselo.