Son cínicos al querer confundir su afán independentista con la verdad histórica, como
si Cataluña hubiera sido alguna vez un reino independiente de España que fuera conquistado, colonizado y sometido por Castilla
en los arcaicos tiempos fundacionales de España como nación. Así elaboran la
gran mentira con la que se vale el nacionalismo soberanista catalán para promover
la secesión de España y constituirse en república independiente, incluso en
caso de que tal pretensión no sea avalada por la mayoría matemática de los
ciudadanos catalanes. Gracias a este ardid pseudohistórico, el cinismo
independentista construye un enemigo (que prohíbe su identidad, que rechaza su
lengua, que inhibe su talento, que les roba) contra el que enfrentarse y que
justifica la rebelión. Ello permite, también, identificar la veleidad de
algunos, por muchos que sean, con una supuesta realidad nacional, se equiparan
con el pueblo al que dicen representar sin que nadie se lo pida, de tal manera
que, o bien estás con ellos, o bien no eres un buen y auténtico catalán. Ellos
son el pueblo catalán, los demás, todos los que discrepen, son traidores
españolistas. Es cinismo elevado a la máxima expresión.
Y con esa dinámica cínica exigen un referéndum como acto
evidente, en si mismo, de democracia, pero en el que sólo una parte restringida
del cuerpo en el que reside la soberanía nacional puede participar, a pesar de
que la cuestión afecte a la totalidad del mismo. Y ello, además, en condiciones
tan laxas que cualquier resultado quedaría invalidado, no sólo por carecer de
rigor, sino fundamentalmente porque no representaría, en puridad democrática,
la voluntad mayoritaria de los electores concernidos, ni siquiera la de la mayoría
de los catalanes.
Pervierten la legalidad al convocar un referéndum ilegal del
que son conscientes que no podrán realizar sin cometer delitos punibles por la
justicia y actuando desde la deslealtad institucional, la arbitrariedad
jurídica y con claro desprecio del Estado de Derecho. Lo hacen cínicamente con
la excusa de satisfacer un supuesto “derecho a decidir” (¿no deciden cuando
votan en elecciones legales?), pero para decidir sólo lo que a ellos interesa y
con el resultado asegurado previamente gracias a esas condiciones laxas de
participación (eximen de un resultado cualificado y de una participación
también incontestable) y al control absoluto de su organización (depuración del
Govern de los consellers poco dados a quebrantar la legalidad, nombramiento de
radicales independentistas al frente de la Policía autónoma, constante movilización
ciudadana por organizaciones soberanistas que chantajean al Ejecutivo catalán,
incluida la burda manipulación de cualquier tipo de manifestación ciudadana,
como la celebrada en contra del terrorismo, etc.). Es tal la influencia de tales
organizaciones radicales en la
Generalitat (CUP,
Asamblea Nacional, etc.), que el gobierno catalán actúa al dictado de ellas si
pretende seguir gobernando. Ejemplo palmario de tal influencia es Carmen
Forcadell, activista de Omnium Cultural
y de la Asamblea Nacional Catalana, organizaciones que reclaman
la independencia de Cataluña, que con su actitud consiguió ser designada
presidenta del Parlamento catalán, no por sus méritos jurídicos y de servicio
público, sino por la fuerza intimidatoria de sus movilizaciones. Ahora es ella
la responsable de controlar la labor del Parlamento en favor de las iniciativas
de sus afines independentistas. Y si para ello hay que subvertir la legislación
vigente y no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, ella está
dispuesta a consentirlo desde su tribuna parlamentaria, la misma desde la que
niega la labor de discusión de las leyes y el control al gobierno por parte de la
oposición. Si eso no es cinismo, habrá que redefinir el concepto.
Una de las razones, cínicas por supuesto, para impulsar un
referéndum ilegal es la negativa del Gobierno de España a negociarlo tal como conviene
a los convocantes, partiendo del desprecio de la ley que no les faculta a
promover tal medida. Nunca han querido discutir si ello era posible o no,
asumiendo que la negativa sería la posibilidad más probable, por respeto a la
legalidad, de esa imposible negociación. Su exigencia de negociación se basaba
en el sí o sí, convencidos de que si ganan la consulta (por la mayoría que
fuese) impondrían su criterio independentista, pero si perdían, obtendrían una
excusa, a modo de agravio, para seguir intentándolo en el futuro, cuando las
condiciones fueran más favorables, y así tantas veces como sean necesarias
hasta culminar sus propósitos separatistas. Con todas las cartas marcadas,
exigen cínicamente el “derecho” a decidir el sí, pero sólo el sí, cómo les
interesa, cuándo les conviene y únicamente para lo que están dispuestos a
consultar a una parte fragmentada de los electores y sin demasiados requisitos que
preserven la voluntad de la mayoría. Se trata, por tanto, de un referéndum
cínico promovido por cínicos representantes de la política nacionalista
catalana, facción independentista.
Pero lo más peligroso de este envite cínico no es que una
independencia de Cataluña sumiera en el aislamiento y la irrelevancia a la
nueva república por causa del rechazo de la Unión Europea y del Derecho
Internacional a reconocerla, en el improbable caso de que triunfara la consulta
por mayoría indiscutible, sino el riesgo de enfrentamiento armado que podría
derivarse entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarían
dependiendo de los poderes públicos en defensa de la legalidad constitucional,
por un lado, y del “autogolpe” catalán, por el otro. Es un peligro cada vez más
evidente conforme se acerca la fecha prevista del referéndum, aunque casi nadie
lo aluda ni lo comente. Sin embargo, podría producirse un escenario de
enfrentamiento violento entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil o el Ejército,
cada cual obedeciendo órdenes en defensa de diversas legalidades, la existente
y la que quiere imponer la
Generalitat en sustitución de la constitucional vigente. Unos
querrían asegurar la viabilidad del proceso electoral, otros impedirlo por ser
ilegal. Afectados por una mutua desconfianza y directrices opuestas, no sería
descabellado pensar que la tensión hiciera que se perdieran los nervios en
algún momento. También, incluso, que unidades del Ejército tomaran el control
de centros y organismos relevantes de una Comunidad a la que se le suspenden
sus competencias por parte del Gobierno ante el claro incumplimiento
constitucional y legal y su actuación contraria al interés general de España,
según contempla la aplicación del Artículo 155 de la C.E . No
es, pues, un escenario improbable, sino factible y al que parece conducir la actual dinámica de los
acontecimientos. Provocarlo y desearlo es, en realidad, una actitud cínica irresponsable, por cuanto se pueden producir víctimas inocentes que enconarían todavía
más el enfrentamiento, la división social y el odio en una región hasta la
fecha pacífica y tolerante con las ideas, las culturas, los idiomas, las razas
y los credos. Perseguir deliberadamente la ruptura de esa tradición y la buena
convivencia que hasta ahora imperaban en Cataluña es un acto de cinismo
supremo por parte de dirigentes independentistas catalanes, contrarios a
cualquier solución que no sea la previamente diseñada en sus mentes cínicas.
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