El Estado, subyugado por la mentalidad capitalista de la economía,
orilla las políticas de redistribución de la riqueza y contribuye a la
fragmentación social que genera la desigualdad y la falta de auxilios públicos
a los más necesitados. Asume los postulados de rentabilidad que exige el
mercado, en el que cualquier servicio ha de ser productivo y potencialmente
atractivo para el provecho privado, menospreciando su necesidad para la
comunidad o la convivencia.
Maniatado por una globalización que le arrebata el control de la deuda pública,
el Estado se transforma en una empresa que actúa conforme a criterios contables
cuya finalidad es el traspaso a la iniciativa privada de todas sus “áreas de
negocio” más “sostenibles”. Los desequilibrios que se afana en corregir son los
del “debe” y el “haber” y no los que determinan las injusticias y las brechas de
todo tipo existentes en la sociedad. De ahí que reduzca becas, disminuya
pensiones, recorte prestaciones por desempleo, dificulte las ayudas a la
dependencia, “adelgace” la
Administración pública, rebaje el salario a los funcionarios,
cierre centros de salud, congele la inversión pública y, en definitiva, consiga
un ahorro descomunal en el “gasto” presupuestado, mientras que por otro lado potencie
los “ingresos” y aumente los impuestos, desregule el control de precios, suba
tasas, privatice empresas o “externalice” servicios, obligue a encarecer matrículas
universitarias, introduzca el repago sanitario y el copago de los medicamentos,
invente mecanismos que consiguen encarecer tarifas sometidas a supervisión
y, por lo general, logre cobrar más por lo que antes era financiado con el
dinero de los contribuyentes.
El Estado hace dejación de sus funciones al sucumbir a una
mentalidad que lo transforma en un ente de unidades productivas que deben rendir
un balance positivo en sus cuentas de resultados, independientemente de los
objetivos redistributivos para las que fueron creadas originariamente. Y, a
excepción de esa clase política que lo opera, toda su estructura y todas sus
funciones deben estar sometidas a decisiones economicistas dictadas por un capitalismo
financiero que despoja de poder real al Estado nación.
Los ciudadanos quedan subordinados a un papel de
clientes/usuarios de una sociedad regida por el mercado, sin que dispongan de
herramientas válidas que hagan posible su participación democrática en la toma
de decisiones del modelo social y económico que pudiera convenirles. Quedan a
merced de una globalización y de un Estado cómplice de políticas que les hurtan
representatividad a la hora de diseñar el futuro y conducir el presente. Previamente
castigados, empobrecidos y atemorizados por las consecuencias sombrías que una oportuna
“crisis” de la que los hacen responsables, los ciudadanos se limitan a votar
cada cuatro años una papeleta de comparsas en una farsa que sólo sirve para que
los ricos sean ricos, los poderosos más poderosos y los pobres más pobres, ya
sin siquiera clases medias que separen ambos polos sociales.
Si las ilusiones, los sentimientos y la vida han de medirse
en función del dinero y su capacidad para proporcionar ganancias en cada
transacción, incluyendo las interacciones humanas, sin que el Estado con el que
hemos organizado nuestra convivencia intervenga para evitar abusos, ¿qué clase
de mundo dejaremos en herencia a nuestros hijos? Dejaremos un mundo en el que el Estado hace
dejación de su función pública.
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