La corrupción que no cesa

Un nuevo escándalo emerge del sumario de un juzgado de Sevilla en el que la instructora admite evidencias de irregularidades y falta de rigor en la adjudicación de las Minas de Aznalcóllar a determinada empresa mexicana. Es la enésima muestra de una corrupción que se halla incrustada en el sistema político e institucional español, infectando a todas las administraciones y todas las formaciones políticas en menor o mayor grado. A pesar de todas las promesas de erradicar un mal generalizado que desangra los recursos del país y la confianza de los ciudadanos, ninguna medida ha conseguido limpiar el cuerpo corrupto de la política en España, que sigue supurando casos que denotan la gravedad del mal que lo aqueja.

Las manifestaciones de la enfermedad son tan evidentes que ningún síntoma nuevo causa sorpresa, por mucho que incida en alertar del deterioro imparable en el que se halla la organización social parasitada. Estos son, en un resumen que no pretende ser exhaustivo, algunos los episodios de esa corrupción que no cesa y nos devora:

Operación Púnica: Tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal que lleva a la cárcel a Francisco Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y tiene imputados a más de cincuenta personas de aquella Comunidad.

Caso Pujol: Escándalo protagonizado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su familia por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, evasión de dinero, fraude fiscal, etc.

Caso de los ERE: Irregularidades en los expedientes de regulación de empleo y otras ayudas a parados y empresas en dificultades por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y en el que están presuntamente implicados los expresidentes Manuel Cháves y José Antonio Griñán, además de otros altos cargos del Gobierno andaluz.

Caso Gürtel: Trama de corrupción ligada al Partido Popular de Madrid, Valencia y Galicia por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en el que están imputados exalcaldes, exdiputados y decenas de políticos y empresarios.

Caso Bárcenas: Es una pieza separada del anterior por el que están imputados los extesoreros del PP por financiación ilegal del partido, soborno y fraude en las adjudicaciones públicas.

Caso de las Tarjetas Black: Despilfarro y fraude a Hacienda con dinero de Caja Madrid por parte de su cúpula directiva, a pesar de ser una entidad que, fusionada en Bankia, necesitó ser rescatada con fondos públicos.

Caso Noós: Trafico de influencias, malversación de dinero público y fraude fiscal que afecta a la hija del rey, la infanta Cristina, y su marido Iñaki Urdangarín, entre otros.

Caso de los Cursos de Formación: Irregularidades y fraude en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, desviadas a centenares de empresas e intermediarios y en el que están implicados gestorías, sindicatos y organizaciones empresariales, y con ramificaciones en Cádiz, Málaga, Almería y Granada.

Caso Palma Arena: Sobrecostes en la construcción de este velódromo de Palma de Mallorca, durante el mandato de Jaume Matas, imputado por prevaricación y fraude a Hacienda.

Caso Palau: Tráfico de influencias y expolio del Palacio de la Música de Barcelona y que afecta al partido CDC por presunto cobro de comisiones.

Caso ITV: Cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de licencias de ITV en Cataluña, en el que está imputado Oriol Pujol y empresarios catalanes.

Caso Pokémon: Trama de corrupción con las contratas municipales que afecta a políticos y empresarios de Galicia, Asturias y Cataluña.

Caso Mercasevilla: Cohecho y amaño en concurso público para la cesión de terrenos a terceros en el mercado central de Sevilla, en el que están imputados directivos y políticos socialistas durante el mandato del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

Caso Dívar: El expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se sufragaba sus escapadas a la Costa del Sol a cargo del presupuesto de la institución, por lo que tuvo que dimitir.

Caso Brugal: Soborno y tráfico de influencias en concursos públicos para la gestión del servicio de basuras en Alicante.

Y así hasta perdernos en los tiempos inaugurales de la democracia, cuando surgieron casos como los de Gestcartera, Gal, Naseiro, del Nilo, y muchos otros.

En la actualidad, más de 2.000 imputados y cerca de 200 casos abiertos, sujetos a investigación por parte de la Justicia, demuestran que el mal de la corrupción no cesa y se extiende por todos los partidos, organizaciones sindicales y empresariales e instituciones del Estado. Por si fuera poco, acaba de aparecer el caso de las minas de Aznalcóllar para poner en evidencia que ni la supuesta transparencia, la regeneración democrática y los golpes de pecho de quienes debían velar por la honestidad y el rigor en el desempeño de la dedicación pública y la gestión que se realiza con el dinero de todos eran tan sinceras como parecían ni tan profundas como decían. Y, así, hasta el próximo escándalo que surja, inmunizándonos de las sorpresas e inoculándonos la desafección y la tendencia a los populismos. ¿Hasta cuándo?

Actualización

Para colmo de la golfería, dos guindas coronan, hasta hoy, las prácticas corruptas en el país de la picaresca y la inmoralidad:

Caso Rus: Ese alcalde de Játiva (Valencia, dónde si no), Alfonso Rus, grabado contando dinero en el interior de un coche (“tres mil, siete mil, doce mil…”), que tiene la desfachatez de presentarse a las próximas elecciones para seguir cobrando comisiones y malversar el presupuesto de la alcaldía y la diputación a cambio de adjudicaciones y demás chanchullos que permiten saquear las arcas públicas.

 
Caso prótesis: Por dinero, se juega hasta con la salud de los ciudadanos. En Tarragona, un juez ha imputado a Teresa Gomis (primera teniente de alcalde, de CiU), al propietario de una empresa de prótesis óseas, Lluís Márquez y a media docena de “enchufados” de la empresa municipal que dirige el hospital Sant Joan, por un delito contra la salud pública al “aconsejar” la munícipe que se adquieran las prótesis caducadas de aquella empresa, lo que ha afectado a centenares de pacientes que presentan incapacidades, molestias y dolores con las piezas implantadas. Varias decenas de ellos han vuelto a ser intervenidos para sustituirles las prótesis obsoletas.