Acaba de dictar sentencia la Audiencia de Sevilla (19/11/19)
sobre el caso de los ERE por la que condena a dos expresidentes y otros altos cargos
de la Junta de Andalucía, de la etapa anterior de gobiernos socialistas, a
penas contundentes de prisión e inhabilitación, según los casos y la gravedad
de los delitos cometidos y, después del fallo del tribunal, comprobados
judicialmente. Es, por tanto, una noticia triste y bochornosa para el socialismo
andaluz, que ve cómo la dirigencia que pilotó toda una etapa de gobiernos del
PSOE en Andalucía durante decenios acaba en entredicho en los tribunales y
condenada por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Lo investigado por la juez Mercedes Alaya, primera
instructora del caso, y dilucidado en la sentencia avergüenza a todos, pero especialmente
a los seguidores de esa ideología y al votante de unas siglas históricas.
Porque, aunque no se haya enjuiciado al socialismo ni al partido que lo
representa, sí se ha condenado a la antigua cúpula que lo dirigió y con la que
se cometieron los graves hechos investigados. Será difícil mantener, en medio
de la vergüenza ajena y el señalamiento hipócrita de otros, la confianza en un
ideario y una formación que supusieron, antes y ahora, esfuerzos, sacrificios y
logros por el progreso de este país, el bienestar del conjunto de la población
y la protección pública de los más desfavorecidos. Y será difícil porque
quienes debían protagonizar la conquista de tales objetivos confundieron los fines
con los medios y permitieron un descontrol del que se aprovecharon los más
indignos de los avariciosos: los que roban a los pobres.
Hay que recordar que el caso de los ERE consistió en destinar
una partida presupuestaria, dotada con más de 600 millones de euros en el curso
de una década (2000-2009), para ayudar de manera rápida a empresas en crisis y
prejubilar a los trabajadores despedidos. Dado un paro endémico que generaba brotes
de conflictividad laboral, los gobiernos socialistas buscaron la fórmula de
conceder ayudas sociolaborales que contribuyeran a la “paz social”. Y para
agilizar los trámites, resolvieron convertir las subvenciones excepcionales en
transferencias de financiación, que prescindían de los controles de
fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Desde la Consejería de Empleo se tramitaban los expedientes y se aprobaban unas
ayudas que eran abonadas por la Agencia pública IFA-IDEA. Abierto el grifo del
dinero, fue tentador el uso arbitrario de estos recursos por parte de la Dirección
General de Trabajo, que empezó a conceder ayudas a amigos o conocidos y
negociaba ERE en empresas recomendadas y sin la debida supervisión. Así durante
años, hasta poderse constatar la existencia de 103 intrusos prejubilados, sin que
pertenecieran a ninguna empresa socorrida, entre los más de 6.000 trabajadores correctamente
prejubilados, el abono de sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias
y la concesión de subvenciones a amigos y familiares del director de Empleo,
como su chófer. Para la jueza que instruyó el caso y, ahora, también para el
tribunal que lo ha sentenciado, el sistema estaba conscientemente diseñado para
eludir los controles legales establecidos, lo que facilitaba destinar recursos
a fines ajenos al interés público. Es por ello que, según la sentencia, se
incluían esas partidas de forma fraudulenta. Es decir, eran ilegales y todo el
Gobierno lo sabía y lo consintió. De ahí las condenas.
Las responsabilidades políticas de los condenados ya fueron
asumidas por todos ellos, de manera más o menos voluntaria, dimitiendo de sus
cargos y dándose de baja de la militancia del partido, pero las penales son las
que quedan ahora establecidas con el fallo, aunque probablemente serán recurridas
ante el Tribunal Supremo y, por parte de algunos de los condenados, el Constitucional.
No todos se consideran culpables ni creen haber actuado en contra de la ley. Elaborar leyes presupuestarias, ratificarlas en el Consejo
de Gobierno y aprobarlas en el Parlamento no constituye un mecanismo ilícito,
sino conforme al procedimiento. Que, a partir de tales “hechos probados”, se
deduzca intencionalidad penal resulta cuestionable si no se demuestra
fehacientemente, como señala el catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo. Puede admitirse como mera interpretación subjetiva, pero no como verdad
judicial. Sin embargo, a la hora de valorar la implicación de los
expresidentes, la sentencia concluye que “es imposible que la inclusión de la
partida presupuestaria de los ERE no se hiciera de forma fraudulenta”, pero no
lo demuestra y, a pesar de ello, los condena. De ahí la probabilidad de
recurso.
Sea como fuere el resultado final de estos recursos, causa
bochorno la falta de celo de un Gobierno en controlar con el máximo rigor la
concesión de unas ayudas públicas cuya utilidad y necesidad nadie pone en cuestión,
y menos el Parlamento andaluz, que ha venido aprobándolas anualmente en la
partida presupuestaria correspondiente. Y, aunque la intención era loable como
parte de los Pactos de Concertación Social, que firman patronal, sindicatos y Gobierno
andaluz, la arbitrariedad y los abusos cometidos en su reparto han hecho un
daño enorme en el prestigio de las instituciones y en la honradez y honestidad
de sus responsables. Máxime cuando tales desbarajustes permitieron el desvío de
fondos públicos a fines o personas para los que no estaban destinados. Causa
estupor tanta desidia y falta de vigilancia en el cumplimiento de unas normas que,
por ello, resultaron discriminatorias e injustas para los que, en las mismas
circunstancias, no pudieron conocerlas ni hacer uso de ellas para recibir unas
ayudas a las que eran merecedores. Y aunque tal abuso de los recursos no sirvió
para el enriquecimiento personal de los condenados, no deja de ser un ejercicio
de corrupción que la Justicia, con esta sentencia, pone freno de forma
contundente.
Pero, al mismo tiempo, causa asombro la desfachatez con la que,
autoaupados a una tribuna ética que les queda demasiado alta, saltan a la
palestra algunos personajes y adversarios políticos que enseguida se ponen a
dar lecciones de moralidad y exigir responsabilidades que rayan la ofensa,
partiendo de quienes pretenden parecer indignados. Me refiero al actual presidente
de la Junta de Andalucía, quien no aguardó ni un minuto, tras conocerse la
sentencia, en proclamar en la sede del Gobierno su vergüenza por lo sucedido y
poner a su Ejecutivo como modelo de “ruptura con los tiempos de la corrupción,
la malversación, el despilfarro y el clientelismo”, en un intento partidista
que busca réditos electorales. Asombra esa desfachatez en alguien que representa
a un partido condenado por corrupción, que mantiene numerosas causas abiertas por
el caso Gürtel y que cuenta con diversos presidentes autonómicos que, bien
están condenados, o bien imputados por innumerables escándalos de corrupción. No
se trata de defender a unos con el “y tú más” de otros, sino denunciar la hipocresía
interesada de quienes aprovechan cualquier circunstancia en beneficio partidista,
sin mantener el debido decoro, imparcialidad y honestidad.
Es cierto que en la diatriba política se hace uso de todas
las oportunidades y medios para derrotar al adversario y conseguir el triunfo
-que consiste en llegar al poder- de la formación a la que se pertenece. Pero
no todo vale. Y menos cuando se está manchado con la misma adherencia que se denuncia
en el contrario. No sólo es cuestión de ética, sino también de coherencia. De
ser consecuente con las exigencias en casos similares que nos afectan. Y tal
actitud no es habitual en la política española, tanto en el PP, que ha salido
en desbandada a exigir dimisiones y responsabilidades a quienes ni siquiera tienen
que ver con este caso, como en el PSOE, que también hace lo propio cuando tiene
ocasión.
Las más de 1.800 páginas de la sentencia del caso ERE constituyen
el relato de la vergüenza que provoca un comportamiento que todos condenan.
Causan bochorno en las personas honradas que confiaron en unos líderes y los
mantuvieron durante décadas administrando los bienes de todos y los sueños de
un futuro mejor. Son merecedores, por tanto, del castigo que, con todas las
garantías procesales, la justicia les cause. Políticamente, el PSOE está
pagando por ello, al ver a la excúpula de la Junta condenada en los tribunales
y al perder el Gobierno de Andalucía. Pero, al mismo tiempo, asquea la
desfachatez de quienes no dudan en hacer leña el árbol caído, dando muestras de
una hipocresía moral y política que los descalifica. Tal vez sea esa una de las
virtudes de esta sentencia: desenmascara a unos y otros de la falsedad con la
que se exhiben. Una vergüenza.
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