Gracias a la mayoría absoluta de su primera legislatura, el
Gobierno del Partido Popular modificó aquel sistema de elección del Presidente
de RTVE y del Consejo de Administración por el de simple mayoría absoluta, lo
que permitía su designación sin mediar consenso con los demás partidos de la Cámara. Además , los eximió de
la dedicación exclusiva que el anterior sistema les exigía, suprimiéndoles el
sueldo como consejeros pero remunerándolos con el cobro de dietas por su
asistencia a las reuniones, compatibles con los emolumentos que percibieran por
su actividad privada o funcionarial. Para mayor control, redujo de 12 a 9 el número de miembros
del Consejo de Administración y consideró extinguidos –y, por tanto,
eliminados- los tres puestos de ese Consejo que eran nombrados por los
sindicatos mayoritarios. El resultado de todo ello está a la vista con el
deterioro de la credibilidad de la Televisión pública, las múltiples quejas de los
propios profesionales de la
Corporación sobre las trabas y las interferencias políticas
en su trabajo y por unos índices de audiencia que la sitúan en los puestos más
deshonrosos del ránking nacional. El modelo impuesto por Rajoy era el
perpetrado en TeleMadrid por el Gobierno de la Comunidad Autónoma
con tanto éxito “manipulador” que el presidente del canal regional fue la
persona designada para dirigir la televisión pública nacional, con los
resultados ya señalados.
Actualmente, al gobernar en minoría, el Gobierno del Partido
Popular no ha tenido más remedio que aceptar, en el último momento, una
propuesta del PSOE, apoyada por la mayoría del Parlamento, para recuperar el sistema de elección de la
Dirección de RTVE mediante mayoría cualificada de dos
tercios, y que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. No ha podido
impedir que se recupere el estatuto de RTVE que implantó el denostado
presidente Zapatero para que la imparcialidad, la neutralidad y la
independencia rigieran el servicio público de la televisión que sufragan todos
los españoles. Ahora, vuelve a requerirse una mayoría de dos tercios para la
elección del Presidente y el Consejo de Administración de TVE y, en un plazo no
mayor de tres meses, proceder a renovar la actual Dirección del Ente, nombrada
sin consenso por el Gobierno de Mariano Rajoy gracias a su anterior mayoría
absoluta. Dicha renovación se hará por concurso público y los candidatos
deberán ser refrendados por esa mayoría cualificada del Congreso y el Senado.
Pero para evitar bloqueos como los que el PP realizó al final de la legislatura
socialista, si no se logra esa mayoría de dos tercios, la elección se hará por
mayoría absoluta, siempre que consiga el aval de la mitad de los grupos
parlamentarios. De esta manera, ningún partido podrá bloquear la renovación de la Dirección de RTVE. Se
pretende con ello implantar un modelo de desgubernamentalización y despolitización
en la gestión de la
Televisión pública de España.
Ni qué decir tiene que la modificación legal del Estatuto de
la RTVE ha sido
recibida con satisfacción por los trabajadores y periodistas de la empresa
pública, por su consejo de informativos y por los sindicatos con representación
en ella, Habría que añadir que, también, por los ciudadanos que demandaban una
Televisión pública neutral y de calidad que no avergonzara a la audiencia. Se
revierten, por fin, las políticas de manipulación informativa del Gobierno del
Partido Popular que utilizaba la Televisión pública como órgano de propaganda a su servicio.
Se recupera, además, la profesionalidad, la independencia política y la
neutralidad de un medio de comunicación tan importante y que aspira a la
excelencia, como es Radio Televisión Española. ¡Ya era hora!
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