El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se rinde y convoca elecciones anticipadas. Aunque sea sólo a cuatro meses de completar la legislatura, prefiere acabar con el acoso al que estaba sometido su Gobierno por una crisis económica que le ha obligado a cambiar el rumbo de su gestión, una oposición que no ha dudado en utilizar hasta los asuntos más delicados (terrorismo, economía, etc.) para debilitarlo y un “fuego amigo” (barones y posiciones críticas de medios afines) que insistían en el adelanto electoral. Todo ello, unido a las dificultades para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, en que los probables apoyos del Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria -grupos parlamentarios minoritarios en la Cámara pero suficientes para que los socialistas consigan la mayoría absoluta en las votaciones-, iban a resultar desorbitados, y un trimestre en el que empeorarían los datos económicos (aumento del paro tras las contrataciones estivales, deuda elevada por la presión de los mercados, etc.), hacían poco aconsejable agotar la legislatura, tal y como era el deseo inicial del Presidente.
Zapatero accedió al Gobierno contra todo pronóstico en 2004, en virtud de las flagrantes mentiras con las que el gobierno de Aznar quiso identificar a los autores del atentado islámico del 11 de marzo, que costó la vida a cerca de 200 personas en unos trenes de Madrid, y derrotó por segunda vez en 2008 a Mariano Rajoy, delfín propuesto por Aznar para sucederle. Han sido siete años de gobiernos socialistas en casi dos legislaturas completamente distintas, pero con una característica común: los ataques de una oposición insultante del Partido Popular, ahora exultante, por considerar que le habían arrebatado el Poder. Desde un primer momento, el acoso y la crispación fueron los instrumentos de los que se valió la oposición del PP para debilitar a Zapatero, acusándolo hasta de ser cómplice de ETA y buscando reiteradamente devolverle la acusación de mentir, en una obsesión cuasi patológica, que tan alto precio supuso al Partido Popular. Una estrategia que la coyuntura de la segunda legislatura le iba a favorecer porque, si durante la primera no fue creíble la retahíla de que mentía en su afán por derrotar al terrorismo, cosa que los hechos desmentían, en la segunda, su tardío reconocimiento de la gravedad de la crisis financiera y su repercusión en la economía nacional sirvieron para insistir en la mentira a los ciudadanos.
De nada han valido iniciativas del gobierno más de izquierdas que ha tenido este país, comparado incluso con los de Felipe González, para que estas acusaciones y el continuo acoso de los sectores más conservadores de la sociedad hayan al fin conseguido alejarlo del apoyo de los ciudadanos, como demuestra el imparable avance de la derecha en las últimas elecciones municipales y autonómicas. La economía y las incertidumbres que genera una crisis de hondo calado, con el resultado de una tasa de paro insoportable, inclinan las preferencias de un voto que se decanta por quien ofrece confianza aunque no desvela recetas.
La precariedad laboral, combatida como no lo haría ningún gobierno conservador (extensión de los subsidios, rebajas en el IRPF, reforma laboral, etc.), y el estancamiento económico debido a la crisis económica mundial, ocultan avances que Zapatero ha impulsado y que suponen el reconocimiento de valores sociales que antes eran orillados. Así, en una primera legislatura prolija en iniciativas, se aprueba la primera ley contra la Violencia Machista, el Divorcio exprés, la ley de Matrimonio Homosexual, la ley Antitabaco, la ley de Reproducción Asistida, el permiso de conducir por puntos, la ley de Dependencia, la ley de Igualdad y la ley de la Memoria Histórica, entre otras. Todas y cada una de las leyes citadas aquí como muestras sobresalientes han sido puntual y ferozmente combatidas por los sectores reaccionarios de la política, iglesia y sociedad, que se consideraban agredidos en sus creencias y costumbres si el Gobierno permitía el aborto como derecho, limpiaba de humo los establecimientos abiertos al público, reconocía el derecho a casarse y adoptar hijos a parejas homosexuales, imponía la igualdad, la paridad y la no discriminación de la mujer, instauraba la ley de dependencia como “cuarto pilar del Estado del bienestar” y resarcía moralmente a todas las víctimas del franquismo, entre otras.
La segunda legislatura, en cambio, viene marcada por la crisis económica y las medidas adoptadas para combatirla y que fuerzan a realizar un cambio radical de rumbo, obligado por la presión de los mercados y los socios europeos, Alemania sobre todo, que exigieron recortes draconianos. De ser uno de los países que más estímulos públicos realizaba para potenciar la economía, se pasó a reducir drásticamente el déficit mediante la reducción del gasto en políticas sociales, congelar pensiones, reducir el salario de los funcionarios y parar las inversiones de obra pública no imprescindibles, además de una reforma laboral que abarata el despido y de un encarecimiento de la jubilación y las pensiones. Se suprimió el cheque bebé y el descuento de los 400 euros en la declaración de la renta, como guindas del mayor recorte del gasto social de la democracia. Además, se reforman las cajas de ahorro y se nacionalizan tres de ellas, y se intenta, pero no se consigue, un cambio del modelo productivo que sustituya al ladrillo con la ley de Economía Sostenible, más conocida como ley Sinde. Por su intención, estas son, posiblemente, las mismas o más suaves medidas que adoptaría la derecha en caso de gobernar en idéntica encrucijada.
Tal vez la importancia de lo que ha representado José Luis Rodríguez Zapatero en la modernización de España no podrá ser valorada hasta que transcurra un tiempo prudencial y se produzca una distancia que aleje todo posicionamiento subjetivo, pero no se podrá negar hoy la voluntad y la obcecación que ha tenido por llevar a efecto su programa de progreso. Este país es un país distinto de cuando inició su mandato, con muchos problemas y grandes cambios. Con aciertos y errores, no se podrá obviar la huella de un Presidente que con su liderazgo ha posibilitado unas conquistas sociales de indudable entidad, como la ley de Dependencia.
La socialdemocracia sufre en la actualidad la baja estima de unas sociedades que se han erigido gracias al impulso de iniciativas que nacieron bajo su seno, como es el concepto mismo del Estado del Bienestar y la fiscalidad progresiva. El neoliberalismo pone todo ello en cuestión e impone, gracias a una crisis financiera nacida precisamente de la no regulación que ambiciona, el desmantelamiento de lo que antes fueron derechos y ahora se consideran gastos. Son dos modelos de sociedad que históricamente luchan por imponerse. Zapatero representa al primero de ellos, aunque las medidas anticrisis que impuso fueran debidas al segundo modelo, el que confía ciegamente en la libertad de los mercados, sin intervención estatal. Yo, modestamente y desde mi ignorancia, sigo prefiriendo una sociedad que combate la desigualdad y en el que la economía sea un instrumento, no un fin, para la convivencia y la equidad social. Ahora que Zapatero tira la toalla, sigo apostando por el modelo en el que los Estados dirigen la economía, y no al revés.
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