Echa andar el nuevo gobierno de Andalucía que inaugura la
alternancia en una comunidad que ha estado 36 años bajo ejecutivos socialistas
de manera ininterrumpida. El flamante Gobierno, formado por una coalición
conservadora entre el Partido Popular y Ciudadanos, ha sido posible gracias al
apoyo parlamentario de Vox, la formación de extrema derecha que por vez primera
accede a las instituciones que representan la soberanía popular. Sólo la suma
de estos tres partidos de la derecha pudo desalojar al PSOE del poder, por ser
minoritarias las izquierdas en el Parlamento, aun siendo el socialista el
partido más votado en las últimas elecciones autonómicas. Se estrena, por tanto,
la alternancia en Andalucía como un bien en sí mismo y un gran triunfo de la
democracia, según valoran los partidos agraciados con esa coalición.
Pero se estrena con mensajes gubernamentales de
confrontación, a pesar de los discursos bienintencionados y tranquilizadores
del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), que
persiguen no la derrota, que ya la han conseguido, sino el cuestionamiento y la
sospecha, hasta de manera simbólica, de la anterior etapa socialista. Sólo así
se entiende que el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo conservador se
celebre en Antequera, la ciudad malagueña en la que se firmó el histórico Pacto
entre todos los partidos con representación en Andalucía que posibilitó una
autonomía con el mismo nivel de competencias que las consideradas históricas,
como si la alternancia conservadora fuese una conquista de la democracia en
esta región. La realidad es que el cambio de gobierno en Andalucía no supone
ningún salto cualitativo de nuestra democracia como sí lo fue arrancar el
reconocimiento político hacia una autonomía plena en una región históricamente
subordinada a las directrices del poder centralista, tanto bajo la dictadura
como en la recién restaurada democracia. Por eso, por mucho que se arrogue el
nuevo gobierno conservador un “plus” de calidad democrática, no alcanzará nunca
la distinción histórica de aquel Pacto de Antequera que determinó el futuro de
Andalucía.
De igual modo, no sólo es desconfiar sino mostrar
animadversión, adoptar como primera medida del gobierno gemelar de las derechas
la realización de una auditoría de las consejerías y agencias públicas de la
Junta de Andalucía, incluido el Servicio Andaluz de Salud, con la excusa de
eliminar órganos y entes innecesarios, pero con el claro propósito de
culpabilizar a los anteriores responsables de la Administración Autonómica de
irregularidades o presuntos delitos, por acción u omisión, en la ejecución de
sus cometidos, como si la propia Junta, en su conjunto, fuera un entramado
delictivo con fines espurios, como suponía la juez Alaya en la instrucción del
caso de los ERE. Resulta sorprendente
que tal ánimo de “limpieza” provenga de un presidente perteneciente a un
partido que ha sido el único condenado en España por corrupción y financiación
ilegal, al participar a título lucrativo en la mayor trama de corrupción
institucional y partidaria conocida hasta la fecha, la trama Gürtel. Es evidente, pues, que se persigue la confrontación en
la búsqueda de ese “y tú más” con el que tapar las propias faltas e, incluso,
las probables insuficiencias e incumplimientos de una gestión que siempre podrá
argüir, de este modo, la socorrida “herencia” recibida. Esto no es, a pesar de
los mensajes de no mirar al pasado, empezar bienintencionadamente y con
tranquilidad, sino hacerlo de manera ofensiva y afán denigrante.
Como también es confrontación eliminar, bonificándolo al 99
por ciento, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ya estaba exento
hasta el millón de euros. Se trata de confrontación ideológica porque bajar
impuestos, y más en uno que beneficia mayoritariamente a los pudientes y
afortunados que pueden heredar patrimonios superiores al millón de euros, es
una medida ideológica de una derecha que siempre ha estado en contra de la
fiscalidad progresiva (paga más quien más gana) y de todo gasto del Estado en
servicios públicos. Y, aunque aparentemente parezca que favorece a todos los
contribuyentes, más adelante obligará a “cuadrar” unas cuentas mermadas de
tales ingresos, rebajando prestaciones, recortando servicios públicos o
elevando impuestos indirectos que afectan al conjunto de los consumidores,
independientemente de lo que ganen. Y todo para que los ricos paguen menos por
patrimonios millonarios que heredan, de padres a hijos, sin límite económico.
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