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| Mercedes Alaya |
La instrucción del sumario, lejos de completarse, se
prolonga indefinidamente a causa de nuevas pruebas, nuevos imputados, nuevas líneas
de investigación y, esencialmente, por el empeño de la magistrada en cuestionar
no sólo el mal uso del dinero desviado ilícitamente, sino de poner en tela de
juicio la existencia misma de la partida y la presunta ilegalidad del Gobierno
andaluz al dotar de presupuesto unas ayudas sociolaborales que se repartirían
a través de transferencias de financiación, mecanismo legal, aunque quizás incorrecto,
para agilizar pagos pero que escapa al control riguroso de la Intervención.
Desde esa perspectiva, la juez Alaya mantiene el foco
acusatorio sobre todas las personas que pudieron tener alguna relación, directa
o indirecta, con la existencia de estas partidas presupuestarias -creadas para que
la Consejería
de Empleo prestarse socorro a empresas y trabajadores insertos en expedientes
de regulación de empleo-, además de los imputados por malversación de caudales públicos
y otros delitos, como el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier
Guerrero. La lista de imputados se eleva a 144 personas, sin contar a personalidades
y dirigentes políticos que, por su cargo, están aforados y no acaban de ser
citados por la juez, ya que ello la obligaría a inhibirse y trasladar la
instrucción del sumario al Tribunal Supremo.
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| Javier Guerrero, exdirector general de Empleo |
Precisamente esa es una de las contradicciones de esta causa.
Las pretensiones incriminatorias de la juez Alaya, con las que busca demostrar
la complicidad de toda la Junta
de Andalucía para idear un instrumento administrativo que facilitaría la
corrupción a sabiendas de su ilegalidad, choca con la capacidad de la
magistrada para llamar a declarar a los miembros del Gobierno y a los
parlamentarios que aprobaron los Presupuestos andaluces cada año, a pesar de
que los invite hacerlo de forma voluntaria, sin ninguna imputación previa.
Más que un caso complejo de justicia, la juez Mercedes Alaya
parece decidida a emprender una causa general contra el Gobierno andaluz por
crear un mecanismo de ayudas públicas sociolaborales y permitir que, durante 10
años, fuera saqueado por determinados personajes que tenían acceso a él de manera
discrecional y casi sin control. Durante todo ese tiempo, el fondo de los ERE
ha sido dotado con 850 millones de euros y ha beneficiado a 6.435 trabajadores,
pero de ese dinero se han “desviado” 17 millones a indemnizar 196 “intrusos”
(falsos trabajadores), 70 millones en ayudas a empresas que no reunían los
requisitos, y hasta 50 millones a intermediarios y agencias consultoras que
cobraron comisiones sobrevaloradas.
Pero de ahí a que expresidentes de la Junta , la exconsejera de
Hacienda, todos los titulares de la consejería de Empleo durante el tiempo en
que estuvo vigente la partida de los ERE y hasta los diputados del Parlamento
autónomo que aprobaron los Presupuestos de la Junta de Andalucía, estén bajo sospecha de la
juez Alaya parece un despropósito. De tanto querer abarcar y alargar la
instrucción del sumario, éste puede terminar escapándosele de las manos y dar
lugar a un macroproceso del que sólo sale condenado el principal acusado desde
el principio, el exdirector de Empleo y su camarilla de compinches, a quienes,
por cierto, ya no podemos sorprendernos verlos sonrientes en la cafetería donde
degustaban fino cada vez que acudían al Juzgado, porque la crisis la ha cerrado.
¡Una lástima! de cafetería, no por los delincuentes.
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